¿Por qué imponer la Ley de Seguridad Interior en México?

En las negociaciones para la Ley de Seguridad Interior en México. Foto: síntesisdelgolfo.com

Raúl Ramírez Baena*

El viejo régimen ha “volvido”, diría el presidente Peña Nieto. Y a mí dirán que en realidad nunca se ha ido. ¿Cómo lo podemos caracterizar entonces? Imaginémonos el gran dinosaurio de cuello largo y cuerpo voluminoso. Sustituyámoslo ahora por el depredador tiranosaurio-rex, más veloz, con dientes muy afilados, carnívoro, por tanto, más peligroso: el modelo de Economía de Mercado, el llamado neoliberalismo.

No hubo poder humano, ni los órganos de la ONU (incluso el mismísimo Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), universidad (UNAM, UIA, U de G), académicos, organismos públicos de protección (CNDH y Comisiones Estatales de Derechos Humanos), actores, ONG nacionales, internacionales y de mexicanos en los EUA, la Iglesia Católica en voz de la Pastoral Social y pueblo en general, que pidieron, rogaron y exigieron a Enrique Peña Nieto y a los diputados y senadores de los partidos del régimen, que se desistieran de aprobar la Ley de Seguridad Interior. Una muestra de desdén a la ONU, a la CIDH y a la sociedad, como nunca en la historia del país.

Tal parece que la única manera en que se hubiera impedido la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, hubiera sido mediante una orden girada a Peña Nieto o a Videgaray por el Sr. Ángel Gurría, Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); la Sra. Christine Lagarde, Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI); el Gral. James Mattis, Secretario de la Defensa de los EUA o, de plano, del mismísimo Donald Trump.

Hay algunas teorías que políticos y analistas han desarrollado para explicar el por qué del empecinamiento para imponer esa ley. Las más importantes:

1.- Para aplacar, incluso por la vía militar, a posibles manifestaciones populares de descontento por la probable imposición del candidato del capital financiero. La política del miedo.

2.- Porque México se ubica en la zona de influencia del Comando Sur del Pentágono (no en vano las recientes visitas realizadas al país por el Secretario de la Defensa y la Comandante del Comando Sur), con fines de combate al narco y a la inmigración indocumentada –sobre todo proveniente de Centroamérica-, como parte de la defensa de la Seguridad Nacional… de los EUA.

3.- Porque la debilitada autoridad civil en México ha cedido ante el poder de la autoridad militar. Por primera vez, los altos mandos militares se apersonaron en el Congreso de la Unión para promover la Ley de Seguridad Interior, además de su protagonismo en los medios de comunicación.

El conjunto de opositores a la Ley de Seguridad Interior se concentra ahora en demandar al Presidente Peña Nieto que ejerza su facultad de “observar” (vetar) la ley aprobada en el Congreso de la Unión, de tal manera que no se publique en el Diario Oficial de la Federación y, por tanto, no entre en vigor en el país. Acción más que imposible al ser Peña Nieto uno de sus más fervientes impulsores.

Lastimó mucho a la sociedad mexicana la simulación con la que supuestamente se abrieron las comisiones unidas del Senado para “escuchar” las voces discordantes y críticas, muy calificadas y certeras, por cierto, ante el llamado del propio Peña Nieto, debido a las fuertes presiones que recibió del interior y del exterior. Algo así como hacer como que te escucho para, finalmente, aprobar lo que me viene en gana.

Por lo pronto, la CNDH ya anunció que ejercerá sus facultades para presentar dentro de los 30 días naturales posteriores a la publicación de la norma, en este caso la Ley de Seguridad Interior, una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), misma facultad que le otorga el artículo 105 fracción II de la Constitución federal, igualmente a la tercera parte de los diputados y/o senadores, como mecanismo estabilizador y de equilibrio del poder público. El balón está entonces en la cancha de la SCJN, que, ahora sí, veremos de qué está hecha.

Pero, además, estando todos distraídos con la Ley de Seguridad Interior, las y los diputados federales modificaron la fracción I del artículo 1916 del Código Civil Federal para que “en la reparación del daño moral se considere el hecho ilícito de quien comunique, a través de cualquier medio tradicional o electrónico, un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causar deshonra, descrédito, perjuicio o exponer al desprecio de alguien”. ¡Golpe a la libertad de expresión!

*Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste

 

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