Tortura y fabricación de delitos, políticas de Estado en México: Limeddh

En una manifestación en Oaxaca, víctimas de pres políticos piden justica al gobierno. Foto: Archivo Limeddh
En una manifestación en Oaxaca, víctimas de pres políticos piden justica al gobierno. Foto: Archivo Limeddh

Por Guadalupe Lizárraga

CIUDAD DE MÉXICO.- “Somos categóricos y enfáticos en sostener que en México la tortura se practica como una política de Estado”, señaló Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), en torno a la organización del acto cultural del 27 de junio (11 horas) que se realizará frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República por el Día Internacional en favor de las Víctimas de Tortura.

En un documento de campaña conjuntamente con la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos y las Víctimas de la Prisión Política que comprende países en todo el continente americano, el activista destacó los esfuerzos por la libertad de los presos políticos y contra todas las formas de la violencia estatal que están realizando las diferentes organizaciones internacionales de derechos humanos que se han integrado a esta campaña.

Respecto a México, puntualizó Ramírez López que “el gobierno mexicano ha promovido o tolerado en mayor o menor grado, ya sea por acción u omisión, de manera directa o a través de terceros, que se cometan delitos de lesa humanidad” y enumeró entre estos delitos la desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, tortura, violaciones sexuales, feminicidios, trata de personas, explotación sexual y laboral infantil, ataques a los migrantes, detenciones arbitrarias e ilegales, retenciones arbitrarias, fabricación de delitos e inducción-coacción de testigos, todos éstos “delitos que prevalecen por la total impunidad de quienes los cometen”.

En el documento también señaló que México vive una economía de guerra impuesta, en la que “se nos despoja de nuestros derechos y se fortalece un esquema represivo”. Subrayó que esta economía no permite ni provee seguridad ni justicia y sólo deja las grandes ganancias de la guerra para los grupos del poder. “Miles y miles de víctimas, millones y millones de pesos tirados a la basura en el combate a una delincuencia que el propio Estado organizó”, acentuó.

Activista contra la fabricación de delitos en México. Foto: Limeddh
Activista contra la fabricación de delitos en México. Foto: Limeddh

La destrucción de las vidas en las cárceles

El Reporte final del Informe Prison Insider 2015, presentado por el presidente de Limeddh, una radiografía sobre las cárceles mexicanas, destaca que hasta el 2015 el número de personas detenidas había ascendido a 260 mil, de las cuales 117 mil eran preventivos y 143 mil condenados. De esa población resguardada en un total de 423 centros penitenciarios, 12 mil 300 son mujeres y 3761 son menores de edad.

De 2010 a 2013, hubo un total de 568 fallecimientos dentro de los penales, 507 se debieron a homicidios dolosos, y 58 suicidios. En este sentido, Ramírez López comentó que “existe gran hermetismo de las autoridades penitenciarias para dar a conocer las estadísticas, sólo se conocen casos de muertes en motines o aquellos muy relevantes”.

Mencionó el caso de David Orozco Hernández, vendedor de ropa en un tianguis, quien fue recluido después de ser torturado e incriminado por secuestro en el Centro Federal de Readaptación Social número 4, en Tepic, Nayarit, después de que en mayo de 2009, la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), dirigida entonces por Genaro García Luna, presentara un video a los medios en el que David se inculpaba de secuestro e incriminaba a la francesa Florence Cassez.

Ramírez López señaló que David Orozco “fue sentenciado a 60 años de cárcel, sin embargo, murió el 5 de enero del 2015, estando preso, a causa de secuelas dejadas por la tortura infligida. Y aún ya desahuciado no permitieron que muriera fuera de prisión”.

Otro de los dramáticos casos es el de Brenda Quevedo Cruz, quien fue acusada y encarcelada por el falso secuestro de Hugo Alberto Wallace, inventado por su madre Isabel Miranda Torres, el 11 de julio de 2005. Miranda acusó a Brenda y a otros cinco jóvenes con enormes mamparas en la vía pública, violando la presunción de inocencia y utilizando sus influencias políticas mandó torturar a todos los inculpados dentro de las cárceles. Brenda fue torturada dentro de dos penales, en el penal de Santiaguito, y en el de Islas Marías, a donde fue llevada ilegalmente porque ella aún no ha sido sentenciada. Su proceso sigue abierto y lleva ocho años en prisión.

El activista Adrián Ramírez también ha tomado el caso de Brenda Quevedo para su defensa y ha sido contundente en el diagnóstico de México en materia de derechos humanos: “Vivimos la peor crisis de derechos humanos en la historia de nuestro país, y desde 2006 a la fecha con motivo de la declarada guerra contra la delincuencia organizada, el número de ejecuciones extrajudiciales ronda los 200 mil”, concluyó en el reporte que “la gran mayoría de estos casos son atribuidos a la impunidad con la que actúan los grupos paramilitares, las fuerzas armadas y policiales, a nivel federal, estatal y municipal, y no existen datos estadísticos confiables”.

Entre las organizaciones que integran la Coordinadora en contra de la tortura y la prisión política se encuentra la Alianza por la Justicia Global de los EE.UU, Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos de Chile, Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras, Fundación Lazos de Dignidad de Colombia, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Observatorio de la Escuela de las Américas.

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Guadalupe Lizárraga
Periodista independiente. Fundadora de Los Ángeles Press, servicio digital de noticias sobre derechos humanos, género, política y democracia. Autora de Desaparecidas de la morgue (Editorial Casa Fuerte, 2017).

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