Connect with us

Mexico Violento

Abogada del Comité de Madres de Juárez pide protección a la CIDH por amenazas

Francisca Galván, abogada del Comité de Madres de Juárez puso denuncia por amenazas de muerte ante la Comisión Interamericana y solicitó medidas cautelares

Avatar

Published

on

Francisca Galván Segura, abogada del Comité de Madres de Juárez Foto: Los Ángeles Press

Por Guadalupe Lizárraga

CIUDAD JUÁREZ, México.- “Mujer, ¿me estás escuchando? Escúchame muy bien, voy a levantar a tu hija en una camioneta, la voy a decapitar y la voy tirar”, fueron las palabras que escuchó por teléfono la representante legal del Comité de Madres y Familiares con hijas desaparecidas de Ciudad Juárez, Francisca Galván Segura. A las 6:45 de la mañana del 6 de febrero, por la línea telefónica de su casa, Galván recibía esta descarga de violencia después de exigir la verdad a las autoridades, pero el acoso no ha cesado, por lo que puso una denuncia ayer, 14 de febrero, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ella no respondió la amenaza al agresor, sólo colgó el auricular. Paralizada de terror, dijo a Los Ángeles Press, que respiró profundo para tranquilizarse y se recostó por unos minutos. Después llamó a Karla Castañeda, madre de Cinthia Jacobeth, desaparecida en octubre de 2008, para alertarla, porque a ella ya la estaban hostigando policías municipales y agentes de la Fiscalía General de Estado, por haber cuestionado al gobernador en la audiencia pública sobre las mentiras que fabrican la fiscalía en las investigaciones de sus hijas. “Karla, no te muevas. Esto es una cosa seria”, dijo la abogada a Castañeda.

El ambiente de acoso y terror que viven las madres con hijas desaparecidas en Ciudad Juárez se ha intensificado a raíz de sus protestas y exigencias a las autoridades para conocer la verdad sobre estos crímenes. Desde la entrega de dos huesos fragmentados, supuestamente, identificados por las autoridades como Beatriz Alejandra Hernández Trejo, desaparecida el 27 de abril de 2010, a la edad de 20 años, las madres –indignadas y ofendidas– decidieron emprender una Caminata por la vida de sus hijas, después de revisar el ataúd entregado por las autoridades con los supuestos restos y encontraron que iba relleno de papel reciclado y basura.

Este hecho fue uno más que suscitó la exigencia de la audiencia pública al gobernador César Duarte, realizada el 2 de febrero. Ese día, cuando se reunieron las madres con el gobernador y el presidente municipal Héctor Murguía Lardizábal, la abogada Francisca Galván Segura fue advertida por el mismo presidente municipal: “Cuídese de los malos”. Y en ese mismo contexto, en discusión con las madres que reclamaban la verdad sobre sus hijas, les gritó el funcionario: “Chingada madre, déjenme hablar”, audio que circuló en las redes sociales para dar cuenta de la falta de sensibilidad del funcionario ante las madres de las víctimas.

Para el 11 de febrero, en torno a las 9:45 de la mañana, la abogada del Comité de Madres recibió otra llamada a su celular por parte del fiscal de Atención a víctimas del delito, Israel Anaya. En esta llamada, el funcionario pidió hablar con ella personalmente y la citó en la Fiscalía de Género. Galván Segura dijo a Los Ángeles Press que una vez en el encuentro, el fiscal preguntó por Karla Castañeda y le ofreció patrullas para rondines del domicilio “donde ella se encontrara”, así como el trámite de pasaporte mexicano para la familia García Castillo, del caso de Brenda Berenice ubicada en Los Ángeles California por este medio hace de un año.

Sin embargo, después de estos ofrecimientos, el fiscal dijo a Francisca Galván que “los municipales hacen cosas de terror y, sabe, yo voy a andar muy pegado a usted para que no se moleste”. La abogada no entendió porqué el fiscal le dijo eso, y porqué no se lo dijo vía telefónica, lo cual considera como una clara intimidación después de las amenazas contra su familia, del hostigamiento contra Karla Castañeda y de las advertencias del propio presidente municipal “para que se cuide”.

En reuniones anteriores con la señora Norma Ledezma de Justicia para nuestras hijas, quien amenazó directamente a la señora Karla Castañeda, Francisca Galván también ha sido intimidada por Ledezma, al insistirle en que “ella no perdona traiciones” y “que se cuide de cada paso que da”. Intimidaciones, que Galván Segura, desestimó su relevancia en esos momentos, no obstante, después de la amenaza telefónica considera que su vida y la de su familia está en riesgo.

Acosos a otros miembros del Comité de Madres

El día de la audiencia pública con el gobernador, el 2 de febrero, un servidor público, del que se desconoce su nombre, se acercó a la señora Martha Rincón, madre de la joven desaparecida Esmeralda Castillo Rincón, diciéndole en referencia a su esposo: “a José Luis ya le hicimos justicia”, según el testimonio de la abogada del Comité de Madres de Juárez.

Se trata de José Luis Castillo, quien fue preso con cargos no aclarados y posteriormente liberado por la decisión del gobernador, obligándolo a dar las gracias públicamente ante los medios de comunicación.

Francisca Galván también narró la golpiza que agentes ministeriales propinaron al estudiante universitario Marcos Espinoza Rendón, activista del movimiento estudiantil #Yosoy132 Juárez, en un plantón de solidaridad con el Comité de Madres hace un par de meses. Se puso la denuncia de la agresión y hasta la fecha ha sido ignorada por las mismas autoridades.

Sin embargo, el acoso hacia el estudiante y compañero de la universitaria asesinada Idalí Juache, ha continuado con llamadas telefónicas. El mismo día en que allanaron la casa de Karla Castañeda, una mujer llamó por teléfono a Espinoza Rendón y le dijo que había escuchado una grabación donde un comandante ordenaba “que le dieran killer”.

Él preguntó quién era. La mujer nunca respondió y sólo repetía lo que había escuchado. Más tarde, alrededor de las 10 de la noche, al llegar a su casa el estudiante ingresa a Facebook desde su computadora, y una persona que se identificaba como “Boni Flores” le empezó a hablar por mensajes y le dijo exactamente lo mismo.

Durante los días siguientes, en repetidas ocasiones al salir de su domicilio, dos camionetas con agentes ministeriales le cerraban el paso al caminar por las calles del centro de Ciudad Juárez. Incluso varias de las veces lo siguieron hasta su domicilio.

La denuncia ante la Comisión Interamericana

Francisca Galván Segura puso la denuncia de amenazas por parte de agentes del estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, DC. La abogada solicitó medidas cautelares previstas en el artículo 25 del reglamento de la Comisión para ella y para las seis personas que están en riesgo del Comité de Madres de Juárez.

El registro de la solicitud fue confirmado por un funcionario de la institución internacional con el número 41-3, y se informó a este medio que se analizará la solicitud a la brevedad y si procede la petición de medidas cautelares al Estado mexicano para proteger a las víctimas de hostigamiento gubernamental.

 

Justicia pendiente

Director de Cefereso de Michoacán tortura, amenaza y viola derechos humanos, denuncian internos

Avatar

Published

on

Por Ignacio García

El director del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 17 de Michoacán, Julio César Pérez Álvarez, ha incurrido en constantes violaciones de derechos humanos hacia los presos del penal como la ausencia del servicio de agua potable, así como constantes torturas y amenazas sin haber sido sancionado por las autoridades federales.

Por medio de una misiva, George Khoury Layón, interno del penal federal acusado  falsamente del delito de homicidio calificado por Isabel Miranda de Wallace, denunció que el directivo ordenó que le arrojaran gas lacrimógeno, además de que ha incurrido en malos tratos y golpes constantes hacia su persona, así como enviarle un perro para quitarles sus tenis ortopédicos.

Por ello, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ordene a los comisionados federales que atiendan las irregularidades cometidas por Pérez Álvarez, ya que, enfatizó, existen 273 amparos en contra del director por la falta de agua potable, falta de atención médica, amenazas y torturas contra los internos.

De acuerdo con el reo, los amparos se encuentran radicados en los juzgados Quinto y Octavo de Uruapan, Michoacán, sin embargo, hasta el momento no han obtenido una respuesta satisfactoria y el director lo ha amenazado con negarle el suministro de sus medicamentos contra la lumbalgia que padece, así como retirarle los tenis ortopédicos que requiere para su postura en caso de no desistir de sus denuncias públicas.

Agregó que Julio César Pérez ha alegado que cuenta con el respaldo institucional, pues su familiares trabajan en la Federación y él es uno de los ex colaboradores de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) durante el gobierno de Felipe Calderón y preso en Estados Unidos por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Asimismo, expresó que pueden contar con hasta 200 firmas de los presos que están en contra de las funciones de Pérez Álvarez, por lo que demandaron la intervención del presidente de México para que se frenen los abusos cometidos contra los internos del Cefereso de Michoacán.

 

 

Continue Reading

Fabricación de culpables

Policía condecorado por AMLO en 2004, lleva 15 años en prisión con delitos fabricados por secuestro

Ignacio García

Published

on

Por Ignacio García

CIUDAD DE MÉXICO.- Ariel Eros García Islas, ex integrante del grupo élite denominado “Los Cobras”, de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, quien había sido condecorado por el entonces jefe de gobierno de la Ciudad México, Andrés Manuel López Obrador, en 2004, es una víctima más de fabricación de culpables de la pasada administración de Vicente Fox.

Acusado falsamente por el delito de secuestro, por el cual se encuentra procesado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) El Altiplano, Estado de México, desde hace más de 15 años, García Islas pidió la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que se realice justicia a su proceso irregular.

En entrevista con Los Ángeles Press, el ex policía capitalino denunció que no cometió el delito de secuestro como lo expusieron los medios de comunicación en abril de 2004, pero fue torturado por elementos de la extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para confesar supuestamente su responsabilidad en ese ilícito.

De acuerdo con el denunciante, los protocolos de Estambul demuestran la tortura de la que fueron víctimas los policías capitalinos detenidos por la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) a cargo de Rafael Macedo de la Concha en 2004.

Agregó que debido a la coyuntura política nacional por la búsqueda del desafuero del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal, encabezado por el panista Vicente Fox Quesada, junto con en entonces director de la AFI, Genaro García Luna, maquiló delitos al grupo élite de la policía capitalina para desacreditar la imagen del ahora presidente de la República.

Reiteró que desde hace más de 15 años está procesado en un penal de máxima seguridad en el Estado de México por las consignas del gobierno federal para vengarse del gobierno de izquierda de la Ciudad de México, pues en su momento, dijo, el propio ex secretario de Seguridad Pública capitalino, Marcelo Ebrard,–hoy canciller del país–, reconoció la valía de este grupo policiaco.

Dijo que durante más de tres lustros han violado el debido proceso para evitar su salida y las irregularidades presentadas en el mismo, por lo que al inicio de la actual administración federal, Daniel Miranda, quien se acreditó como representante de la Secretaría de Gobernación (Segob), se acercó con ellos para buscar su intervención, pero no han obtenido respuesta de su parte,

Por ello, pidió que se brinde justicia y no se vuelvan a cometer este tipo de delitos que han persistido contra los ex agentes del grupo policiaco de la Ciudad de México, pese, dijo, a que fue condecorado por el ahora jefe del Ejecutivo federal.

Contexto

Ariel Eros García Islas fue acusado por Fidencio Francisco Facio Trejo, víctima de tortura por agentes de la SIEDO y obligado a firmar la acusación, esposado de espaldas, y solo declaró “conocer a un tal Eros”.

De su expediente desaparecieron muchas pruebas, sin embargo un juez volvió a ordenar que se le hiciera el Protocolo de Estambul a Facio Trejo, resultando nuevamente positivo como en 2004.

 

Continue Reading

Mexico Violento

General Dauahare, acusado de narcotráfico y cercano a Cienfuegos, en la nómina de Segob y familia en la de Pemex

Avatar

Published

on

Por Ignacio García y Guadalupe Lizárraga

El general en retiro Tomás Ángeles Dauahare, cercano al ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Salvador Cienfuegos, recién acusado de presuntos vínculos con el narcotráfico por las autoridades de Estados Unidos, es parte de la nómina en la Secretaría de Gobernación (Segob) con un sueldo de más de 60 mil pesos mensuales.

De acuerdo con datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el general Ángeles, retirado de 78 años, con una trayectoria militar vinculada al narcotráfico en el sexenio de de Felipe Calderón y en el de Enrique Peña Nieto, funge en la actualidad como coordinador de Seguimiento federal en Gobernación, la secretaría con asuntos de mayor sensibilidad política en México.

Con un sueldo de 61 mil 603.41 pesos al mes, además de su pensión de más de 300 mil pesos mensuales por el servicio público, Tomás Ángeles Dauahare, tiene a su hija, Adriana Ángeles Zepeda, en un cargo de Pemex como coordinadora especialista D, con un sueldo de 67 mil 826.09 pesos mensuales, así como a su yerno, Juan Manuel Flores Cabrera, como coordinador especialista G, con un salario de 50 mil 935.65 pesos al mes.

 

Aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha enfatizado que terminará con la corrupción y el nepotismo en la administración pública federal, el militar retirado se mantiene activo en el gobierno federal y mantiene a sus familiares en la nómina gubernamental, lo que representa una falta a la Ley General de Servidores Públicos.

Tomás Ángeles Dauahare fue subsecretario de la SEDENA entre 2006 y 2008, durante la administración de Felipe Calderón, marcada por las violaciones de derechos humanos cometidas sistemáticamente en la que el ejército tuvo acción destacada, como la ejecución extrajudicial de los dos estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) en 2010.

Ángeles Dauahare fue detenido en 2012, acusado de colaborar con el Cártel de los Beltrán Leyva, luego de haber reconocido que personal del Ejército trabajaba para otros cárteles de la droga en México y que proporcionaban información a las organizaciones delictivas; mientras el exsecretario de Seguridad pública, Genaro García Luna, ahora se sabe que colaboraba con el Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, Ángeles fue liberado en 2013 por supuestas faltas de pruebas en su contra y se convirtió en la mano derecha del entonces secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, detenido y acusado en Estados Unidos en 2020 por tráfico de drogas en colaboración con el Cártel de los Beltrán Leyva, y extraditado recientemente a México.

Testimonio de militar en 2017 sobre Dauahare y uno de los Beltrán Leyva

Continue Reading

Trending