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Estados Unidos

Aclaraciones a Global Fund for Women a causa de ONG de Juárez

Global Fund for Women supuestamente desmiente información de Los Ángeles Press sobre feminicidios, pero deja puntos sin aclarar y omite otros

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Norma Ledezma de la organización de Chihuahua Justicia para nuestras hijas Foto: larednoticias.com

A la Opinión pública

A la Comunidad Internacional de Derechos Humanos

Al digital Juárez Dialoga y a los medios alternativos y tradicionales interesados en difundir con ética y rigor periodístico la violencia que viven las madres del Comité de Madres y Familiares con hijas desaparecidas en Ciudad Juárez

A Musimbi Kanyoro, Presidente y CEO de Global Fund for Women

Sra. Erika Guevara-Rosas

Directora del programa de Latinoamérica y el Caribe de Global Fund for Women:

Por este medio hago públicas las precisiones a su carta supuestamente desmintiendo la información de mi nota periodística en Los Ángeles Press del 22 de febrero, titulada “Agencia financiadora investigará a Justicia para nuestras hijas”, la cual también difundió por su propia iniciativa El Heraldo de Chihuahua y otros medios.

1. La nota está basada en la reproducción de nuestra conversación telefónica, sostenida el 20 de febrero, a las 12:31 horas. Desde el primer momento de nuestra conversación usted supo que lo hacía en mi calidad de periodista. Incluso me pidió que fuera prudente con la información, a lo que yo le respondí que la prudencia debería caber en las organizaciones que financian y que ahora han estado hostigando a las madres de víctimas de feminicidios.

Este punto lo omití en la nota por considerar el loable trabajo que ustedes han hecho al otorgar apoyo económico para erradicar la violencia contra las mujeres. Sin embargo, en el contexto de violencia que viven hoy las madres de Ciudad Juárez y mis reportajes de investigación desde noviembre de 2011 por los que he recibido amenazas de muerte vía telefónica y registrados los hechos ante el Federal Bureau Investigation (FBI) y ante la Embajada de España, esta solicitud de su parte, el que me pida prudencia, resulta intimidante para una periodista que centra su interés en descubrir quiénes están detrás de estos crímenes de género que llevan veinte años sin cesar.

2. Otro punto que omití de la conversación telefónica fue el que usted me dijo que no podía apoyar económicamente a la organización (sic). A lo que respondí que yo no era ninguna organización y que no estaba pidiendo apoyos, sino que investigaran a las organizaciones que estaban amenazando a las madres. Literalmente le dije: “Soy periodista y sólo estoy reportando lo que sucede en Juárez con estos crímenes de género”.

3. También le ofrecí llevar a la oficina de Global Fund for Women con base en San Francisco, California, a la señora Karla Castañeda, a quien las autoridades migratorias de Estados Unidos le otorgaron refugio político, junto con sus hijos, por las amenazas de la señora Norma Ledezma Ortega, directora de Justicia para nuestras hijas y por el hostigamiento gubernamental. El propósito de llevar a Castañeda a su institución era con el fin de que diera su testimonio de viva voz con evidencias, tales como grabaciones, videos de masacres que han sido ocultadas por las autoridades y otros testimonios de hostigamiento a madres por parte de la misma organización. No obstante, usted dijo que no era necesario y que investigaría el caso mencionado, incluyendo a las doce organizaciones más que financia su institución.

4. Le reiteré incluso, que la mayor evidencia del acoso a las madres de víctimas era el refugio político otorgado por las autoridades migratorias de Estados Unidos, bajo el precepto de “miedo creíble”; ahora el tercero en menos de tres semanas.

5. Ante esta aclaración de hechos, pregunto:

Si ustedes tienen “procesos muy rigurosos de selección” de las contrapartes y de rendición de cuentas, ¿por qué su institución ha ignorado el hostigamiento a las madres de Juárez, miembros del Comité de Madres y familiares con hijas desaparecidas de Ciudad Juárez y a la abogada que los representa legalmente Francisca Galván Segura, quien se encuentra en estos momentos ante las autoridades migratorias del país, después de haber solicitado las medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de los cuales usted fue enterada por mi propia voz?

Si mi “información es inexacta que tergiversa la misión y postura del Global Fund for Women [Fondo Global para Mujeres]” ¿por qué no lo aclaró directamente a nuestro medio o por qué no ha actuado legalmente contra esta presunta manipulación informativa de la periodista en cuestión, y optó por publicarlo en un digital asociado a otra organización que ustedes también financian como Red de Mesa de Mujeres?

Si las organizaciones que ustedes financian en Chihuahua y Ciudad Juárez “trabajan diariamente para erradicar la violencia contra las mujeres y demandar justicia para las victimas de feminicidio”, ¿cómo es posible que las estadísticas de asesinatos y desapariciones de jovencitas se incrementen y no disminuya en veinte años con aportaciones millonarias para detener estas masacres? En lo que va del año 2013, hay 17 reportes de desaparecidas.

Si la directora de Justicia para nuestras hijas es inocente de todas las acusaciones denunciadas desde el 29 de noviembre de 2011 en nuestro medio, ¿por qué no ha actuado legalmente contra mi medio de información ni ha respondido ante las autoridades migratorias de Estados Unidos que han abierto procesos de asilo político como el de Manuel García, ayudante de la señora Marisela Escobedo, y el reciente refugio político de Karla Castañeda?

Si Justicia para nuestras hijas es una organización no gubernamental que ayuda a víctimas de feminicidos y desaparecidas ¿por qué recibe recursos públicos presupuestados en el gobierno del Estado sin proveer ayuda económica a las madres a sabiendas de su extrema precariedad económica y en la indefensión en las que se encuentran, según el testimonio de las mismas madres atendidas por esa organización?

Si Justicia para nuestras hijas investiga los casos de desaparecidas y feminicidios ¿por qué no se da por enterada de la complicidad de las autoridades en estos crímenes de género como son directamente la participación de agentes ministeriales, policías federales, militares y políticos en violaciones y asesinatos de jovencitas?

Si Justicia para nuestras hijas “ha encontrado” a más de 30 mujeres y logrado en tres casos seis condenas a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿por qué no hay registro de ello? ¿Por qué no conocemos los presuntos culpables que ya obtuvieron condenas, a sabiendas de que se trata de un problema público de suma gravedad en Ciudad Juárez y el resto del estado? ¿Quién son esas jóvenes que supuestamente han sido encontradas y sólo en el sitio digital de Global Fund for Women está publicado este dato?

Estas y otras dudas son parte de las investigaciones que llevo a cabo. De cada denuncia hay evidencia. Y Los Ángeles Press es un medio independiente y sin fines de lucro, que no recibe financiamiento de ninguna parte, excepto pequeñas donaciones de nuestros lectores, lo cual es demostrable en la declaración de impuestos.

Nuestro interés es descubrir la verdad y si las organizaciones lucran con estos feminicidios son parte del problema que debe revelarse.

Atentamente

Guadalupe Lizárraga

Los Ángeles Press

 

Contexto:

Enlace de la carta de Global Fund for Women a El Heraldo de Chihuahua

http://juarezdialoga.org/editorial/carta-de-global-fund-for-women-al-heraldo-de-chihuahua/

http://www.alcontacto.com.mx/notas.php?idnoticia=47297

 

 

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Estados Unidos

Trump mantenía en su poder 200 mil páginas de documentos federales, según informe judicial

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documentos federales en casa de trump

Los más de 11.000 documentos propiedad del Gobierno que el expresidente Donald Trump almacenaba en su propiedad de Palm Beach (Florida) suman más de 200.000 páginas de registros, según una nueva presentación judicial del equipo legal del expresidente.

Los abogados de Trump hicieron esta impactante revelación en una carta dirigida al juez Raymond Dearie, el jurista con sede en Nueva York al que Aileen Cannon, la jueza de Florida nombrada por Trump, designó como maestro especial para revisar los documentos, y que previamente ordenó al Departamento de Justicia que dejara de utilizar cualquiera de los registros incautados en el registro del 8 de agosto de la propiedad de Trump para avanzar en su investigación penal sobre el expresidente.

Para saber más del tema: Fiscal de Nueva York demanda a Trump por fraudes que le dieron ganancias de 250 millones de dólares

Aunque la Corte de Apelaciones del 11º Circuito revocó la decisión de la jueza Cannon para permitir que el Departamento de Justicia utilizara unos 100 documentos altamente clasificados en su investigación en curso, el juez Dearie todavía está encargada de revisar los registros restantes para determinar si alguno puede ser protegido del Departamento bajo el privilegio abogado-cliente o ejecutivo.

En la presentación, que contiene las objeciones de Trump a un calendario de revisión acelerado establecido por el juez Dearie, los abogados de Trump argumentan que un plazo de principios de octubre para escanear y revisar los documentos no es realista porque los proveedores no pueden procesar los documentos con la suficiente rapidez.

“El problema se agrava por el hecho de que cuando el abogado del demandante se refirió a las 11.000 páginas o incluso a los 11.000 documentos durante la conferencia de estado (todavía estamos esperando la transcripción), el Gobierno optó por no intervenir con un número exacto. En las conversaciones entre el abogado del demandante y el Gobierno con respecto a un proveedor de datos, el Gobierno mencionó que los 11.000 documentos contienen más cerca de 200.000 páginas”, escribieron.

Lee más: Departamento de Justicia acepta a Raymond Dearie como perito para examinar documentos clasificados incautados a Trump

Los abogados de Trump también argumentaron que un plazo de mediados de octubre para procesar los documentos sería más aceptable.

La selección de un proveedor de tratamiento de documentos se ha visto dificultada por el hecho de que el juez Dearie ha ordenado a la parte de Trump que pague todo el proceso, y no todos los proveedores que podrían satisfacer las necesidades del complejo caso han estado dispuestos a presentar ofertas para el proyecto.

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Al vuelo de Los Ángeles

Supervisores del Condado de Los Ángeles deciden cerrar Cárcel Central de Hombres y liberar a 4500 internos

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carcel de hombres en LA

La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles votó 4-1 el martes para establecer un equipo para implementar el cierre prometido durante mucho tiempo de la Cárcel Central de Hombres.

La supervisora ​​Hilda Solís dijo que era hora de dejar de estudiar el tema y tomar acción, coescribiendo una moción que determina que el decrépito centro debe ser demolido y que no se necesita una cárcel de reemplazo.

EL DATO:
  • 4.500 personas serán puestas en programas de rehabilitación
  • Se necesitarán entre 18 y 24 meses para cerrar la cárcel

Para saber más del caso: Activistas de Los Ángeles demandan a empresas de Rick Caruso por suprimir críticas a su campaña para alcalde

“Hemos hablado durante mucho tiempo sobre por qué tenemos que cerrar esta cárcel”, dijo Solís. “La cárcel se ha visto contaminada por la mala gestión, la corrupción [y] el maltrato de las personas encarceladas en sus celdas”.

Solís, quien defendió una votación en julio para cerrar la cárcel dentro de un año, dijo que varios estudios, incluido un informe de marzo de 2021 del MCJ Closure Workgroup, proporcionan la hoja de ruta necesaria.

Hasta dos años, necesarios

El informe del grupo estima que se necesitarán entre 18 y 24 meses para cerrar la cárcel. Con el tiempo, prevé redistribuir parte de la población reclusa en otras instalaciones correccionales, mientras se libera a unas 4.500 personas tras las rejas a programas residenciales o al tratamiento comunitario.“Hemos identificado … todo lo que necesitamos para cerrar MCJ”, dijo Solís. “Ya es hora de que nos remanguemos y lo hagamos”.

Barger se opone

La supervisora ​​Kathryn Barger, quien emitió el voto en contra, rechazó la idea de que era hora de actuar y advirtió que el condado no tiene suficientes recursos de tratamiento comunitario para acomodar a los reclusos vulnerables que padecen enfermedades mentales o luchan contra la adicción.

Te puede interesar: Activista de Los Angeles exige solución a crisis habitacional mientras se prohíben campamentos de personas sin vivienda

Barger dijo que el condado tuvo que devolver $ 6 millones en fondos estatales destinados a tales programas comunitarios porque no había encontrado una manera de distribuir el dinero.

“Si no podemos gastar el dinero que se nos entrega por estos servicios, ¿cómo podemos esperar construir las camas necesarias?” Preguntó Barger. “Durante los últimos cinco años, hemos dicho que vamos a construir 4.000 camas más y aún no lo hemos hecho. ¿Cómo vamos a hacer esto en los próximos 24 meses?”

“Estamos listos”, dice Kuehl

Barger advirtió que las autoridades federales podrían obligar al condado a construir una nueva cárcel en contra de la voluntad de la junta y predijo que el Departamento de Justicia sería crítico con la decisión de los supervisores.

Ofreció una enmienda pidiendo un informe en 60 días, sugiriendo que un equipo elabore un cronograma para desarrollar la capacidad de la comunidad antes de cualquier votación de la junta sobre el cierre.

La supervisora ​​Sheila Kuehl, quien coescribió la moción de cierre, dijo que apreciaba el sentimiento de Barger, pero temía que la enmienda propuesta simplemente ralentizaría el inevitable proceso de cierre de la Cárcel Central de Hombres. “Estamos listos ahora de una manera que nunca antes habíamos estado”, dijo Kuehl.

Villanueva se opone

El alguacil Alex Villanueva también advirtió a la junta en contra de seguir adelante con el plan.

“Liberar a 4.500 reclusos en las calles no es una opción legal para el condado… y tratar de amontonar a 12.500 reclusos en 8.500 camas es… inconstitucional”, dijo Villanueva.

Los partidarios del cierre de la cárcel argumentan que la población de reclusos se puede reducir drásticamente liberando a las personas que esperan juicio por delitos no violentos y tratando a quienes padecen enfermedades mentales en un entorno comunitario. Muchos señalan la dramática reducción de la población carcelaria lograda durante el apogeo de la pandemia de coronavirus como prueba de esta posibilidad.

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Considerar la pandemia

La supervisora ​​Janice Hahn también le recordó a la junta que más de 3,000 presos en las cárceles del condado están detenidos allí debido a una moratoria relacionada con la pandemia en las transferencias a las cárceles estatales.

El alguacil, que durante mucho tiempo ha tenido una relación antagónica con la junta, afirmó su autoridad.“La sección 22605 del código de gobierno establece claramente que el alguacil dirige la cárcel del condado y que tengo la plena intención de llevar a cabo mi mandato”, dijo.

 

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Estados Unidos

Activistas convocan a Movilización Nacional por la Justicia Reproductiva de comunidades latinas e indígenas en EEUU

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mivimiento eeuu rosie jimenez

Con una acción colectiva a nivel nacional el 1 de octubre, las comunidades latinas e indígenas en Estados Unidos destacarán la falta de justicia en problemas relacionados con la salud reproductiva y las necesidades de las familias.

Con un tema nacional unificado, «¡Rosie Jiménez, presente! ¡Justicia reproductiva para todos!», las acciones colectivas recordarán a una joven madre chicana que en octubre de 1977 murió a causa de un aborto inseguro, luego de que la Enmienda Hyde cortara los fondos federales para el procedimiento del aborto legal y seguro.

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Las reuniones también abordarán los problemas continuos de la esterilización forzada y las disparidades raciales en las tasas de mortalidad infantil y materna, y llamarán la atención sobre un desafío a la Ley de Bienestar Infantil Indígena (ICWA) que se presentará ante la Corte Suprema de Estados Unidos en la sesión que comienza el próximo 3 de octubre.

Esta ley exige que se dé prioridad a los hogares de nativos americanos para el cuidado temporal y la adopción de niños indígenas.

La organizadora del evento en San Francisco, la activista Norma Gallegos, señaló que «La trágica muerte de Rosie Jiménez dramatiza cómo las personas pobres y las mujeres de color son las más afectadas cuando se les niega el cuidado reproductivo y la autonomía corporal». Abundó en que las manifestaciones abordarán la justicia reproductiva como una amplia gama de temas que incluyen la separación fronteriza de las familias inmigrantes, el cuidado infantil asequible y el fin de la intolerancia y la homofobia/transfobia.

Lee más: Grave retroceso en derechos humanos y democracia en Centroamérica

La Movilización Nacional por la Justicia Reproductiva es un movimiento que trabaja con patrocinadores locales para organizar mítines en Nueva York, Phoenix, Seattle, San Francisco y Aurora, Illinois.

Dónde acudir para sumarse al movimiento:

CHICAGO AREA
Saturday, October 1st, 11:30am – Community Speakout
Water Street mall, 44 E. Downer Place, IL
Sponsored by Illinois Radical Women and Indivisible Aurora
Information: info@indivisibleaurora.org and rw.illinois@radicalwomen.org

NEW YORK CITY
Saturday, October 1st, 1pm
Roberto Clemente Plaza, East 149th St & 3rd Avenue, Subways 2, 5 to 3 Ave-149 St, Bronx
Sponsored by Bronx Anti-War Coalition, Freedom Socialist Party, NYC Mobilization for Reproductive Justice, Radical Women, Trabajadoras por la Paz
Information: ReproJusticeNowNYC@gmail.com, 212-222-0633

PHOENIX
Saturday, October 1st, 10am
Steele Indian School Park, 300 E. Indian School Rd.
Sponsored by Phoenix Radical Women
Information: RW.phx@radicalwomen.org, 602-492-5651 Socials @RadicalWomenPhx

SAN FRANCISCO
Saturday, October 1st, 1pm
24th & Mission Street BART Plaza
Sponsored by Reproductive Justice Coalition SF, Raging Grannies Action League, Red Berets
Information: reprojustice.sf@gmail.com, 415-846-1278. Socials @sfreprojustice

SEATTLE
Saturday, October 1st, 3pm
Westcrest Park (South Park neighborhood),
9000 8th Ave SW
Sponsored by Puget Sound Mobilization for Reproductive Justice and La Resistencia
Info: pugetsoundmobe@gmail.com, 206-722-6057

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