Los fallos del juez Riff tendrán importantes consecuencias para la ciudad

Por Rodolfo Soriano Nuñez

Mañana, miércoles 22 de marzo, el juez Lawrence Riff decidirá una serie de casos con consecuencias inmediatas para la manera en que se establecen las fianzas por delitos menores en el condado de Los Ángeles, California. Uno de los posibles resultados de los fallos que el juez Riff emitirá es el regreso de los Criterios de Fianza de Emergencia (Emergency Bail Schedule), por los que para faltas y delitos menores (misdemeanors y low-level felony offenses), se fijan fianzas equivalentes a cero dólares.

El condado de Los Ángeles cuenta con el sistema carcelario más poblado de todo Estados Unidos y se caracteriza por sus condiciones marcadamente injustas e inhumanas. La Cárcel Central de Hombres, Men’s Central Jail, llega a encarcelar hasta 17 mil personas. Este sistema carcelario, además, está marcado por notables injusticias basadas en la raza y el ingreso de los arrestados.

Entrada de la MCJ en Los Ángeles. De la cronología en Twitter de @LApubdefunion

Los afroamericanos, además de los latinos e hispanos están marcadamente sobrerepresentados en las cárceles. En la MCJ, el 21 de marzo de 2023, estaban encarceladas un total de 14 mil 25 personas. De ellas, siete mil 657, poco más del 50 por ciento, eran latinas o hispanas, además de que poco más de cuatro mil se identificaban como afrodescendientes, poco menos de un tercio del total. Ello contrasta con el hecho que, de acuerdo a los datos de la Oficina del Censo, 70 por ciento de la población en el condado se identifica como blanca o caucásica, 49 por ciento lo hace como latina o hispana y sólo el nueve por ciento se ve a sí misma como afrodescendiente.

Lo que es peor, casi la mitad de las 14 mil personas en la tercera semana de marzo de 2023 en la MCJ están ahí en la etapa llamada de “pre-juicio”, es decir, los preparativos antes de que su caso sea resuelto por un juez y/o jurado. Además, siete de cada diez personas en la MCJ están ahí porque no cuentan con los recursos para poder pagar una fianza.

El 14 de noviembre de 2022, seis reclusos y la organización Clérigos y Laicos Unidos por la Justicia Económica (Clergy and Laity United for Economic Justice, CLUE), presentaron una demanda que cuestiona los criterios por los que establecen las fianzas luego de que se desahoga la etapa de la audiencia de arraigo. Esos criterios son especialmente dañinos para las personas pobres, los afrodescendientes y los latinos e hispanos, pues esas audiencias de arraigo ocurren entre dos y hasta cinco días después del arresto. La gran mayoría de las personas bajo arresto, además, no pueden recibir la ayuda de un abogado o hablar con un juez hasta que se les presenta para esa audiencia de arraigo. Sólo quienes pueden contratar los servicios de un abogado privado pueden consultarlo. Quienes dependen de los abogados de oficio (Public Defenders), no.

Lo que resulta de ese modelo es que se encarcela a las personas que no pueden pagar un abogado privado o no tienen el dinero o las propiedades para pagar una fianza. Ello hace que la población en las cárceles crezca sin límite. El propio condado de Los Ángeles lo admitió cuando respondió a un señalamiento de la American Civil Liberties Union, ACLU, como parte del caso Rutherford vs. Luna, caso que actualmente se encuentra en la etapa de litigio, pero del que es posible derivar conclusiones importantes.

Entre las más notables, Leslie Bailey, la directora del proyecto Justicia Pública para los Deudores de las Prisiones, Public Justice Debtors’ Prison, que forma parte del equipo que litiga los casos que el juez Riff decidirá mañana señala, en este sentido, que “la política del condado de Los Ángeles de encarcelar personas porque no pueden pagar una fianza, no sólo es inconstitucional. Es devastadora para las personas, para sus familias y sus comunidades. Nadie debería sufrir las condiciones inhumanas que existen en las cárceles o perder su empleo o su patrimonio porque no pueden comprar su libertad.

Ello es más importante pues, como ella misma explica, “las fianzas en efectivo no reducen los índices de crímenes ni ofrecen alguna garantía de seguridad”. Y concluye: “los angelinos merecen algo mejor que esto y seguiremos apoyando a nuestros valientes clientes en su lucha por un sistema justo, uno en el que el derecho fundamental a la libertad no dependa del tamaño de la cuenta de banco”.

Salil Dudany, abogado y miembro del equipo que litiga algunos de los casos que resolverá mañana 22 de marzo el juez Riff, hace ver que existen mejores soluciones al problema de la seguridad pública: “el condado de Los Ángeles sabe, gracias a sus propios datos, que los Criterios de Fianza de Emergencia, aprobados al inicio de la pandemia fueron un éxito. La severa sobrepoblación y las condiciones inhumanas que existen en las cárceles del condado son también una crisis de derechos humanos y reformar los criterios para establecer las fianzas es fundamental para resolver el problema».

Dudany se dice confiado en que «los líderes de la ciudad de Los Ángeles darán respuesta a este problema de las políticas sin sentido de fianzas e inviertan en alternativas que la ciudad necesita desesperadamente para encontrar una solución que de verdad ofrezca seguridad pública a las comunidades».

El pastor metodista Gary Williams, que además de promover estas reformas ha sido afectado por las políticas de fianzas, hace ver que encerrar a miles de personas porque no tienen dinero es absurdo e injusto y destaca la oportunidad que tiene el sistema judicial en Los Ángeles para resolver el problema.

Como señala el Vera Institute of Justice en uno de sus documentos de trabajo, la evidencia está ahí: «luego de décadas de lucha de distintas organizaciones sociales, la Junta de Supervisores (Board of Supervisors) del condado se comprometió a realizar cambios y a disminuir el uso del encarcelamiento mediante una estrategia de apoyo primero. Cuando comenzó la pandemia del COVID-19, la población encarcelada se redujo en un 30 por ciento, inspirando aún más interés de la Junta de Supervisores en reducir el número de personas en la cárcel y cerrar la MCJ».

El jueves 23 de marzo, una vez que se conozcan los fallos del juez Riff, la Coalición por la Justicia en Los Ángeles (JusticeLA Coalition), el Civil Right Corps y Public Justice, ofrecerán una conferencia de prensa en la que, además de discutir los resultados darán cuenta de los siguientes pasos en este proceso.

La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles votó 4-1 el martes para establecer un equipo para implementar el cierre prometido durante mucho tiempo de la Cárcel Central de Hombres.

La supervisora ​​Hilda Solís dijo que era hora de dejar de estudiar el tema y tomar acción, coescribiendo una moción que determina que el decrépito centro debe ser demolido y que no se necesita una cárcel de reemplazo.

EL DATO:

• 4.500 personas serán puestas en programas de rehabilitación
• Se necesitarán entre 18 y 24 meses para cerrar la cárcel

Para saber más del caso: Activistas de Los Ángeles demandan a empresas de Rick Caruso por suprimir críticas a su campaña para alcalde

“Hemos hablado durante mucho tiempo sobre por qué tenemos que cerrar esta cárcel”, dijo Solís. “La cárcel se ha visto contaminada por la mala gestión, la corrupción [y] el maltrato de las personas encarceladas en sus celdas”.

Solís, quien defendió una votación en julio para cerrar la cárcel dentro de un año, dijo que varios estudios, incluido un informe de marzo de 2021 del MCJ Closure Workgroup, proporcionan la hoja de ruta necesaria.

Hasta dos años, necesarios

El informe del grupo estima que se necesitarán entre 18 y 24 meses para cerrar la cárcel. Con el tiempo, prevé redistribuir parte de la población reclusa en otras instalaciones correccionales, mientras se libera a unas 4.500 personas tras las rejas a programas residenciales o al tratamiento comunitario.“Hemos identificado … todo lo que necesitamos para cerrar MCJ”, dijo Solís. “Ya es hora de que nos remanguemos y lo hagamos”.

Barger se opone

La supervisora ​​Kathryn Barger, quien emitió el voto en contra, rechazó la idea de que era hora de actuar y advirtió que el condado no tiene suficientes recursos de tratamiento comunitario para acomodar a los reclusos vulnerables que padecen enfermedades mentales o luchan contra la adicción.

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Barger dijo que el condado tuvo que devolver $ 6 millones en fondos estatales destinados a tales programas comunitarios porque no había encontrado una manera de distribuir el dinero.

“Si no podemos gastar el dinero que se nos entrega por estos servicios, ¿cómo podemos esperar construir las camas necesarias?” Preguntó Barger. “Durante los últimos cinco años, hemos dicho que vamos a construir 4.000 camas más y aún no lo hemos hecho. ¿Cómo vamos a hacer esto en los próximos 24 meses?”

“Estamos listos”, dice Kuehl

Barger advirtió que las autoridades federales podrían obligar al condado a construir una nueva cárcel en contra de la voluntad de la junta y predijo que el Departamento de Justicia sería crítico con la decisión de los supervisores.

Ofreció una enmienda pidiendo un informe en 60 días, sugiriendo que un equipo elabore un cronograma para desarrollar la capacidad de la comunidad antes de cualquier votación de la junta sobre el cierre.

La supervisora ​​Sheila Kuehl, quien coescribió la moción de cierre, dijo que apreciaba el sentimiento de Barger, pero temía que la enmienda propuesta simplemente ralentizaría el inevitable proceso de cierre de la Cárcel Central de Hombres. “Estamos listos ahora de una manera que nunca antes habíamos estado”, dijo Kuehl.

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— Los Ángeles Press (@losangelespress) September 26, 2022

Villanueva se opone

El alguacil Alex Villanueva también advirtió a la junta en contra de seguir adelante con el plan.

“Liberar a 4.500 reclusos en las calles no es una opción legal para el condado… y tratar de amontonar a 12.500 reclusos en 8.500 camas es… inconstitucional”, dijo Villanueva.

Los partidarios del cierre de la cárcel argumentan que la población de reclusos se puede reducir drásticamente liberando a las personas que esperan juicio por delitos no violentos y tratando a quienes padecen enfermedades mentales en un entorno comunitario. Muchos señalan la dramática reducción de la población carcelaria lograda durante el apogeo de la pandemia de coronavirus como prueba de esta posibilidad.

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Considerar la pandemia

La supervisora ​​Janice Hahn también le recordó a la junta que más de 3,000 presos en las cárceles del condado están detenidos allí debido a una moratoria relacionada con la pandemia en las transferencias a las cárceles estatales.

El alguacil, que durante mucho tiempo ha tenido una relación antagónica con la junta, afirmó su autoridad.“La sección 22605 del código de gobierno establece claramente que el alguacil dirige la cárcel del condado y que tengo la plena intención de llevar a cabo mi mandato”, dijo.

Activistas de Los Ángeles, California, presentaron el martes una demanda de derechos civiles contra las empresas del billonario Rick Caruso que administran el centro comercial Grove, un espacio de 750,000 pies cuadrados. Rick Caruso es un promotor inmobiliario multimillonario que se ha postulado para alcalde de Los Ángeles. Su campaña arrancó en Grove, del condado de Mendocino, que también ha sido escenario de numerosos eventos públicos que promocionan su candidatura.

El centro comercial The Grove está silenciando los esfuerzos para criticar las políticas y la plataforma política de Caruso. Durante décadas, la ley de California ha dejado claro que los centros comerciales son espacios públicos que deben permitir vías para la libre expresión, sin discriminar el punto de vista de un orador. Los centros comerciales son las plazas públicas de hoy, y el mismo Caruso ha descrito el Grove como “una calle principal para una ciudad que no tiene uno”.

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Caruso está aprovechando su propiedad de Grove para suprimir el discurso crítico a su campaña para la alcaldía, al mismo tiempo que utiliza los espacios públicos del centro comercial para promover su agenda electoral y organizar grandes eventos políticos. Los empleados de Grove incluso distribuyen carteles que promocionan la campaña de Caruso a los visitantes del centro comercial y les permiten marchar por el centro comercial sosteniendo los carteles, pero cualquier expresión similar que critique la campaña está prohibida.

“Se está convirtiendo en una historia familiar”, dijo el abogado Matthew Strugar:

“Un desarrollador multimillonario ingresa a la política y celebra a las personas que lo elogian mientras intenta silenciar a quienes lo critican”.

Los demandantes Gina Viola, Sim Bilal y Youth Climate Strike Los Angeles, pidieron permiso a Grove para planificar marchas a pequeña escala a través de las vías públicas de Grove en este mes. The Grove negó las solicitudes al mismo tiempo que dio un discurso similar al de Caruso, impulsando su agenda política.

Gina Viola es una organizadora de LAPC Fails Coalition, un grupo que educa al público sobre las fallas de la Comisión de Policía de Los Ángeles (de la cual Caruso ha sido presidente) para abordar la violencia policial en Los Ángeles. Viola compitió contra Caruso en las elecciones primarias para alcalde, centradas en la crisis de personas sin hogar y la vigilancia. Ganó casi el 7 % de los votos de toda la ciudad a pesar de que su campaña gastó alrededor de $50 000, mientras que Caruso gastó más de $40 millones de dólares (al menos cuatro veces más que los otros 11 candidatos combinados) para quedar en segundo lugar en las primarias, con menos del 36 % de los votos. votar.

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“¡Los Ángeles no está en venta!”, dijo Viola. “Si Rick Caruso fuera sincero en su llamado a terminar con la falta de vivienda, podría haberlo hecho muchas veces desde hace décadas. En esta elección ni siquiera se presentó al debate oficial que se dedicó a la indigencia. Sigue huyendo y silenciando preguntas que no puede responder”.

Sim Bilal es un organizador de Youth Climate Strike Los Ángeles, un grupo que enfrenta el cambio climático, el racismo ambiental y la desigualdad sistémica. “Los Ángeles está en la primera línea de la crisis climática”, dijo Bilal. “Somos testigos de la devastación de la inacción climática todos los días: la contaminación está empeorando, nuestros niños están desarrollando condiciones de salud de por vida y los incendios forestales están quemando nuestros vecindarios. Caruso se niega, incluso, a reconocer la crisis climática en su plataforma, por lo que, por supuesto, no nos permitirá plantear esta preocupación urgente. No debemos recompensar su resistencia a la realidad».

“The Grove es parte del plan de Rick Caruso para comprar el dominio plutocrático de Los Ángeles”, dijo el abogado Shakeer Rahman. “En una elección en la que la vigilancia y el desplazamiento se encuentran entre los temas principales, este multimillonario está usando ilegalmente su control sobre un espacio público masivo para amordazar a sus críticos”.

Para recordar: L.A. Random: La vida que ‘punza’ en Los Ángeles – Los Ángeles Press

The Grove no sólo discrimina a los oradores en función de sus puntos de vista sobre Rick Caruso, sino que casi todas las restricciones de expresión de Grove violan los requisitos legales para la libertad de expresión en los centros comerciales y espacios públicos similares. Cualquiera que desee ejercer su libertad de expresión en Grove debe presentar una solicitud en papel en una oficina que ha estado detrás de una puerta cerrada durante años; la expresión política debe limitarse a 7 personas y una esquina de 100 pies cuadrados del centro comercial (0.00035% del área total de Grove), lejos de casi todo el tráfico peatonal; y cualquier volante o petición debe ser aprobado individualmente por los empleados de Caruso.

La denuncia de demanda se puede leer en este enlace: demanda contra Caruso

.@MemeYamelCA ignoró la petición de ayuda de la esposa de César Freyre, principal víctima de Isabel Miranda.
Alma Nelly Flores relató que no obtuvo respuesta de la youtuber ni de su productor, pese a que ella estaba al tanto del #CasoWallace. 👉🏼 https://t.co/k0qkZETvBm pic.twitter.com/u1B9jseatS

— Los Ángeles Press (@losangelespress) August 16, 2022