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Mexico Violento

Abogada del Comité de Madres de Juárez pide protección a la CIDH por amenazas

Francisca Galván, abogada del Comité de Madres de Juárez puso denuncia por amenazas de muerte ante la Comisión Interamericana y solicitó medidas cautelares

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Francisca Galván Segura, abogada del Comité de Madres de Juárez Foto: Los Ángeles Press

Por Guadalupe Lizárraga

CIUDAD JUÁREZ, México.- «Mujer, ¿me estás escuchando? Escúchame muy bien, voy a levantar a tu hija en una camioneta, la voy a decapitar y la voy tirar”, fueron las palabras que escuchó por teléfono la representante legal del Comité de Madres y Familiares con hijas desaparecidas de Ciudad Juárez, Francisca Galván Segura. A las 6:45 de la mañana del 6 de febrero, por la línea telefónica de su casa, Galván recibía esta descarga de violencia después de exigir la verdad a las autoridades, pero el acoso no ha cesado, por lo que puso una denuncia ayer, 14 de febrero, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ella no respondió la amenaza al agresor, sólo colgó el auricular. Paralizada de terror, dijo a Los Ángeles Press, que respiró profundo para tranquilizarse y se recostó por unos minutos. Después llamó a Karla Castañeda, madre de Cinthia Jacobeth, desaparecida en octubre de 2008, para alertarla, porque a ella ya la estaban hostigando policías municipales y agentes de la Fiscalía General de Estado, por haber cuestionado al gobernador en la audiencia pública sobre las mentiras que fabrican la fiscalía en las investigaciones de sus hijas. “Karla, no te muevas. Esto es una cosa seria”, dijo la abogada a Castañeda.

El ambiente de acoso y terror que viven las madres con hijas desaparecidas en Ciudad Juárez se ha intensificado a raíz de sus protestas y exigencias a las autoridades para conocer la verdad sobre estos crímenes. Desde la entrega de dos huesos fragmentados, supuestamente, identificados por las autoridades como Beatriz Alejandra Hernández Trejo, desaparecida el 27 de abril de 2010, a la edad de 20 años, las madres –indignadas y ofendidas– decidieron emprender una Caminata por la vida de sus hijas, después de revisar el ataúd entregado por las autoridades con los supuestos restos y encontraron que iba relleno de papel reciclado y basura.

Este hecho fue uno más que suscitó la exigencia de la audiencia pública al gobernador César Duarte, realizada el 2 de febrero. Ese día, cuando se reunieron las madres con el gobernador y el presidente municipal Héctor Murguía Lardizábal, la abogada Francisca Galván Segura fue advertida por el mismo presidente municipal: “Cuídese de los malos”. Y en ese mismo contexto, en discusión con las madres que reclamaban la verdad sobre sus hijas, les gritó el funcionario: “Chingada madre, déjenme hablar”, audio que circuló en las redes sociales para dar cuenta de la falta de sensibilidad del funcionario ante las madres de las víctimas.

Para el 11 de febrero, en torno a las 9:45 de la mañana, la abogada del Comité de Madres recibió otra llamada a su celular por parte del fiscal de Atención a víctimas del delito, Israel Anaya. En esta llamada, el funcionario pidió hablar con ella personalmente y la citó en la Fiscalía de Género. Galván Segura dijo a Los Ángeles Press que una vez en el encuentro, el fiscal preguntó por Karla Castañeda y le ofreció patrullas para rondines del domicilio “donde ella se encontrara”, así como el trámite de pasaporte mexicano para la familia García Castillo, del caso de Brenda Berenice ubicada en Los Ángeles California por este medio hace de un año.

Sin embargo, después de estos ofrecimientos, el fiscal dijo a Francisca Galván que “los municipales hacen cosas de terror y, sabe, yo voy a andar muy pegado a usted para que no se moleste”. La abogada no entendió porqué el fiscal le dijo eso, y porqué no se lo dijo vía telefónica, lo cual considera como una clara intimidación después de las amenazas contra su familia, del hostigamiento contra Karla Castañeda y de las advertencias del propio presidente municipal “para que se cuide”.

En reuniones anteriores con la señora Norma Ledezma de Justicia para nuestras hijas, quien amenazó directamente a la señora Karla Castañeda, Francisca Galván también ha sido intimidada por Ledezma, al insistirle en que “ella no perdona traiciones” y “que se cuide de cada paso que da”. Intimidaciones, que Galván Segura, desestimó su relevancia en esos momentos, no obstante, después de la amenaza telefónica considera que su vida y la de su familia está en riesgo.

Acosos a otros miembros del Comité de Madres

El día de la audiencia pública con el gobernador, el 2 de febrero, un servidor público, del que se desconoce su nombre, se acercó a la señora Martha Rincón, madre de la joven desaparecida Esmeralda Castillo Rincón, diciéndole en referencia a su esposo: “a José Luis ya le hicimos justicia”, según el testimonio de la abogada del Comité de Madres de Juárez.

Se trata de José Luis Castillo, quien fue preso con cargos no aclarados y posteriormente liberado por la decisión del gobernador, obligándolo a dar las gracias públicamente ante los medios de comunicación.

Francisca Galván también narró la golpiza que agentes ministeriales propinaron al estudiante universitario Marcos Espinoza Rendón, activista del movimiento estudiantil #Yosoy132 Juárez, en un plantón de solidaridad con el Comité de Madres hace un par de meses. Se puso la denuncia de la agresión y hasta la fecha ha sido ignorada por las mismas autoridades.

Sin embargo, el acoso hacia el estudiante y compañero de la universitaria asesinada Idalí Juache, ha continuado con llamadas telefónicas. El mismo día en que allanaron la casa de Karla Castañeda, una mujer llamó por teléfono a Espinoza Rendón y le dijo que había escuchado una grabación donde un comandante ordenaba “que le dieran killer”.

Él preguntó quién era. La mujer nunca respondió y sólo repetía lo que había escuchado. Más tarde, alrededor de las 10 de la noche, al llegar a su casa el estudiante ingresa a Facebook desde su computadora, y una persona que se identificaba como “Boni Flores” le empezó a hablar por mensajes y le dijo exactamente lo mismo.

Durante los días siguientes, en repetidas ocasiones al salir de su domicilio, dos camionetas con agentes ministeriales le cerraban el paso al caminar por las calles del centro de Ciudad Juárez. Incluso varias de las veces lo siguieron hasta su domicilio.

La denuncia ante la Comisión Interamericana

Francisca Galván Segura puso la denuncia de amenazas por parte de agentes del estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, DC. La abogada solicitó medidas cautelares previstas en el artículo 25 del reglamento de la Comisión para ella y para las seis personas que están en riesgo del Comité de Madres de Juárez.

El registro de la solicitud fue confirmado por un funcionario de la institución internacional con el número 41-3, y se informó a este medio que se analizará la solicitud a la brevedad y si procede la petición de medidas cautelares al Estado mexicano para proteger a las víctimas de hostigamiento gubernamental.

 

Mexico Violento

Comisión de Derechos Humanos de la ONU llama a reducir desapariciones forzadas en México

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La alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, llamó al gobierno federal a redoblar esfuerzos para reducir las desapariciones forzadas, pues se han documentado más de cien mil casos desde 1964.

La funcionaria internacional señaló que se deben implementar acciones estratégicas para que se contengan las violaciones graves a los derechos humanos, debido a que se ha tratado un problema multidimensional que ha alcanzado diferentes sectores del país.

De acuerdo con la ex presidenta de Chile, en México persiste una elevada tasa de impunidad sobre las desapariciones, pues sólo en 35 de los cien mil casos que se han cometido se han sentenciado a los responsables de cometer esos crímenes.

Recordó que al menos una cuarta parte del total de la población que ha desaparecido de forma forzada son mujeres y una quinta parte fueron menores de 18 años de edad, aunado a que el 97 por ciento de los casos ocurrieron desde 2006, cuando inició la denominada “guerra contra el narcotráfico”.

Asimismo, indicó que los familiares de las víctimas han sido claves para organizar y proponer soluciones, así como para lograr avances legales e institucionales encaminados a la reconocer la magnitud de la problemática del país.

Aunque reconoció que se han implementado mecanismos como la creación de comisiones de búsquedas de los estados o la fundación del Centro Nacional de Identificación Humano, por lo que enfatizó uno de los casos más representativos como fue la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

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Con voz propia

Samuel García y Mariana Rodríguez, con trastorno de personalidad narcisista: Ernesto Lammoglia

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Por Alberto Farfán

 En ocasiones en México se suelen encontrar en análisis periodísticos de algunos columnistas imberbes y limitados términos propios de la psiquiatría para plantear la personalidad de gobernantes, servidores públicos y otros de este ámbito, en el afán de vituperar tanto sus actividades de Estado como las personales o sociales, aunque también esta práctica puede encontrarse en otros países.

De ahí que sean importantes las observaciones del doctor Ernesto Lammoglia (Veracruz, 1940), connotado médico psiquiatra, criminólogo, escritor y comunicólogo, que desarrolla acerca del gobernador de Nuevo León y su esposa, Samuel García Sepúlveda y Mariana Rodríguez Cantú, respectivamente.

En entrevista, el Dr. Lammoglia, siempre ético y profesional, advierte que el perfil que brindará está sujeto a lo expuesto por los medios de comunicación y redes sociales, lo cual no se podría considerar un diagnóstico objetivo porque para ello el matrimonio regio debería haber sido analizado en su consultorio. Razonamiento que nos parece perfectamente válido e incluso obligado ponerlo sobre la mesa. (Conversación con Julio Hernández en Astillero Informa por YouTube, 13/05/22).

Sin embargo, resulta interesante la caracterización que realiza el doctor si tomamos en cuenta la serie de peculiaridades que García y Rodríguez han mostrado antes, durante y después, ya ubicados en el pináculo del poder en Nuevo León, a través de redes sociales sobre todo. Las cuales no voy a enumerar porque francamente sus sketchs son siempre lo mismo: llamar la atención a costa de quien sea o de lo que sea con un humor que se supone graciosísimo.

Así, para el Dr. Lammoglia, galardonado en múltiples ocasiones por su labor profesional y con más de una docena de libros publicados, ambos personajes padecen del trastorno de personalidad narcisista. Palabras más, palabras menos, desprendemos que dicho trastorno mental implica que las personas padecerán de un sentido desproporcionado de su propia importancia, una necesidad exagerada de atención desmedida, relaciones de explotación emocional y una ausencia profunda de empatía por las personas a su alrededor.

No obstante, esto no es más que una especie de máscara protectora de hierro, pues en realidad su autoestima es rotundamente frágil y vulnerable al comentario crítico más anodino. Y añade el Dr. Lammoglia que “el nivel más alto de esta condición es la psicopatía”.

Y al revisar con detenimiento estas características del narcisismo, pero fundamentalmente al confrontarlas con las curiosidades del matrimonio en redes sociales, no puede uno soslayar que acaso el Dr. Lammoglia no esté equivocado, sino todo lo contrario.

Situación que, en efecto, no tendría ninguna relevancia si Samuel García y Mariana Rodríguez fueran ciudadanos comunes y corrientes, divirtiéndose con sus ocurrencias en videos y demás. Sin embargo no lo son. Más aún, él como gobernador y ella como primera dama detentan un gran poder en la entidad en que viven, con el objeto, se supone, de velar por la ciudadanía en todos sentidos, pero al ser narcisistas me temo que difícilmente se podrán erradicar los feminicidios, el narcotráfico, la trata de personas y otros flagelos sociales que prevalecen impunes. Si otros que no lo son no lo logran, menos ellos.

Finalmente, es evidente que un perfil psicológico o psiquiátrico por más objetivo y exacto que sea no necesariamente indicará que el gobernante diagnosticado con alguna condición mental podrá constituirse en el mejor o el peor, pero estemos de acuerdo o no nos dará una idea sobre a qué atenernos. Y serán los hechos los que hablarán a este respecto. Lamentablemente, ya están hablando con claridad de manera negativa en Nuevo León en torno a los más recientes feminicidios y al cuestionable proceder de los responsables de la fiscalía del estado.

 

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Fabricación de culpables

Juez federal niega cambio de medida cautelar a expolicía Porfirio Sánchez Mendoza acusado de tortura

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Por Guadalupe Lizárraga

Con una audiencia judicial de más de seis horas, un juez federal negó el cambio de medida cautelar solicitado por la defensa de Porfirio Javier Sánchez Mendoza, exsecretario de Seguridad Pública en Aguascalientes y policía federal de Genaro García Luna, acusado de tortura y detención ilegal contra George Khoury Layón, en prisión desde 2009, con reconocimiento de inocencia.

La víctima señaló ante el juez que temía por su vida y la de su familia si su victimario seguía el proceso en libertad condicional, además temía por la vida de quienes atestiguaron su detención arbitraria e ilegal el 2 de septiembre de 2009, tal como quedó asentado en video de las cámaras de seguridad del centro comercial donde se encontraba dentro de un gimnasio en la Ciudad de México.

La audiencia se prolongó por la defensa de Sánchez Mendoza, que presentó a un grupo de familiares, servidores públicos e incluso de agentes de la Guardia Nacional que declararon en favor de la “honorabilidad” del policía en juicio.

Por su parte, George Khoury Layón señaló que el agente del Ministerio Público no intervino prácticamente en el juicio, y al cuestionarlo, el agente argumentó que “lo habían cambiado hacía un mes, y no conocía el caso”. Por lo que Khoury apreció la asesoría jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Khoury Layón, con opinión de libertad del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas desde 2017 y reconocimiento de inocencia de la Secretaría de Gobernación de 2019, señaló que Porfirio Javier Sánchez Mendoza intervino en las tres últimas detenciones, de cuatro de las que fue víctima, ordenadas por el empresario Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol.

La primera detención fue el 16 de julio de 2005, y desde entonces se le quiso relacionar con el falso secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda. La siguiente detención arbitraria fue el 30 de enero de 2006, perpetrada por el policía federale Porfirio Sánchez Mendoza y su suboficial Rolando Mayorga Cordero, éste último actualmente prófugo. Posteriormente, tras obtener una sentencia absolutoria el 14 de febrero de 2012, al momento de su salida de prisión, Porfirio Sánchez Mendoza volvió a detenerlo el 26 de febrero de ese año.

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