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Con voz propia

Ley de Asociaciones en México, más privadas que públicas

La ley de asociaciones púbico-privadas en México, tal como fue diseñada, favorece la corrupción y carga su principal financiamiento al pueblo

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Foto: composición en la red

Raúl Ramírez Baena*

El tema de las asociaciones público-privadas (APP) no es nuevo en México. Los gobiernos, a partir de 1983, han promovido la inversión extranjera directa e indirecta y han desarrollado diferentes modalidades de asociaciones público-privadas (APP) en sectores como energía, carreteras, suministro de agua, salud, vivienda y educación superior. La administración de Vicente Fox (2001-2006), por ejemplo, desarrolló un esquema de inversión mixta llamado Proyectos para Prestación de Servicios (PPS), una modalidad de APP.

Fox sostenía que las APP elevaban la calidad y la cobertura de los servicios públicos debido a la eficiencia y el capital del sector privado, promovían el desarrollo y la profesionalización de proveedores domésticos y reducían costos para liberar recursos hacia otros proyectos sociales. Una visión de gobierno muy empresarial. De ahí que el 21 de octubre de 2004, el presidente Vicente Fox inauguró la Primera Cumbre de Asociaciones Público-Privadas para las Américas.

Pero la realidad es otra. En los procesos de privatización de servicios de salud, educación, agua potable y construcción de viviendas, el aumento de la cobertura ha quedado determinado por la capacidad de pago de la población (que indudablemente en las crisis recurrentes se deprecia gradualmente), desplazando el capital trasnacional al sector privado interno, a habrá que agregar a éste ante la descapitalización inducida por el gobierno de esos servicios clave para el desarrollo.

Por esa razón, el Estado mexicano no ha cumplido su obligación de destinar el máximo de recursos disponibles para lograr progresivamente el cumplimiento de los derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), como lo establece el estándar internacional en la materia.

Datos de 2015, infolatam.com

Las APP “se inscriben en la tendencia más general hacia la comercialización de los servicios… y no dejan de ser una forma de privatización” (McDonald y Ruiters, 2006), por lo que buscan más la ganancia y el lucro que los objetivos de desarrollo social. Más aún, la privatización de servicios puede conducir a violaciones de los derechos humanos si no se garantiza la accesibilidad económica como componente fundamental de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), por ejemplo, en el caso de que, como así sucede, se incrementen las tarifas de acceso a los servicios básicos (electricidad, transporte, gas, agua, sanidad, alumbrado público) en proporciones que comprometen el disfrute de otros derechos como alimentación, salud, educación media y superior, recreación y cultura y vestido y calzado.

En todo proceso de privatización el Estado debería actuar conforme a su obligación de proteger los DESC frente a acciones de terceros no estatales, supervisando, regulando y garantizando mecanismos y recursos para la defensa de esos derechos. Pero no es así.

En su Observación General Nº 15 sobre el derecho al agua, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU señala, interpretando el PIDESC, que “el agua y los servicios e instalaciones de agua deben estar al alcance de todos. Los costos y cargos directos e indirectos asociados con el abastecimiento de agua deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros derechos reconocidos en el Pacto”, además de varios convenios sobre derechos laborales de la OIT y compromisos asumidos de buenas prácticas empresariales.

Para la gestión del agua en México es indispensable que el gobierno considere “el gran potencial de la participación y la democratización para mejorar el abastecimiento público de agua” y reconozca “que la solución no está en la privatización” (Balanyá, 2005).

Las APP y la corrupción

La idea de que las elecciones sirven para elegir gobiernos que garanticen de forma automática el establecimiento de un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ha resultado ser tan cuestionable como aquella otra que sostiene que la corrupción es esencialmente un fenómeno cultural. Los gobernantes que insisten en señalar las supuestas raíces “culturales” de la corrupción, no hacen sino justificar las conductas deshonestas, empezando quizá de forma interesada por las propias, con objeto de evadir la confrontación política de un grave problema ético y social.

La corrupción constituye una forma de dominación social que surge desde las altas burocracias políticas en contubernio con el sector privado, lo que indudablemente surte un efecto negativo en lo económico, legal, social, administrativo y político.

El mismo Enrique Peña Nieto, en un evento convocado por el Fondo de Cultura Económica a finales de agosto de 2014, insistió en que la corrupción es “un tema cultural”, que no es privativo de México y que se le debe hacer frente con el fortalecimiento institucional. “Me sostengo en lo dicho”, desafió.

Evidentemente, el esquema de APP elevado a rango de ley, favorece el desarrollo de la “cultura de la corrupción” oficial y empresarial, ante la debilidad de los mecanismos institucionales de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. ¿Podemos entonces apostar a la voluntad política cuando desde el sector oficial los funcionarios se encuentran ante la posibilidad de generar riquezas mal habidas al amparo de la ley de APP, aún a costa del quebranto gubernamental y de los derechos humanos de la población?

Hay sectores que aseguran que el esquema de APP es positivo para el desarrollo, que sólo hay que hacer reformas legales para contener la corrupción. Pero, aun así, no nos escaparíamos de financiar con recursos públicos las ganancias del sector privado.

*Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste

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Con voz propia

Poniatowska vs. AMLO

Alberto Farfán

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Por Alberto Farfán

En estos días en donde se observan los nubarrones de la censura en prácticamente todas partes, llama la atención que uno de los personajes más icónicos de la izquierda en México dentro de la esfera periodística y literaria alce la voz para acallar abiertamente sin fundamento alguno al presidente de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

A mi parecer, las conferencias matutinas del presidente son importantes en la medida en que se puede realizar el ejercicio de preguntar, cuestionar, denunciar, evidenciar, etcétera. Tanto a él como a los miembros de su gabinete en términos de los avances de sus políticas públicas para el país.

Y curiosamente, las declaraciones que le hiciera Elena Poniatowska al reportero Edmundo Cázarez en entrevista para Índice Político (18/01/21) guardan cierta relación con la pugna entre el Gobierno federal y el Instituto Nacional Electoral (INE), toda vez que este último desde hace días buscaba prohibir las conferencias matutinas del presidente, aunque posteriormente sólo logró que el mandatario eliminara de sus participaciones hablar sobre los temas de partidos y de comicios en general, pues se avecinan elecciones. Aun así, presidencia ha llevado recursos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que resuelva.

Más aun, por esos días el INE solicitó a la oficina de la Presidencia de la República información acerca de pagos a periodistas que acuden a las conferencias conocidas como “mañaneras” (periodistas con “preguntas a modo”, claro, para lucimiento de AMLO o sin ánimo de ponerlo en riesgo). Y nada de esto prosperó hasta la fecha.

Y he aquí lo que responde la autora del magnífico libro La noche de Tlatelolco, la crónica emblemática del movimiento estudiantil de 1968; pregunta el reportero: “¿Ya chole con las mañaneras?” “Estoy plenamente convencida –dice Poniatowska– que es un exceso del presidente López Obrador con tantas mañaneras, es un abuso del poder presidencial obligar a los periodistas que vayan todas las madrugadas hacer preguntas a modo”.

Por supuesto que nuestra autora galardonada con la Beca Guggenheim en Artes, América Latina y Caribe (1994), Premio Rómulo Gallegos (2007) y Premio Miguel de Cervantes (2014) tiene todo el derecho de expresar su opinión al respecto. E incluso disentir del todo con el gobierno actual. No obstante haber sido una de las más fervientes seguidoras de AMLO desde décadas atrás. Pero como buena periodista que es sabe que frente a una aseveración de tal envergadura hay que presentar evidencias. Y si afirma que hay “preguntas a modo” lo tiene que probar. Pero no lo hace.

Y sobre la continuidad de las mañaneras, le preguntan: “¿Si pudiera hablar con él qué le diría o aconsejaría?” “Le diría: Señor presidente –apunta Poniatowska–, ya párele con las mañaneras. ¿Acaso no se da cuenta que hay un hartazgo nacional?”

¿Y a qué obedece el “parar” (censurar) las mañaneras, además del hartazgo nacional? Según Poniatowska a varias razones. A que los periodistas se levantan muy temprano y llegan corriendo. A que siempre repite lo mismo. A que ya nos tiene a todos al borde de la irritación social. A que nos divide entre “fifis” y “chairos”. E incluso de que las mañaneras se han convertido en una comedia de equivocaciones. ¿Es válido que una persona se erija en la voz de todo un país para censurar sin más? Por supuesto que no.

Finalmente, días después el presidente declinó responder a los cuestionamientos de la escritora, pues fueron varios, y sólo expresó: “Mandarle un abrazo a Elenita que la quiero mucho, eso es todo”, dijo el Mandatario. Infiero cierta condescendencia, y me inclino por ella como conclusión.

          

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Con voz propia

El festín de los buitres

Ramses Ancira

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Historias para armar la Historia

Por Ramsés Ancira

A partir de la publicación del presidente López Obrador de que había adquirido el virus que puede provocar un síndrome respiratorio agudo severo (SARS severe acute respiratory syndrome) según sus siglas en inglés, se ha desatado un verdadero festín de buitres, sin considerar que esparcir carroña, aunque sea en redes digitales, puede provocar una septicemia en el cuerpo social llamado Estado Mexicano.

Orientados por criterios partidistas o ideológicos del más rancio y apestoso conservadurismo, quienes usan la crisis con la idea de que así combaten al Gobierno, pierden la perspectiva de que sus actitudes lo que realmente provocan es el desmantelamiento del Estado. Suponemos que ya están grandecitos, y a menos que hayan estudiado con los Legionarios de Cristo, habrán aprendido la diferencia entre Gobierno y Estado, por lo que este no es el espacio para dar cátedra de civismo elemental.

La histórica actitud tribal de muchos mexicanos sólo ha provocado pérdidas:  desde  los aztecas enfrentados con los tlaxcaltecas;  2 millones de kilómetros cuadrados perdidos porque Zacatecas;  que tenía el mejor ejército del país no quiso intervenir en la invasión de 1847; con Maximiliano porque actuó como Juárez y a través de Miramón le quitó a la Iglesia el monopolio de los entierros, matrimonios y bautizos; millonaria fuga de capitales porque gran parte de los terrenos de  Las Lomas de Chapultepec y Huixquilucan fueron entregados por una señora fanática a Marcial Maciel, quien  vendió en un peso las inmobiliarias que los administraban,   a consorcios de Estados Unidos, las cuales depositaron el dinero en Paraísos Fiscales.

Y así podemos continuar hasta épocas muy recientes cuando cientos de millones de pesos en hospitales,  cuya primera piedra pusieron Calderón y Peña Nieto nunca se inauguraron. 

La crisis del Covid, representa una verdadera guerra a nivel mundial, pero México la enfrenta de la peor manera, desafortunadamente la más común, politizándola. Ya pierden fuerza las teorías de que las vacunas son para inocularnos un chip que inventó Bill Gates, pero ahora hay quienes aplauden la iniciativa (que resultó “Fake News”) de que un empresario veracruzano haya comprado a Rusia la vacuna Sputnik) con lo cual sería posible que se salven primero los ricos.

El festín de los buitres no solo es en rededor de López Obrador, es una recreación histórica de la guerra entre los gachupines (españoles que vinieron al reino de la Nueva España,) y los indianos (hijos de los españoles nacidos en México).

Como sucedió con otra de nuestras raíces, la española, los monárquicos quisieran que hubiera otro Hitler que les ayudara para bombardear Guernica; o, en otro ejemplo, aún más reciente, otro Pinochet para bombardear el Palacio de la Moneda.

Pero resulta que viene el chillido y el rechinar de dientes, porque López Obrador, aislado, pero sigue trabajando, y para “acabarla de amolar”, justamente buscando alternativas al desabasto de vacunas, negociando ahora con el presidente Putin.

Pero entonces vienen otros cuestionamientos. La Sputnik no ha sido avalada por la sacrosanta e inmaculada Administración para el control de alimentos y drogas de los Estados Unidos, (FDA, por sus siglas en inglés). López Obrador no se cierra a la posibilidad de la Sputnik, ni de la CanSino China. “Ha de ser porque nos quiere como conejillos de indias de vacunas que nos van a volver comunistas”, argumentarán algunos, aunque ni China ni la Federación Rusa sigan ya ese modelo político y los virus no tengan preferencias electorales. 

De 130 millones de mexicanos, aproximadamente 100 millones son mayores de 15 años. El acuerdo al que llegó este 25 de enero de 2021 el presidente López Obrador con el mandatario Vladimir Putin representa 24 millones de vacunas, esto significa que uno de cada cuatro adultos que decida vacunarse recibirá el medicamento ruso.

La densidad poblacional en la Ciudad de México, cuya altura hace más difícil la dispersión de contaminantes (probablemente también del virus) y complica la absorción de oxígeno, nos coloca en una situación excepcional, por lo que también se requieren medidas excepcionales.

La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y la secretaria de Salud de la capital de la República Olivia López se la están jugando y están respaldando el tratamiento con Ivermectina, que no se ha recomendado a nivel federal

Será después cuando sea oportuno evaluar cuándo la política y la ciencia, se conjugaron de mejor manera para frenar la mortandad y aliviar la pandemia.

Pero hoy es necesario evitar el festín de los buitres, pues la epidemia de odio será mucho más peligrosa que la del Covid, y en más de cinco mil años de civilización todavía no se encuentra la vacuna. Veamos las relaciones de Israel con los Filisteos, y ahora con los palestinos, solo como ejemplo. 

Una propuesta más. Ni un solo voto a ningún candidato, de Morena o de cualquier otro partido que utilice el COVID como estrategia de propaganda. Así sí podemos politizar, sin contribuir al festín de los buitres.

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Con voz propia

Las coincidencias de dos casos en paralelo en las manos del fiscal de México: Isabel Miranda y el General Cienfuegos

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Guadalupe Lizárraga

La Fiscalía General de la República, bajo la administración de Alejandro Gertz Manero, ha llevado los casos judiciales del general Salvador Cienfuegos, acusado por la DEA en Estados Unidos de narcotráfico en octubre de 2020, y el de Isabel Miranda Torres, señalada por la investigación periodística El falso caso Wallace, desde diciembre de 2018.

Dos casos en paralelo en las manos del fiscal, que presentan ciertas coincidencias.

  1. Con el proceso de Cienfuegos, el fiscal se sintió “linchado” por la prensa, mientras que con el de Isabel Miranda ni asomó la cabeza. En ambos, la FGR determinó el no ejercicio de la acción penal. La supuesta investigación judicial sobre el General duró dos meses. La de Miranda, dos años.
  2. En el primero, la DEA entregó parte de conversaciones que involucraban al General con el narcotraficante H2, del Cártel de los Beltrán Leyva, en un seguimiento de hace diez años; con la segunda le entregué una investigación que me ha llevado seis años de mi vida bajo riesgo, y una serie de hallazgos.
  3. Por una parte, en el caso Wallace, estos hallazgos revelaban que las personas privadas de su libertad eran inocentes; y por otra, las relaciones de Miranda y su hijo con el mismo cártel. En ningún de los dos casos, hubo un seguimiento riguroso a manera de investigación por parte de la FGR.
  4. Dos hechos relevantes a mi mirada: En febrero de 2017, el general Dauahare, asesor de Cienfuegos, visitó el Reclusorio Oriente para visitar a un miembro del Cártel de los Beltrán, en el dormitorio VIP, testigos de por medio. A la semana extraditaron al interno, y ejecutan en Nayarit al H2.El otro suceso, ocurrió en julio de 2019, cuando informé al fiscal Gertz Manero que el narcotraficante Héctor Huerta Ríos, alias “La Burra”, líder de una facción del mismo cártel, había confesado en su celda que él personalmente había asesinado a Hugo Alberto Wallace Miranda.
  1. Esto habría pasado tiempo después de que Hugo Wallace se negara a entregar cargamento de droga al mismo cártel, con el que se relacionaba en términos de tráfico y consumo. El día que yo hablé con Gertz fue el 4 julio 2019, por las 2 pm. Seis horas más tarde, Huerta Ríos era acribillado.
  1. Al día siguiente, a las 7hrs, me enviaron fotos a mi celular de Huerta acribillado en su auto. Fue cuando decidí regresar a California ese mismo día sin concluir mi trabajo en CDMX.
  1. Ahora, el Gral. Dauahare está en la Segob, el narcotraficante que podía aclarar lo de la supuesta muerte de Hugo Wallace está muerto, y Cienfuegos y Miranda, protegidos por la fiscalía. Todos con vínculos al mismo cártel.
  1. De acuerdo con el testimonio del narcotraficante Huerta Ríos, el cuerpo de Hugo Wallace habría sido enterrado en Nayarit. Y quien habría operado como intermediario del cártel de los Beltrán Leyva para que se lo entregaran a Isabel Miranda era el exfiscal Edgar Veytia, alias “El Diablo”.
  1. El exfiscal Veytia, actualmente en prisión estadounidense por narcotráfico, mantenía una relación muy cercana con Isabel Miranda, quien lo reconoció públicamente cuando estaba en funciones por su supuesta eficiencia en la disminución del secuestro en Nayarit.
  1. En entrevista para Aristegui, el fiscal Gertz Manero dijo con respecto a Cienfuegos, “que argumenten lo que les dé la gana, es una primera acción del proceso y es absolutamente combatible”. Refiriéndose a que podía ser impugnado.
  1. Lo que no dijo el fiscal es que el lapso de impugnación es de 10 días, si no dan por cerrado el caso. Con Miranda lo hice, pero entre Navidad y la pandemia, el proceso está detenido, igual que los amparos de las víctimas en busca de que se hagan valer sus derechos, mientras siguen sufriendo el maltrato, amenazas y extorsiones de los directores de penales.
  1. También señaló el fiscal que deben de impugnar con pruebas legales. De las pruebas de Isabel Miranda ninguna era legal, todas fueron fabricadas. En mayo de 2019, Gertz habló delante de mí con el padre biológico de Hugo, y yo le entregué el peritaje original de ADN femenino coincidente con José Enrique Wallace Díaz.
  2. También entregué los videos y documentos apócrifos que me presentaron agentes de la SEIDO cuando me quisieron secuestrar en noviembre 2016 y febrero 2018, bajo órdenes de Miranda por difundir una versión del caso “diferente a la oficial”.
  3. De la recopilación de evidencias por la DEA sobre Cienfuegos, entre otros diez generales, la FGR determinó que no había responsabilidad del General. De Miranda se determinó lo mismo. Lo curioso son las aparentes coincidencias: torturadores, con vínculos al mismo cártel.
  4. Gertz dijo que recurriría a instancias internacionales para que analicen la legitimidad, juridicidad, y el respeto a los derechos humanos con el caso de Cienfuegos, porque se cree que la fiscalía actuó de manera parcial. Y ese linchamiento no lo va a permitir, así lo advirtió.
  5. Sin embargo, en el caso de las víctimas de Isabel Miranda, Gertz no reparó en los factores que hoy menciona, mucho menos en la legalidad de las pruebas. Ni aludió a La Haya ni a CIDH, pese a 8 personas sobrevivientes de tortura, violencia sexual y encarcelamiento injusto.
  6. Concluye Gertz: “Todos somos inocentes hasta que se nos demuestre que somos culpables”. Frase elocuente, cuando las víctimas de Miranda no han tenido la misma suerte que el general Cienfuegos, traducido en un debido proceso y en el respeto a sus garantías constitucionales.
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