Tres de cada diez desaparecidos en México son niños

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Policía estatal de Baja California / Foto: José Pedro Martínez

Los Ángeles Press

Ciudad de México.- La pasada semana se presentó el informe “Situación de Derechos Humanos en México”, un documento que aborda las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre la grave crisis que atraviesa México, caracterizada por una situación de extrema inseguridad y violencia, niveles críticos de impunidad y atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares.

El informe analiza particularmente los numerosos casos de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y de tortura, así como la situación de inseguridad ciudadana, la falta de acceso a la justicia y la impunidad.  Estas violaciones a los derechos humanos afectan especialmente a poblaciones en situación de vulnerabilidad, como son periodistas y activistas por la defensa de los derechos humanos y otros grupos especialmente afectados por el contexto de violencia en el país. “Recibimos, además, testimonios de personas que no denuncian violaciones por temor a represalias”, indica el texto.

En las conclusiones se resaltan los datos oficiales del Estado mexicano, que reportan más de 25.000 personas “no localizadas” o desaparecidas. Las desapariciones tienen un efecto desproporcionado sobre niñas y niños, quienes según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, representan un 30% del total de las desapariciones.

Aunque son varios los estados de la república mexicana los que registran elevadas cifras de desaparición forzada, es en Guerrero -y en particular, por las numerosas fosas clandestinas halladas– donde se ha recrudecido este crimen de lesa humanidad. En Iguala, más de 400 familias se reúnen bajo el nombre “Los Otros Desaparecidos de Iguala”y llevan a cabo estas búsquedas con la esperanza de encontrar a sus familiares desaparecidos desde 2007. Han encontrado más de 106 cuerpos, de los cuales solo siete habrían sido identificados oficialmente.

El dudoso papel del ejército

La atribución a las Fuerzas Armadas de roles que corresponderían a las fuerzas policiales civiles ha dado lugar a mayores violaciones de derechos humanos en México. Entre 2007 y 2011, se duplicó el número de agentes de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y desde el inicio del presente Gobierno las compras de armas incrementaron 100 veces más que en Gobiernos anteriores.

“El índice de letalidad en México en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad es de más de 7 civiles muertos por cada civil herido. Esto contrasta con un uso legítimo de la fuerza en el que la policía debe buscar incapacitar y no matar”.

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Cochoapa, en Guerrero, es el municipio más pobre de Latinoamérica / Foto: José Pedro Martínez

Pobreza: el germen de la violencia

Casi la mitad de la población mexicana vive en situación de pobreza, y más de 11 millones de personas viven en la pobreza extrema.

Uno de los principales generadores de violencia en el continente es la desigualdad social y económica. En México, las zonas del país con los índices de violencia más elevados son también las zonas con más altos niveles de pobreza, desigualdad y marginación.

Los niños y niñas que no estudian y los adolescentes y jóvenes que no estudian ni trabajan son más fácilmente captados y explotados por el narcotráfico y la delincuencia organizada. Esta población ronda el millón y medio en México.

Justicia e impunidad: los lastres

“La falta de recursos económicos suele ser un obstáculo más para el acceso a la justicia”. Según la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la carencia de recursos económicos es una de las razones por las que muchas personas no denuncian los delitos de los que son víctimas.

Cuando los delitos de violencia quedan impunes, se perpetúa la violencia ya que los perpetradores no enfrentan las consecuencias de sus actos, creando una espiral de impunidad. La actual crisis de graves violaciones de derechos humanos que atraviesa México es en parte consecuencia de esta impunidad.

Este problema permea desde las policías, las instituciones de justicia, fiscalías y procuradurías -a nivel estatal y federal- lo cual genera una percepción generalizada de impunidad. Al igual que en otras partes de América Latina, la corrupción ha permitido a organizaciones criminales desarrollarse y establecer verdaderas estructuras de poder paralelas.

“Recibimos testimonios sobre colusión entre grupos delincuenciales e integrantes de policías municipales. Algunas autoridades mexicanas han reconocido también que muchas policías municipales se ven sobrepasadas o cooptadas por el crimen organizado”, indica el informe. “Debido a esta situación, estas organizaciones criminales han logrado establecer un régimen de violencia generalizada y graves violaciones a derechos humanos, en algunos casos con la complicidad de autoridades estatales”.

El caso Ayotzinapa, en el que la policía municipal de Iguala estuvo coludida con un cártel de narcotraficantes para desaparecer a los estudiantes, es un ejemplo paradigmático de esta sitaución.

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Cochoapa, en Guerrero, es el municipio más pobre de Latinoamérica / Foto: José Pedro Martínez

Valoración de la CIDH

El informe ofrece recomendaciones con el objeto de asistir al Estado en el fortalecimiento de sus esfuerzos para proteger y garantizar los derechos humanos de toda la población:

“Valoramos los esfuerzos de México para mejorar la situación de derechos humanos. A partir de 2011, se han introducido importantes reformas en materia constitucional y legislativa.
Las reformas constitucionales elevaron a rango constitucional los derechos humanos contenidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, e hicieron del amparo una herramienta judicial para buscar resarcir violaciones a dichos derechos.

Reconocemos también los protocolos recientemente aprobados para la investigación de casos de tortura y desaparición forzada, así como la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que restringe la jurisdicción militar en casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos de las fuerzas armadas contra civiles.

Ahora el reto del Estado mexicano es cerrar la brecha existente entre su marco normativo y la realidad que experimenta la mayor parte de sus habitantes cuando buscan una justicia pronta y efectiva”.

Guadalupe Lizárraga
Periodista independiente. Fundadora de Los Ángeles Press, servicio digital de noticias sobre derechos humanos, género, política y democracia. Autora de Desaparecidas de la morgue (Editorial Casa Fuerte, 2017).

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