Presuntas extorsionadoras en Metro CDMX, ¿otra fábrica de culpables?

Diario de un reportero

Ramsés Ancira

En los últimos años de gestión de Miguel Ángel Mancera se realizó una campaña en el Metro contra el acoso sexual. No hay duda de que la intención era buena, pero parece ser que también dio ideas para montar una industria de extorsión que parece más obvia en la línea nueve del Metro.

El sábado 28 de enero de 2019, una joven con shorts de mezclilla muy entallados y estoperoles empezó a gritar en la estación Tacubaya que un joven moreno, muy humilde según el aspecto de su ropa, le había tocado los genitales al bajar las escaleras.

La policía del Metro, que ha hecho un operativo contra el robo de celulares, cuyos resultados aún no se conocen, de inmediato rodeó al muchacho, quien ya había sido abofeteado en la cara y sangraba de la nariz.

Algunos informadores espontáneos coincidieron en que la quejosa estaba a mucha distancia de la joven, y el acusado clamaba inocencia, decía que él no había hecho nada. Estos consideraron que probablemente por ser sábado, día de cobro de algunos albañiles, lo que pretendía la mujer, quien fue apoyada por un sujeto que la acompañaba, era sacarle el dinero que pudiera traer el inculpado para no llevarlo al Ministerio Público.

Esa misma tarde en la estación Velódromo de la misma línea nueve del metro, un hombre como de 50 años fue acusado de haber tocado los genitales a dos menores de edad. En este caso y sin que hubiera más testigos u otra prueba aparte de lo mencionado por las niñas, otros pasajeros empezaron a golpearlo en un intento de linchamiento.

El hombre fue conducido al Ministerio Público donde se desconoce si se ratificó la denuncia.

Los tocamientos y “arrimones” en el Metro no dejan de ser ciertos, pero en este caso cabe cuestionarse si tiene lógica que un hombre haya procedido de la misma manera contra dos jovencitas que además resultaron ser parientes.

Es difícil encontrar una manera serena de juzgar este tipo de actitudes cuando incluso se llegó a publicitar que si una mujer consideraba que la miraban con lascivia podía acusar a otra persona.

Por lo pronto, en los medios electrónicos donde se publicó la noticia, las reacciones más destacadas incluían que por eso se debe aprobar la castración química y tendían a lapidar mediáticamente al presunto responsable.

Quienes han seguido esta columna conocen el caso de Víctor Manuel Cervantes, un joven proveniente de Oaxaca que literalmente fue abordado por una joven en la estación Chabacano del Metro, también de la línea 9 y le pidió que le ayudara con una bolsa.

Dos estaciones más adelante, en la estación Centro Médico, cuando el oaxaqueño se aprestaba a transbordar para llegar al Metro Balderas, cerca de donde recién empezaba a trabajar como taquero, el joven fue capturado y encontraron celulares presuntamente robados en el interior de la bolsa.

La intervención de Jaime Martínez Veloz, entonces Comisionado de Pueblos Indígenas y de la secretaria del gobierno de la ciudad de México, Rosa Isela Rodríguez, permitió que más de un año después el joven, que se había confesado culpable por consejo de un abogado de oficio, obtuviera su libertad bajo fianza.

Antes, el muchacho había pedido a sus abuelos que vendieran unas parcelas donde cultivaban café pues otro abogado particular, que también había caído en la cárcel, lo defraudó ofreciéndole sacarlo absuelto.

La historia no tuvo final feliz pues a pesar de la intervención de las autoridades federales y de capital de la república, el muchacho fue obligado a dar varias vueltas a un juzgado penal en Santa Martha Acatitla, donde tenía que firmar cada semana. No tenía donde pernoctar y estaba harto y lleno de miedo, así que decidió irse de la ciudad, con el problema de que al quedar suspendido también de sus derechos políticos no podrá volver a tramitar su credencial de elector y esto le impedirá cualquier trabajo formal o continuar la universidad.

Estos casos son muy difíciles, ni se puede pasar por alto el abuso sexual, sobre todo en caso de menores, ni se debe encarcelar, sin más ni más a los culpados.

En el primer caso aquí narrado, las personas que se condolieron del joven por considerar que no había tocado a la mujer que lo acusaba, lamentaron que no pudieran quedarse, pues otros compromisos les impedían ir a la delegación a rendir su testimonio.

La justicia no puede ser ciega, debe tener los ojos más abiertos que nunca y se deben establecer protocolos más estrictos para evitar que la vida de una persona quede marcada para siempre por una acusación falsa.

Hay un caso distinto, que nos pidió publicar un taxista, y que merece ser contado.

Hace algunos años un hombre necesitaba dinero para hacer un negocio y le pidió cinco mil pesos a un agiotista dejando como garantía las escrituras de una casa. Al final, éste se escondió para no recibirle el pago y los intereses. Un buen día se enteró de que le exigían su casa de cinco millones de pesos como pago del préstamo.

Se negó a entregarla pero estuvo cinco años en la cárcel, tiempo durante el cual tuvo que invertir cerca de un millón de pesos para pagar por su seguridad y su defensa jurídica.

Las acusaciones de fraude procesal también han sido herramienta común de defraudadores de impuestos para quedarse con bienes raíces que no les corresponden. En todo caso este es un delito que deberían promover exclusivamente las autoridades si se consideraron engañadas durante un proceso y no particulares.

Llama también la atención un video presentado recientemente en Canal 11 por el periodista y director del Centro Cultural de Tlatelolco de la UNAM Ricardo Raphael. En éste, Isabel Miranda de Wallace actúa como ministerio público y le pide al detenido (Jacobo Tagle Dobín) que se levante la camiseta para demostrar que su confesión no fue obtenida bajo tortura.

En efecto, no hay cicatrices pero el inculpado dice que las huellas quedaron debajo de los calzoncillos pues había sido violado. Así lo ratificó el protocolo de Estambul, de 88 páginas, con resultado positivo de tortura en su caso y en el de otros coacusados.

La cuarta transformación es aún más urgente en el poder judicial que en el ejecutivo. La vieja lección de los maestros de Derecho: “La cárcel es para los pobres y los pendejos” sigue vigente, aunque ahora podría agregarse también para las víctimas de los extorsionadores.

Ramses Ancira

Periodista desde 1980. Premio Nacional de Bellas Artes Carlos Montemayor en la categoría de Testimonio. Guionista y director del proyecto documental multimedia ¡Halconazo! basado en la obra fotográfica del fotoreportero Armando Salgado. Si deseas apoyar en la realización visita este enlace https://fondeadora.mx/projects/documental-halconazo

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