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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

Activistas ambientales denuncian persecución por proyecto eólico en Juchitán

Los ataques contra integrantes de la comunidad Binnizá, en el istmo de Tehuahtepec, se han exacerbado a raíz del amparo que concedió la suspensión definitiva del proyecto Eólica del Sur.

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  • Los ataques contra integrantes de la comunidad se han exacerbado a raíz del amparo que concedió la suspensión definitiva del proyecto Eólica del Sur.

  • Los proyectos de energía renovable en el istmo no han respetado la autodeterminación de los pueblos indígenas, ni el derecho a la consulta previa, libre e informada.

  • La independencia judicial y el acceso a una justicia efectiva se ponen en peligro por las presiones políticas y económicas de quienes impulsan Eólica del Sur.

Atziri Ávila

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México

JUCHITÁN, Oaxaca.- Los pueblos binnizá e Ikoots, que se encuentran en resistencia a los proyectos de producción de energía eléctrica que se han instalado y pretenden una mayor ocupación del territorio en el Istmo de Tehuantepec, así como organizaciones de la sociedad civil estatales y nacionales, denunciamos que a partir de la obtención el pasado 11 de diciembre de 2015, de la suspensión definitiva de los permisos administrativos que amparan el proyecto Eólica del Sur en Juchitán, Oaxaca se ha exacerbado la campaña de linchamiento mediático, criminalización y persecución.

La suspensión otorgada por el juez Séptimo de Distrito con sede en Salina Cruz, Oaxaca, confirma que ha existido violación a los derechos humanos de nuestros pueblos por parte del Estado mexicano y de las empresas transnacionales, al haber realizado una simulación de procesos de Consulta Previa, Libre e Informada, con la que trataron de validar un proyecto eólico más en una región que cuenta ya con 24 mega parques eólicos, que están ocasionando fuerte impacto en la naturaleza, el medio urbano y la fragmentación del tejido social de las comunidades, al provocar enfrentamientos entre los que están a favor y en contra del proyecto.

La población en general, las y los principales voceros y representantes de las organizaciones han sido atacadas/os durante las últimas semanas en la radio y medios de prensa local, calificándolos de “extorsionadores profesionales” y culpándolos del rezago económico en el que se encuentra la región del Istmo.

El parque de Eólica del Sur aspiraba a ser el 15º parque construido en tierras comunales de Juchitán y el número 25 en la región del Istmo, las inversiones y beneficios recibidos en el Istmo por los 24 parques anteriores han sido mínimos y las compromisos realizados por Eólica del Sur, en la simulación de consulta, correspondían a promesas endebles, cuyos beneficios no se reflejaban en la población total, sino que se concentraban en los posesionarios de las tierras y los sindicatos de constructores que ya tenían acuerdos establecidos con la empresa.

Cabe destacar que la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos (RNDDHM) y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) documentamos que el 38% de las defensoras agredidas en 2014 fueron quienes defienden el derecho a la tierra, el territorio y los recursos naturales. El 46% de las defensoras agredidas viven en zonas rurales, lo que impide u obstaculiza el acceso a los sistemas de justicia.

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Comité de Defensa del pueblo Binnizá, Juchitán, Oaxaca.

Por otra parte, denunciamos las acciones de presión política que han buscado debilitar la labor del Juez Séptimo y que atentan contra la independencia judicial. No descartamos que producto de dichas presiones y por los grandes intereses económicos de la empresa y el Gobierno, es que el Juez titular Isaías Corona Coronado haya salido de solicitar “licencia” y que en su lugar el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) designara a un nuevo Juzgador de nombre Carlos Alberto Osogobio Barón2, sin que se nos haya brindado mayor razón.

A pesar de estas difíciles circunstancias, las comunidades y organizaciones seguirán difundiendo ampliamente los efectos de la suspensión definitiva contra el proyecto de Eólica del Sur, así como las violaciones sistemáticas a derechos humanos que se han producido por la incorrecta y masiva implementación de parques eólicos en Juchitán.

“Las comunidades no nos oponemos al progreso y al desarrollo, pero exigimos se haga con el debido respeto a nuestra autodeterminación, nuestras formas de vida y al estado de derecho; y que el gobierno garantice que se hará un verdadero ejercicio del derecho a la Consulta y consentimiento, previo, libre e informado, con buena fe y culturalmente adecuada, como lo establece el mandato internacional al que está obligado el Estado mexicano”.

Los pueblos binnizá e ikoots continuaremos firmes en la denuncia del cualquier megaproyecto de desarrollo en territorio indígena que no respete nuestra autodeterminación y los derechos humanos de las comunidades afectadas.

Protestas del pueblo zapoteco en contra de las empresas eólicas / fuente: http://3lhormiguero.me/

Protestas del pueblo zapoteco en contra de las empresas eólicas / fuente: http://3lhormiguero.me/

En este contexto, junto a las organizaciones civiles que nos acompañan hacemos un llamado urgente y necesario a las autoridades del Estado mexicano, en sus distintos niveles, para que:

  • Cesen los actos de persecución y criminalización de los defensores ambientales y de derechos humanos, particularmente en la región del Istmo.

  • Garantía para que las y los defensores puedan desempeñar su labor en condiciones de seguridad, libertad e igualdad.
  • Aplique medidas efectivas para garantizar nuestra integridad, seguridad y libre ejercicio como defensores/as de derechos humanos.

  • Investigue y sancione a quienes incurran en actos de intimidación y/o violencia contra nuestros pueblos.

  • Vele porque se asegure un acceso efectivo a la justicia y se preserve la independencia judicial durante todo el proceso.

Mexico Violento

Organización de Presos de México exige cese inmediato del director del Cefereso 17 por torturas y extorsión

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Por Guadalupe Lizárraga

La Organización de Lucha por la Dignidad, Justicia y Libertad de los Presos de México lanzaron un comunicado público en solidaridad con George Khoury Layón, preso político, quien por segunda vez fue torturado dentro del Cefereso #17, en Buenavista Michoacán, por custodios bajo órdenes del director del penal Julio César Pérez Ramírez.

El documento lo firman los dirigentes de la organización Antonio Barragán Carrasco y Cleofas Hernández Reyes, privados de su libertad en Atlacholoaya, Morelos, desde donde demandan el cese inmediato del director del penal de Michoacán por torturas y extorsión a los internos, y específicamente en este caso a Khoury Layón, quien además tiene reconocimiento de inocencia por parte de la Secretaría de Gobernación, desde noviembre de 2019, y la opinión de libertad inmediata de la Naciones Unidas desde el 18 de septiembre de 2017.

Khoury Layón ha liderado un amparo colectivo de 400 internos que piden la destitución del director del Cefereso y del titular de Seguridad pública por los tratos denigrantes y crueles, extorsiones y falta de atención médica, por lo que las torturas son para que se desista de los amparos concedidos por los jueces Quinto y Sexto de Distrito del estado de Michoacán y del estado de Sinaloa.

La primera tortura a Khoury en el Cefereso número 17 fue el 18 de julio de 2020, por promover los amparos contra los malos tratos. Esta segunda tortura fue el 29 de marzo de 2021 para que se desistiera de esos amparos concedidos. Además, denunció la extorsión del director del penal quien le exigía 500 mil pesos (26,315 dólares aprox) para dejar de golpearlo.

La Organización de Lucha por la Dignidad, Justicia y Libertad de los Presos de México, fundada el 22 de febrero de 2021, por Barragán Carrasco y Hernández Reyes, surgió con el objetivo de detener el maltrato y las violaciones de derechos humanos a la población carcelaria. Asimismo, tiene como objetivo la denuncia sobre el abandono jurídico y la indefensión en el que se encuentran miles de presos, con enfermedades crónico-degenerativas sin atención médica y la negación de beneficios de ley como las preliberaciones.

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Mexico Violento

Gobernador de Tamaulipas nombra como vocero para su defensa al exsenador del PAN denunciado por lavado de dinero

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El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, nombró a Javier Lozano Alarcón, exsenador del Partido Acción Nacional (PAN), como su vocero para enfrentar el proceso de desafuero.

Lozano Alarcón, quien también fue secretario del Trabajo durante la administración de Felipe Calderón, ha sido denunciado por lavado de dinero y operaciones financieras para el Cartel de Sinaloa por el capitán de Infantería Vladimir Ilich Malagón Rendón, en prisión desde 2010 y torturado por la Policía Judicial Militar.

En su primer mensaje a favor de Cabeza de Vaca, Lozano Alarcón señaló a Mario Delgado Carrillo, dirigente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), de ’mal amigo’ por supuestamente haberle dado la espalda al Gobernador de Tamaulipas después de que éste le pidió ayuda.

En 2018, luego de renunciar al Partido Acción Nacional (PAN), Javier Lozano Alarcón se convirtió en el vicecoordinador de mensaje de la precampaña de José Antonio Meade Kuribreña. Ahí protagonizó algunos debates sin éxito. Su candidato, el del Partido Revolucionario Institucional (PRI), llegó fuerza política a la contienda presidencial y quedó atrás de Ricardo Anaya Cortés, y muy atrás de Andrés Manuel López Obrador.

El 28 de abril de 2020, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), después de una campaña nacional manifestada en redes sociales, decidió retirar la responsabilidad como vocero especial que su entonces presidente, Gustavo De Hoyos Walther, le había entregado a Lozano unas horas antes, y en comunicado público Coparmex señaló que sería solo uno más entre sus miembros. Al día siguiente, Lozano acusó a Gustavo de Hoyos de mostrar ’poco carácter’ y reconoció que la ’presión interna’ en ese sindicato patronal lo mandó, en menos de 8 horas, al desempleo.

La defensa de Lozano a Cabeza de Vaca

“Este mensaje es en respuesta a Mario Delgado, presidente nacional de Morena, por el infame video que grabó en contra del Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Y digo infame porque, Mario, tú sabes que mientes. No tienes una sola prueba, ningún elemento para poder afirmar que el gobernador está involucrado en redes de delincuencia organizada o narcotráfico. Mucho menos tienes elementos para decir que la DEA respalda tus acusaciones”, dijo Lozano en su primera defensa del gobernador Cabeza de Vaca.

“Lo que sí tenemos son elementos probatorios de que el 3 de octubre pasado, tú me pediste a mí el contacto del entonces ‘amigo’, como decías del gobernador García Cabeza de Vaca, porque ibas a ir a Reynosa a reunirte con tus huestes de Morena en búsqueda de la dirigencia nacional del partido. Temías que se te armara un desmadre y pediste la intervención del gobernador para que toda la situación política de la entidad pudiera transcurrir en calma y en orden. Hoy le das la espalda. Eso es una cobardía”, agregó.

El proceso contra el gobernador

La Cámara de Diputados notificó a principios de marzo al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca sobre el arranque del proceso de desafuero en su contra.

Antes, funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) ratificaron ante la Cámara de Diputados, la solicitud de desafuero contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Los funcionarios de la FGR llegaron a San Lázaro, donde dejaron seis cajas de cartón, con 27 tomos del expediente completo de las imputaciones contra el gobernador militante del Partido Acción Nacional (PAN), quien ha sido imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

La declaratoria de procedencia es un procedimiento que popularmente se conoce como desafuero, por el cual la Cámara de Diputados tiene que dar permiso para juzgar a altos funcionarios del Gobierno, con el objeto de evitar que se haga un mal uso político de la acción penal.

Fue el 23 de febrero cuando la Fiscalía General de la República (FGR) pidió a la Cámara de Diputados el desafuero del Gobernador del norteño estado de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, para poder acusarlo de corrupción.

De acuerdo con lo reportado por la prensa local, en meses pasados se presentó una denuncia contra Cabeza de Vaca por enriquecimiento ilícito por un valor de 46 millones de dólares. A raíz de esa denuncia, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente del Gobierno Federal, habría acreditado triangulaciones financieras mediante una empresa fantasma que reportaron al gobernador ingresos por unos 2 millones de dólares.

Cabeza de Vaca, del Partido Acción Nacional (PAN), pidió en agosto de 2020 a la Fiscalía General de la República que le informara si existía alguna investigación en su contra. En aquel momento, quien empezara su mandato en el fronterizo estado de Tamaulipas en 2016, aseguró en un escrito estar a disposición ’de cualquier autoridad local o federal’.

El gobernador, cuyo periodo al frente de Tamaulipas termina en 2022, es uno de los señalados por el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) acusado de corrupción, Emilio Lozoya, como uno de los políticos que habrían recibido sobornos para la aprobación de la reforma energética en 2013.

Con información de EFE.

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Mexico Violento

Disturbios y violencia en penal federal de Chiapas por corrupción y extorsión de autoridades carcelarias

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Por Gonzalo Egremy

En la prisión federal ubicada en el municipio costeño de Villa Comaltitlán, en la que se encuentran 2,560 presos, impera la ingobernabilidad por actos de corrupción y extorsión a internos por parte de directivos.

Lo anterior es una denuncia pública, a través de un escrito, del personal de las áreas de la dirección técnica, de seguridad y administración del Centro de Readaptación Federal (CEFERESO) número 15, quienes solicitan la omisión de sus identidades por temor a sus vidas.
Acusan del cúmulo de irregularidades al director general de esa prisión, Guillermo Montoya de la Torre, a la directora técnica, Guadalupe Estrada Meza y al director de seguridad, Abelardo Cortéz Skewes, así como a Alfonso Alvarado López, subdirector técnico.

Los denunciantes detallan que los directivos realizan venta de privilegios a los presos, internados ahí como presuntos responsables de delitos de delincuencia organizada, contra la salud y violación a la Ley federal de armas de fuego, homicidio y secuestro, entre otros delitos.
“Interno que no se somete a la extorsión o “pago de piso” dentro de la cárcel, es enviado a un módulo de segregación y aislamiento en donde son amenazados y violentados por los comandantes, Gapi Zenen Benitez y Jaciel “N”, por órdenes de los directivos”, afirman.

Agregan que personal de ese CEFERESO sufre de hostigamiento laboral y hasta sexual por parte de directivos de la prisión, y que, por ello, hace unas semanas se vieron obligados a “renunciar” una veintena de empleados.

La prisión federal, añaden, es ya “ingobernable” por las constantes riñas y hasta amotinamientos de los internos, que en ocasiones se defienden de las extorsiones que ordenan los directivos, y varios oficiales de seguridad han resultado golpeados.

“Por extrañas razones, dos internos murieron en un lapso de 25 días, y los directivos, junto con un sujeto de la CNDH, de nombre Carlos Cervantes, dijeron a familiares de los muertos, que se “suicidaron” por “el estado emocional depresivo”.

Todo lo que ahí ocurre tiene mucha responsabilidad la directora técnica, Guadalupe Estrada Meza, quien llegó del CEFERESO 13 en Oaxaca, en donde dejó una estela de corrupción con la venta de privilegios a presos con alta solvencia económica, como fue al “Menchito””, aseguraron.

Alfonso Alvarado López, subdirector técnico, es compadre con el director general CEFERESO 15, Guillermo Montoya de la Torre, y junto con Guadalupe Estrada Meza, encubren todas las extorsiones a presos, golpizas a algunos de éstos, los “suicidios” y el hostigamiento laboral y sexual a empleados.

Añaden los denunciantes que el 21 de febrero pasado, un interno logró evadir los filtros de seguridad del penal y llegar hasta el área verde (pocos metros de la carretera costera), pero la oportuna intervención de personal de empresa privada que ahí presta un servicio, logró evitar la fuga.

Piden al Comisionado de Prevención y Readaptación Social, José Ángel Ávila Pérez, así como a la Secretaria de Seguridad Pública y Participación Ciudadana (Federal), Rosa Isela Rodríguez, ordenar exhaustiva investigación sobre los supuestos “suicidios” de los dos presos, así como la serie de “pillerías” descritas en líneas superiores.

Los denunciantes alertan a las autoridades federales y estatales, de un posible amotinamiento o fuga masiva de reos, con fatales consecuencias, si no son castigados los directivos señalados, por ser los responsables; el director del penal, Guillermo Montoya de la Torre, es del “grupo de trabajo” de Jaime Telesforo Fernández, responsable del amotinamiento en la Colonia Penal Islas Marías hace algunos años.

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