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Justicia pendiente

Acoso sexual de maestros en secundaria de Olinalá Guerrero

Dos maestros de la secundaria Hermegildo Galeana de Olinalá Guerrero son denunciados por acoso sexual a seis jóvenes indígenas

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Imagen ilustrativa de la red.

Por Sergio Ferrer

OLINALÁ, Guerrero.- El 6 de junio de 2013, seis adolescentes denunciaron ante la Policía comunitaria de Olinalá que eran víctimas de acoso sexual por parte de dos maestros de la Escuela Secundaria General Hermenegildo Galeana de esa localidad. La coordinadora regional de la Policía comunitaria, Nestora Salgado García (actualmente presa política del gobierno mexicano) levantó las actas de denuncia ante el secretario del Consejo Social Olinalteco «27 de octubre de 2012», Miguel Zapoteco, sobre la situación que padecieron las estudiantes en el ciclo escolar anterior.

Las adolescentes relataron los casos de violencia psicológica docente perpetrada por los maestros, quienes en diferentes y repetidas circunstancias, les hicieron insinuaciones para tener relaciones o acercamientos sexuales. Una de ellas fue hostigada incluso por los dos docentes denunciados.

Las jóvenes solicitaron no dar a conocer su identidad por temor a represalias, no obstante, ratificaron que luego de que en una firma de boletas en la que la tía de una de las agraviadas increpó a los maestros sobre casos de acoso, fue la coordinadora Nestora Salgado García, quien las indujo a declarar acerca de lo sucedido.

Antes de acudir a la Policía Comunitaria de Olinalá, las jóvenes habían acudido con el director de la escuela -que sólo suspendió a uno de los maestros por tres meses- después fueron al Ministerio Público de Olinalá en donde les dijeron que era hostigamiento sexual que necesitaban pruebas pero finalmente argumentaron que no podían actuar.

Después fueron con una abogada de la Marina, institución que mantiene una base provisional y a efectivos luego de que el pueblo se levantará en armas contra la delincuencia organizada. Les dijo que acudieran con el alcalde para que las apoyara con viáticos para ir a la ciudad con la Secretaría de Educación Pública o a alguna institución de Derechos Humanos porque allí -tampoco- no las podían ayudar.

Las jóvenes acudieron a una reunión con el alcalde priísta Eusebio González y el síndico procurador Armando Patrón, quienes escucharon el problema. El alcalde aceptó “a regañadientes” apoyarlas, dijeron las denunciantes, pero finalmente no proporcionó el apoyo necesario para que pudieran dar a conocer lo sucedido ante las instancias legales.

El problema fue retomado por la Policía Comunitaria de Olinalá (PCO), sin embargo, las jóvenes ya no supieron que ocurrió porque Salgado García fue aprehendida en agosto pero “pensamos que sí habría justicia porque ya habíamos visto que en otros casos la señora si actuaba pero ya no está”, confirmó vía telefónica una de las jóvenes agredidas.

Son diversas las situaciones que se presentaron en contra del sano desarrollo de las adolescentes cuyo testimonio está dentro de sus declaraciones, de los cuales se solicitó parte de esa información a la PCO.

En el caso de una estudiante de 15 años, durante el segundo grado el maestro de Historia e Inglés, Ángel Domingo Sánchez Mendoza, tras decirle que eran bonitos sus ojos, diciéndolo en otra ocasión incluso frente a grupo, a solas le preguntó “qué estaría dispuesta a hacer para no reprobar la materia”. La joven, un tanto confundida, respondió que un trabajo. El maestro entonces hizo referencia directa a acercamientos sexuales, a lo cual la joven se negó.

Este mismo docente, le dijo a otra chica que había “soñado con ella teniendo relaciones sexuales”, enviándole varias cartas en las que le pedía una respuesta al sueño. Poco después el padre de la menor se enteró y reclamó al maestro.

En otro caso, el maestro Sánchez Mendoza, al momento de la entrega de trabajos le pidió a otra joven esperarlo en el salón después de clases. Una vez a solas, le preguntó por qué era rebelde, que si estaba segura de su sexo y le solicitó le contará sus problemas. La joven intentó responder al maestro sin entender bien lo que pasaba. Él le dijo que “debería tener un encuentro sexual con una mujer y con un hombre mayor para definir su sexualidad y que ese tipo de hombre podían darle todo lo que necesitara”.

La esposa del docente que también es maestra en la secundaria, acusó a una estudiante de acostarse con familiares y amenazó a las estudiantes exigiendo su silencio e incluso dinero para no tomar represalias en las calificaciones, aunque en algunos casos si reprobó a las estudiantes.

En los otros casos registrados, adolescentes acusaron al maestro José María Patrón Rodríguez de hacerles preguntas de tipo personal y sexual cuando les ofrecía un aventón, les aseguraba que serían buenas novias de su hijo.

A una de ellas le puso la mano en la pierna y le dijo que la quería mucho. La estudiante se asustó y dejó de hablarle al maestro, quien también le pidió a otra estudiante pagarle unas copias con un beso, por lo que la joven, “ya no quería volver a clases, me atemorizó lo que pasó”, contó en el testimonio, lo denunció con la prefecta pero el maestro argumentó que era una broma.

Las amenazas con los certificados y otras materias por parte de la esposa de uno de los maestros, la desatención del director y la inefectividad de las instancias locales hizo que la cuestión aparentemente se olvidara, sin embargo, víctimas consultadas pidieron que no haya impunidad y “no le ocurra a más chavas”.

 

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Justicia pendiente

CNDH pide a gobiernos de Puebla, Jalisco y Guerrero respeto a libertad de expresión

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Redacción

Autoridades de las tres entidades federativas han incurrido en conductas contrarias al libre ejercicio periodístico y al derecho de acceso a la información

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió a autoridades de los estados de Jalisco, Puebla y Guerrero que respeten la actividad periodística y se asegure el pleno ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, de prensa y acceso a la información.

Así lo hizo saber en un comunicado público este organismo nacional, y manifiestó su preocupación ante la reciente declaración realizada por el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien señaló que los medios de comunicación locales deben limitar la información y dejar de hacer publicaciones sobre los delitos de alto impacto porque lastiman el turismo en Puerto Vallarta, circunstancia que no abona al libre desempeño periodístico.

Por otro lado, luego de que los medios “E-Consulta” y “El Popular”, acusaran al titular del Poder Ejecutivo del estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, de realizar un proceso de hostigamiento administrativo en su contra, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, la CNDH llama a las autoridades estatales a salvaguardar la libertad de expresión.

Barbosa Hurtado ha sido denunciado reiteradamente por el hostigamiento contra los periodistas de la entidad, además de promover acciones de hostilidad contra las comunidades indígenas que han revelado fraude electoral y presencia de grupos delictivos.

Asimismo, la CNDH manifiestó su indignación por los hechos ocurridos en días pasados en Guerrero, donde organizaciones civiles y medios de comunicación presentaron una queja ante la CNDH y la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, ante la violación a sus derechos por parte de la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, a quien acusaron de hacer declaraciones de odio en contra del gremio, incluso responsabilizándolos de la violencia que se vive localmente.

Ante la persistencia de agresiones contra periodistas y trabajadores de los medios, la CNDH enfatizó la urgencia de que todas las autoridades federales, estatales y municipales tomen las medidas necesarias, a fin de que la labor informativa no se vea afectada de manera directa o indirecta y eviten expresiones que coarten los derechos fundamentales de las y los periodistas.

En el comunicado, este organismo público, especificó que esto no significa coartar el derecho a la verdad que tiene la sociedad mexicana, y hay que diferenciar el debate sano y el contraste de ideas con manifestaciones que van más allá de esto y ponen en riesgo o coartan con hechos la libertad de expresión.

Para la CNDH es de suma importancia que ante el contexto de violencia que las y los comunicadores continúan enfrentando en el país, se reconozca, respete y difunda la relevancia de la labor que realizan en beneficio de la sociedad, fortaleciendo con ello una cultura de respeto a sus derechos humanos.

Esta Comisión Nacional considera pertinente seguir revisando el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y crear un frente común entre autoridades federales y locales y los propios comunicadores, para apoyar y defender a quienes inclusive, a riesgo de su propia vida, ejercen su libertad de expresión para comunicar, difundir y denunciar públicamente temas que nos atañen a todos y cuyo fin último es asegurar la participación consciente e informada de la ciudadanía.

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Juez vincula a proceso a ex jefe de Gabinete de Mancera por enriquecimiento ilícito

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El Juez de Control de la Ciudad de México vinculó a proceso al ex jefe del Gabinete del gobierno de la capital del país durante la administración de Miguel Ángel Mancera, Julio César Serna Chávez, por el delito de enriquecimiento ilícito.

El juzgador consideró que existieron pruebas suficientes para proceder contra el ex funcionario capitalino y por ello también determinó la inmovilización de las cuentas financieras del ex servidor público, considerado como uno de los principales operadores políticos de Mancera.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que el ex servidor público es acusado de enriquecimiento ilícito durante la administración de Miguel Ángel Mancera beneficiándose de su cargo como servidor público para intereses personales.

De acuerdo con la fiscalía capitalina, después de revisar las declaraciones patrimoniales de Serna no corresponden los ingresos económicos que percibió como funcionario público y el patrimonio que ostentó, por lo que parte de sus ingresos económicos provinieron del Impuesto Sobre la Renta (ISR) aportado por trabajadores de la administración pública de la Ciudad de México.

La fiscalía capitalina identificó un total de 14 propiedades que no están contempladas en las declaraciones de intereses, aunado a que existe un registro de razón social que no fue señalada en su declaración patrimonial, por lo que se dedujo que hubo irregularidades.

En diciembre de 2019 la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México inhabilitó por diez años a Julio César Serna para ejercer un cargo como funcionario público por las diferentes irregularidades detectadas en su actuación como coordinador general de la Central de Abastos de la capital del país entre 2015 y 2017.

Al respecto, el senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Mancera, pidió que se lleve a cabo un proceso legal conforme a lo establecido por la Ley, y que no se politice el caso por haber sido uno de sus colaboradores más cercanos.

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Justicia pendiente

Corte avala que funcionarios del Inegi ganen más que AMLO

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Los ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) avalaron la suspensión para que los funcionarios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) perciban salarios más elevados que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Los ministros determinaron que el tope salarial para los servidores públicos previstos en la Ley Federal de Remuneraciones Económicas de los Servidores Públicos vigente desde el 20 de mayo de este año.

De acuerdo con los representantes de la SCJN, los funcionarios del Inegi podrán percibir un salario mayor al del presidente de la República en tanto se resuelva la controversia constitucional presentada por el Inegi para que tengan una reducción en sus salarios.

Esta modificación se presenta después de que el Congreso de la Unión aprobó una reforma a la Ley Federal de Remuneraciones Económicas de los Servidores Públicos en la que se establece que ningún funcionario podrá percibir un salario mayor al del presidente de México que se estableció de 108 mil pesos al mes.

Situación por la cual tanto los altos funcionarios del Inegi como del Instituto Nacional Electoral (INE) se ampararon contra esta reforma, por lo que será la Corte la instancia encargada de revisar esta reforma y si será procedente contra los funcionarios de los organismos públicos autónomos descentralizados.

Apenas el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que era inmoral que un funcionario de la administración pública federal percibiera un ingreso económico mayor al del jefe del Ejecutivo federal, debido a que son señalados por la ciudadanía como corruptos y distantes a las necesidades de la ciudadanía.

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