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Justicia pendiente

Una semana en la frontera de Estados Unidos para pedir asilo

Mujeres y niños integrantes de la caravana del “Viacrucis Migrante” han esperado en la frontera durante una semana para iniciar el proceso de petición de asilo.

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Por José Pedro Martínez

TIJUANA.- Tirados en el suelo ante los ojos de miles de transeúntes, soportando la lluvia y el viento congelado del Pacífico que aún sopla durante estas fechas en las noches de Tijuana, más de 200 personas han permanecido esta semana frente a la garita de San Ysidro, el cruce fronterizo más transitado del mundo. Son familias, casi la mitad de ellos niños de muy corta edad, que tras atravesar México a pie, en autobús y sobre el tren “La Bestia” con la caravana del “Viacrucis Migrante”, se han encontrado este recibimiento en las puertas de Estados Unidos.

“Somos un país muy acogedor, pero al igual que en su propia casa, esperamos que todos entren por la puerta de entrada y respondan preguntas honestamente”, declaró Rodney S. Scott, jefe de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), en un comunicado a la prensa. Unos 200 integrantes de la caravana llegaron el pasado domingo a la frontera acompañados de un equipo de abogados y abogadas internacionales para iniciar el proceso de solicitud de asilo. Sin embargo, las autoridades fronterizas dijeron no tener capacidad y que los migrantes que pretendían ingresar a los Estados Unidos tenían que esperar en México mientras los funcionarios procesaban a los que iban entrando a las instalaciones de la aduana.

Así, a cuentagotas y en grupos reducidos, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y beliceños fueron accediendo a lo largo de la semana a la garita. La primera fue Gabriela Hernández, hondureña de 27 años que viajó embarazada de tres meses y medio acompañada de sus dos hijos de tres y seis años. “Los organizadores de la caravana me dieron prioridad porque tengo un embarazo de alto riesgo”, explica. Su historia encaja con el perfil de la mayoría de los centroamericanos que llegan a Estados Unidos solicitando asilo.

Las lluvias de la semana pasada obligaron a algunas familias con niños a abandonar la calle en la que esperaban a ser atendidos y refugiarse en albergues para migrantes de la ciudad / Foto: J.P. Martínez.

“Al padre de mis hijos le obligaron a trabajar para la mara. Estuvo en la cárcel y cuando salió, la banda rival amenazó de muerte a toda mi familia”. El mismo día que su ex marido salía de prisión, los pandilleros intentaron secuestrar a sus hijos. “Querían utilizarlos para agarrarle a él. Por eso no lo pensé y esa misma noche decidí irme de mi país”. Gabriela cruzó como pudo por Guatemala y a su entrada a México, en Tapachula (Chiapas), encontró la caravana migrante a la que se unió para llegar al norte. “Tengo un tío en Los Ángeles que nos va a recibir. Solo espero que mis hijos crezcan sanos y tengan una buena educación, sin violencia”.

Telsa Rich, solicitante de asilo de Honduras, con su hija Valentina en brazos / Foto: José Pedro Martínez

Tras ella, Telsa Rich, otra mujer hondureña de etnia garífuna que cruzó México con su esposo y su hija Valentina, de 9 meses, en brazos. A diferencia de Gabriela, no tiene familia ni conocidos en Estados Unidos, algo que juega en su contra ante la corte migratoria. “Estoy muy triste porque los abogados me aconsejaron que mi pareja se quedara en México. Él tiene muchas posibilidades de ser deportado, así que primero voy a intentarlo yo”, lamenta entre lágrimas, minutos antes de acceder al control fronterizo.

“El hecho de que una persona salga de su país huyendo de alguna persecución no significa que cumpla los requisitos para entrar a Estados Unidos”, explica Menéndez. “Es muy difícil que aquí acepten un caso de asilo. Deben manifestar que están huyendo de una persecución basada en raza, religión, opinión política, nacionalidad o pertenencia a algún grupo social. Y es aquí donde encontramos el principal problema: demostrar que hay un nexo entre la violencia que han vivido y su pertenencia a ese grupo social”.

La jurisprudencia en materia migratoria establece que las víctimas de la violencia entre pandillas no suponen un “grupo social visible”. Hay casos en los que los solicitantes huyen porque la mafia o el grupo delictivo persigue a la familia entera, como en el caso de Gabriela. Entonces, los solicitantes pueden argumentar que ese grupo visible es su familia. Por ello es más difícil que un hombre soltero cumpla con este requisito esencial para solicitar asilo: unos 150 que venían en la caravana han decidido quedarse en México ante el temor a ser deportados.

Jaime Rodríguez, salvadoreño de 32 años que salió de una pequeña comunidad rural cerca de la capital para buscar trabajo y prosperidad en Estados Unidos, es uno de los que ha decidido quedarse en Tijuana tras su recibir asesoramiento jurídico. “Los abogados me dijeron que iba a estar encarcelado en un Centro de Detención durante meses y que con toda seguridad iba a ser deportado”, lamenta. “Tengo una hija y no puedo permitirme estar medio año sin mandarle dinero. Prefiero quedarme en México y buscarme la vida. Ya veré cómo le hago para brincarme (la frontera). En El Salvador no se puede vivir, las maras te roban, te extorsionan y te matan. Somos pobres, no tenemos de nada, y no puedo buscar trabajo en otros lugares porque los pandilleros controlan a los forasteros y te matan si piensan que eres de los rivales”.

El grupo de mujeres transgénero de la caravana de migrantes tiene más posibilidades que los hombres solteros de recibir asilo en Estados Unidos / Foto: J.P. Martínez

Un grupo muy notable en la caravana es el de las personas transgénero, de unas veinte integrantes, que huyen de la violencia originada por su condición sexual y acentuada por el contexto de inseguridad de sus países de origen. “Muñeca”, guatemalteca de 26 años, cuenta que desde pequeña fue marginada por su familia y los vecinos de su poblado. “Mi hermano me golpeaba y cuando se juntó con los pandilleros me dijo que me saliera de casa o me iba a matar”. Sin recursos ni sustento familiar, muchas de estas víctimas terminan cayendo en las redes de prostitución que se aprovechan de su situación.

La política de asilo con el gobierno Trump

El equipo legal que durante más de una semana ha asesorado a las 365 personas que lograron llegar a Tijuana denuncia que el gobierno estadounidense está atacando el sistema de asilo a través de los jueces. “Con el sistema de migración actual, los casos de solicitud de asilo dependen de la discreción del juez. Entonces, dependiendo del que te toque, puede aceptar tu caso o denegarlo”, explica la letrada californiana Martha Menéndez.

Los tribunales de inmigración en Estados Unidos dependen de las directrices del poder ejecutivo, en este caso, bajo las órdenes del fiscal general Jeff Sessions, quien se sumó a Donald Trump en sucesivos ataques a la caravana del Viacrucis Migrante en actos públicos y redes sociales: “Nuestra nación tiene el sistema migratorio más generoso del mundo, pero esto es un intento deliberado de menoscabar nuestras leyes y de sobrecargar nuestro sistema”, llegó a afirmar en Washington.

Los solicitantes de asilo son retenidos durante varios días en las instalaciones de la aduana, antes de pasar a la evaluación por parte de funcionarios migratorios. “Mi trabajo ha sido asesorarles y explicarles qué les iba a pasar al momento de cruzar la frontera; con quién van a hablar y cómo iba a ser su entrevista de “miedo creíble”. Una vez pasen eso, si no tienen ningún familiar en Estados Unidos, es muy posible que mientras se procese su caso van a permenacer recluídos en un Centro de Detención”, explica Menéndez.

La resolución puede alargarse entre seis meses y un año, tiempo que permanecen recluidos en un Centro de Detención o, en el mejor de los casos, quedar en libertad condicional bajo vigilancia. “Si tienen algún familiar al otro lado, existe la posibilidad de que salgan bajo fianza con un dispositivo GPS atado al tobillo. Pero tienen que tener claro que van a estar en una cárcel, y ellos deben valorar si están dispuestos a estar encerrados en el tiempo que se determine su caso”.

Migrantes en Tijuana. Foto: Los Ángeles Press/José Pedro Martínez

De acuerdo a las estadísticas publicadas por la Syracuse University de Nueva York, más de las tres cuartas partes de los solicitantes de asilo procedentes de El Salvador, Honduras y Guatemala perdieron sus casos entre 2011 y 2016. Además, Menéndez ha alertado a las mujeres que viajaban con sus hijos de la posibilidad de que sean separados. “Solo hay tres centros de detención para familias: dos en Texas y otro en Pensilvania. Se han publicado reportes de que están separando a hijos de sus padres, y también tenemos que preparar a las familias para eso”. Por el momento, tanto Gabriela como Telsa continúan esperando a que se decidan sus casos acompañadas de sus hijos.

Justicia pendiente

CNDH recomienda a FGR reparar daño por caso de Israel Vallarta

Ignacio García

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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CDNH) emitió una recomendación a la Fiscalía General de la República (FGR) para reparar el daño a Israel Vallarta, acusado de secuestro en 2005 por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) en montaje transmitido por Televisa.

El organismo autónomo emitió la recomendación al fiscal federal, Alejandro Gertz Manero, por violentar los derechos humanos de una persona a la integridad personal y de trato digno por actos de tortura atribuibles a la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones.

Esta recomendación de la CNDH se emitió después de la denuncia interpuesta por los familiares de la víctima en 2008, pero fue hasta 2013 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de su coacusada Florence Cassez,, cuando la comisión de derechos humanos inició una investigación por las violaciones graves de derechos humanos.

En la queja presentada por Israel Vallarta se refiere que fue detenido de forma ilegal por elementos federales, quienes lo sometieron junto a Florence Cassez y trasladados a un espacio donde los esperaban trabajadores de Televisa que comenzaron a realizarles preguntas en una simulación.

Por ello, la CNDH solicitó a la FGR que realice las investigaciones correspondientes para que se repare de forma integral el daño a las personas afectadas por los hechos acontecidos hace 16 años, después de que el Poder Judicial proporcionó estas ventajas.

Apenas la semana pasada el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó el montaje difundido en su momento por Televisa, en el cual se señalaba que tanto Cassez como Vallarta como presuntos secuestradores, lo que fue desmentido por las investigaciones posteriores.

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Diputados aprueban eliminar el outsourcing

Ignacio García

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Los integrantes de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados federal aprobaron la eliminación del Outsourcing en cualquier tipo de contrato del gobierno federal.

Con 50 votos a favor y 10 en contra, los legisladores federales aprobaron la reforma para la eliminación de la subcontratación laboral, con la cual se eliminen este tipo de esquema de contratación por medio de terceros para afectar a los trabajadores.

La presidenta de la comisión de Hacienda, Patricia Terrazas, dijo que se analizaron todos los puntos del proyecto, mismo que se prolongó por varias horas, después de que los legisladores del Partido del Trabajo (PT) consideraron que esa figura fue incompleta y se tendría que erradicar por completa esta figura.

La diputada federal del PT, Margarita García, sostuvo que era necesario incorporar que las empresas de seguridad y de limpieza que son considerados empleos no especializados, pues los trabajadores de estos sectores son de los más afectados por las malas prácticas de subcontratación.

Por su parte, la diputada federal de Movimiento Ciudadano (MC), Martha Angélica Zamudio, indicó que en ningún esquema del gobierno federal se debe considerar la eliminación completa del esquema de subcontratación en cualquier área interna.

Esta iniciativa fue retomada en el pleno legislativo para que se incluya esta modificación para la atención de las personas que laboran en diferentes áreas de producción laboral y con ello se fortalezcan las defensas de los derechos sociales de las personas.

Previamente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que se necesita eliminar este esquema privativo de los derechos laborales de los trabajadores que desde la reforma laboral de 2012 han sido afectados por la falta de estas condiciones.

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Familiares de víctimas del Ejército manchan de sangre la SEDENA en protesta

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Por Guadalupe Lizárraga

Con una protesta de sangre en el campamento por justicia afuera de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), familiares de víctimas del Ejército piden justicia al general Luis Crescencio Sandoval y que se atiendan sus demandas, entre éstas la libertad del Capitán Malagón y la reparación de daño a Óscar Kabata, sobreviviente de tortura a los 17 años.

Elizabeth Pérez familiar del capitán de Infantería Vladimir Ilich Malagón Rendón -quien fue torturado y acusado de homicidio en 2010 por la Policía Judicial Militar, después de resistirse a un secuestro por el escolta personal de Javier Lozano Alarcón, exsecretario de Estado vinculado al Cártel de Sinaloa- señaló que su protesta es porque han hecho caso omiso de la injustica y su familiar lleva once años en prisión sentenciado por un falso crimen pasional, después de denunciar la narco-corrupción de altos mandos militares bajo el gobierno de Felipe Calderón.

Asimismo, Laura Kabata, madre de Óscar Alejandro Kabata De Anda, sobreviviente de tortura y violencia sexual a los 17 años a manos de militares bajo órdenes del general Felipe de Jesús Espitia, se sumó a la protesta manchando las paredes del edificio de la SEDENA con su propia sangre. Su hijo, junto con otros dos amigos, fueron detenidos arbitrariamente y retenidos de manera ilegal por el general Espitia. Víctor Manuel Baca Prieto y Ramiro Unzueta Islas fueron ejecutados, uno de ellos frente a Kabata, quien fue liberado cinco días después con amenazas de muerte directamente de Espitia.

Se sumó a la protesta de sangre también Eric Guidchard Peña, quien exige justicia por su padre y tres tíos que fueron ejecutados por el ejército en Chiapas en 1974, y tienen el reconocimiento como víctimas del Estado sin que hasta la fecha le hayan reparado el daño a su familia.

El caso del capitán Malagón y el de Óscar Kabata fueron expuestos ante el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, en conferencia matutina del 6 de abril de 2021, estando presente el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, a quien le pidió un informe, y se valoraría si se creaba una comisión de la verdad para crímenes del Ejército. No obstante, siguen sin ser atendidos.

Desde el 24 de marzo, montaron el campamento con dos tiendas de campaña y colgaron lonas y cartulinas con la información de los hechos y fotografías de exfuncionarios a los que responsabilizan de las injusticias.

 

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