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Con voz propia

Ackerman, propuesto como líder ético para defender elecciones

En carta abierta, se propone al investigador de la UNAM John M. Ackerman para defender el respeto de los derechos políticos de los mexicanos

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El investigador de UNAM, John Ackermann

REDES SOCIALES.- Manuel Guerrero Ramos, militante de izquierda e indignado por la actuación de las autoridades electorales en México ha propuesto públicamente a John Mill Ackermann, investigador de la Universidad Nacional Autónoma  de México, como representante ético en la defensa del proceso electoral por los diferentes foros internacionales de derechos humanos. Por medio de una carta abierta dirigida a  Los Ángeles Press, da los argumentos y señala la necesidad de la defensa de la democracia con representantes con autoridad moral  en todos los foros posibles de los defensa de los derechos políticos de los mexicanos.

La propuesta de Guerrero surge en medio del cerco informativo que se ha creado en México con la complicidad de las autoridades electorales para ocultar un proceso plagado de irregularidades y delitos electorales. La denuncia sobre estas irregularidades abarca desde la compra y coacción de votos hasta el lavado de dinero para financiar campaña del PRI, lo que han puesto al país en crisis política con riesgo de estallido social si los jueces del Tribunal Electoral insisten en favorecer la imposición de Enrique Peña Nieto.

Guerrero sugiere que cada partido y grupo político nombre un representante ético que se una para la defensa de la democracia dentro y fuera de México y se dé a conocer la violación de los artículos 1°, 8°, 14, 16, 35 y 41 de la Constitución mexicana, así como el artículo 23 inciso b, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, según las pruebas presentadas a las autoridades electorales.

Sobre el blog del investigador John M. Ackermann

Carta abierta:

SRA. GUADALUPE LIZÁRRAGA

Directora de LOS ÁNGELES PRESS

P r e s e n t e

Reconociéndole la trascendental importancia que Los Ángeles Press ha tenido en el desarrollo del proceso electoral de 2012, haciendo honor a su lema: “Las noticias que no se ven tu país”, así como dando voz a quienes otros medios negarían toda oportunidad, y proporcionando información valiente, oportuna y veraz en cuanto a las elecciones y sucesos derivados de ese evento electoral; le solicito la lectura del presente comunicado así como de convencerle su contenido, su solidaridad y apoyo a la propuesta que el comunicado contiene.

Para gran parte de la sociedad mexicana, así como para la opinión pública internacional, el cuestionable proceso electoral que está en sus últimas etapas nos mantiene con inconmensurables dudas e interrogantes que urgen sean despejadas. No obstante, que los Consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE), así como los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); intentan convencer a la opinión pública nacional e internacional en cuanto a que dicho proceso fue conducido con imparcialidad, honestidad y lealtad a la sociedad mexicana.

Sin embargo, a reserva de que surjan quienes tengan la autoridad moral y el conocimiento jurídico pleno para aclarar las justificadas interrogantes de la sociedad; por mi parte realicé algunas deducciones y conclusiones las cuales comparto con usted. Acentuando que salvo una errónea apreciación del suscrito en cuanto a lo que expresa este comunicado, las conclusiones a las que llegué se basan en el sentido común, en una obligada imparcialidad, en los graves ilícitos que las redes sociales muestran como sucedidos en el pasado proceso electoral, así como en lo manifestado y exhibido por las diferentes e inconformes partes del proceso electoral, por lo que toca a pruebas, omisiones, denuncias y defensas las cuales están siendo exhibidas y publicadas en todo tipo de medios de comunicación.

Con términos jurídicos y autoritarios razonamientos tendientes a inducir su unilateral criterio en las mentes de la sociedad mexicana (Sofismas), los Consejeros y Magistrados del IFE y del TEPJF respectivamente, desde sus trincheras plenas de confort, tranquilidad económica y descomunal ventaja respecto de esa sociedad mexicana, en cuanto a la utilización en su beneficio de todo tipo de recursos económicos, tecnológicos, humanos y jurídicos. Dichos Consejeros y Magistrados utilizan esos recursos para desestimar todo tipo de pruebas y convincentes argumentos que demuestran que en el proceso de la elección del pasado 01 de julio, sucedieron ilícitos de tal magnitud que justifican plenamente la anulación de la elección.

Son innumerables las pruebas de que el pasado proceso electoral esta colmado de graves ilícitos que deben ser profundamente valorados por las autoridades electorales, esas pruebas han sido presentadas por la ciudadanía, cientos de organizaciones sociales, el movimiento Yo Soy 132, así como por el Partido Acción Nacional y los tres Partidos Políticos que integran el Movimiento Progresista.

Sin embargo, los consejeros del IFE y los Magistrados del TEPJF, hasta el momento no han podido responder con certeza y credibilidad respecto de las indubitables pruebas que por miles se encuentran en internet, así como las que de forma institucional les han presentado el Partido Acción Nacional y el Movimiento Progresista.

Ante la gran indignación social que produce un proceso electoral colmado de ilícitos y graves omisiones por parte de las autoridades electorales, estas últimas están obligadas a presentar ante la nación los argumentos, pruebas y fundamentos que permitan hacer saber a una sociedad indignada, que existe la voluntad política para realizar las ponderaciones y diligencias necesarias para que en un transparente proceso, desahogar con apego a una interpretación justa del derecho todas las pruebas y denuncias presentadas a esas autoridades electorales.

Para tal efecto de transparencia y justicia electoral sería altamente positivo para la sociedad de este país, que representantes de los indignados denunciantes de la sociedad civil, del Partido Acción Nacional y del Movimiento Progresista que no puedan ser cuestionados en su honestidad y conocimientos jurídicos por parte de los Consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE), así como por los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ante testigos integrantes de la Corte Internacional de Justicia, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Penal Internacional.

Estos indignados representantes presenten públicamente (Ante todos los foros y medios posibles nacionales y extranjeros) a las autoridades electorales, pruebas de los ilícitos efectuados en el proceso electoral y asimismo, logren de esas autoridades una respuesta que honre los artículos 1°, 8°, 14, 16, 35 y 41 de la Constitución Política, así como el artículo 23 inciso b, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, respecto de la totalidad de los argumentos y pruebas a esas autoridades presentadas. O en su caso, ante una actitud negativa por parte de las autoridades electorales, expliquen a la sociedad mexicana y a la opinión pública internacional las omisiones, abuso de poder e ilícitos en que hayan incurrido esas autoridades.

 Por mi modesta parte, propongo al investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México, Dr. John Mill Ackermann Rose, como representante de la sociedad indignada, por su parte los Partidos Políticos y demás interesados en clarificar el proceso electoral, deberán designar a unos incuestionables representantes en lo ético y lo jurídico para esta importante e histórica controversia electoral.

En cuanto al suscrito concierne, la propuesta ya está motivada y fundamentada, toca a Los Ángeles Press y demás medios de comunicación consolidarla a través de su publicación y difusión, asimismo, los diferentes sectores de la sociedad pueden apoyarla y difundirla a través de las redes sociales y la diversidad de posibilidades que esas redes sociales representan.

 

Atentamente

Manuel Guerrero Ramos

Cofundador del PRD

mscysi@gmail.com

 

Nota del editor:

Para adhesiones y comentarios a esta propuesta ciudadana, puede escribirnos a glizarraga27@yahoo.com o editor@losangelespress.dreamhosters.com  y le daremos puntual seguimiento. Está por demás aclarar que textos ofensivos o descalificando el trabajo de los manifestantes, no serán difundidos dentro del cuerpo noticioso.

 

Adhesiones 

Agustín L. Cruz (http://www.prensaalterna.com/), Andrés Valencia García (Cancún, Quintana Roo), Periodistas por la verdad (Redes sociales), Mónica Mendoza (Ciudad de México), Sylvia Granillo Vázquez (Ciudad de México), Rebeca Carrillo (Maestra en Admón de Organizaciones (UNAM), Magdalena García Romero (Ciudad de México), Eloisa Morales Martínez (Ciudad de México), Edith Ramírez Ruiz (Ciudad de México), Tere Hernández (Ciudad de México), Marisol Martínez Cortés (Ciudad de México), Graciela Herrera Labra (Ciudad de México), Magdalena Rumayor (Ciudad de México), Virginia Bahena Morales (Ciudad de México), Griselda Villegas Muñoz (Ciudad de México), Margarita Hernández Ruiz (Ciudad de México), Rolando Cervantes Zavalza (Los Angeles, CA), Angela Michelle Gastélum (Mexicali, BC), María Elena Hernández (Mexicali, BC), César Joaquín Luna (Los Angeles, CA), Guadalupe Lizárraga (Los Ángeles, CA), Agustín HUmberto Estrada (San Diego, CA), Humberto Lizárraga (Mexicali, BC), Susana M. Clares F. (Ciudad de México), Gerardo González (Ciudad de México), María Luisa Moncayo P. (Ciudad de México), Teresa Chávez P. (Ciudad de México), Integrantes el Grupo Lago Mayor.

 

 

 

 

 

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Funcionario mexicano ocupa oficinas para hacer “Fiesta COVID”

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En un video compartido por esta redacción, se aprecia cómo el secretario de Cultura de Hidalgo (Méx), José Olaf Hernández Sánchez, usa las oficinas gubernamentales para realizar convivios e incluso causar destrozos junto con sus acompañantes, mismos que posteriormente fueron pagados con dinero del erario

Por Emmanuel Ameth

Mobiliario de las oficinas de José Olaf Hernández Sánchez, secretario de Cultura en Hidalgo (Méx), resultó dañado luego de que al funcionario en compañía de sus subalternos, ocupara el espacio público para realizar un “convivio” durante la pandemia causada por COVID el pasado 30 de octubre (2020), cuando Hidalgo estaba en riesgo de regresar al semáforo epidemiológico rojo.

Cabe señalar que en la actual administración del gobernador Omar Fayad Meneses al menos una funcionaria que se desempeñaba como subsecretaria de Salud perdió su empleo luego de que difundiera un video donde usaba las instalaciones oficiales para celebrar su cumpleaños, obligando a otros burócratas a participar.

En el video se aprecia a 6 individuos acompañando a Olaf Hernández, quien a sus espaldas tiene enmarcado el retrato de Omar Fayad Meneses como en toda dependencia gubernamental.

Entre los asistentes se encontraban A. G. M., asistente del secretario que también es encargada de organizar eventos; R. O. L., encargada de prensa así como D. R., auxiliar también en el área de prensa.

Aparecen también el secretario Olaf Hernández, Goretti y O. E. C., identificado como su particular. Todos ellos estaban en las oficinas de la cultura ubicadas en El Ferrocarril (Pachuca).

Como saldo del convivio, al menos una mesa resultó rota, misma que posteriormente fue arreglada con presupuesto del erario.

Otros señalamientos

En 2018 este medio documentó desvíos con motivo de la supuesta compra de 300 Instrumentos musicales así como la financiación de 450 Actividades culturales, para lo que la Secretaría de Cultura del Gobierno de Hidalgo presupuestó un total de 77 millones 962 mil 500 pesos según el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública (PAAASOP); sin embargo en el Centro Cultural de las Artes de Hidalgo, los trabajadores allí presentes negaron tales adquisiciones pese a estar presupuestadas según la Función Pública.

Un año después, este medio documentó el asunto de la “Compañía de Teatro del Estado de Hidalgo: timo, fracasos y corruptelas de Olaf Hernández”, dado que lo que se vendió a los actores como uno de los proyectos de mayor envergadura para la entidad, terminó en engaños, penar, desvíos y abandono por parte del funcionario.

Días después, alrededor de 200 artistas hidalguenses pidieron mediante una carta al gobernador Omar Fayad Meneses la renuncia del secretario Olaf Hernández Sánchez “ante los múltiples señalamientos de funcionamiento irregular por parte del organismo que dirige y pone en riesgo el desarrollo de la política cultural del Estado”.

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Arteleaks

El Estado español encarcela al rapero Pablo Hasél por críticas al sistema

Alberto Farfán

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Por Alberto Farfán

El español Pablo Rivadulla Duró (1988), conocido en el ambiente musical como Pablo Hasél, es un rapero de izquierda que se asume antifascista y ha adoptado el compromiso con sus composiciones en video y mensajes a través de la red social Twitter en denunciar y poner en tela de juicio a los poderes monárquicos, políticos, jurídicos y policiacos de su país.

Y debido a 64 tuits (de 2014 a 2016) y una canción (publicada en YouTube), en donde pone de manifiesto su rechazo a los excesos del poder, ha sido sentenciado a prisión por los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la Corona y contra las instituciones del Estado, por lo que deberá someterse a nueve meses de prisión, seis años de inhabilitación y al pago de casi 30,000 euros de multa (es decir, más de 700 mil pesos mexicanos).

Por ello, más de 200 personalidades del cine, la televisión, el teatro y la música, entre ellos Joan Manuel Serrat, Javier Bardem y Pedro Almodóvar, emitieron un manifiesto en favor de Hasél, rechazando de manera tajante su reclusión en prisión y planteando la solicitud de eliminar del Código Penal ese tipo de delitos, “que no hacen sino cercenar el derecho, no sólo de libertad de expresión, sino de libertad ideológica y artística”, tal y como sucede en países como Turquía o Marruecos

Pero van más allá los firmantes al argumentar lo evidente bajo un Estado autoritario:  “el encarcelamiento de Pablo Hasél hace que la espada de Damocles que cuelga sobre la cabeza de todos los personajes públicos que osemos criticar públicamente la actuación de alguna de las instituciones del Estado se haga aún más evidente. Es necesario que se difunda esta situación a nivel internacional, para poner de relieve en qué situación nos encontramos. Somos conscientes de que, si dejamos que Pablo sea encarcelado, mañana pueden ir a por cualquiera de nosotros, así hasta conseguir acallar cualquier suspiro disidente”.

Más aún, la organización Amnistía Internacional se ha pronunciado en el sentido de que el encarcelamiento de Hasél por sus expresiones artísticas es una injusticia, y hace un enérgico llamado al Estado español para que realice una reforma al Código Penal con respecto a ciertos artículos que vulneran el derecho a la libertad de expresión.

“Nadie debería ser procesado penalmente sólo por expresarse en redes sociales o por cantar algo que pueda ser desagradable o escandaloso. No se pueden penalizar expresiones que no incitan de manera clara y directa a la violencia. Si no se modifican estos artículos se seguirá silenciando la libertad de expresión y coartando las manifestaciones artísticas”, subraya Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Incluso en favor del cantante y también poeta se expresó asimismo la diputada del Parlamento Europeo para Dublín, Clare Daly: “Mañana, el rapero catalán Pablo Hasél irá a la cárcel por sus letras. ¿Dónde está el llamado a sancionar a España?” Todo lo cual en el marco de la discusión por amonestar a Rusia debido al arresto de un disidente de ese país, en donde Daly evidencia la hipocresía de los congresistas de ser rígidos contra Rusia pero blandos con países como España o Estados Unidos al violar los derechos humanos de sus ciudadanos.

En definitiva, Pablo Hasél no es más que una víctima del autoritarismo de Estado que rige en España, en donde los excesos del poder son públicos y evidentes, basta revisar algunos medios de comunicación para corroborarlo. Él no miente, sólo dice la verdad de manera visceral.

Y este martes, 16 de febrero, ha sido consumada la ignominia. Ha sido aprehendido por los Mossos d’Esquadra (la policía autonómica catalana) en la Universidad de Lleida, en donde se resguardó acompañado de un centenar de simpatizantes, quienes fueron dispersados con gases.

 

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Con voz propia

En Materia de Justicia, en México, estamos en la Edad Media

Ramses Ancira

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Historias para armar la Historia

Ramsés Ancira

A pesar de todas las dificultades, el gobierno de López Obrador está haciendo lo que puede y donde puede para conseguir vacunas para atender el problema del COVID, pero hay otro gran tema en el que no se ha avanzado un ápice en la administración de Olga Sánchez Cordero, éste es el de la corrupción en los reclusorios federales y locales de todo el país, algunos de los cuales, tal y como sucede en Estados Unidos han sido concesionados a particulares.

Y mencionamos a la carismática, aunque despistada Secretaria de Gobernación, porque como ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ella sabe que como responsable de la seguridad interna, de lo que pase en los centros de detención del país, ella es la última responsable. En el libro Reportero Encubierto, que me valió el premio Bellas Artes de Literatura testimonial, escribía en 2016, que las cárceles en México se parecen a las encomiendas que se daban en La Nueva España a los conquistadores. Estos hacían una especie de redadas, se apoderaban de los indios y los obligaban a trabajar para ellos, muchas veces de por vida, sobre todo si los llevaban a las minas, donde vivían muy poco tiempo, por eso iniciaron con la trata de esclavos africanos.

Sólo por poner un ejemplo de lo que ocurre en todo el país, vamos a citar el Centro Federal de Reclusión Social de Buena Vista, Tomatlán, en Michoacán. Aunque lo dirige un militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, los dueños de la prisión le cobran al gobierno más de 5 mil pesos al día por cada interno.

A este precio, el gobierno se ahorraría varios cientos de millones de pesos, si en lugar de tener a los presos en la cárcel los mantuviera retenidos en un hotel de cinco estrellas; pero ése no es el punto. El tema es que no es suficiente, además los reclusos tienen que pagar una renta de mil 500 pesos mensuales para poder adquirir en la tienda, galletas, café, agua potable, jabón o pasta de dientes. No es opcional, porque el director de la prisión les cierra las llaves para que no puedan tomar agua y obligarlos a comprarla embotellada.

Algunos de los detenidos ya han obtenido el beneficio de la libertad anticipada por buen comportamiento o por haber cumplido la mayor parte de su sentencia, sin embargo no la obtienen porque cada uno de ellos que salga en libertad, conforme a derecho, representa una pérdida económica de por lo menos 150 mil pesos mensuales para la empresa PRODEMEX, que tiene el negocio y para los custodios que extorsionan a los familiares, no solo con la renta mensual, sino con los materiales que tienen que comprarles para que puedan trabajar dentro de la prisión.

No todos los presos, por supuesto, son personas de bajo nivel adquisitivo. Hay otros casos muy mediáticos como George Khoury Layón, víctimas de Isabel Miranda, a quien además el mismo director del CEFEESO le intentó extorsionar con 500 mil pesos para “protección” y dejar de ser acosado y golpeado en prisión.

Este personaje es de especial mención porque la Organización de las Naciones Unidas recomendó al Estado Mexicano su liberación en el año 2017. La propia Secretaría de Gobernación, ya durante la administración de López Obrador le dio calidad de preso político en reconocimiento a su inocencia, el 1 de noviembre de 2019, con el oficio número UASJ/MJ/094/2019.

Sin embargo, Khoury Layón no ha obtenido el dinero necesario para que se cumpla la decisión que le otorga la libertad.

Según la versión de Khoury, la periodista Anabel Hernández, autora del libro Los señores del Narco, se entrevistó con él, le pidió disculpas por las calumnias, y le dijo que la jueza Hermelinda Silva Meléndez había recibido instrucciones del entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera para sentenciarlo por el homicidio de Hugo Alberto Wallace. Este crimen no fue probado, existen todas las evidencias de violación al debido proceso, entre las cuales figura: el hecho de que se hayan expedido dos actas de defunción para la misma persona; un peritaje que asegura que la víctima fue asfixiada, aunque nunca se encontró el cadáver, una gota de sangre misteriosamente encontrada meses después del supuesto crimen, cuando se sabe que por más que se lave con cloro o lejía una escena del crimen, los peritos disponen de químicos que pueden revelar presencia hemática, sobre todo cuando se trata de litros de sangre como debe ocurrir cuando un cuerpo es descuartizado.

A esto se agrega que la gota de sangre tenía el ADN, la huella genética, de Isabel Miranda Torres y Enrique Wallace Díaz, que no era padre biológico de la supuesta víctima, por lo tanto, no tenía ninguna razón para portar ese Ácido Desoxirribonucleico, que es la molécula que identifica entre sí todos los seres vivos, e incluso a algunos virus como el que provoca el COVID-19. Ésa es la razón de que casi todas las vacunas que se han producido hasta ahora para atacar la pandemia tengan como objetivo evitar la replicación de ese virus en particular.

Para colmo, el ADN de la gota de sangre encontrada era de mujer. Para dar una idea al lector de la enorme diferencia que hace el Acido Desoxirribonucleico, femenino o masculino, o de una y otra persona, es como si quisieran prevenir el coronavirus, aplicando vacunas contra la polio, la viruela o el tétanos.

Sin embargo, Khoury era propietario de negocios. Ha recabado 70 testimonios de otros tantos presos del CEFERESO de Michoacán, que atestiguan las extorsiones que ha sufrido para que lo dejen usar tenis que permitan la transpiración o para no ser golpeado por otros presos. Para los demás, culpables inventados o reales, pero que ya cumplieron su sentencia o los requisitos para obtener su libertad, las condiciones son mucho peores.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, literalmente sirve, como dice el refrán mexicano, “para lo que se le unta al queso”, es decir, para nada. Cuando se le concedió el beneficio de la libertad, a uno de los detenidos, cuyo nombre nos reservamos para evitarle represalias, sus familiares acudieron a esta. De ahí los enviaron a la Comisión del Estado de México, debido a que ahí se encuentra el juzgado, aquí declinaron y les dijeron que acudieran a la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán, porque ahí estaba el prisionero y de ahí los enviaron de vuelta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque se trata de un asunto federal. En la CNDH la titular también tiene el mismo valor que un florero porque la señora Rosario Piedra Ibarra no tiene idea de cómo trabajar.

Prueba de ello es que hace unas semanas convocó a un concurso que hubiera significado mucho si se hubiera tratado de exponer videos sobre las violaciones de derechos humanos que ocurren en México, pero en lugar de eso se pedía a los participantes que presentaran guiones que hablaran bien de la CNDH, y solo si era así les darían 20 mil pesos para producir los cortometrajes, pero además con la vigilancia de un censor de la propia Comisión.

Si la ciencia y el arte tienen un valor tan pobre en la 4T. Si las leyes que emitió el Estado para conceder la libertad a presos políticos y personas que ya cumplieron con los requisitos, no son respetadas por el poder judicial, y el gobierno hace caso omiso. ¿Cómo vamos a resolver los problemas de injusticia en México? ¿Cuándo va a haber 4ta transformación en materia de Derechos Humanos?

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