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Estados Unidos

Aclaraciones a Global Fund for Women a causa de ONG de Juárez

Global Fund for Women supuestamente desmiente información de Los Ángeles Press sobre feminicidios, pero deja puntos sin aclarar y omite otros

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Norma Ledezma de la organización de Chihuahua Justicia para nuestras hijas Foto: larednoticias.com

A la Opinión pública

A la Comunidad Internacional de Derechos Humanos

Al digital Juárez Dialoga y a los medios alternativos y tradicionales interesados en difundir con ética y rigor periodístico la violencia que viven las madres del Comité de Madres y Familiares con hijas desaparecidas en Ciudad Juárez

A Musimbi Kanyoro, Presidente y CEO de Global Fund for Women

Sra. Erika Guevara-Rosas

Directora del programa de Latinoamérica y el Caribe de Global Fund for Women:

Por este medio hago públicas las precisiones a su carta supuestamente desmintiendo la información de mi nota periodística en Los Ángeles Press del 22 de febrero, titulada “Agencia financiadora investigará a Justicia para nuestras hijas”, la cual también difundió por su propia iniciativa El Heraldo de Chihuahua y otros medios.

1. La nota está basada en la reproducción de nuestra conversación telefónica, sostenida el 20 de febrero, a las 12:31 horas. Desde el primer momento de nuestra conversación usted supo que lo hacía en mi calidad de periodista. Incluso me pidió que fuera prudente con la información, a lo que yo le respondí que la prudencia debería caber en las organizaciones que financian y que ahora han estado hostigando a las madres de víctimas de feminicidios.

Este punto lo omití en la nota por considerar el loable trabajo que ustedes han hecho al otorgar apoyo económico para erradicar la violencia contra las mujeres. Sin embargo, en el contexto de violencia que viven hoy las madres de Ciudad Juárez y mis reportajes de investigación desde noviembre de 2011 por los que he recibido amenazas de muerte vía telefónica y registrados los hechos ante el Federal Bureau Investigation (FBI) y ante la Embajada de España, esta solicitud de su parte, el que me pida prudencia, resulta intimidante para una periodista que centra su interés en descubrir quiénes están detrás de estos crímenes de género que llevan veinte años sin cesar.

2. Otro punto que omití de la conversación telefónica fue el que usted me dijo que no podía apoyar económicamente a la organización (sic). A lo que respondí que yo no era ninguna organización y que no estaba pidiendo apoyos, sino que investigaran a las organizaciones que estaban amenazando a las madres. Literalmente le dije: “Soy periodista y sólo estoy reportando lo que sucede en Juárez con estos crímenes de género”.

3. También le ofrecí llevar a la oficina de Global Fund for Women con base en San Francisco, California, a la señora Karla Castañeda, a quien las autoridades migratorias de Estados Unidos le otorgaron refugio político, junto con sus hijos, por las amenazas de la señora Norma Ledezma Ortega, directora de Justicia para nuestras hijas y por el hostigamiento gubernamental. El propósito de llevar a Castañeda a su institución era con el fin de que diera su testimonio de viva voz con evidencias, tales como grabaciones, videos de masacres que han sido ocultadas por las autoridades y otros testimonios de hostigamiento a madres por parte de la misma organización. No obstante, usted dijo que no era necesario y que investigaría el caso mencionado, incluyendo a las doce organizaciones más que financia su institución.

4. Le reiteré incluso, que la mayor evidencia del acoso a las madres de víctimas era el refugio político otorgado por las autoridades migratorias de Estados Unidos, bajo el precepto de “miedo creíble”; ahora el tercero en menos de tres semanas.

5. Ante esta aclaración de hechos, pregunto:

Si ustedes tienen “procesos muy rigurosos de selección” de las contrapartes y de rendición de cuentas, ¿por qué su institución ha ignorado el hostigamiento a las madres de Juárez, miembros del Comité de Madres y familiares con hijas desaparecidas de Ciudad Juárez y a la abogada que los representa legalmente Francisca Galván Segura, quien se encuentra en estos momentos ante las autoridades migratorias del país, después de haber solicitado las medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de los cuales usted fue enterada por mi propia voz?

Si mi “información es inexacta que tergiversa la misión y postura del Global Fund for Women [Fondo Global para Mujeres]” ¿por qué no lo aclaró directamente a nuestro medio o por qué no ha actuado legalmente contra esta presunta manipulación informativa de la periodista en cuestión, y optó por publicarlo en un digital asociado a otra organización que ustedes también financian como Red de Mesa de Mujeres?

Si las organizaciones que ustedes financian en Chihuahua y Ciudad Juárez “trabajan diariamente para erradicar la violencia contra las mujeres y demandar justicia para las victimas de feminicidio”, ¿cómo es posible que las estadísticas de asesinatos y desapariciones de jovencitas se incrementen y no disminuya en veinte años con aportaciones millonarias para detener estas masacres? En lo que va del año 2013, hay 17 reportes de desaparecidas.

Si la directora de Justicia para nuestras hijas es inocente de todas las acusaciones denunciadas desde el 29 de noviembre de 2011 en nuestro medio, ¿por qué no ha actuado legalmente contra mi medio de información ni ha respondido ante las autoridades migratorias de Estados Unidos que han abierto procesos de asilo político como el de Manuel García, ayudante de la señora Marisela Escobedo, y el reciente refugio político de Karla Castañeda?

Si Justicia para nuestras hijas es una organización no gubernamental que ayuda a víctimas de feminicidos y desaparecidas ¿por qué recibe recursos públicos presupuestados en el gobierno del Estado sin proveer ayuda económica a las madres a sabiendas de su extrema precariedad económica y en la indefensión en las que se encuentran, según el testimonio de las mismas madres atendidas por esa organización?

Si Justicia para nuestras hijas investiga los casos de desaparecidas y feminicidios ¿por qué no se da por enterada de la complicidad de las autoridades en estos crímenes de género como son directamente la participación de agentes ministeriales, policías federales, militares y políticos en violaciones y asesinatos de jovencitas?

Si Justicia para nuestras hijas “ha encontrado” a más de 30 mujeres y logrado en tres casos seis condenas a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿por qué no hay registro de ello? ¿Por qué no conocemos los presuntos culpables que ya obtuvieron condenas, a sabiendas de que se trata de un problema público de suma gravedad en Ciudad Juárez y el resto del estado? ¿Quién son esas jóvenes que supuestamente han sido encontradas y sólo en el sitio digital de Global Fund for Women está publicado este dato?

Estas y otras dudas son parte de las investigaciones que llevo a cabo. De cada denuncia hay evidencia. Y Los Ángeles Press es un medio independiente y sin fines de lucro, que no recibe financiamiento de ninguna parte, excepto pequeñas donaciones de nuestros lectores, lo cual es demostrable en la declaración de impuestos.

Nuestro interés es descubrir la verdad y si las organizaciones lucran con estos feminicidios son parte del problema que debe revelarse.

Atentamente

Guadalupe Lizárraga

Los Ángeles Press

 

Contexto:

Enlace de la carta de Global Fund for Women a El Heraldo de Chihuahua

http://juarezdialoga.org/editorial/carta-de-global-fund-for-women-al-heraldo-de-chihuahua/

http://www.alcontacto.com.mx/notas.php?idnoticia=47297

 

 

Estados Unidos

Nancy Pelosi autoriza comisión independiente para investigar a fondo insurrección incitada por Trump

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Dem0cracy Now!

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha autorizado una comisión, al estilo de la que se formó luego de los ataques del 11 de septiembre, para investigar más a fondo la insurrección del 6 de enero en el Capitolio, así como las acciones que condujeron a ella.

Esto ocurre al tiempo que aumentan los pedidos de iniciar procesos penales contra el expresidente Donald Trump, como uno de los últimos recursos que quedan para responsabilizarlo de la insurrección, en la que murieron seis personas, dos de ellas por los ataques directos, después de que la votación del sábado en el Senado no alcanzara la mayoría de dos tercios necesaria para declararlo culpable.

El anuncio de Pelosi se hizo en momentos que aumentan los pedidos para que se inicie un proceso penal contra el expresidente Donald Trump, tras su absolución en el segundo juicio político del Senado. El corresponsal de temas judiciales de la revista The Nation, Elie Mystal, afirma que los representantes que actuaron como fiscales en el juicio político presentaron “argumentos que dan cuenta con bastante claridad de la responsabilidad penal” de Donald Trump por la insurrección del 6 de enero en el edificio del Congreso de Estados Unidos. “Creo que hay argumentos para la acusación. Al menos deberíamos intentarlo”, dice.

Siete republicanos votaron con los demócratas para condenar al expresidente, entre ellos el senador del estado de Carolina del Norte, Richard Burr. El lunes, el Partido Republicano de Carolina del Norte censuró formalmente a Burr por su voto, al igual que los senadores Bill Cassidy de Luisiana y Pat Toomey de Pensilvania, quienes han sido sometidos a votaciones de censura similares por parte de sus colegas republicanos.

Los dirigentes del Partido Republicano de los estados de Maine y Utah también están considerando censurar a la senadora Susan Collins y al senador Mitt Romney por haber votado a favor de condenar a Trump.

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Estados Unidos

Fiscales de Nueva York entregan pruebas contra García Luna por operaciones de droga desde 2002, siendo titular de la AFI

Emmanuel Ameth

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Por Emmanuel Ameth

Los fiscales encargados del caso de Genaro García Luna en la Corte de Brooklyn, Nueva York entregaron al Juez Brian M. Cogan 974 mil páginas con pruebas sobre operaciones de tráfico de droga a Estados Unidos que datan desde 2002 y 2003, recién nombrado titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), así como un ’voluminoso’ expediente con comunicaciones interceptadas del acusado, para que sean tomados en cuenta en la audiencia que se celebrará dentro de 60 días.

El expediente es una “garantía” de que la defensa no podría llevar a cabo estrategia alguna a favor del inculpado. La razón, que incluso si un abogado analizara 100 fojas diariamente durante 60 días para realizar una estrategia jurídica eficiente, se necesitarían al menos de 167 profesionales de las leyes, a todas luces, una labor imposible.

De acuerdo con el documento, dado a conocer por el reportero Keegan Hamilton de Vice News desde su cuenta de Twitter, los fiscales se encuentran en espera de la réplica de las empresas de García Luna, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, a las cuales les han pedido información.

De acuerdo con el documento, la audiencia programada para el 17 de febrero será pospuesta para dentro de dos meses, estando de acuerdo ambas partes, sin embargo los fiscales que representan a Estados Unidos adelantaron al Juez Cogan que esperan respuestas a las citaciones realizadas tanto a los abogados defensores como a los representantes de las empresas de García Luna.

En la carta al Juez Brian Cogan, que está disponible en el sistema electrónico de las cortes federales, los fiscales dijeron que seguirán presentando pruebas, a medida que las reciben, en las próximas semanas.

Por su parte, la periodista Dolia Estévez resaltó en redes sociales que el expediente en el caso de García Luna no ha mencionado la petición de extradición presentada por el Gobierno de México.

El pasado 2 de diciembre, los fiscales estadounidenses solicitaron al Juez Brian Cogan aplazar la divulgación de la evidencia contra García Luna para proteger la identidad de los testigos.

“El acusado y sus conspiradores podrían llevar a cabo una campaña de acoso, intimidación y/o violencia contra los testigos y sus familias antes del juicio, para castigarlos por su cooperación, disuadirlos de testificar contra él y frenar así la cooperación de otros”, escribieron los fiscales.

En una carta dirigida al Juez, también solicitan que los documentos se mantengan como clasificados hasta el 1 de marzo de 2021.

“Una orden de protección que permita plazas la divulgación de los materiales no iría en perjuicio del acusado y reduciría el riesgo de daño a los potenciales testigos de un juicio -al identificarlos-, así como el riesgo de exponer las investigaciones en desarrollo que los materiales identifican”, dice la carta firmada por el Fiscal federal Seth DuCharme.

La misiva añade que dichos materiales “proveen de información que podría se usada para identificar a testigos potenciales en un juicio, y cuyas identidades no han sido reveladas al acusado, a su defensa o al público”.

Dentro de los documentos que se solicita se mantengan reservados están comunicaciones grabadas, registros financieros y de propiedad pública, fotografías y “otros que revelarían la fuente del material”.

Añadió que tanto los testigos como sus familias “enfrentarían riesgos de seguridad serios si su cooperación con el Gobierno [de Estados Unidos] y su calidad como posibles testigos de juicio, fuera revelado”.

García Luna está acusado en la Corte del Distrito este de Nueva York de asociación delictiva para obtener, distribuir e importar cocaína, así como falsedad de declaración a agentes migratorios estadounidenses en 2018 y aceptación de sobornos.

Los cargos también incluyen pertenencia a una empresa delictiva, con agravantes por tráfico de 5,000 kilogramos de cocaína en diciembre de 2008, 23 mil kilogramos en octubre de 2007 y otros 19 mil kilogramos en marzo del mismo año, además de otras tres operaciones de droga en 2002 y 2003.

Por los cargos anteriormente mencionados el extitular de la SSP recibiría una pena mínima de 20 años y una máxima de cadena perpetua. A ello se suma la falsedad de declaraciones para acumular cinco imputaciones.

Su caso fue abierto después del juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, donde el capo Jesús Reynaldo Zambada García (hermano de Ismael Zambada, el Mayo que ahora quedó al frente del Cártel de Sinaloa), declaró que él personalmente entregó una maleta con USD 3 millones, cuando estaba al frente de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), durante el Sexenio de Vicente Fox.

Con información de sinembargo.mx

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Estados Unidos

Agente retirado de la DEA desmiente al presidente López Obrador sobre proceso de Cienfuegos en EEUU

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Por Guadalupe Lizárraga

El agente retirado de la DEA, Mike Vigil desmintió al presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a que este organismo de combate al narcotráfico en los Estados Unidos haya fabricado delitos a Salvador Cienfuegos Zepeda, y de la supuesta debilidad de los elementos de prueba para vincularlo a proceso por conspiración y narcotráfico.

En entrevista para Los Ángeles Press, Vigil reiteró que las evidencias de Cienfuegos fueron recogidas durante diez años de seguimiento, pero que además se presentaron ante un equipo de expertos de la fiscalía de Nueva York, y después a un gran Jurado en Estados Unidos.

Dijo que en la DEA no se fabrican delitos ni evidencias como en México, porque ningún elemento de la DEA va a arriesgar su carrera de por vida por fabricar una evidencia, explicó Vigil.

“La DEA va desarrollando la evidencia, y luego el archivo completo se va a la fiscalía federal para su revisión, y entonces los fiscales federales -que son muy conservadores-, determinan si la evidencia no es sumamente fuerte, nunca, pero nunca, van a seguir adelante con una acusación formal”.

Continuó el agente, que después “el fiscal lleva el caso a un gran Jurado que consiste en 20 o 25 personas, y se presenta en un juicio para deliberar si la evidencia es fuerte o no, por lo que no nada más es la DEA la que interviene, y cuando el fiscal presentó el caso de Cienfuegos, el gran Jurado determinó que la evidencia era sólida”.

Vigil reiteró que es un proceso largo, no nada más es la DEA, como institución, la que interviene, ni es un agente o dos, es el gobierno de Estados Unidos en su conjunto, incluyendo al Departamento de Justicia, por eso nosotros no fabricamos evidencia, no fabricamos casos como en México”.

Otro de los desmentidos que hace el agente retirado de la DEA al presidente López Obrador es sobre la solicitud de este país para que el gobierno de Estados Unidos retirara los cargos a Cienfuegos. El presidente mexicano dijo en su conferencia matutina que debido a la debilidad de las evidencias en el caso de Cienfuegos, el gobierno de Estados Unidos retiró los cargos. Sin embargo, el agente retirado de la DEA, Mike Vigil enfatizó que tampoco había sido así.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard fue quien solicitó el regreso del general Cienfuegos bajo la promesa de ser investigado y juzgado en México, explicó Vigil que “si no hubiera sido así, el general Cienfuegos habría sido juzgado aquí en los Estados Unidos”, y cuestionó Vigil que “no sabía por qué tantas mentiras del gobierno mexicano”.

Así también, señaló Mike Vigil que el gobierno de los Estados Unidos no entregó a México los informes que ellos catalogan como DEA 06, que contiene todo la información sensible recabada para armar el caso que va desde testimonios, vigilancia, interrogaciones de detenidos, información de inteligencia, “todo lo que se lleva a cabo en una investigación, y eso no estaba incluido en lo que se le mandó a México, porque en el envío, siempre ha habido fuga de información, y puede poner en riesgo a agentes, a informantes, y a la misma investigación, y esto es lo que dio otra vez, con la publicación del expediente con el registro de mensajes y llamadas”.

Al respecto, el presidente López Obrador dijo que él mismo había dado la instrucción de que se publicara el expediente enviado por el gobierno de Estados Unidos, y que todavía circulaba en las redes sociales. No obstante, para el agente retirado de la DEA esta instrucción presidencial “fue una violación al Acuerdo de Asistencia Legal entre ambos países firmado en 1991, y se sigue con la desinformación de que Estados Unidos le quitó los cargos a Cienfuegos porque no había evidencia sólida, y esto tampoco es cierto”.

Concluyó Vigil que “los comentarios del presidente López Obrador están haciendo daño a las relaciones bilaterales, y favoreciendo a los carteles, que se sienten muy confortables con su gobierno”; porque lo que se está haciendo es destruir la cooperación en información entre ambos países sobre el combate al  narcotráfico”.

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