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Justicia pendiente

Activistas de DDHH se solidarizan con periodista que ha sufrido violencia digital por investigar caso Wallace

Red Solidaria de derechos humanos pide protección a periodista que ha investigado el caso Wallace

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Por Ignacio García

CIUDAD DE MÉXICO.- Un grupo de organizaciones no gubernamentales y activistas de derechos humanos, coordinados por la Red Solidaria Década Contra la Impunidad AC, promovió una carta de apoyo a la periodista Guadalupe Lizárraga, directora de esta casa editorial, debido a la violencia de género digital de la que ha sido objeto en las redes sociales, además intimidaciones y amenazas contra ella y su familia en México.

La carta –dirigida a la comunidad internacional de derechos humanos– llamó la atención sobre las agresiones sistemáticas que sufren los periodistas y defensores en este país por ejercer y defender su libertad de expresión. Así mismo, la Red Solidaria pidió al Estado mexicano la protección física y psicológica de Lizárraga, quien ha sufrido la intimidación de dos intentos de secuestro, en 2016 y 2018, por su investigación sobre la fabricación de pruebas en el supuesto secuestro del empresario Hugo Wallace, quien mantiene en prisión a ocho personas, y que han alegado tortura desde su reclusión en 2006.

Las agresiones más recientes a la periodista, llamándole “sicaria” y relacionándola con grupos delictivos y el crimen organizado, fueron en la red de Twitter y Facebook, dos días después de publicar su trabajo sobre militar torturado por señalar a un exsecretario de Estado del gobierno de Felipe Calderón de haber tenido relación con el Cártel de Sinaloa. Las agresiones se intensificaron al publicar un reportaje con documentos oficiales de la UNAM sobre la inexistencia del historia académico de un connotado maestro de la misma universidad, quien ha sido denunciado por violencia de género en otros casos.

La Red Solidaria Década Contra la Impunidad, AC es una organización sin fines de lucro que tiene un carácter internacional y está conformada por organizaciones defensoras de derechos humanos. En acciones recientes, ha logrado la atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la masacre de El Charco, perpetrada por miembros del Ejército, en el estado de Guerrero, durante la Guerra sucia, uno de los casos con menos visibilidad mediática en México. 

Carta pública de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, AC

Los aquí firmantes, manifestamos nuestra solidaridad, a la periodista y defensora de la libertad de expresión María Guadalupe Lizárraga Hernández, ante la creciente campaña de desprestigio mediático, que de tiempo atrás viene sufriendo.

La periodista y defensora de la libertad de expresión María Guadalupe Lizárraga Hernández, fundó la revista Transición en 1996, y colaboró en varias investigaciones y publicaciones sobre la democracia y las transiciones políticas. Hizo la Maestría en Periodismo del diario español El País, y trabajó como becaria en Andalucía para ese medio. Continuó sus estudios con el Doctorado en Humanidades, con la especialización en Filosofía Feminista, en la Universidad Carlos III de Madrid. Su segunda maestría la concluyó en 2017, en Psicología Transpersonal, en Sofía University, de Palo Alto, California, con tesis, sobre los movimientos contra la violencia hacia las mujeres zapatistas en Chiapas y el movimiento #MeToo.

En junio de 2010, fue cancelado en vivo su programa de televisión en MVS Canal 44, por hacer una crítica sobre la impunidad de los responsables de la tragedia conocida como “Guardería ABC”. Decide entones marcharse del país y residir en California, Estados Unidos, pues también se encuentra casada con un ciudadano estadounidense, con presencia constante en México. En 2011, funda Los Ángeles Press para hacer periodismo independiente. A finales de noviembre reveló en un reportaje la existencia de más de 200 restos de mujeres guardados en la morgue de Ciudad Juárez, mientras las autoridades daban recursos a las madres de las víctimas para que coadyuvaran en su búsqueda, y reveló el tráfico de una joven que cruzaron ilegalmente a la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, para su explotación sexual. La periodista y defensora de la libertad de expresión, María Guadalupe Lizárraga Hernández, también se abocó a la investigación de caso del secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda (caso Wallace).

Ella ha sido víctima de doxing (práctica en Internet que publica información privada con el propósito de intimidar, humillar o amenazar), como bots con tuits que daban los nombres reales de sus padres, de su hermana mayor, su dirección particular, incluso dónde vivían sus padres cuando la periodista y defensora de la libre expresión María Guadalupe Lizárraga Hernández, era niña, así como las escuelas donde estudio, intervenciones quirúrgicas como sobreviviente de cáncer, refiriéndose a su hija como “bastarda”; y a su apariencia física como grotesca, a su color de piel, alusiones a su sexualidad, y a la precaria condición socioeconómica de su niñez. Parte de estos ataques continúan hasta el día de hoy en las redes sociales.

Por lo anterior instamos al Estado mexicano la protección para la integridad física y psicológica de la periodista y defensora de la libertad de expresión María Guadalupe Lizárraga Hernández, y de todos los periodistas y reporteros en México, subrayándole que el pasado 12 de julio en el marco del 176º Período Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones defensoras de derechos, denunciaron el riesgo permanente en que se encuentran los periodistas y comunicadores en México.

FIRMANTES

Iglesias:

Comunidad Teológica de México, Rector Dan González-Ortega, Capellanía de la Comunidad Teológica de México, Comunión Mexicana de Iglesias Reformadas y Presbiterianas AR, Pastor Hugo Gallardo Duarte, Fray Julián Cruzalta Aguirre, Iglesia Vetero Católica de México, Obispo Óscar Pérez Solano.

Defensores de derechos humanos:

Dramaturgo Humberto Robles, Ericka Zamora Pardo, Norma Mesinos Mesinos, Efrén Cortés Chávez, María Magdalena López Paulino, Deeni Rodríguez López, Lic Ernesto Rodríguez Cabrera, Israel Sanpedro, Teresa López Olvera, María Soledad Hernández Mena.

Sociedad Civil:

Sergio Aguilera Varela, Magaly Valencia Olmos, Mtro. Armando Venegas Martínez, Blanca Vera Mendoza Ramírez, Luis Ángel Gutiérrez Vázquez, Víctor Manuel Rodríguez Romero.

Organizaciones:

Los Otros NY, Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM), Consejo Federal Ejecutivo Nacional e Internacional del Frente Pro Derechos Humanos AC, Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Artistas por la Paz, Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Colectivo del Periódico el Zenzontle y Casa de los Pueblos-México, Consultoría Integral & Litigio Estratégico, Colectivo Sueño Tras las Rejas, Colectivo Periódico/Autonomías, Red Solidaria Década Contra la Impunidad AC.

Responsable: Red Solidaria Década Contra la Impunidad AC
María Magdalena López Paulino y Ericka Zamora Pardo
rddhorg@gmil.com

WhatsApp: 5512984475

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Justicia pendiente

Corte avala que funcionarios del Inegi ganen más que AMLO

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Los ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) avalaron la suspensión para que los funcionarios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) perciban salarios más elevados que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Los ministros determinaron que el tope salarial para los servidores públicos previstos en la Ley Federal de Remuneraciones Económicas de los Servidores Públicos vigente desde el 20 de mayo de este año.

De acuerdo con los representantes de la SCJN, los funcionarios del Inegi podrán percibir un salario mayor al del presidente de la República en tanto se resuelva la controversia constitucional presentada por el Inegi para que tengan una reducción en sus salarios.

Esta modificación se presenta después de que el Congreso de la Unión aprobó una reforma a la Ley Federal de Remuneraciones Económicas de los Servidores Públicos en la que se establece que ningún funcionario podrá percibir un salario mayor al del presidente de México que se estableció de 108 mil pesos al mes.

Situación por la cual tanto los altos funcionarios del Inegi como del Instituto Nacional Electoral (INE) se ampararon contra esta reforma, por lo que será la Corte la instancia encargada de revisar esta reforma y si será procedente contra los funcionarios de los organismos públicos autónomos descentralizados.

Apenas el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que era inmoral que un funcionario de la administración pública federal percibiera un ingreso económico mayor al del jefe del Ejecutivo federal, debido a que son señalados por la ciudadanía como corruptos y distantes a las necesidades de la ciudadanía.

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Justicia pendiente

Sedena detiene a esposa del líder del CJNG

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Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detuvieron a Rosalinda González Valencia, esposa del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alías “El Mencho”, en Zapopan, Jalisco.

De acuerdo con la Sedena, la detención se logró como parte de un operativo conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR) y con el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, por lo que es acusada de operación financiera de un grupo de la delincuencia organizada.

Las autoridades federalres refirieron que con la aprehensión de la cónyuge del líder del CJNG se ha logrado un golpe contundente a la organización delictiva, sin embargo, aunque las autoridades federales la acusaron de delincuencia organizada, únicamente pudieron vincularla a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La esposa del capo ya había sido detenida en mayo de 2018, pero ante la falta de pruebas en su contra, fue liberada por un delito menor, mientras que su hermano, Abigael González Valencia es identificado como el segundo al mando del CJNG y líder de Los Cuinis, y operador financiero, enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos y es colaborador de la FGR en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Durante la administración de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Gobernación (Segob) la acusó de ser la principal responsable del manejo financiero de la estructura criminal más grande del país que también tiene operaciones en otros países.

Su esposo ha sido señalado por la FGR como el principal responsable de la violencia en el país en los últimos años a consecuencia del crecimiento de la organización delictiva en diferentes regiones del país.

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Justicia pendiente

Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada urgen a México a combatir este delito

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El Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada urgió al gobierno de México a combatir de forma más eficiente este delito y generar estrategias transversales para localizar a las víctimas de desaparición forzada en el país.

El organismo internacional reconoció que en la actual administración federal ha existido mayor apertura para vigilar estos casos de desaparición forzada, pues recordó que en 2017 solicitaron al gobierno de Enrique Peña Nieto tener acceso a los expedientes de los reportes de personas no localizadas, pero se negaron, misma situación que ocurrió con el gobierno de Felipe Calderón.

Sin embargo, el comité internacional manifestó que esta apertura no es suficiente para lograr que reduzca la impunidad en este delito, pues enfatizó que México ocupa el segundo lugar mundial en acciones urgentes ordenadas por este organismo con este delito, sólo por debajo de Irak.

De la misma manera, lamentó que las desapariciones forzadas permanezcan como un delito constante que se comete en todo el territorio nacional, en donde prevalece la impunidad y la revictimización por parte de las autoridades fiscales y por ello se siguen presentando casos de personas no identificadas en fosas clandestinas.

Ejemplificó que los diferentes colectivos de víctimas mantienen los reclamos constantes para casos individuales con la consolidación de un nuevo marco legal e institucional que forma parte de la impunidad que ha permanecido en el estado en los últimos años.

Recordó que los delitos de desaparición forzada persisten en Nayarit, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Guerrero y Jalisco, en donde se ha observado con mayor presencia las organizaciones relacionadas al crimen organizado que operan de forma regular con la desaparición de personas cuyos cuerpos no son localizados.

 

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