Presos con más de 20 años en prisión denuncian “consigna” en Morelos

  • Acusados de secuestro y sentenciados a más de 30 años de prisión, les niegan beneficios en el Juzgado Penal de la Primera Instancia de Morelos.
  • El caso de José Avilez Moreno, 22 años en prisión preventiva sin sentencia.
  • Reyna Fierro, pagó 22 años por un crimen que no cometió.

Por Guadalupe Lizárraga

Primera parte

ATLACHOLOAYA, MORELOS.- “Somos los abandonados, somos los walking dead del sistema penal”, dice Jens Herrera Guzmán en referencia a un grupo de 74 presos compurgados que sobrepasan los veinte años de prisión en Atlacholoaya, Xochitepec, Morelos, sin que se les haya otorgado ningún beneficio o derecho que deberían tener, por ejemplo, a una libertad anticipada para quienes cumplieron más del 50 por ciento de la sentencia.

En el caso de Herrera Guzmán, sentenciado a 32 años de prisión por el delito de secuestro bajo la causa penal 276/96, la ley marca que su derecho a una libertad anticipada lo podría hacer valer cuando cumpliera las 3/5 partes de la pena, esto es a los 19 años dos meses. Sin embargo, Herrera lleva 22 años en cárcel, y en la última petición de beneficios, el Juzgado Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, tardó año y medio para resolver negativamente el recurso.

Herrera afirma sin cortapisas: “nuestros casos están en un juzgado de consigna. Todos, a excepción de uno, estamos dentro del tiempo que marca la ley, y la ley dice que cuando se cumpla el 50 por ciento del tiempo de sentencia, podemos tener el beneficio de la libertad anticipada cumpliendo ciertas condiciones”. Herrera conoce bien la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y recita de memoria los artículos que aluden a sus derechos: el artículo 1 que refiere a los derechos humanos; el artículo 8, que establece que los funcionarios y empleados públicos deben respetar el derecho de petición; y el artículo 20, inciso B fracción VI, sobre los derechos de toda persona imputada.

Una mirada a las condiciones de la población carcelaria de Atlacholaya, Morelos. Imagen de la base de datos de Guadalupe Lizárraga.

Sin embargo, denuncia Herrera Guzmán que el ahora exgobernador Graco Ramírez, durante su administración negó todos los beneficios a presos relacionados con el delito de secuestro y delincuencia organizada, por presiones de Isabel Miranda Torres, violando los derechos de los internos. “No importa cuál sea la sentencia, 25, 27, 30 o 40 años. El beneficio de ley lo niegan por consigna, porque lo más curioso es que nos encontramos acusados por el delito de secuestro”, dice Herrera, y explica que los beneficios de la ley son derechos que toda persona imputada tiene, si cumple ciertos requisitos, y uno de los principales requisitos es el tiempo. 

El 4 de octubre de 2017, la Secretaría de Gobierno del estado de Morelos, le realizó una evaluación para determinar si le se le otorgaba el beneficio de la libertad anticipada. Sin contar con una cédula profesional, los evaluadores Juan Jesús Ramírez Núñez, y Martha Arias Mena, jefa del Departamento Escolar, concluyeron que Jens Herrera Guzmán, de 45 años, “no se encuentra asimilando el tratamiento institucional para su reinserción social”. Algunas situaciones correctivas señaladas en el estudio, por ejemplo, son aislamientos de quince días por la posesión de un teléfono celular, y se le determina “no apto para ningún beneficio”, y en 21 años de reclusión (2017) su adaptación al medio carcelario fue calificada de “no idónea”.

Parte de la evaluación técnica que determinó negarle los beneficios de la ley a Jens Herrera.

 

No obstante, Herrera alega haber cursado 24 materias, y tener estudios incompletos en Derecho, más aparte cursos y talleres de oficios, psicología y desarrollo emocional. Ayuda a otros internos a revisar sus casos y a orientarlos para la petición de sus derechos. También señala que el sistema les niega constancias por los cursos y talleres a los que asisten, incluso en las audiencias la juez no asiste, y dice: “es parte de una consigna”.

En una carta pública enviada al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, Jens Herrera Guzmán destacó las violaciones al debido proceso y a las individuaciones de las penas de varios internos, así como la negativa a otorgarles beneficios a todo este grupo. Personas que han trasladado a otros penales sin que haya constancia de los traslados, y destaca en la misiva cinco casos especiales: el de Reyna Fierro, quien compurgó totalmente una sentencia de 22 años, por una acusación fundamentada únicamente con la declaración ministerial arrancada con tortura a su coacusada. Otro de los casos especiales es el de Gumaro Pérez Romero, quien falleció dentro del penal, al parecer, por falta de atención médica. Un tercer caso es el de Tirso Zúñiga Vargas, quien tenía una sentencia de 32 años de prisión, solicitó un beneficio y nunca le dieron respuesta. En cambio, lo trasladaron a otro estado sin constancia de esa acción del juzgado. El caso de Juan Salgado Arrollo, acusado también de secuestro, fue detenido junto con otros nueve coacusados, quienes narraron los hechos a detalle del supuesto secuestro, y los nueve salieron en libertad, mientras él quedó con los cargos, sin haber constancia en el juzgado de una resolución de por qué o quiénes los dejaron ir libres. Y el caso más relevante, a decir de Herrera, es el José Avilés Moreno, quien lleva 22 años en prisión preventiva sin haber recibido ninguna sentencia en todo este tiempo.

Carta al presidente electo Andrés Manuel López Obrador

Atlacholoaya Xochitepec, Morelos

A 13 de noviembre de 2018

Presente.-

Los que suscribimos del Cefereso de Morelos, sírvase este conducto para expresarnos respecto a las reacciones que ocasionan los comentarios de la señora Isabel Miranda, quien ha lucrado con su supuesto dolor y apoyo incondicional de las pasadas administraciones de Justicia, pues se relacionó con un grupo poderoso económicamente y que también fueron víctimas del mismo delito (secuestro), pero –con excepción de la Sra. Wallace y Eduardo Gallo– no intervinieron ni participaron en la investigación, aprehensión, reclusión y enjuiciamiento de los presuntos culpables.

Ahora bien, hoy día existen pruebas contundentes que corroboran que muchos de los procesados por el delito de secuestro fueron fabricados; y a pesar de ello, las autoridades encargadas de impartir justicia son omisas en su proceder, y se dejan influenciar por los poderosos. Situación ésta que se ha reflejado claramente en el estado de Morelos, donde la sra. Wallace y Eduardo Gallo han influido en la aplicación y administración de justicia. Pues por el caso Gallo, después de 17 años que han transcurrido aún continúan personas recluidas por tal delito sin una prueba contundente que corrobore la culpabilidad de los mismos; además, de que los distintos jueces que han estado como “Titular” de los Juzgados Primero y Segundo Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, actualmente Juzgado Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. Juzgados éstos que ya estamos 100% seguros han sido y pretenden seguir siendo de consigna, pues en dichos juzgados hay procesos que al momento de dictar sentencia de Primera Instancia a los seis o siete coacusados, las sentencias por igual a cuarenta años, sin que se respete la individuación de la pena, entre otras violaciones al debido proceso. Así también, incuestionablemente si pides un beneficio de ley, te lo niegan por consigna, no importa si tienes una sentencia de 25, 27, 30 o 40 años de prisión, y llevamos más de 20 años recluidos, pero lo más curioso es que nos encontramos acusados por el delito de secuestro. Situación ésta que está pasando en estos momentos, pues de un grupo de 79 peticiones que hicimos internos del Cefereso Morelos, 55 pertenecen al Juzgado Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, de los cuales 33 de los peticionarios están acusados por el delito de secuestro, 17 por el delito de homicidio, 2 por el delito de violación, 3 por el delito de robo calificado.

De todas estas peticiones, 20 ya fuimos reprobados, en los estudios de personalidad, de los cuales interpusimos un recurso, el cual se encuentran en curso 15, y los 5 restantes están totalmente abandonados. Nueve peticiones no han tenido respuesta de las autoridades penitenciarias ni del Juzgado; seis peticiones ya fueron resueltas en apelación o juicios de garantías. De once peticiones, desconocemos totalmente qué sucedió con las mismas.

Hay cinco casos especiales: (I) Doña Reyna Fierro compurgó totalmente una sentencia de 22 años, sentencia ésta que fue fundamentada únicamente con la declaración ministerial arrancada con tortura a la coacusada. (II) Gumaro Pérez Romero, quien al parecer falleció por falta de atención médica. (III) Tirso Zúñiga Vargas tenía una sentencia de 32 años de prisión, solicitó beneficio y nunca le dieron respuesta. Sin embargo, fue trasladado a otro estado sin que obre en el expediente por tal determinación. (IV) Juan Salgado Arrollo, quien fue detenido junto con otros nueve coacusados, quienes de acuerdo con el oficio de puesta a disposición en donde al rendir declaración ministerial los coacusados narran los hechos del secuestro como quién negoció, quién cuidó, quién privó de libertad a la víctima, lo curioso es que los nueve se encuentran libres. Tan solo se quedó con toda la bronca, quien en declaración ministerial manifestó que era cuñado de uno de los implicados, el cual compraba comida en lata para llevarla al campo, sin saber para quién o para qué era la comida, siendo increíble que el menos culpable según la puesta a disposición.

Pero lo más grave es que en el Juzgado no obra una resolución donde conste por qué o quiénes los dejaron ir libres. Y el caso más relevante es el (V) José Avilés Moreno, quien lleva 22 años en prisión preventiva sin haber recibido ninguna sentencia en todo este tiempo. Proceder éste de las autoridades que están por salir, así de las que acaba de tomar el poder, específicamente la diputada federal María de los Ángeles Huerta, quien al parecer es también aliada de la señora Wallace, y no quiso hacer pública la presente información de presos culpables compurgados o presos que están por consigna, pues ¿qué beneficio le pueden dar un preso que tiene 25 años de sentencia y lleva recluido 23 años? ¿o el que lleva 30 años de prisión y lleva recluido 27 años? Y así puedo seguir con las demás peticiones. Situación ésta que se ve reflejada en el Estado de Morelos con el sr. Saénz, brazo derecho del actual gobernador del estado de Morelos, quien manifestó a los medios de comunicación que la violencia que se está dando en estos momentos en el estado se debía a que las autoridades al mando de Graco, dejaron salir –en lo que va del 2018– mil internos, los cuales son generadores de violencia, siendo esto totalmente falso como lo señalamos anteriormente, más bien deberíamos ser mil los internos que deberíamos salir libres, pero somos el maquillaje de la incompetencia de los funcionarios encargados de impartir justicia.

Causas, motivos y razones por las cuales hacemos un atento y respetuoso llamado al señor presidente electo Andrés Manuel López Obrador y a la próxima secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, nos tomen en cuenta verdaderamente en su próxima visión de gobierno como presos culpables compurgados y por consigna, y se nos dé una segunda oportunidad.

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Guadalupe Lizárraga
Periodista independiente. Fundadora de Los Ángeles Press, servicio digital de noticias sobre derechos humanos, género, política y democracia. Autora de Desaparecidas de la morgue (Editorial Casa Fuerte, 2017).

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