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Con voz propia

“Abrazos, no balazos” frente al mito de la seguridad pública

El combate al crimen organizado en México es un asunto de Estado que requiere mayor firmeza y estrategia clara, no solo perdón y buenas intenciones, en un plan conciliador como gusta plantearlo el presidente López Obrador

Tomas Borges

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Tomás Borges

“Se puede decir que no hay países subdesarrollados sino mal gestionados”
Peter Drucker

La seguridad es un mito. Bajo esta premisa, puedo afirmar que la seguridad en México es un muy lucrativo negocio en el cual se gastan millones de pesos cada año, con la quimera de generar la percepción de seguridad entre los gobernados. Sueño que nos venden a través de los medios masivos de comunicación, tal como la actual administración (que prometió mucho en la materia y ha sido omisa con casos emblemáticos como El falso caso Wallace) lo está haciendo con su proyecto de la Gendarmería Nacional.

El ciudadano de a pie lo sabe y vive día a día el fenómeno de la delincuencia en cualquiera de sus manifestaciones, la cual no tiene distingue de partidos ni religión, siendo prueba palpable la extensa nota roja diaria que da los pormenores de los actos criminales a lo largo y ancho del territorio nacional.

La delincuencia organizada no se acaba por decreto ni apelando a las madres, de los criminales, tal como lo cita el actual presidente López Obrador, quien sólo le falta decir (en sus homilías disfrazas de conferencias) que nos unamos en oración para que los criminales entren en razón y dejen de delinquir.

No conozco a ninguna familia que no haya tenido un encuentro con el hampa, viendo con tristeza que cada sexenio se reinventan los aparatos encargados de velar por la seguridad de la sociedad (PFP, PF, AFI, Gendarmería y Guarda Nacional) y las premisas siempre son las mismas: capacitar más a los policías, que se les pague más, que se les dote de mejor equipo y un largo etcétera, pero la realidad no cambia, ni la percepción de seguridad aumenta.

No hay que olvidar que el miedo vende, y nos infunden temor al grado de creer que la erradicación de la delincuencia organizada es una labor titánica, por no decir imposible, y que ésta debe de estar en manos de los elegidos, quienes son los mismos de siempre y que autonombrándose expertos, lucran con la seguridad y con los recursos designados para tal efecto.

Cómo dice el investigador Philip Zimbardo: “Estoy convencido de que el miedo es la mejor arma psicológica de que dispone un Estado para manipular a sus ciudadanos al punto de que están dispuestos a sacrificar libertades y garantías básicas a cambio de la seguridad que les promete el gobierno omnipotente”. (Citado por Pedro Baños en Así se domina el mundo, Editorial Ariel, México 2018).

En este sentido, vemos cómo los secretarios de Seguridad cuando fracasan en su encomienda, simple y llanamente son reciclados y comisionados o contratados en otros estados, o cuando no están en el círculo del poder, simplemente ponen empresas de Seguridad privada, y curiosamente en algunos casos en sociedad con los empresarios a quienes tomaron como proveedores durante su gestión.

Es por ello, que siempre he dicho que el problema de la seguridad es un problema de Seguridad Pública y no de política, porque cuando se juega a hacer política con los delincuentes, siempre se termina con un mal balance para el gobierno, siendo el hampa la única ganadora de este enfoque estúpido.

Todo tiene un origen y en el caso del crimen organizado es la impunidad y las leyes laxas que, en lugar de inhibir el crimen, hacen que sea más lucrativo ser corrupto y que haya seguridad de primera y de segunda, dependiendo de la capacidad económica y fama del afectado.

Como dice Robert L. Oatman: “En un mundo agrietado y peligroso, los riesgos abundan. Todos saben que hacemos cosas para reducir los riesgos que enfrentamos. Compramos seguros, vemos a ambos lados de la calle antes de cruzar, no vamos a las partes peligrosas de la ciudad. Nos protegemos instintivamente”. (El Arte de la Protección a Ejecutivos, Noble House, 1997).

Tal como señaló el autor citado, los seres humanos nos protegemos instintivamente y, al respecto, el Estado ha delegado atribuciones que antes sólo le competían, como la salud y la educación (y la seguridad) bajo el falso argumento de que no eran redituables y que había que permitir una proliferación de escuelas y hospitales de todos los precios y niveles, debido a que en parte el gobierno no puede cubrir la demanda académica y de salud, legando dichas atribuciones a empresarios -que amparados con sus contactos en el gobierno- han lucrado con el bienestar del pueblo mexicano.

En una sociedad donde se es más rentable delinquir y cuestionar la autoridad del Estado, gracias a la difuminación del poder (como dice Moisés Nahim en El Fin del poder, Edición de Bolsillo, México, 2017), en donde se idolatra a los transgresores, siempre habrá émulos que buscarán la trascendencia, transgrediendo.

Para erradicar al crimen, se combate con lo que se tiene. No se crean nuevas corporaciones dejando que se oxiden las ya existentes, ignorando a la gente valiosa, que tuvo la desgracia de ser comandada por mediocres y corruptos. Por decirlo de otra forma, los leones dirigidos por corderos, o por cerdos, como ha ocurrido en los últimos años en México.

No cabe duda que se sigue poniendo el vino nuevo en odres viejos, lo que hará que el presupuesto destinado para erradicar el crimen organizado, sea un dinero erogado sin lograr los resultados por la mayoría esperados. Un ejemplo de ello, José Torres Charles, vinculado al crimen y nombrado administrador Central del SAT, lo que orilló a que las organizaciones como Familias Unidas y Fray Juan de Larios  solicitaran la investigación del funcionario por la vía penal en su gestión como procurador de Coahuila entre el 2005 y el 2012.

El mito de la seguridad 

“Ninguna sociedad está libre de delincuencia organizada, excepto las más represivas (y, si bien Corea del Norte posee niveles muy bajos de crimen organizado, su presupuesto estatal depende de forma decisiva del tráfico de drogas con las organizaciones delictivas de los países vecinos)”, nos dice Misha Glenny (Mc Mafia, Destino, Barcelona 2008), lo que nos muestra que ninguna sociedad está a salvo del flagelo del crimen organizado, nacional o internacional.

Partiendo de lo anterior, podemos inferir que la seguridad es un mito. Con esta frase tan lapidaria como lacónica, quiero remarcar que la seguridad es un ideal, una meta, ya que siempre van a haber fallos en la misma, y nunca se va a garantizar que no pase nada a los resguardados de una nación, por lo tanto se convierte la seguridad en una percepción de seguridad, un mito que todos asumimos como verdadero si nos crean los factores mediáticos, jurídicos, y bélicos para ello. Y aún así, debe considerarse que todos los planes que se hagan al respecto no pueden dejar de tomar en cuenta la máxima enunciada por el General Von Moltke, “ningún plan supera la realidad”.

La inseguridad, así como “la delincuencia organizada y la corrupción florecen en la regiones y los países en los que existe poca confianza pública en las instituciones”, siguiendo las palabras de Glenny, no se erradican por decreto.

Partiendo de que la seguridad es un mito, una guía, una excusa para que las mayorías cedan su libertad en aras de una ilusión, el combate frontal al crimen es un pretexto para que los ciudadanos cedamos derechos y espacios, en aras de una tranquilidad ficticia. A lo largo de la historia, la seguridad ha sido utilizada como instrumento político y ha sido visto como una utopía, un ideal, una sombra como las observadas por los prisioneros en la caverna de Platón y o vemos con la necedad del presidente de poner un mando militar en labores civiles de seguridad.

El coronel del ejército español, Pedro Baños destacaba que “todos somos gobernados, nuestras mentes moldeadas, nuestros gustos formados, nuestras ideas sugeridas, principalmente por personas de las que nunca hemos oído hablar”; en referencia a “los medios de comunicación crean un escenario artificial e interesado que pocas veces coincide con la realidad objetiva. En ocasiones, ni siquiera se percibe ningún color, dejándose traslucir apenas las penumbras de la verdad” (Pedro Baños, Óp. Cit.).

“La opinión dominante es la opinión de la clase dominante”, conocida frase de Karl Marx, que podemos evocar cuando un delito pega al bolsillo o los intereses de la clase dirigente, y se convierte en un problema de seguridad nacional, tal como sucedió con la campaña contra el Huachicoleo, donde hubo mucho ruido y pocas nueces. Al menos, el combate a esa corrupción específica no fue lo esperado ni lo proporcional a la magnitud de la corrupción. 

Pareciera que el actual presidente de México, esté siguiendo los mandamientos religiosos que profesa para dirigir el país, cuando la laicidad debe de ser el eje rector, ya que con “Abrazos y no Balazos”, no se combate al crimen; porque de ser así tendrían que dotarles de biblias a los integrantes de la Guardia Nacional, y no fusiles.

En espera de que los políticos tomen las riendas y reconozcan los riesgos de politizar más la seguridad, y en espera de que los corruptos sean castigados y no amnistiados. La justicia en México es un deber, pero también la única esperanza de mantener de pie a la Nación. 

¡Señor Presidente López Obrador: En Usted está callar bocas y hacer las cosas diferentes y dejar que los zalameros le endulcen los oídos y le digan lo que quiere escuchar! Usted es Presidente de México, no de su partido. ¡Usted no tiene que convencer a sus correligionarios, sino a los que aún dudan de usted!

Recuerde que, en su momento un político llamado Adolf Hitler pensó que estaba en lo correcto; y fue vitoreado por su pueblo y murió en la oscuridad de un búnker.

Por último, no olvide que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones.

@borgestom

Con voz propia

El Gobierno francés prohíbe el “lenguaje inclusivo” por ser una aberración

Alberto Farfán

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Por Alberto Farfán

Toda vez que un lenguaje evoluciona de manera libre y espontánea, para los individuos de una comunidad lingüística las nuevas palabras pasarán a ser aceptadas y empleadas sin el menor matiz de oposición. Pero en cuanto interceden grupos de carácter militante o activistas para imponer un neolenguaje la situación es distinta. Y más si responden a lo que quien esto escribe ha dado en llamar doctrina de género.

Por eso es importante la noticia de que el ministro de Educación de Francia, Jean-Michel Blanquer, prohíba el denominado lenguaje inclusivo en la educación nacional de su país. Al sostener, entre otros argumentos, que el lenguaje inclusivo ─o también conocido como no sexista o incluyente─ “constituye un obstáculo a la comprensión de la escritura” (Tal y como se indica en el portal de Antena 3 Noticias del 8/05/21).

De los elementos que el ministro destaca para fundamentar el veto de este seudo lenguaje nos encontramos que al utilizar el lenguaje inclusivo éste modifica las reglas de concordancia que deben ser “habitualmente esperadas en el marco de los programas de enseñanza”. Y añade que también “constituye un obstáculo a la comprensión de la escritura”, y que afecta a la comprensión oral y a la lectura en voz alta, al no ser posible una transcripción oral de ese tipo de grafías.

Esto último corre paralelo con lo señalado por la Real Academia de la Lengua Española (RAE) con respecto a nuestro bello idioma, al indicar que las supuestas marcas de género como la “e”, la “x” y el símbolo “@”, en efecto no abonan en nada a la comprensión textual ni oral y menos aún a la lectura en voz alta. No imagino a los miembros de esta doctrina de género pronunciar con un micrófono frente a un gran auditorio algo así como “todxs por el cambie de la lengüe para el bien de tod@s”.

Y como corolario es pertinente resaltar la postura que en 2017 la prestigiosa Academia Francesa de la Lengua presentó, al acusar de “aberración” al lenguaje inclusivo: “La multiplicación de marcas ortográficas y sintácticas que conduce a una lengua desunida, dispar en su expresión, creando una confusión que roza la ilegibilidad”.

Otro argumento de Blanquer reside en la absurda contradicción de que el lenguaje supuestamente inclusivo se orienta a discriminar a los niños con ciertas discapacidades o con problemas de aprendizaje, los cuales serían los principalmente perjudicados, en oposición a lo que podría sugerir el adjetivo “inclusivo”.

Para el ministro, además, el aprendizaje y el dominio del francés “contribuyen a luchar contra los estereotipos y garantizan la igualdad de oportunidades de todos los alumnos”, y considera que esto se ve penalizado por el uso del lenguaje inclusivo porque “su complejidad e inestabilidad” suponen un obstáculo para ese objetivo. Cualquier análisis riguroso de este lenguaje inclusivo del país de que se trate observará, en definitiva, complejidad e inestabilidad. Por ejemplo, con el español, revisen las redes sociales de Camila Vallejo ─figura pública importante de la política en Chile─ y podrán constatar lo aquí referido: indistintamente usa las marcas de género, simplemente las omite o las entrecruza.

No obstante, Blanquer respalda la feminización de algunas palabras, sobre todo las profesiones, siempre y cuando se respeten las reglas gramaticales. Amén de que en documentos oficiales también se aplica esta norma a los cargos. Esto es, sí se visibiliza a la mujer. Lo cual no es para menos y es sumamente plausible. 

Y para redondear lo hasta aquí expuesto, citaré a la doctora y especialista en lingüística y feminista Concepción Company: El lenguaje inclusivo “deja tranquilos a muchos y obstaculiza la percepción del problema real.  Tiene efecto de superficie, no incide para nada en la estructura social y desvía la atención del problema fundamental: la discriminación por sexo”.  (La Jornada 10/03/20). Es decir, obsesionarse con imponer dicho lenguaje no propicia, en el caso de la mujer, su visibilización y/o igualdad social.

En virtud de lo anterior, considero que ni por decreto de Estado ni por activismo el lenguaje va a cambiar para ser aceptado sin mayor problema. Más bien su evolución obedecerá al conjunto de elementos jurídicos, políticos e ideológicos derivados de la forma en que se conjugan en materia económica para los hablantes dentro de su esfera social; en donde acaso se alcance el fin de la discriminación por sexo. Es decir, es todo un proceso paulatino y multifactorial.

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Con voz propia

De lords y ladies en las redes sociales, ¿clasismo o burla?

Alberto Farfán

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Por Alberto Farfán

Pareciera que en México no existen en lo absoluto fenómenos de otras latitudes como la discriminación, sea por origen étnico, diferencias de clase social, creencias religiosas o por ideas políticas, entre otras. No obstante, la realidad se ha encargado de plantearnos todo lo contrario. Y es importante considerar a este respecto esa especie de clasismo que ha tomado fuerza a través de las redes sociales, especialmente en Twitter, con los denominados lords y ladies.

Las conductas socialmente reprobables de estas fugaces “celebridades” se nos dan a conocer a través de videos, memes y demás, que podemos encontrar en las diversas redes sociales existentes, a manera de denuncia preponderantemente al principio, y acaso de forma burlona en la actualidad.

Recordemos que todo inició en 2011 cuando Azalia Ojeda, exparticipante de la primera edición de Big Brother México en 2002, y otra mujer de alto nivel económico fueron captadas por el usuario de un smartphone cuando agredieron a oficiales de la policía durante un operativo del alcoholímetro en la zona exclusiva de Polanco; ocurriendo más exactamente el incidente en plena avenida Mazaryk, considerada por muchos como el equivalente a Rodeo Drive, Fifth Avenue o Les Champs Elysées en Ciudad de México. El video se viralizó en Twitter en cuestión de minutos, surgiendo de esta manera el trending tropic “Ladies de Polanco”. Exponerlas como mujeres adineradas actuando violentamente y sin respeto alguno para con los demás que no forman parte de su clase social era el objetivo.

Y en efecto, en un principio los lords y ladies sí pertenecían a la clase media-alta y alta, distinguiéndose por ser personajes prepotentes con personas de estatus inferior, comportándose de manera abusiva, que se saltan las normas o que buscan ser atendidos de inmediato, haciendo a un lado a los que estaban delante de ellos, ofendiendo con el “eres un naco, un indio, un muerto de hambre”, etcétera.

No obstante, también es necesario destacar que últimamente en las redes sociales se nos presentan a estos seres con una llamativa particularidad, y es que no son precisamente de alto nivel económico. Pero, paradójicamente, proceden como si fuesen lords o ladies, conduciéndose sobre todo de manera prepotente y haciendo alarde de un estatus que no tienen, caricaturizándose de tal modo que obligan el reír.

Esta gran paradoja resulta interesante porque indicaría que personas de clase baja y media-baja, gracias a poseer un teléfono celular de gama media y acceso a internet, pueden poner en evidencia la violencia física o verbal de alguien de su misma clase social sólo por el hecho de tener a la mano un teléfono móvil. Y no por exhibir a un rico malvado haciendo cosas horribles a los pobres.

Por ende, pareciera que en sentido estricto el aludir a los lords o ladies no es un asunto de orden clasista como podría pensarse, pues este fenómeno social ha evolucionado de una manera peculiar. Ahora, reitero, no necesariamente se requiere ser de clase alta y conducirse con desprecio hacia personas ajenas a su estatus social para adquirir el título de lord o lady. Más bien parece una pugna de todos contra todos, donde la violencia genera violencia, pero también carcajadas y éstas son válidas y esperadas.

Y aunque hay momentos en que el señalamiento toma forma de una legítima denuncia, en otros sólo adquiere relieves de sarcasmo o burla. Y al final el asunto puesto a la luz de la opinión pública difícilmente pasa por las manos de las autoridades respectivas, cuando hay un delito que perseguir; o lamentablemente termina en el inconsciente colectivo como un hecho normal y cuyo objetivo sólo era hacernos reír. 

 

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Con voz propia

Sandoval, Delgado y otros Judas de López Obrador

Ramses Ancira

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Historias para A(r)mar la Historia

Por Ramsés Ancira

México es el único país del mundo civilizado en el que un grupo de personas pueden sumar sentencias por más de 500 años de prisión, por un supuesto crimen, cuando nunca se encontró el cuerpo del delito.

Y no se trata de que lo hayan disuelto en ácido como lo hacen los narcotraficantes, o quemado, como se supone ocurrió con las víctimas de Ayotzinapa. Para eso no hay pruebas, el cuerpo de Hugo Alberto Wallace según su madre, solo se desvaneció, como si le hubieran disparado con la máxima potencia de un faser de la serie futurista Viaje a las Estrellas.

Un cadáver supuestamente destazado en 2005, que siguió utilizando su tarjeta de crédito y hablándole borracho a Houston, en 2007, a su antigua amante, Claudia Patricia Muñoz Acosta, con la que procreó a una hija, a la que había estado a punto de reconocer en el registro civil; pero que se arrepintió de ultimo momento porque su madre, una mujer castradora llamada Isabel Miranda de Wallace se lo prohibió. Así lo declaró la propia Claudia Muñoz.

Un cuerpo que fue demandado en 2006, por un asunto inmobiliario cuando se supone, que había desaparecido el año anterior.

La misma persona, Hugo Alberto, que fue detenida por narcotráfico en 2001 por traer drogas ocultas en refacciones de motocicleta, pero que luego se reclasificó como contrabando y que sin embargo fue remitido a una agencia del ministerio público en Coyoacán, a 17 kilómetros de distancia y liberado en tres días, cuando se supone que la pena mínima por este delito es de 3 meses de prisión y debió ser vista por un ministerio público federal.

El viernes nueve de octubre de 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Estado Mexicano cumpliría con la petición que hizo el Grupo de Trabajo Sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas para que se reparara el daño a Brenda Quevedo, detenida y torturada sistemáticamente por el caso Wallace durante 12 años continuos.

Esta posición del primer mandatario fue en respuesta al reportero Hans Salazar del medio Sin Censura.

Por esas mismas fechas y por razones similares, la Secretaría de Gobernación dio el reconocimiento de preso político a George Khoury Layón.

Han transcurrido más de seis meses y el presidente no ha podido cumplir su palabra, en parte por la traición de gente de su equipo de trabajo como el director de la escuela de derecho Benito Juárez, Netzaí Sandoval, quien además de hermano de la Secretaria de la Función Pública Irma Eréndira Sandoval y de Pablo Sandoval, representante del gobierno federal en el Estado de Guerrero y cuñado de John Ackerman, todos los cuales se encuentran en la nómina de la 4T, además, decíamos, cobra como director de la Defensoría Pública Federal.

Sandoval cedió a las presiones de Isabel Miranda de Wallace y corrió sin indemnización alguna al abogado defensor de Jacobo Tagle Dobín, Alejandro Garduño Real.

El abogado no sólo sufrió una injusticia laboral, sino que además tendrá que pagar desde el desempleo todos los costos del juicio que se le sigue por demanda de Isabel Miranda de Wallace, ya que, al menos en principio no le dejaron defenderse por sí mismo.

El pretexto de la presidenta de la organización Alto al Secuestro, es que el abogado, en pleno uso de sus derechos como defensor, declaró que Tagle Dobin fue secuestrado en una fecha anterior a la que Isabel Miranda de Wallace lo presentó ante las autoridades judiciales.

El abogado solo cumplió con su deber, el problema es que si el argumento se da por válido demostraría que la presidenta de Alto al Secuestro, fue previamente una secuestradora.

Pero, además, Wallace ha presentado amparos contra la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía Especial de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República que le impiden al presidente López Obrador cumplir con su palabra.

En otro frente, el presidente del Partido Morena, Mario Delgado impuso por dedazo a varios candidatos a puestos de elección popular que están dañando al presidente López Obrador.

El grupo más numeroso es el de los mexicanos que viven en Estados Unidos y que se registraron como diputados migrantes. Cipriana Jurado, una de sus voceros dijo que en casi todos los partidos se cometieron irregularidades, que esperaban que Morena fuera diferente, pero al igual que los demás postuló a personas que hace mucho tiempo regresaron al país y por lo tanto no podrán hacer nada donde se les requiere, que es en los consulados de México.

También esta el caso de la candidata a gobernadora de Nuevo León, condiscípula de Delgado en Nxivm, quien creyó que no pasaría nada si argumentaba que nunca había visto al líder de la secta, a pesar de que sabía que la habían grabado con él. La intención del voto por Clara Luz se cayó más de 10 puntos y ahora ronda por el 18 por ciento, debajo de los candidatos del PRI y Movimiento Ciudadano.

Finalmente, en el norte del país, Mario Delgado eligió como candidatos a integrantes que pertenecen al partido local Unión Democrática de Coahuila, quienes terminaron su gestión con la deuda histórica más alta, este es el caso de Ciudad Acuña en donde se quedan a deber 201 millones 400 mil pesos.

En contraste el Municipio de Saltillo, que está gobernado por el PRI, a quien según Mario Delgado solo le interesa el presupuesto, la deuda es de Cero, igual que en Monclova, donde gobierna el PAN.

No son los únicos, Judas hay en todos lados, pero son los que han destacado últimamente después de que la titular de Notimex, Sanjuana Martínez, usando los recursos del Estado, sólo le diera voz de manera reiterada a la victimaria del falso caso Wallace en perjuicio de las verdaderas víctimas.

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