Retroceso en la política migratoria de Baja California

Raúl Ramírez Baena

Al inicio de su administración en el año 2013, el gobernador de Baja California, Francisco Kiko Vega de la Madrid, sorprendió positivamente al crear el Consejo Estatal de Atención al Migrante (CEAM) y, tiempo después, la Dirección Estatal de Atención al Migrante.

Esto alimentaba la esperanza de que, por fin, el Gobierno del Estado tuviera una clara y definida política migratoria en la región, congruente con los principios constitucionales y los estándares internacionales en materia de protección a los derechos de las y los trabajadores migratorios y de sus familiares.

El ex regidor priísta Carlos Mora Álvarez, impulsor del Consejo Municipal de Atención al Migrante en Tijuana a finales de los años 90, junto con las ONG de apoyo a migrantes y la PDH, fue nombrado por Kiko Vega como primer Presidente Ejecutivo del CEAM.

En beneficio de Carlos Mora podemos asegurar que es una persona sensible al tema y conocedor del fenómeno migratorio en la región, con capacidad de convocatoria y conciliador entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno y los albergues y activistas de apoyo a migrantes. Si bien no logró avances espectaculares, por lo menos fijó agenda sobre el tema.

En la última sesión del CEAM en Mexicali, el 12 de abril, Carlos Mora sorprendió al final al leer una carta-renuncia al cargo por motivos personales. La pregunta era, ¿quién se hará cargo entonces del CEAM? La respuesta llegó pronto: el 18 de abril pasado, el gobernador Kiko Vega tomó la protesta de ley a Rodolfo Olimpo Hernández Bojórquez como nuevo presidente ejecutivo de dicho organismo.

¿Quién es Rodolfo Olimpo Hernández Bojórquez? Fue un distinguido militante y fundador del Partido Encuentro Social (PES), siendo diputado local y presidente de la Comisión de Familia, Asuntos Religiosos y Protección Civil en la XXI Legislatura de Baja California, de la cual fue presidente en un período de sesiones. Entusiasta promotor de la Marcha por la Familia en la Ciudad de México, en septiembre de 2016, junto con la Unión Nacional Cristiana por la Familia y el Frente Nacional por la Familia, a la que asistió gozoso al igual que el senador por Baja California Víctor Hermosillo Celada, entre otros.

En esta marcha, que se replicó a nivel nacional, los grupos conservadores rechazaron la denominada “ideología de género”, sin explicar en qué consiste esto; así también, hicieron un llamado a rechazar las “provocaciones” de lo que llamaron “el imperio gay”.

Una de las promociones más cuestionadas del entonces diputado local Rodolfo Olimpo Hernández, fue la reserva que impulsó al dictamen en que el Congreso de Baja California aprobó por mayoría la inclusión del delito de discriminación en el Código Penal del Estado, pero con una reserva que excluye “las manifestaciones y expresiones hechas por quien tenga un sustento en dogma de fe, adoctrinamiento religioso, objeción de conciencia o libertad de cátedra”.

Con la adenda propuesta por Hernández Bojórquez, aprobada por mayoría en el Congreso local, se exime de sanción a los ministros religiosos en caso de que discriminen, por lo que el entonces legislador del Partido Movimiento Ciudadano, Juan Manuel Molina García, llamó “fuero eclesiástico” para discriminar, y la titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de BC, Melba Adriana Olvera, calificó como anticonstitucional la propuesta de Rodolfo Olimpo, pues viola el artículo 1º Constitucional y los tratados internacionales que prohíben la discriminación de todo tipo y sin excepción.

Terminada su gestión como diputado local, Rodolfo Olimpo se separó del PES, laborando en la Contraloría del Sistema Educativo Estatal como asesor jurídico. En 2016 se incorporó a la administración del presidente municipal de Tijuana, Juan Manuel Gastélum, el Patas, como delegado en la Delegación Centro de esa ciudad, cargo al que renunció a principios de octubre de 2017, según la Agencia Fronteriza de Noticias, después de descubrirse un cobro irregular de $300 mil pesos por su secretario particular, Eduardo Cerecero, a los promotores de dos circos.

Nada personal, pero como se ve, Hernández Bojórquez no tiene el perfil ni los antecedentes para ocupar el cargo al que recién se le nombró como titular del CEAM, cuyas funciones tienen como eje principal la protección y defensa de los derechos humanos de la población migrante, sin discriminación alguna.

Kiko Vega vuelve a reproducir los vicios de un sistema político caduco, desgastado y desprestigiado al nombrar a un personaje por “cuota política” más que por méritos propios e identidad con el puesto, perdiendo la oportunidad de inaugurar nuevas formas de hacer política, como, por ejemplo, CONSULTAR con las ONG de apoyo a migrantes, que tienen mucha trayectoria y experiencia en la región como para presentar al gobernador a candidatos idóneos, en beneficio de la población en contexto de migración en la región, extranjeros indocumentados incluidos.

El gobernador debe corregir este error y dar marcha atrás como un intento de democratizar sus actos de gobierno.
Está en puerta la aprobación de la Ley Estatal de Víctimas y, en consecuencia, la creación de la Comisión Ejecutiva Estatal correspondiente. ¿El gobernador Kiko Vega nombrará como titular de esta delicada y especializada Comisión a una persona cuya principal cualidad consista en ser un incondicional de su corriente ideológica?

 

Fotografía: Migrantes haitianos en Tijuana/José Pedro Martínez.

Raul Ramirez Baena
Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, AC. Articulista de opinión en La Jornada de Baja California y Los Ángeles Press.

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