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Justicia pendiente

#14libres: PRD paga impunidad de Ebrard

La alegría por los #14Libres distrae la impunidad de Marcelo Ebrard de sus flagrantes violaciones de derechos humanos

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Rita Neri y su madre al momento de la liberación Foto: Robles Maloof

Por Alberto Buitre

Se juntaron, lo hablaron y lo decidieron. Después se supo que los diputados del PRD, Roberto López Suárez y José Luis Muñoz Soria, pagarían la fianza de 141 mil 832 pesos para liberar a los 14 detenidos por las protestas del #1DMx, acusados de “ataques a la paz pública”. Una maniobra que no pudo ser consensada por propia voluntad de los perredistas, o que si lo fue, debieron ser conscientes que el dinero pagado, se invierte en el pellejo de su próximo jefe nacional, Marcelo Ebrard Casaubón, actor central en la brutal represión policiaca con la que protegió a su amigo y compañero político, Enrique Peña Nieto.

Y de paso a Miguel Ángel Mancera, actual ¿jefe? de Gobierno del Distrito Federal quien ya no sabía ni por donde responder a los periodistas sobre su responsabilidad en la razia policiaca de ese día, al grado de decidir maniobrar con su oficina de comunicación social para que desapareciera de los cuestionamientos el nombre del especialista en derecho penal; si, derecho punitivo, eso por lo cual fueron a parar al Reclusorio Norte y a Santa Martha los jóvenes Eduardo Daniel Columna Muñiz, Osvaldo Rigel Barrueta Herrera, César Llaguno Romero, Obed Palagot Echeverría, Sandino Jaramillo Rojas, Alejandro Lugo Moreno, Carlo Miguel Ángel García Rojas, Roberto Fabián Duarte García, Enrique Rosales Rojas, Jorge Dionisio Barrera, Styliano Vackimes, Daniel García Velázquez, Bryan Reyes Rodríguez y Rita Emilia Nery Moctezuma.

Sin duda a todo mundo alegra que estos jóvenes, presos políticos de Ebrard, Mancera, Peña Nieto, del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y del actual subsecretario de seguridad –hasta el 1 de diciembre secretario de la SSP capitalina a las órdenes de Ebrard y propuesto al cargo que hoy ocupa por el autotipificado progresista, Andrés Manuel López Obrador-, Manuel Mondragón y Kalb. Pero eso no significa que se olvide esta burda maniobra del PRD neopeñanietista por saldar la cuenta debida por su jefe político con respecto a los detenidos y más aún, con la cruenta represión que, entre otras cosas, provocó que el manifestante Juan Uriel Sandoval Díaz perdiera un ojo por ataque policiaco, así como otro más que resultó con el cerebro expuesto tras recibir un impacto con balas de goma.

Literalmente, el PRD le echó dinero al problema y se lava las manos.

Luego, en unos meses Ebrard se convertirá en Presidente Nacional del PRD. El asunto ya está acordado, luego de la salida –que no renuncia-, de López Obrador a este Partido para convertir a Morena en su propio instituto político, de cuyo líder y simpatizantes, por cierto, en todo momento callaron convenientemente la responsabilidad de Ebrard -propuesto por AMLO como Secretario de Gobernación en su gabiente,- y más aún, lucen satisfechos con la liberación bajo caución de los 14 detenidos porque “lo importante es que están libres”, dicen, al coro de “lo logramos, compañeros”. Un patético espectáculo de típica manufactura pejista.

Vivan los presos que hoy están libres. Pero que viva la memoria. Lo que el 1Dmx pasó, es un crimen de Estado al que PRD y Morena, congraciándose con el PRI presidencial de EPN, pretenden echar al basurero de la desmemoria, como así hicieron con su responsabilidad en la represión contra campesinos de Atenco en 2005, cuya primera orden se giró desde la entonces perredista administración municipal de Texcoco. Pero de eso tampoco se acuerdan.

Más en: buitre.info

 

Justicia pendiente

Telefonistas acusan a Luisa María Alcalde de frenar reforma laboral

Ignacio García

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Trabajadores telefonistas y universitarios disidentes denunciaron que la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) federal, Luisa María Alcalde Luján, ha frenado el avance de la reforma laboral para transformar el modelo sindical en el país.

Los inconformes acusaron que la funcionaria federal está influenciada por su padre, Arturo Alcalde, quien asesora desde hace años a los gremios sindicales del país y por ello se opone a un cambio en el modelo actual, lo que vulnera los derechos de los trabajadores organizados.

José del Refugio Cano Miramontes, integrante del Frente Telefonista Alternativo, señaló que la titular de la STPS no tiene interés en impulsar la reforma laboral que se planteó desde 2019, por lo que se sigue profundizando el rezago que prevalece en las demandas de justicia laboral.

De acuerdo con los telefonistas, no se ha impulsado la verdadera democracia dentro de las organizaciones sindicales y la pandemia de Covid-19 sirvió como un esquema para evitar el avance de la reforma laboral, por lo que expresaron que se debe eliminar por completo “el charrismo sindical”, cuyos secretarios generales se han perpetuado en el poder.

Indicó que los líderes sindicales han mantenido el control de las bases trabajadoras a partir de la represión, el hostigamiento y las amenazas a los trabajadores, por lo que recordaron que Francisco Hernández Juárez lleva al frente del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana por más de 45 años y no se han cubierto las más de 16 mil vacantes causadas por jubilaciones y pensiones.

Por ello, insistieron en la necesidad de que se garantice un proceso democrático entre los sindicatos del país para que no se sigan reproduciendo este tipo de prácticas que vulneran los derechos de los trabajadores, pues constantemente los líderes sindicales se enriquecen a partir de las cuotas sindicales.

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Justicia pendiente

Familiares de activista Claudia Uruchurtu, víctima de desaparición forzada en Oaxaca, exigen su localización

Ignacio García

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Por Ignacio García y Miguel Montesinos León

Familiares de la activista Claudia Uruchurtu Cruz, víctima de desaparición forzada, el pasado 26 de marzo, en Oaxaca, tras una manifestación por el abuso de autoridad ejercido por el gobierno de la alcaldesa de MORENA en Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, exigieron su búsqueda y localización inmediata.

Por medio de una misiva firmada y conferencia de prensa, las hermanas de la activista, Elizabeth y Sara Uruchurtu Cruz, señalaron que a 19 días de la desaparición de la defensora de derechos humanos no han obtenido respuesta por parte de las autoridades, pese a la petición del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del gobierno de Reino Unido al gobierno federal para localizarla.

Reclamaron que el gobierno mexicano no ha dado respuesta a las exigencias sociales, por lo que la ONU -en su petición- solicita al gobierno de México una investigación clara para localizar a la víctima y a los responsables de la desaparición de la activista.

Recordaron que previo a la desaparición de la defensora de derechos humanos, la activista había denunciado insistentemente el desvío de recursos públicos y las arbitrariedades del Cabildo de Nochixtlán, encabezado por la edil emanado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y posteriormente tras acudir a la manifestación para pedir la libertad de Alfonso Avendaño Rodríguez el 26 de marzo, fue vista por última vez tras el arribo de los policías municipales que disolvieron la protesta.

Aseguraron que se trata del primer caso de desaparición forzada desde que comenzó la administración de Andrés Manuel López Obrador, por lo que solicitaron al gobierno federal la búsqueda y localización de la víctima.

Por parte de Alfonso Avendaño Rodríguez, ante la gravedad de su estado de salud, en la manifestación de hoy participó en su representación su hermano Francisco Avendaño Rodríguez, y explicó que Alfonso había sido detenido por policías municipales de Nochixtlán, y que la activista fue desaparecida cuando acudió a una protesta a las afueras del ayuntamiento para exigir su liberación por haber solicitado el adeudo pendiente que tenía la alcaldía por unos servicios de ferretería que se rehusó a pagar y por lo cual fue golpeado y aprehendido sin razón legal.

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Justicia pendiente

CNDH recomienda a FGR reparar daño por caso de Israel Vallarta

Ignacio García

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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CDNH) emitió una recomendación a la Fiscalía General de la República (FGR) para reparar el daño a Israel Vallarta, acusado de secuestro en 2005 por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) en montaje transmitido por Televisa.

El organismo autónomo emitió la recomendación al fiscal federal, Alejandro Gertz Manero, por violentar los derechos humanos de una persona a la integridad personal y de trato digno por actos de tortura atribuibles a la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones.

Esta recomendación de la CNDH se emitió después de la denuncia interpuesta por los familiares de la víctima en 2008, pero fue hasta 2013 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de su coacusada Florence Cassez,, cuando la comisión de derechos humanos inició una investigación por las violaciones graves de derechos humanos.

En la queja presentada por Israel Vallarta se refiere que fue detenido de forma ilegal por elementos federales, quienes lo sometieron junto a Florence Cassez y trasladados a un espacio donde los esperaban trabajadores de Televisa que comenzaron a realizarles preguntas en una simulación.

Por ello, la CNDH solicitó a la FGR que realice las investigaciones correspondientes para que se repare de forma integral el daño a las personas afectadas por los hechos acontecidos hace 16 años, después de que el Poder Judicial proporcionó estas ventajas.

Apenas la semana pasada el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó el montaje difundido en su momento por Televisa, en el cual se señalaba que tanto Cassez como Vallarta como presuntos secuestradores, lo que fue desmentido por las investigaciones posteriores.

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