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A un año de masacre en Tamaulipas, Ministerio Público busca a «coyotes» de Comitancillo

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A días de cumplirse el primer aniversario de la masacre de Camargo Tamaulipas, que enlutó a 16 familias de migrantes guatemaltecos en San Marcos, la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes del Ministerio Público (MP), realiza un operativo en el municipio de Comitancillo. En total reportan 19 diligencias de allanamiento.

Desde su cuenta de Twitter, informaron que los operativos son para ejecutar órdenes de captura y desarticular a una estructura criminal.

“Presuntamente habría sido responsable de traficar ilegalmente a un grupo de 15 guatemaltecos asesinados en el Municipio de Camargo, estado de Tamaulipas,  en México, el 22 de enero de 2021”, mencionaron.

Pobladores dieron aviso del asesinato de migrantes 

El 22 de enero de 2021, las autoridades mexicanas recibieron el aviso de parte de pobladores de Santa Anita Camargo, Tamaulipas, México, que en uno de los caminos de terracería había dos vehículos calcinados con cuerpos en su interior.

Al llegar todos los equipos forenses, de la Fiscalía General, entre otras, hallaron 19 cuerpos dentro de los vehículos.

Posteriormente se supo que la mayoría eran originarios de Comitancillo, San Marcos, Guatemala. Hasta la fecha no ha habido detenciones a responsables.

 

Fuente: La Hora

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Latinoamérica

Torturas y muertes silenciosas en el régimen de excepción del presidente Bukele de El Salvador

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Por Edgardo Ayala

SAN SALVADOR – El cadáver de Walter Sandoval muestra varios hematomas oscuros en brazos y rodillas, así como una laceración en el ojo izquierdo y en la cabeza, señales de que sufrió algún tipo de violencia antes de morir en una cárcel salvadoreña, acusado de ser un miembro de una pandilla.

Esos golpes son evidentes en las fotografías que el padre de Walter, Saúl Sandoval, mostró al medio, el jueves 28 de julio.

Walter, de 32 años, es uno de los fallecidos en prisiones salvadoreñas luego de ser detenido  por las autoridades, en las redadas masivas que el gobierno de Nayib Bukele inició desde finales de marzo, al amparo del decretado régimen de excepción y de su lucha contra las organizaciones delictivas.

El joven, dedicado a la agricultura, murió el 3 de abril, en el aparcamiento del hospital de Sonsonate, un municipio del occidente del país donde fue trasladado moribundo, según la familia, desde la delegación policial de Ahuachapán, ciudad del departamento homónimo, en el occidente de El Salvador.

A esa estación de policía había sido trasladado, luego de su arresto el 30 de marzo, en la colonia (barrio) Jardines, del municipio de El Refugio, también del departamento de Ahuachapán.

“Lo torturaron, en las bartolinas (calabozos) de la delegación de Ahuachapán”, dijo el padre.

El joven, agregó, había estado compartiendo con amigos y embriagándose. Minutos más tarde, una patrulla policial lo capturó bajo la acusación de ser pandillero, algo que la familia negó rotundamente.

No alcanzó a recibir ayuda médica, se murió en el parqueo (aparcamiento) del hospital”, agregó el padre.

Para él, la única explicación que tiene de por qué los policías detuvieron a Walter es porque “querían sacar la cuota del día”, en referencia a que los efectivos tendrían asignado un número específico de capturas, a cambio de algunos beneficios en sus tareas diarias.

“Lo torturaron, en las bartolinas (calabozos) de la delegación de Ahuachapán… No alcanzó a recibir ayuda médica, se murió en el parqueo (aparcamiento) del hospital: Saúl Sandoval.

Muertes como la de Walter, de confirmarse la participación de agentes del Estado, son la expresión más violenta y arbitraria de las violaciones a los derechos humanos cometidas desde que el gobierno inició su plan de redadas masivas, en lo que presenta como una lucha frontal contra las pandillas.

Desde finales de marzo, el gobierno salvadoreño mantiene vigente un régimen de excepción que suspendió varias garantías constitucionales, como una forma de parar una abrupta alza de homicidios cometidos por pandilleros entre el 25 y 27 de marzo.

En esas fechas, unas 87 personas fueron asesinadas por pandilleros, en una especie de venganza contra el gobierno que habría roto un oscuro acuerdo bajo la mesa con esos grupos criminales, para mantener bajos los índices de homicidios.

El régimen de excepción, como se denomina esta figura constitucional en el país, se aplica desde el 27 de marzo, con prorrogas mensuales de la Asamblea Legislativa, ampliamente dominada por el gubernamental partido Nuevas Ideas. Desde entonces, las muertes violentas han caído a un promedio de tres

Entre los derechos constitucionales suspendidos se encuentran el de asociación y reunión, aunque el gobierno lo enmarcó solo a grupos delictivos que estuvieran reunidos para organizar crímenes. También se restringe el derecho a la defensa y se extiende el periodo en que una persona puede ser detenida y presentada a los tribunales, que actualmente es de tres días.

El gobierno puede además intervenir las comunicaciones “de grupos terroristas”, refiriéndose así a las pandillas, aunque eso ya podía hacerlo con las leyes ordinarias.

Luego de iniciado el régimen de excepción, los homicidios volvieron a la baja, que ronda los dos o tres muertos diarios, pero incluso hay días en que no se registra ninguno.

Pero en cambio, alrededor de 48 000 personas han sido detenidas y encarceladas preventivamente, todas acusadas por las autoridades de formar parte de pandillas, proscritas por ley. Y el número aumenta cada día.

Sin embargo, familiares de detenidos y organizaciones de derechos humanos han advertido que entre los capturados hay personas que no tenían ningún vínculo con esas estructuras criminales, también llamadas “maras” en El Salvador, y las que conforman un ejército de unos 70 000 miembros.

El 2 de junio, Amnistía Internacional afirmó en un comunicado oficial: en el marco del régimen de excepción actual, las autoridades salvadoreñas han cometido violaciones masivas de derechos humanos, entre ellas miles de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso, así como tortura y malos tratos.

Sin embargo, el presidente Bukele, lejos de mostrarse receptivo ante las críticas, las deslegitima tajantemente y suele referirse a los representantes de esas organizaciones como “sinvergüenzas”, preocupados más por defender los derechos de los pandilleros, según la narrativa oficial.

Walter Sandoval es uno de los jóvenes que han fallecido con muestra de torturas en cárceles de El Salvador en el marco del régimen de excepción vigente en este país desde finales de marzo. La policía lo capturó sin ninguna evidencia que lo vinculara con grupos de pandillas, afirmó la familia del joven, en un caso de los que se repiten cada vez más y que han sido documentados por organizaciones de derechos humanos. Foto: Cortesía de familia Sandoval

Muertes silenciosas y torturas

La organización de derechos humanos Cristosal ha recopilado cerca de 2500 casos de detenciones que, según los denunciantes, han sido arbitrarias, sin fundamento para que sus familiares hayan sido detenidos en el marco del régimen de excepción.

Esa organización también ha monitoreado reportes de prensa, redes sociales e indagaciones propias para establecer que, hasta el 28 de julio, cerca de 65 personas habían fallecido mientras se encontraban detenidas en cárceles del país o en calabozos de la policía, como parte de las redadas policiales masivas.

Algunos de los fallecidos presentaban señales evidentes de golpes y violencia física, como sucedió con Walter y otros casos sobre los que los medios de comunicación  han informado ampliamente.

Los informes oficiales de esas muertes que reciben los familiares son confusos y ambiguos, como el de Julio César Mendoza Ramírez, de 25 años, quien murió en un hospital de San Salvador, la capital del país, el 15 de julio.

El reporte oficial señalaba que había fallecido por un edema pulmonar, es decir, sus pulmones se llenaron de líquido, pero también señalaba que el caso se encontraba “en estudio”.

La duda de que los fallecidos fueron víctima de golpizas y torturas durante su encarcelamiento es algo que no descartan sus familiares ni las organizaciones de derechos humanos.

“La causa de la muerte que le dan a la persona (familiar) en el hospital, a veces difiere del reconocimiento médico legal, y eso da lugar a pensar que algo pasa”, señaló a la abogada Zaira Navas, de Cristosal.

Agregó: “También hay familias que dicen que les dijeron que fue por paro cardiaco, pero tiene golpes en su cuerpo, entonces no es compatible (la versión oficial)”.

Y ante las dudas y acusaciones de que bajo la mirada del Estado se están dando golpizas y torturas, las autoridades simplemente callan y no realizan, por ejemplo, las autopsias respectivas, que develarían lo que realmente pasó.

La abogada Navas remarcó que, incluso dentro del estado de excepción, «las detenciones son arbitrarias» porque el procedimiento seguido no está justificado jurídicamente y son muchas las personas detenidas por la simple denuncia telefónica de vecinos. Algo en que coinciden los defensores de derechos humanos

Una violencia adicional es que entre esa cifra de 2500 denuncias hay cerca de 30 % de personas con enfermedades crónicas, discapacidad o que se encontraban recibiendo tratamientos médico o quirúrgicos, según los reportes de Cristosal.

Se sabe que el personal de las penitenciarías no permite que los familiares de esas personas enfermas reciban sus medicamentos, aunque en algunos raros casos sí lo han autorizado.

“Hemos visto fallecidos porque se presume que han sido torturados, golpeados, etc., pero también han muerto personas a las que no les han dado el medicamento al que están sometidos permanentemente”, explicó a IPS el director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, Henri Fino.


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Sobre el dudoso papel jugado por el gubernamental Instituto de Medina Legal (IML), encargado de realizar los exámenes forenses para informar a los familiares sobre las causas de las muertes, Fino dijo que ese organismo no le merece ninguna credibilidad.

Sobre todo, añadió, ahora que militares del llamado Batallón de Sanidad Militar se encuentran, desde el 4 de julio, en varias sedes del IML, presuntamente para apoyar en tareas varias, incluidas las de tipo forense, dada la falta de personal.

“Qué colaboración pueden prestar (los militares), si no son expertos, y la única razón de que estén en Medicina Legal es para controlar”, aseguró Fino.

Guerra mediática

Algunos de los fallecidos en las cárceles, capturados durante el régimen de excepción, fueron presentados como casos de detenciones arbitrarias e ilegales por los medios locales, en confrontación  con la guerra propagandística de Bukele que afirma que todos los detenidos son, en efecto, pandilleros.

La prensa ha destacado el caso de Elvin Josué Sánchez, de 21 años, quien falleció el 18 de abril en el Centro Penal de Izalco, localizado en las inmediaciones de la población homónima, del departamento de Sonsonate, en el occidente de El Salvador.

Los medios se han referido a él como el caso del “joven músico”, porque en efecto estuvo un tiempo aprendiendo a tocar el saxofón, y han destacado sus virtudes como persona de bien como miembro de una Iglesia evangélica de la zona.

Pero Sánchez, según sus vecinos, era bastante conocido como pandillero activo en su natal cantón El Carrizal, del municipio de Santa María Ostuma, en el central departamento de La Paz.

“Lo veían bien armado, en fincas de la zona, junto a otros pandilleros, y les decía a los dueños que no se aparecieran más por ahí, o los asesinarían”, dijo a IPS un residente de ese municipio, quien pidió no ser identificado.

Situaciones como esa ha favorecido la narrativa de Bukele, entre la población, de que los medios independientes están a favor de los pandilleros y en contra de las acciones del gobierno para erradicar la violencia en el país.

De hecho, los sondeos de opinión muestran que una mayoría de la población de este país de 6,7 millones de personas, apoya las acciones del presidente para enfrentar a las pandillas.

Pero aun ante el hecho de que Sánchez era reconocido por la gente como pandillero, su arresto tuvo que haberse dado siguiendo los procedimientos y protocolos, en base a información fidedigna que comprobara fu afiliación a organización delictiva.

Eso es algo que la policía no suele hacer, en esas redadas masivas donde es imposible que se tenga toda la evidencia para individualizar cada uno de los cerca de 48 000 detenidos.

Tampoco el hecho de que haya sido pandillero ameritaba vapulearlo y someterlo a golpizas que acabaron con su vida, ya que sus derechos humanos debieron respetarse siempre, dijeron los entrevistados.

ED: EG

***

Fuente: ipsnoticias.net

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Asia

Estados Unidos “no abandonará a Taiwán”, promete Nancy Pelosi a la presidenta Tsai Ing-wen

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El viaje de Pelosi, la miembro de mayor rango del Congreso de EEUU que visita la isla desde 1997, ha elevado la tensión con China, que lo ha calificado de “traición deplorable”

Agencia EFE

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, se ha reunido con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, y ha proclamado que Estados Unidos “no abandonará” a la isla, que ha descrito como un “ejemplo” para el mundo.

Su avión ha despegado a las 18.01 hora local (10.01 GMT) del aeropuerto Songshan de Taipéi, después de una visita que ha elevado la tensión entre Estados Unidos y China, que cree que la visita “socava gravemente la paz y la estabilidad a lo largo del Estrecho de Taiwán” y que reclama la unificación con este territorio.

Condecoración

Pelosi, que ha pasado menos de 24 horas en la isla tras aterrizar la noche del martes en una visita no anunciada oficialmente, ha visitado esta mañana el Parlamento taiwanés y posteriormente se reunió con la presidenta taiwanesa.

La congresista demócrata ha asegurado que la “solidaridad estadounidense con Taiwán es crucial” y que la determinación de su país por “proteger la democracia taiwanesa y en el resto del mundo” permanece “inalterada”.

Por su parte, la presidenta taiwanesa, que condecoró a Pelosi con la Orden de las Nubes Propicias por su “apoyo” al territorio, ha defendido que Taiwán y Estados Unidos “continúen su apoyo mutuo” para hacer que “la democracia brille de nuevo”, a la vez que agradeció a Pelosi sus “acciones concretas de apoyo a Taiwán en un momento crítico”. Tsai ha subrayado el compromiso de Taiwán con “mantener la paz y la seguridad en el Estrecho de Taiwán” y ha declarado que su Administración convertirá a la isla en “una fuerza estabilizadora clave” a la hora de “garantizar el desarrollo estable del comercio global y de las cadenas de suministro”.

Por la tarde, Pelosi se ha reunido en la capital taiwanesa con activistas por los derechos humanos entre los que se encontraba Wuer Kaixi, uno de los líderes del movimiento estudiantil que protagonizó las protestas en la plaza pequinesa de Tiananmen, reprimidas por China en 1989.

Antes de montar en el avión y continuar su gira por Asia con paradas en Corea del Sur y Japón, la política ha aseverado en su cuenta de Twitter: “Que nadie se equivoque. El compromiso de Estados Unidos con el pueblo de Taiwán permanecerá inalterable ahora y en las próximas décadas”.

Pekín habla de “deplorable traición”

En las últimas horas, Pekín ha respondido al viaje, que ha calificado de “deplorable traición” y “farsa”, con un despliegue militar en el Estrecho de Taiwán y con sanciones a las importaciones procedentes de la isla.

La portavoz de la Cancillería china Hua Chunying ha dicho, en referencia a la llegada de Pelosi, que las medidas de China serán “las que tengan que ser” y tendrán una naturaleza “contundente y efectiva”, según los medios del país.

Hua ha criticado a Pelosi por, dice, “provocaciones” previas “que acabaron suponiendo vergüenza” para Estados Unidos. Este martes, había declarado que es “difícil imaginar una acción más temeraria y provocadora” que la visita de Pelosi y avisó de la posibilidad de “consecuencias desastrosas si Estados Unidos se equivoca en su juicio”.

Se trata de la primera visita de un presidente de la Cámara de Representantes de EEUU a Taiwán desde 1997, cuando el republicano Newt Gingrich visitó el territorio. También es la visita de mayor nivel por parte de un representante estadounidense desde esa fecha, si bien varias delegaciones de congresistas han pasado por allí en los últimos meses.

Taiwán, con quien EEUU no mantiene relaciones oficiales, es uno de los mayores motivos de conflicto entre China y EEUU. El Acta de Relaciones de Taiwán de 1979 no garantiza que Estados Unidos vaya a intervenir militarmente si China atacase la isla, pero tampoco lo descarta.

China reclama la soberanía de la isla y considera a Taiwán una provincia rebelde desde que los nacionalistas del Kuomintang se replegaron allí en 1949, tras perder la guerra civil contra los comunistas.

Información: eldiario.es

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La red en lucha

ONU resuelve como derecho humano universal un medio ambiente limpio y saludable

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NACIONES UNIDAS – Responsables de las Naciones Unidas celebraron como “histórica” la resolución de la Asamblea General de la organización que declaró el acceso a un medioambiente limpio y saludable como derecho humano universal.

“Esta resolución transmite el mensaje de que nadie puede quitarnos la naturaleza, ni el aire limpio, ni el agua limpia, ni privarnos de un clima estable. Al menos no sin luchar por ello”, declaró este viernes 29 Inger Andersen, directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma).

La resolución de la Asamblea General se aprobó el jueves 28 y  señala que el derecho a un medio ambiente sano está relacionado con el derecho internacional existente, y afirma que su promoción requiere la plena aplicación de los acuerdos ambientales multilaterales.

También reconoce que el impacto del cambio climático, la gestión y el uso insostenibles de los recursos naturales, la contaminación del aire, la tierra y el agua, la gestión inadecuada de los productos químicos y los residuos, y la consiguiente pérdida de biodiversidad interfieren en el disfrute de ese derecho.

Agrega que los daños ambientales tienen implicaciones negativas, tanto directas como indirectas, para el disfrute efectivo de todos los derechos humanos.

El texto, presentado originalmente por Costa Rica, Eslovenia, Maldivas, Marruecos y Suiza el pasado junio, y copatrocinado luego por más de 100 países, recibió el 28 de julio 161 votos a favor y ninguno en contra, aunque ocho estados se abstuvieron: Bielorrusia, Camboya, China, Etiopía, Irán, Kirguistán, Rusia y Siria.

“Esta resolución transmite el mensaje de que nadie puede quitarnos la naturaleza, ni el aire limpio, ni el agua limpia, ni privarnos de un clima estable. Al menos no sin luchar por ello”: Inger Andersen.

Al congratularse por la adopción de esta “resolución histórica”, el secretario general de la ONU, António Guterres, dijo que “este hito demuestra que los Estados miembros pueden unirse en la lucha colectiva contra la triple crisis planetaria del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación”.

La resolución “ayudará a reducir injusticias medioambientales, a cerrar brechas de protección y a empoderar a las personas, especialmente a las que están en situaciones vulnerables, como los defensores de los derechos ambientales, los niños, los jóvenes, las mujeres y los pueblos indígenas”, según el secretario general.

Sin embargo, Guterres agregó que la adopción de la resolución “es sólo el principio”, e instó a las naciones a hacer de este derecho recién reconocido “una realidad para todos, en todas partes”.

En otra declaración, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, celebró la decisión de la Asamblea y también llamó a que se tomen medidas urgentes para aplicarla.

“Es un momento histórico, pero no basta con afirmar nuestro derecho a un medio ambiente sano. La resolución de la Asamblea General es muy clara: los Estados deben cumplir sus compromisos internacionales e intensificar sus esfuerzos para hacerlo realidad”, dijo Bachelet.

Añadió que la resolución “apuntala las obligaciones legales de actuar (en favor del medio ambiente), en lugar de permitir que sea simplemente una política discrecional. También es más eficaz, legítima y sostenible».

Por su parte, el relator especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, David Boyd, sostuvo que la decisión de la Asamblea cambiará la naturaleza misma del derecho internacional de los derechos humanos.

“Los gobiernos han prometido limpiar el medio ambiente y hacer frente a la emergencia climática durante décadas, pero el hecho de tener un derecho a un medio ambiente sano cambia la perspectiva de la gente, que pasa de ‘mendigar’ a exigir a los gobiernos que actúen”, expresó Boyd.

Andersen dijo que «desde su aparición en la Declaración de Estocolmo de 1972, el derecho (al ambiente limpio y saludable) se ha integrado en constituciones, leyes nacionales y acuerdos regionales. La decisión de hoy eleva el derecho al lugar que le corresponde: el reconocimiento universal”.

“Por tanto, es una victoria que debemos celebrar. Mi agradecimiento a los Estados miembros y a los miles de organizaciones de la sociedad civil y grupos de pueblos indígenas, así como a las decenas de miles de jóvenes que abogaron sin descanso por este derecho”, concluyó Andersen.

A-E/HM

Fuente: ipsnoticias.net

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