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Mexico Violento

Abogada del Comité de Madres de Juárez pide protección a la CIDH por amenazas

Francisca Galván, abogada del Comité de Madres de Juárez puso denuncia por amenazas de muerte ante la Comisión Interamericana y solicitó medidas cautelares

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Francisca Galván Segura, abogada del Comité de Madres de Juárez Foto: Los Ángeles Press

Por Guadalupe Lizárraga

CIUDAD JUÁREZ, México.- «Mujer, ¿me estás escuchando? Escúchame muy bien, voy a levantar a tu hija en una camioneta, la voy a decapitar y la voy tirar”, fueron las palabras que escuchó por teléfono la representante legal del Comité de Madres y Familiares con hijas desaparecidas de Ciudad Juárez, Francisca Galván Segura. A las 6:45 de la mañana del 6 de febrero, por la línea telefónica de su casa, Galván recibía esta descarga de violencia después de exigir la verdad a las autoridades, pero el acoso no ha cesado, por lo que puso una denuncia ayer, 14 de febrero, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ella no respondió la amenaza al agresor, sólo colgó el auricular. Paralizada de terror, dijo a Los Ángeles Press, que respiró profundo para tranquilizarse y se recostó por unos minutos. Después llamó a Karla Castañeda, madre de Cinthia Jacobeth, desaparecida en octubre de 2008, para alertarla, porque a ella ya la estaban hostigando policías municipales y agentes de la Fiscalía General de Estado, por haber cuestionado al gobernador en la audiencia pública sobre las mentiras que fabrican la fiscalía en las investigaciones de sus hijas. “Karla, no te muevas. Esto es una cosa seria”, dijo la abogada a Castañeda.

El ambiente de acoso y terror que viven las madres con hijas desaparecidas en Ciudad Juárez se ha intensificado a raíz de sus protestas y exigencias a las autoridades para conocer la verdad sobre estos crímenes. Desde la entrega de dos huesos fragmentados, supuestamente, identificados por las autoridades como Beatriz Alejandra Hernández Trejo, desaparecida el 27 de abril de 2010, a la edad de 20 años, las madres –indignadas y ofendidas– decidieron emprender una Caminata por la vida de sus hijas, después de revisar el ataúd entregado por las autoridades con los supuestos restos y encontraron que iba relleno de papel reciclado y basura.

Este hecho fue uno más que suscitó la exigencia de la audiencia pública al gobernador César Duarte, realizada el 2 de febrero. Ese día, cuando se reunieron las madres con el gobernador y el presidente municipal Héctor Murguía Lardizábal, la abogada Francisca Galván Segura fue advertida por el mismo presidente municipal: “Cuídese de los malos”. Y en ese mismo contexto, en discusión con las madres que reclamaban la verdad sobre sus hijas, les gritó el funcionario: “Chingada madre, déjenme hablar”, audio que circuló en las redes sociales para dar cuenta de la falta de sensibilidad del funcionario ante las madres de las víctimas.

Para el 11 de febrero, en torno a las 9:45 de la mañana, la abogada del Comité de Madres recibió otra llamada a su celular por parte del fiscal de Atención a víctimas del delito, Israel Anaya. En esta llamada, el funcionario pidió hablar con ella personalmente y la citó en la Fiscalía de Género. Galván Segura dijo a Los Ángeles Press que una vez en el encuentro, el fiscal preguntó por Karla Castañeda y le ofreció patrullas para rondines del domicilio “donde ella se encontrara”, así como el trámite de pasaporte mexicano para la familia García Castillo, del caso de Brenda Berenice ubicada en Los Ángeles California por este medio hace de un año.

Sin embargo, después de estos ofrecimientos, el fiscal dijo a Francisca Galván que “los municipales hacen cosas de terror y, sabe, yo voy a andar muy pegado a usted para que no se moleste”. La abogada no entendió porqué el fiscal le dijo eso, y porqué no se lo dijo vía telefónica, lo cual considera como una clara intimidación después de las amenazas contra su familia, del hostigamiento contra Karla Castañeda y de las advertencias del propio presidente municipal “para que se cuide”.

En reuniones anteriores con la señora Norma Ledezma de Justicia para nuestras hijas, quien amenazó directamente a la señora Karla Castañeda, Francisca Galván también ha sido intimidada por Ledezma, al insistirle en que “ella no perdona traiciones” y “que se cuide de cada paso que da”. Intimidaciones, que Galván Segura, desestimó su relevancia en esos momentos, no obstante, después de la amenaza telefónica considera que su vida y la de su familia está en riesgo.

Acosos a otros miembros del Comité de Madres

El día de la audiencia pública con el gobernador, el 2 de febrero, un servidor público, del que se desconoce su nombre, se acercó a la señora Martha Rincón, madre de la joven desaparecida Esmeralda Castillo Rincón, diciéndole en referencia a su esposo: “a José Luis ya le hicimos justicia”, según el testimonio de la abogada del Comité de Madres de Juárez.

Se trata de José Luis Castillo, quien fue preso con cargos no aclarados y posteriormente liberado por la decisión del gobernador, obligándolo a dar las gracias públicamente ante los medios de comunicación.

Francisca Galván también narró la golpiza que agentes ministeriales propinaron al estudiante universitario Marcos Espinoza Rendón, activista del movimiento estudiantil #Yosoy132 Juárez, en un plantón de solidaridad con el Comité de Madres hace un par de meses. Se puso la denuncia de la agresión y hasta la fecha ha sido ignorada por las mismas autoridades.

Sin embargo, el acoso hacia el estudiante y compañero de la universitaria asesinada Idalí Juache, ha continuado con llamadas telefónicas. El mismo día en que allanaron la casa de Karla Castañeda, una mujer llamó por teléfono a Espinoza Rendón y le dijo que había escuchado una grabación donde un comandante ordenaba “que le dieran killer”.

Él preguntó quién era. La mujer nunca respondió y sólo repetía lo que había escuchado. Más tarde, alrededor de las 10 de la noche, al llegar a su casa el estudiante ingresa a Facebook desde su computadora, y una persona que se identificaba como “Boni Flores” le empezó a hablar por mensajes y le dijo exactamente lo mismo.

Durante los días siguientes, en repetidas ocasiones al salir de su domicilio, dos camionetas con agentes ministeriales le cerraban el paso al caminar por las calles del centro de Ciudad Juárez. Incluso varias de las veces lo siguieron hasta su domicilio.

La denuncia ante la Comisión Interamericana

Francisca Galván Segura puso la denuncia de amenazas por parte de agentes del estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, DC. La abogada solicitó medidas cautelares previstas en el artículo 25 del reglamento de la Comisión para ella y para las seis personas que están en riesgo del Comité de Madres de Juárez.

El registro de la solicitud fue confirmado por un funcionario de la institución internacional con el número 41-3, y se informó a este medio que se analizará la solicitud a la brevedad y si procede la petición de medidas cautelares al Estado mexicano para proteger a las víctimas de hostigamiento gubernamental.

 

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Justicia pendiente

CNTE condena despido de activista poblana como docente de bachillerato

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La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) de Puebla condenó el despido de sus funciones de docente de bachillerato de la luchadora social y periodista, Claudia Martínez Sánchez.

Por medio de un comunicado, el magisterio disidente señaló que la comunicadora fue despedida por publicar notas informativas críticas al gobierno estatal encabezado por Miguel Barbosa, en las que revelaba el hostigamiento de la lucha del pueblo de Coyomeapan contra los cacicazgos respaldados por la administración estatal.

De acuerdo con la CNTE, su jefe inmediato le comunicó sobre su despido por su labor social como activista y sólo mantendría su trabajo en caso si ofrecía disculpas por haber criticado al gobierno de Barbosa, sin embargo, la activista desistió a traicionar sus labores personales.

Por ello, el organismo magisterial consideró que es preocupante la represión a los luchadores sociales en Puebla, por lo que se perseguirán a todas las personas que incurran en reclamar y defender los derechos laborales de los trabajadores de la educación en la entidad.

De la misma manera, la CNTE recordó que el pasado 15 de septiembre la Secretaría de Educación Pública estatal (SEP) desalojó con violencia a los docentes de la delegación de las primarias de Tecamachalco, y algunos educadores fueron enviados a los separos de la fiscalía estatal.

También recordó que las autoridades educativas estatales trataron como delincuentes a los docentes del municipio de Amozoc, por reclamar la falta de garantías laborales, por lo que acusaron que el gobernador emanado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se rehúsa a dialogar con los docentes que reclaman sus derechos.

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Justicia pendiente

Desde la cárcel, líder indígena convoca a la Unidad de Coyomeapan, contra la represión en Puebla

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Por Claudia Martínez Sánchez

La defensora de derechos humanos, Basilisa Montaño Gutiérrez envió una carta pública desde el penal de Tehuacán, Puebla, donde se encuentra presa con delitos fabricados como represalia política por su activismo, para convocar a la unidad de la comunidad indígena de Coyomeapan y formar un consejo que lidere las acciones colectivas para resguardar sus derechos.

Montaño Gutiérrez fue aprehendida junto con otros defensores de la comunidad como Eruviel Aguilar, Gómez, Gonzalo Martínez, y Anastasio González Sanguinez, a quienes se les fabricaron delitos por ejercer su libertad de expresión y asociación para denunciar el despojo de tierras, amenazas y hostigamiento a indígenas, presencia de grupos armados bajo gestión de la familia Celestino Rosas, que llevan once años de cacicazgo en Coyomeapan.

Desde el penal, la maestra indígena, pide a la comunidad no negociar con los caciques y formar un consejo de líderes que haga frente a la situación de crisis de seguridad y violencia de derechos humanos.

Carta pública

Desde el Penal de Tehuacán, Pue., día 25 de octubre de 2021

“Yo he viajado y he caminado por todos los lugares, pero nunca

 he negociado con la sangre de mis hermanos”.

Tránsito Amaguaña

Por la UNIDAD DE COYOMEAPAN | TIERRA Y VIDA

PRESENTE

Compañeras y compañeros de la UNIDAD DE COYOMEAPAN, agradezco mucho por su permanencia y por no bajar la guardia que hemos formado, nuestro deber como UNIDAD DE COYOMEAPAN es mantenernos firmes para alcanzar nuestros objetivos y nuestras metas, así mismo compañeras y compañeros nuestras palabras de orden son: ni un paso atrás compañeros.

Lo difícil era iniciar, ahora que estamos en la lucha, hay que unir fuerzas para RESISTIR las tempestades en las que estamos y las tormentas que se avecinan, todo eso de una manera inteligente y sin perder la cordura.

Ahora bien, ¿qué sigue?, ¿qué se tiene que hacer?, en el trayecto de nuestra UNIDAD DE COYOMEAPAN se formó una comitiva que ha sido nuestro guía hasta el momento. Ahora, lo procedente es la reivindicación, pues   es importante FORMAR UN CONSEJO de quien va llevar la batuta y empezar a solidificar una estructura para que la RESISTENCIA siga activa, con un propósito consensado por nosotras y nosotros que conformamos la UNIDAD DE COYOMEAPAN.

Compañeras y compañeros a trabajar…En una sola voz que se repita de forma consciente: POR NINGÚN MOTIVO SE PERMITA LLEGAR A UNA NEGOCIACIÓN CON LOS “CELESTINOS Y SUS COMPINCHES”. Nosotros nos hemos manifestado pacíficamente y hemos querido un dialogo para favorecer a nuestros pueblos, pero nos ignoraron, esperamos así que nuestra experiencia con las autoridades sea una muestra de aprendizaje.

Que la fuerza y el coraje de nuestros pueblos sea el motivo para seguir en este camino.

Atentamente

Por la UNIDAD DE COYOMEAPAN | TIERRA Y VIDA

La Mtra. Basilisa Montaño Gutiérrez

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Mexico Violento

Padres de estudiantes de Bachillerato en Puebla denuncian al director por robo de cuotas voluntarias

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Por Claudia Martínez Sánchez

Padres de familia del Bachillerato Héroes de la Reforma en Puebla denunciaron el robo de cuotas voluntarias solicitadas para la graduación de sus hijos por parte del director de la escuela, Carlos Roberto Martínez Peláez, quien recientemente levantó un acta administrativa para el cese como docente a esta periodista tras revelar en reportajes la corrupción de familiares del gobernador Miguel Barbosa y agresiones a las comunidades indígenas de la región.

De acuerdo con las denuncias de los padres de familia, desde hace dos años, el director escolar les solicitó el dinero para organizar la graduación de unos 50 estudiantes, pese a la estricta orden de confinamiento por la pandemia Covid-19. No obstante, Carlos Roberto Martínez Peláez, en su calidad de director, y Ana Isabel Coriche Avilés, prefecta y asesora estudiantil, pidieron la cuota de 2 mil pesos por alumno, sin llevarse a cabo el evento y sin que hasta la fecha se les regrese el dinero a los padres de familia.

«Fuimos engañados, dice los padres de los estudiantes, con la celebración de su graduación y nos timaron a los padres de los dos grupos de sexto», señalaron entre quejas e indignación.

En medio del confinamiento por el Covid-19, los jóvenes fueron citados en la escuela para tomarles fotos de su certificado y la foto de generación; los padres abundaron que pese a los momentos de crisis por los que atravesaban en el hogar por la pandemia que se traducía en desempleo y falta de dinero, todos los padres -sin excepción- cubrieron los gastos de la graduación para la celebración de sus hijos.

La cantidad solicitada de 2 mil pesos, (105 dólares, según tipo de cambio) incluía fotos del certificado, la foto de generación, así como de la fiesta para los graduados. Sin embargo, de último momento, Martínez Peláez «canceló todo pero se quedó con el dinero», acusan.

Han pasado dos años y los padres de familia y ex alumnos siguen reclamando su dinero, pero no hay devolución de dicha cantidad. Las respuestas son variadas: «organizarán la fiesta de graduación cuando termine la pandemia», «el señor de las fotos se fue con el dinero», «regrese la próxima semana y vemos», «no se encuentra la asesora», «el director no está ahora».

Por lo anterior, los padres de familia denunciantes hicieron un llamado a la Secretaría de Educación Pública para que ejecute la sanción correspondiente por el abuso de confianza que el director escolar y la maestra Ana Isabel Coriche Avilés incurrieron en contra de los padres de familia.

 

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