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Activistas del mundo se solidarizan con la periodista Helena Maleno ante su violenta deportación de Marruecos

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La comunidad internacional de derechos humanos y periodistas envían carta al presidente de España, Pedro Sánchez Pérez-Castrejón, en apoyo a la activista Helena Maleno, quien denunció este lunes que Marruecos la ha “deportado y expulsado con violencia”, y ha acusado al Ministerio del Interior de España y a la Policía marroquí de hostigamiento y de haber puesto en peligro su vida y la de su hija.

“Desde abril de 2020 he sufrido un total de 37 ataques, amenazas de muerte, agresiones seguimientos, vigilancia policial, escuchas telefónicas y dos asaltos a la vivienda de la familia. El Ministerio del Interior, en concreto la UCRIF (Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades documentales de la Policía Nacional), en colaboración con la Policía marroquí, son los responsables de este hostigamiento, que ha llegado a poner en peligro mi vida y la de mi hija”, ha aseverado Maleno en un vídeo publicado este lunes, por lo que activistas de diferentes países envían una carta al Gobierno español.

Dirigido al Señor D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón,

Presidente del Gobierno de España.

El 23 de enero de 2021, la defensora de derechos humanos Helena Maleno fue deportada y expulsada de Marruecos cuando volvía de un breve viaje de trabajo en España. Marruecos ha sido el país de residencia de Helena y su familia durante los últimos 20 años. Tras ser objeto de una violenta y repentina deportación, Helena se vio obligada a permanecer varias semanas separada de su hija menor de edad, temiendo por la seguridad de la misma mientras permanecía en el país que la había expulsado. A pesar de que tanto los tribunales de España como de Marruecos han reconocido que la labor de Helena no es delito, la criminalización orquestada durante años desde el Ministerio del Interior de España – y en concreto, de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional de España- ha logrado que Helena y su familia hayan tenido que abandonar forzosamente su hogar.

Helena Maleno es defensora de derechos humanos y fundadora del Colectivo Caminando Fronteras. Es experta en migración y trata de seres humanos, centrada en derechos de mujeres e infancia. Su labor de defensa ha permitido salvar la vida de más de 100 000 personas migrantes en nuestras fronteras, tal y como registra Caminando Fronteras. Cuenta con el reconocimiento de la ONU y las principales organizaciones internacionales de derechos humanos, destacando el apoyo de la Relatora Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores/as de derechos Humanos. Ha sido distinguida con más de veinte premios de derechos humanos nacionales e internacionales, y recientemente ha sido nombrada Doctora Honoris Causa por la Universidad de Islas Baleares.

No obstante, después de años de criminalización, de haber ganado procesos judiciales tanto en España como en Marruecos, derivados de montajes policiales, que terminaron con el reconocimiento de su defensa de derechos de las personas migrantes, las violencias contra ella y su familia no han cesado.

Durante el proceso judicial en Marruecos vio su derecho y el de sus hijos a vivir en el país vulnerado: se les arrebató la residencia y las solicitudes de ser restituida han sido sistemáticamente rechazadas. Finalmente, la policía marroquí la expulsó violentamente del país como represalia por su trabajo de defensa de los derechos humanos.

De tal forma, exigimos:

    • El reconocimiento público del trabajo de Helena Maleno como defensora de derechos humanos y el impacto positivo de su labor para la democracia y el Estado de derecho.
    • El cese de la criminalización, depurando responsabilidades en las instituciones pertinentes para la no repetición de acciones persecutorias contra su persona.
    • La protección de Helena Maleno y de su familia, permitiendo el ejercicio de su legítima labor de defensa de derechos humanos.
    • La reparación de los innumerables daños instigados contra la defensora y su familia.

Atentamente,

FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos) y OMCT (Organización Mundial Contra la Tortura) en el marco del Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, International Service for Human Rights, Urgent Action Fund for Women’s Human Rights, Women’s Link Worldwide, Front Line Defenders, Oxfam Intermón, Coordinadora Estatal de ONGD, Red Migrantes con Derechos, CEAR, Asociación Pro Derechos Humanos de España, Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Iniciativa Mesoamericana de Derechos Humanos, Servicio Jesuita al Migrante, Alianza por la Solidaridad, ALUNA – Acompañamiento psicosocial.

Más información: Caminandofronteras.org

La red en lucha

México destaca entre 180 países por su historial trágico de periodistas asesinados: Reporteros Sin Fronteras

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PARÍS (IPS).– El ejercicio del periodismo está parcialmente bloqueado en más de 130 países, afirmó la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) al publicar recientemente su clasificación sobre la libertad de prensa en 180 naciones, entre los cuales, del continente americano, México destaca en el número 143 por su historial trágico de periodistas asesinados, junto con Brasil en el ranking 111 y Colombia en el 134. 

Solo 12 países –Costa Rica y Jamaica en América Latina y el Caribe- destacan en una zona blanca en el mapa de RSF, por una buena situación de la libertad de prensa según esa oenegé, mientras que en 73 por ciento de los Estados hay graves impedimentos o serios obstáculos para la profesión periodística, como es en Brasil que ocupa el lugar 111 y Colombia 134, Argentina 69 y Perú 91, mientras que el país sudamericano con mejor situación es Uruguay, en el puesto 18 de la tabla.

El periodismo “es la mejor vacuna contra la desinformación. Por desgracia, su producción y distribución se ven bloqueadas con demasiada frecuencia por factores políticos, económicos y tecnológicos, y, en ocasiones, incluso culturales”, dijo el secretario general de RSF, Christophe Deloire.

La zona blanca la encabezan cuatro países nórdicos, Noruega, Finlandia, Suecia y Dinamarca, escoltados por Costa Rica y Países Bajos, mientras que los seis con peor desempeño son Eritrea, Corea del Norte, Turkmenistán, China, Yibuti y Vietnam.

En los “países totalitarios” se mantienen la censura, la vigilancia, la propaganda en internet y las situaciones de peligro para los periodistas, quienes además, “por causa o con el pretexto de la crisis sanitaria” provocada por la covid-19, enfrentan cierre de accesos a coberturas sobre el terreno y a las fuentes de información, indicó RSF.

“La pandemia representó una forma de oportunidad para algunos Estados que restringieron la libertad de prensa”, dijo Deloire, y la situación se exacerbó en países como Irán (en el puesto 174 de la lista) o Arabia Saudita (170).

La región de Medio Oriente y Norte de África siguió siendo la más represiva, dura y peligrosa para los periodistas en 2020, según el informe, en tanto que Malasia registró el peor deterioro, cayendo 18 lugares en el ranking hasta el puesto 119, con respecto a los informes de RSF del año precedente.

Europa y América (Norte, Centro y Sur) se mantienen como los continentes más favorables a la libertad de prensa, aunque América Latina registra el “mayor desgaste” (2,5 por ciento más) este año, según RSF.

La mayor caída en la región el último año es la de El Salvador (82 en la tabla), que descendió ocho puestos, porque en ese país “los periodistas tienen muchas dificultades para obtener información oficial sobre la gestión de la epidemia”.

Los países latinoamericanos peor clasificados son Cuba (171, sin cambios), Honduras (151, descendió tres lugares) y Venezuela (148, bajó un puesto).

En África, con un buen número de países rezagados, las mejores posiciones las ocupan Namibia (24), Cabo Verde (27) y Ghana (30), y en Asia y Oceanía los mejor valorados son Nueva Zelanda (8), Samoa (21), Corea del Sur (42) y Taiwán (43).

El reporte indicó que el nivel mundial de libertad de los medios de comunicación se había mantenido en general estable durante 2020, aunque con un deterioro cifrado en 12 por ciento desde que se lanzó la clasificación por primera vez en 2013.

Parte del problema es la pérdida de confianza en los periodistas, impulsada por la polarización política y la desinformación en línea, dijo RSF. Un sondeo de la firma estadounidense Edelman Trust encontró que 59 por ciento de encuestados en 28 países creían que los periodistas engañaban deliberadamente al público.

RSF recordó que su Índice Mundial de Libertad de Prensa se basa en cuestionarios enviados a expertos de todo el mundo, combinados con datos sobre abusos y actos de violencia contra periodistas, para formar una imagen que incluye el pluralismo, la independencia de los medios, la autocensura y otros factores.

A-E/HM

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Más de 400 personas ejecutadas por pena de muerte en 18 países, en medio de la pandemia covid-19

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LONDRES (IPS).- Los desafíos planteados por la pandemia covid-19 no disuadieron a 18 países de aplicar la pena capital, y en 2020 fueron ejecutadas al menos 483 personas, deploró en su más reciente informe la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI).

Agnès Callamard, secretaria general de AI, observó que “la pena de muerte es un castigo abominable, y llevar a cabo ejecuciones en medio de una pandemia subraya aún más su inherente crueldad”.

Las 483 ejecuciones representaron una disminución de 26 por ciento respecto de las 657 de 2019, de 70 por ciento en relación al tope de 1634 en 2015, y se trata del número más bajo registrado por AI en los últimos 10 años.

Sin embargo, esas cifras pueden ser mucho mayores porque no consideran informes de países que clasifican los datos sobre pena de muerte como secreto de Estado, o sobre los que existe información limitada: China, Corea del Norte, Siria y Vietnam.

Amnistía Internacional cree que China ejecuta a miles de personas cada año, lo que convierte una vez más a ese país en “el verdugo más prolífico del año”, por delante de Irán (246), Egipto (107), Irak (45) y Arabia Saudita (27).

Esos cuatro países efectuaron 88 por ciento de todas las ejecuciones de las que tuvo conocimiento Amnistía Internacional el año pasado.

El anterior gobierno estadounidense, liderado pro Donald Trump, “ejecutó la asombrosa cifra de 10 personas en menos de seis meses de 2020”, y se reanudaron las ejecuciones federales después de un paréntesis de 17 años.

Egipto triplicó la cifra de ejecuciones anuales, y al menos 23 de las personas ejecutadas fueron condenadas en relación con casos de violencia política tras juicios manifiestamente injustos, empañados por “confesiones” forzadas y otras violaciones graves de derechos humanos, como tortura y desaparición forzada, según Amnistía Internacional.

Irán “utilizó cada vez más la pena de muerte como arma de represión política contra disidentes, manifestantes y miembros de grupos étnicos minoritarios, lo cual contraviene del derecho internacional”, indicó el  reporte.

Países de Asia y Oceanía violaron normas internacionales que prohíben la pena de muerte para delitos que no implican el homicidio intencional, y se impuso por delitos de drogas en China, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam, por corrupción en China y Vietnam, y por blasfemia en Pakistán.

En Bangladesh y Pakistán se impusieron esas condenas en tribunales establecidos mediante legislación especial y que normalmente utilizaban procedimientos diferentes a los de tribunales ordinarios, y en Maldivas fueron condenadas cinco personas que tenían menos de 18 años al momento de cometerse el delito.

En América, sólo Estados Unidos aplicó la pena de muerte en 2020.

“Mientras el mundo se centraba en encontrar maneras de proteger vidas frente a la covid-19, varios gobiernos mostraron una inquietante determinación de recurrir a la pena capital y ejecutar a personas a toda costa”, declaró Callamard.

Según la responsable “la pandemia provocó que muchas personas condenadas a muerte no pudieran acceder a asistencia letrada en persona, y muchas de las que querían brindar apoyo debieron exponerse a riesgos considerables para la salud”.

“El uso de la pena de muerte en estas condiciones es una agresión especialmente atroz contra los derechos humanos”, agregó.

El número de condenas a muerte dictadas en todo el mundo y de las que se tuvo noticia en 2020 fueron 1477, una disminución de 36 por ciento respecto de 2019.

El año pasado Chad y el estado estadounidense de Colorado abolieron la pena de muerte, Kazajistán se comprometió a abolirla, y Barbados concluyó las reformas para derogar la pena de muerte preceptiva.

Hasta abril de 2021, 108 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos y 144 la han abolido en la ley o en la práctica.

A-E/HM

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España

España suspende vacunación con AstraZeneca a personas menores de 60 años por efectos secundarios

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La vacuna de AstraZeneca queda descartada desde ahora en España para menores de 60 años. Es el acuerdo al que han llegado el Gobierno y las comunidades autónomas tras la confirmación científica por parte de la Agencia Europea del Medicamento de que estas dosis pueden tener como “efecto secundario muy raro“ casos puntuales de trombos documentados en mujeres por debajo de 60 años.

Belén Remacha / Natalia Chientaroli
eldiario.es

El Ministerio de Sanidad ha acordado con las comunidades autónomas administrar por el momento la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca y la Universidad de Oxford solo a mayores de 60 años. La propuesta ha salido adelante, según fuentes autonómicas, con la oposición de la Comunidad de Madrid y la abstención de Euskadi y Ceuta.

El acuerdo incluye que la inmunización con AstraZeneca a mayores de 65 años será revisada en la Comisión de Salud Pública, que reúne a técnicos de todas las partes, este jueves, según ha informado la ministra Carolina Darias en rueda de prensa. Actualmente, solo se está vacunando a algunos trabajadores esenciales por encima de 65, no a población general. Sí la está recibiendo población general entre 60 y 65, de la que hay en España, con datos del INE, algo más de tres millones de ciudadanos. Y en este momento están aún sin administrar en nuestro país, según lo reportado por las comunidades, 1,1 millones de dosis de esta farmacéutica.

Sanidad lo ha propuesto a pesar de que, tras un exhaustivo análisis de seguridad, la Agencia Europea del Medicamento (EMA, en sus siglas en inglés) ha aconsejado esta tarde seguir empleándola sin limitaciones de edad específicas. Pero la EMA ha encontrado un “posible vínculo” entre la aplicación de la ahora llamada Vaxzevria (antes, simplemente vacuna COVID-19 AstraZeneca) y unas decenas de casos raros de trombos (entre los casi 18 millones de dosis administradas), y va a incluirlo como “efecto secundario muy raro” en su prospecto. Hasta ahora, la mayoría de los casos notificados han ocurrido en mujeres menores de 60 años dentro de las dos semanas posteriores a la inyección. Aunque, también según la EMA, “no se han confirmado factores de riesgo específicos” y el saldo beneficio-riesgo sigue siendo positivo.

La ministra Carolina Darias, en rueda de prensa, no ha podido asegurar que las personas menores de 60 que han recibido la primera dosis vayan a poder recibir la segunda. El tiempo entre ambas pautas recomendado en España es de 12 semanas y ahora mismo hay 2,1 millones de personas que han recibido la primera (los que hayan pasado la COVID-19 los últimos 6 meses no necesitan la segunda para completar su inmunidad, según la estrategia nacional). La seguridad de la segunda dosis de AstraZeneca en este colectivo es una “posibilidad que hay que valorar”, según la ministra, tanto en la Comisión de Salud Pública como en el ámbito europeo. “Algunos estudios apuntan a darles otra vacuna. Tenemos que esperar”, ha zanjado.

El Consejo Interterritorial en el que debaten cada semana la ministra Carolina Darias y los consejeros autonómicos estaba previsto para primera hora de la tarde, pero ha comenzado finalmente pasadas las 21:00 y ha finalizado al filo de las 23:00. Tanto el Ministerio como las comunidades estaban pendientes de lo que dijera la EMA, y de lo que saliese de la reunión urgente de ministros de Sanidad europeos que se ha celebrado a las 18:00. La Comunidad de Madrid, en un comunicado, ha informado de que se opone a la decisión porque “no está basada en las conclusiones del Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia Europeo” (el comité de la EMA), aunque la acatará. Fuentes de la Agencia Española del Medicamento (AEMPS) explican que la propuesta que ha llevado Sanidad al Consejo Interterritorial parte de Salud Pública, que tiene en cuenta las recomendaciones de la EMA y, por extensión, de la AEMPS, pero también otras variables, como pueden ser la disponibilidad de vacunas y la situación epidemiológica actual.

El gobierno de Bélgica, tras ese encuentro, ha hecho público que la limitaban a los mayores de 55 años; el de Italia, también a los de 60. En España, Castilla y León había suspendido por la mañana cautelarmente la vacunación con AstraZeneca en menores de 65 años, hasta que se conociese el informe. Ha sido la única comunidad autónoma que ha tomado una decisión unilateral de este tipo. Casi a la vez que se hacía pública la conclusión de la EMA, el comité asesor del primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha pedido dar una alternativa a la vacuna de AstraZeneca a menores de 30 años si hay otro suero disponible. La agencia reguladora británica, también casi a la vez, ha dicho, en la línea que la EMA, que los beneficios de Vaxzevria superan los riesgos para “la inmensa mayoría de la gente” y el riesgo de sufrir trombosis sigue siendo muy bajo. La vacuna es de desarrollo anglo-sueco, y el Reino Unido ha basado su exitosa campaña de vacunación desde diciembre en su administración. En ningún momento en el país se ha paralizado la campaña ni total ni parcialmente, y su gobierno siempre ha defendido su seguridad.

La Agencia Europea explicó hace dos semanas, tras un primer análisis, que seguiría evaluando las trombosis cerebrales ‘raras’ en personas que habían recibido una dosis de AstraZeneca, pero que estaba claro que los beneficios eran muchos más que los riesgos. Las alarmas se encendieron este martes, cuando el jefe de Estrategia de Vacunas de la Agencia Europea del Medicamento, el italiano Marco Cavaleri, afirmó en el diario Il Messagero que existe alguna “relación” entre casos raros de trombosis y la administración de la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca, que se haría pública en las próximas horas.

Alemania, a 30 de marzo, ha informado de 31 casos de estos raros trombos entre los 2,7 millones de personas que han recibido dosis del suero en el país. Es decir, unos 13,7 casos por millón de vacunados. Los Países Bajos hasta el 2 de abril detectaron cinco casos en mujeres de entre 25 y 55 años entre los 400.000 ciudadanos vacunados. Gran Bretaña ha reportado hasta el 24 de marzo 30 casos de los 18,1 millones de personas que recibieron AstraZeneca, según la Agencia Británica Reguladora de Medicinas y Productos Sanitarios. A mediados de marzo, España detectó uno, y a 7 de abril la directora de la AEMPS, María Jesús Lamas, ha dicho que se han contabilizado doce eventos tromboencefálicos. Lo que se estudia son “trombosis de senos venosos cerebrales”, pero con la particularidad concreta de ir “asociadas a una disminución del número de plaquetas en sangre”, según describió en su momento Lamas.

AstraZeneca estuvo limitada durante semanas en España solo a los menores de 55 años por falta de evidencias en mayores, y dirigida solo a los profesionales considerados esenciales (sanitarios, docentes, bomberos, fuerzas de seguridad y militares). Sanidad suspendió su administración durante unos días a mediados de marzo, a la espera de ese primer informe de la EMA que estableció que había más beneficios que riesgos. Tras reanudar el proceso, amplió la edad a los 65 años. Y actualmente, desde la semana, no hay limite de edad: se está administrando a población general menor de 65 años, y a esenciales de todas las edades.

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