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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

Activistas ambientales denuncian persecución por proyecto eólico en Juchitán

Los ataques contra integrantes de la comunidad Binnizá, en el istmo de Tehuahtepec, se han exacerbado a raíz del amparo que concedió la suspensión definitiva del proyecto Eólica del Sur.

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  • Los ataques contra integrantes de la comunidad se han exacerbado a raíz del amparo que concedió la suspensión definitiva del proyecto Eólica del Sur.

  • Los proyectos de energía renovable en el istmo no han respetado la autodeterminación de los pueblos indígenas, ni el derecho a la consulta previa, libre e informada.

  • La independencia judicial y el acceso a una justicia efectiva se ponen en peligro por las presiones políticas y económicas de quienes impulsan Eólica del Sur.

Atziri Ávila

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México

JUCHITÁN, Oaxaca.- Los pueblos binnizá e Ikoots, que se encuentran en resistencia a los proyectos de producción de energía eléctrica que se han instalado y pretenden una mayor ocupación del territorio en el Istmo de Tehuantepec, así como organizaciones de la sociedad civil estatales y nacionales, denunciamos que a partir de la obtención el pasado 11 de diciembre de 2015, de la suspensión definitiva de los permisos administrativos que amparan el proyecto Eólica del Sur en Juchitán, Oaxaca se ha exacerbado la campaña de linchamiento mediático, criminalización y persecución.

La suspensión otorgada por el juez Séptimo de Distrito con sede en Salina Cruz, Oaxaca, confirma que ha existido violación a los derechos humanos de nuestros pueblos por parte del Estado mexicano y de las empresas transnacionales, al haber realizado una simulación de procesos de Consulta Previa, Libre e Informada, con la que trataron de validar un proyecto eólico más en una región que cuenta ya con 24 mega parques eólicos, que están ocasionando fuerte impacto en la naturaleza, el medio urbano y la fragmentación del tejido social de las comunidades, al provocar enfrentamientos entre los que están a favor y en contra del proyecto.

La población en general, las y los principales voceros y representantes de las organizaciones han sido atacadas/os durante las últimas semanas en la radio y medios de prensa local, calificándolos de “extorsionadores profesionales” y culpándolos del rezago económico en el que se encuentra la región del Istmo.

El parque de Eólica del Sur aspiraba a ser el 15º parque construido en tierras comunales de Juchitán y el número 25 en la región del Istmo, las inversiones y beneficios recibidos en el Istmo por los 24 parques anteriores han sido mínimos y las compromisos realizados por Eólica del Sur, en la simulación de consulta, correspondían a promesas endebles, cuyos beneficios no se reflejaban en la población total, sino que se concentraban en los posesionarios de las tierras y los sindicatos de constructores que ya tenían acuerdos establecidos con la empresa.

Cabe destacar que la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos (RNDDHM) y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) documentamos que el 38% de las defensoras agredidas en 2014 fueron quienes defienden el derecho a la tierra, el territorio y los recursos naturales. El 46% de las defensoras agredidas viven en zonas rurales, lo que impide u obstaculiza el acceso a los sistemas de justicia.

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Comité de Defensa del pueblo Binnizá, Juchitán, Oaxaca.

Por otra parte, denunciamos las acciones de presión política que han buscado debilitar la labor del Juez Séptimo y que atentan contra la independencia judicial. No descartamos que producto de dichas presiones y por los grandes intereses económicos de la empresa y el Gobierno, es que el Juez titular Isaías Corona Coronado haya salido de solicitar “licencia” y que en su lugar el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) designara a un nuevo Juzgador de nombre Carlos Alberto Osogobio Barón2, sin que se nos haya brindado mayor razón.

A pesar de estas difíciles circunstancias, las comunidades y organizaciones seguirán difundiendo ampliamente los efectos de la suspensión definitiva contra el proyecto de Eólica del Sur, así como las violaciones sistemáticas a derechos humanos que se han producido por la incorrecta y masiva implementación de parques eólicos en Juchitán.

“Las comunidades no nos oponemos al progreso y al desarrollo, pero exigimos se haga con el debido respeto a nuestra autodeterminación, nuestras formas de vida y al estado de derecho; y que el gobierno garantice que se hará un verdadero ejercicio del derecho a la Consulta y consentimiento, previo, libre e informado, con buena fe y culturalmente adecuada, como lo establece el mandato internacional al que está obligado el Estado mexicano”.

Los pueblos binnizá e ikoots continuaremos firmes en la denuncia del cualquier megaproyecto de desarrollo en territorio indígena que no respete nuestra autodeterminación y los derechos humanos de las comunidades afectadas.

Protestas del pueblo zapoteco en contra de las empresas eólicas / fuente: http://3lhormiguero.me/

Protestas del pueblo zapoteco en contra de las empresas eólicas / fuente: http://3lhormiguero.me/

En este contexto, junto a las organizaciones civiles que nos acompañan hacemos un llamado urgente y necesario a las autoridades del Estado mexicano, en sus distintos niveles, para que:

  • Cesen los actos de persecución y criminalización de los defensores ambientales y de derechos humanos, particularmente en la región del Istmo.

  • Garantía para que las y los defensores puedan desempeñar su labor en condiciones de seguridad, libertad e igualdad.
  • Aplique medidas efectivas para garantizar nuestra integridad, seguridad y libre ejercicio como defensores/as de derechos humanos.

  • Investigue y sancione a quienes incurran en actos de intimidación y/o violencia contra nuestros pueblos.

  • Vele porque se asegure un acceso efectivo a la justicia y se preserve la independencia judicial durante todo el proceso.

Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

Miembros de la SEDENA y abogados estafan en penales federales bajo promesa de beneficios de ley

Ignacio García

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Por Ignacio García

El teniente de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Francisco Fuentes Alburo, acompañado de Maricela García Bravo y un grupo de abogados fueron acusados de realizar diferentes estafas a internos en penales federales a cambio de supuestos beneficios de ley, entre éstos, preliberaciones.

Entre los denunciados por fraude se encuentra el arquitecto Leonardo Sotelo Mejía, quien tiene trayectoria de demandas y porta documentación como Senador de la República. Una de las demandas por Autos de Calidad Cortés, S.A. de C.V, en 2012, por lo que se abrió el expediente 1431/2012, en el Juzgado 10 Civil del Distrito Federal, y el 83/2016, en el Juzgado 41 de lo Civil en el Distrito Federal. En 2014, estuvo preso por fraude, y en 2018, ya en libertad, fue exhibido por vender plazas de la policía federal y de la policía del Estado de México.

Otros de los nombres que destacan es Guillermo Torres Rabadán, quien también se encuentra demandado por lo civil bajo el expediente 176/2010. Así mismo, Juan Carlos López Contreras, alias el “Mayor Plata”, propietario del restaurante argentino “El Arrabal”, y es enlace directo de Sotelo Mejía. Juana Jacqueline Díaz, Ibos Marlon Torres, Indira Shanel Torres, Fernando Cerezo Arenas y Laura López son acusados de realizar diferentes estafas en penales federales a cambio de supuestos beneficios de ley que prometen a internos.

De acuerdo con la denuncia ciudadana, los integrantes de la SEDENA acuden a los penales federales para prometerles beneficios de ley en su proceso a cambio de compensaciones económicas, utilizando a abogados para cometer los fraudes. Uno de los ceferesos de mayor presencia de los defraudadores, es en El Altiplano, Almoloya de Juárez, del Estado de México, por tratarse de un penal de máxima seguridad con internos bajos cargos de narcotráfico y delincuencia organizada que han pagado fuertes cantidades de dinero con la esperanza de ser liberados.

Los abogados prometen visitar a los reos con falsos documentos para plantearles diferentes maneras en las que supuestamente los pueden liberar, incluyendo tráfico de influencias con miembros de la SEDENA y de diferentes niveles del Gobierno de México, incluyendo la Secretaría de Gobernación, por lo que a través de redes sociales y denuncias periodísticas, los internos víctimas de fraude han exigido al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que intervenga, ya que en algunos casos estos militares y abogados han pedido hasta un millón de dólares.

En su denuncia, agregaron que los presuntos extorsionadores citan a familiares de los internos en el restaurante “El Arrabal” ubicado en Naucalpan, Estado de México, del cual es propietario Juan Carlos López Contreras. Usan este espacio como lugar de operaciones y oficina, para la entrega del dinero de sus clientes, asegurando que con sus relaciones tanto en el gobierno federal, como en SEDENA, agilizarán la libertad de sus familiares.

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Mexico Violento

Carta a Segob sobre caso Nalyd Liceaga, víctima de abuso por denunciar tala de árboles en Boca del Río

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El biólogo marino Nalyd Liceaga Rangel, quien trabajaba como inspector del área de Ecología, en el Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz, fue despedido del cargo desde 2008, por sancionar a Jorge González Torres, fundador del PVEM, quien taló en zona ecológica 20 árboles para ampliar una construcción particular.
El científico demandó y ganó la demanda con la orden de restitución de su cargo e indemnización, que hasta la fecha el Estado no ha cumplido, además del contubernio de autoridades con la tala de árboles. Ya que en este asunto, lo que Nalyd Liceaga puso al descubierto fue el contubernio, pues la maquinaria con la que trabajaban los empleados era del gobierno del estado de Veracruz, entones gobernado por Fidel Herrera. Los 20 árboles los taló el dirigente del PVEM, y la sanción contra Nalyd la aplicó el alcalde del PAN.
Lic. Olga Sánchez Cordero
Secretaria de Gobernación
Gobierno de México
Presente.
Me permito dirigirme a usted para molestarla con un informe tocante a una de las injusticias mayores que ciertas autoridades hayan cometido en contra de un biólogo marino que -para realizar sus estudios en la Escuela de Ciencias del Mar-, se puso a trabajar en  el área de Ecología como inspector en el Ayuntamiento de Boca del Río. Su nombre es Nalyd Liceaga Rangel. El presidente municipal en el año 2008, fecha en que tuvieron lugar los hechos era Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo de quien más tarde sería gobernador por dos años del estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, ambos con el mismo nombre.
Una mañana, el biólogo se puso en marcha a efectuar una inspección de rutina para confirmar que la ecología municipal no había sido dañada. Se encontró con un predio donde habían sido talados 20 árboles. El propietario del inmueble de esa manera ampliaba su espacio para construir un edificio mayor. De inmediato le entregó Nalyd a quien le pareció ser el propietario (y acertó) y le entregó un citatorio para que acudiera al ayuntamiento a abordar el asunto de la multa a aplicársele.
El talador resultó ser Jorge González Torres, dirigente fundador del PVEM, quien de inmediato se dirigió en su vehículo al ayuntamiento a quejarse de Nalyd y pidió su cese inmediato que fue concedido. El presidente municipal le dijo a Nalyd que si demandaba o hacía público el nombre de González Torres, se las vería con él. Cumplió su palabra. El ayuntamiento de Boca del Río y la familia perversa que lo controla no han permitido que Nalyd sea indemnizado. Y esta resistencia es apoyada por la CEDH.
Con ese motivo, Nalyd demandó ante el tribunal competente en Jalapa al Ayuntamiento de Boca del Río. Se le dio la razón y el ayuntamiento recibió copia del laudo que ordenaba indemnización y restitución. Entre 2009 y 2020, ha habido 11 audiencias de Nalyd y su abogado con un abogado del ayuntamiento. Y siempre se le dijo que no se podía cumplir la orden judicial porque no había dinero. Eso es extraño en un ayuntamiento donde los regidores tenían asignado un salario de medio millón de pesos al mes.
Hace dos años Nalyd acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humano, en Xalapa, y a lo largo del tiempo transcurrido quienes allí trabajan, que fueron heredados por el gobierno estatal actual de MORENA, le han dado largas. No se han comportado, en suma, como corresponde a un organismo al que se le ha conferido la función de velar por la seguridad y los intereses de los que no cuentan con mucho dinero.
Lo que se ha hecho con Nalyd no tiene nombre. Es una verdadera aberración.
Los derechos humanos son una asignatura que usted conoció siendo magistrada. Le pido por ello, encarecidamente, su intervención directa, para que se cumpla, otorgue y satisfaga lo ordenado por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz hace mas de 10 años y cese la impunidad sistemática de violación de los derechos  de Nalyd Liceaga Rangel.
La saluda atentamente
Gastón PARDO PEREZ
Académico y Corresponsal en México

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Mexico Violento

Munguía Villarreal, familia de Sonora, causantes de ejecuciones, desapariciones y tráfico de drogas

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Por Juan Carlos Pérez Ruiz

Desde el canal de Youtube El Tuchar, con sede en Estados Unidos y temas de narcotráfico, se señala que la familia Munguía Villarreal se ha convertido en “el terror de Sonora” porque no sólo se han dedicado al tráfico de estupefacientes, sino también a ejecuciones y desapariciones por encargo y conflictos con ellos, incluyendo a mujeres, niños y personas que se dedicaban a cruzar migrantes por la frontera de Arizona. La familia Munguía Villarreal, según la prensa local, ha operado con un perfil bajo como agricultores durante años en Hermosillo, Sonora. Pero el pasado 5 de abril de 2019 se dieron a conocer, luego de que sujetos armados arribaron a un rancho de su propiedad. Los hermanos repelieron el ataque desde dos unidades blindadas asesinando a dos personas con armas de alto calibre.

De acuerdo con la versión oficial, en el sitio se localizaron cartuchos percutidos de calibre .223 y de 7.62×39 de armas conocidas como cuernos de chivo, sin embargo, la familia afirmó que se trataban de extorsionadores, mientras las autoridades comprobaron que sus actividades estaban relacionadas con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y ejecuciones incluyendo la desaparición de cuerpos.

El negocio de los Munguía Villarreal fue montado por el padre desde hace años, camuflajeado por la agricultura, en el que se ha señalado a la madre de ayudarles a llevar la contabilidad. También señala que además de los padres, las esposas, primos y tíos, participan directamente en sus actividades delictivas como un negocio familiar.

Miguel Munguía se ha identificado como uno de los traficante de drogas, más sanguinario, socio de Lamberto Verdugo, principal operador financiero de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa. Tras la muerte de Verdugo, se asoció con los hermanos Martín Gaudencio Avendaño Ojeda, “El Chiquilín” y Manuel Avendaño Ojeda, “El Meño”.

En 2010, en Nuevo México, Estados Unidos, Efrén Corrales Meza, oriundo de Hermosillo, fue detenido por transportar 20 kilos de cocaína, quien reconoció trabajar para la familia Munguía Villarreal, por lo que fue sentenciado a 41 meses de prisión y después extraditado a México, donde se puso a trabajar como taxista.

No obstante, los hermanos Munguía Villarreal intentaron obligarlo nuevamente a retomar las actividades ilícitas pero al negarse fue asesinado el 5 de mayo de 2019, a bordo de su vehículo, según las declaraciones de dos de los presuntos sicarios detenidos por el crimen.

Otro de los hechos que sacaron del anonimato a esta familia dedicada al trasiego de la droga, fue cuando Ramón Munguía Villarreal tuvo un conflicto con un policía municipal de Hermosillo, identificado como Adrián Filemón Bravo Sepúlveda, pero al no obtener respuesta del proceso legal, le pidió a su hermano Miguel Ángel que lo asesinara, por lo que ordenó a su cuñado, Héctor Bernal Mercado que ejecutara al agente local.

Posteriormente, el 23 de julio de 2020, Luis Ernesto Robles fue ejecutado a bordo de su vehículo en Hermosillo por sicarios de Héctor Bernal Mercado, quien también amenazó a la familia de la víctima con ejecutarlos, por lo que se esconden en Culiacán, Sinaloa, apoyados por “El Ruso”, jefe de los sicarios del Mayo Zambada, y quien disputa el control de los territorios con “Los Chapitos”, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, lo que ha incrementado la violencia en Sonora.

Reconocido como brazo ejecutor de los “Munguía Villarreal, Héctor Bernal, apodado “EL Chino Batachi” fue asesinado el 4 de septiembre de 2020, en la ciudad de Culiacán, de acuerdo con la información del blog Valor por Tamaulipas.

Días después, el 19 de septiembre, agentes de la Fiscalía General de Justicia de Sonora dieron a conocer el cateo de una casa de seguridad y laboratorio de estupefacientes en el que se aseguraron 163 mil dosis de narcóticos, con un valor de más de 400 mil dólares. Este lugar servía de oficina y guarida, de los hermanos Munguía Villarreal.

Pese a que no fue detenida ninguna persona en esa ocasión, porque se presume que fueron alertados por miembros de la policía que trabajan para ellos, fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal 162 mil 200 dosis de cristal, 664 de marihuana, 439 pastillas de fentanilo, 15 dosis de cocaína, entre otras.

El operativo se implementó como parte de las indagatorias por el homicidio del colombiano Eduardo “N”, de 40 años, el pasado 14 de septiembre, por lo que también fueron asegurados armamento de alto calibre en el interior del inmueble.

Hasta ahora, las investigaciones de la fiscalía estatal han sido incompletas, pero con suficientes acciones judiciales para sacar a la luz un grupo delictivo que había estado operando en la discreción.

Imágenes de Sonora Violento

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