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Mexico Violento

Peña Nieto rebasó gastos de campaña por casi 5 mil millones de pesos

Los gastos de campaña de Enrique Peña Nieto en 2012 rebasaron los 5 mil millones de pesos reveló la comisión legislativa que investiga el caso Monex

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Peña Nieto con 5 mil millones de pesos por encima del límite gastados en la campaña. Foto: red

CIUDAD DE MÉXICO (11 de marzo, 2014).-Los gastos “no reportados de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, incluyendo las tarjetas Monex ascienden a un total de 4 mil 599 millones 947 mil 834 pesos cuando el tope de campaña presidencial establecido por el IFE era de 336 millones 11 mil 84 pesos”, informó esta mañana la Comisión legislativa de Investigación del caso Monex, a través de su Informe Preliminar.

Con ello, se establece que el entonces candidato presidencial priista, Enrique Peña Nieto, rebasó por 4 mil 236 millones 835 mil 750 pesos el monto establecido.

Los integrantes de la Comisión -con excepción del PRI y PAN- declararon que se destinaron 182 millones 407 mil pesos para fondear 26 tipos de tarjetas Soriana, involucrando con ella a por lo menos 20 empresas, de las cuales el presidente de la Comisión, el diputado Roberto López Suárez, dijo se tratan de “empresas fantasma”, ya que aseguró han visitado las instalaciones y no existen.

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Foto: @Eduardomtelesur / Telesur

“Presumimos, que no solamente se fondearon las tarjetas con estos recursos de procedencia no explicable, sino que pudieron haber fondeado los gastos de campaña de la elección presidencial del PRI y del [Partido] Verde, y esto nos da, en un recuento de gastos que hemos hecho, la cantidad de 4 mil 599 millones 947 mil 83 pesos ( que Enrique Peña Nieto y el PRI gastaron y eso significaría, 13 o 14 veces más el tope de gastos de campaña“, señaló el legislador.

López Suárez junto con los legisladores Manuel Huerta del Partido del Trabajo y Julisa Mejía Guardado del Partido de la Revolución Democrática indicaron que el caso continuará abierto, razón por la cual ya se han girado diversos oficios a instituciones públicas cuyas atribuciones legales podrán esclarecer las operaciones financieras realizadas por Monex.

Los legisladores emplazaron a la Procuraduría General de la República (PGR) para investigar a las empresas involucradas en el caso por el uso de recursos de origen inexplicable.

“Nosotros pensamos que es evidente que la PGR ya tendría que haber detenido a muchos ciudadanos inmiscuidos en este asunto por el tipo de investigación que han realizado los medios de comunicación y la propia Comisión Investigadora”, indicó el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

Por su parte López Suárez mencionó que el próximo martes se hará entrega del expediente de la investigación al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que éste valore el contenido y pueda emitir un juicio sobre el rebase de gastos por parte de Enrique Peña Nieto en la cual, a decir de los mismos, podrían estar involucrados los bancos Banamex, Santander y Bancomer.

Fuente: Telesur

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Mexico Violento

Grupo armado libera a 9 reos del penal de Tula; objetivo prioritario era líder de “Pueblos Unidos”

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Esta madrugada un grupo armado irrumpió en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tula, en donde liberaron a nueve reos, entre ellos José Artemio Maldonado, conocido como “El Michoacano”, líder de la agrupación criminal “Pueblos Unidos” que apenas fue detenido el viernes pasado en el Estado de México.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSPH), los hechos ocurrieron cerca de las 04:00 horas, cuando sujetos irrumpieron en el penal y liberaron al “Michoacano”, por lo que colocaron como distractores dos vehículos incendiados para distraer al personal.

Durante la persecución, dos elementos de la policía estatal fueron lesionados por los presuntos delincuentes, por lo que fueron trasladados al Hospital Regional de Tula, donde se reportan como estables.

Al respecto, el titular de la SSPH, Mauricio Delmar Saavedra, dijo que el objetivo principal del comando era la liberación del líder de la agrupación delictiva, por lo que se desplegó un operativo con el apoyo de la Guardia Nacional, el Ejército mexicano y la policía investigadora para dar con los responsables.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) abrió tres carpetas de investigación para deslindar responsabilidades por evasión, daños a propiedades y lesiones, aunado a que los reos fugados eran procesados por delitos como homicidio y secuestro.

El Michoacano es considerado como el líder de la agrupación “Pueblos Unidos”, grupo criminal que está vinculado con otras organizaciones delictivas como “Los Emes” y “Hades” que se encargan del robo de hidrocarburo en la zona sur de la entidad, así como al tráfico de droga y secuestro.

Apenas este día se llevaría a cabo su audiencia inicial para determinar su situación jurídica, después de su aprehensión el viernes pasado en un operativo conjunto de la PGJEH y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Hidalgo (FGJEDOMEX).

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Justicia pendiente

CNDH pide a gobiernos de Puebla, Jalisco y Guerrero respeto a libertad de expresión

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Redacción

Autoridades de las tres entidades federativas han incurrido en conductas contrarias al libre ejercicio periodístico y al derecho de acceso a la información

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió a autoridades de los estados de Jalisco, Puebla y Guerrero que respeten la actividad periodística y se asegure el pleno ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, de prensa y acceso a la información.

Así lo hizo saber en un comunicado público este organismo nacional, y manifiestó su preocupación ante la reciente declaración realizada por el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien señaló que los medios de comunicación locales deben limitar la información y dejar de hacer publicaciones sobre los delitos de alto impacto porque lastiman el turismo en Puerto Vallarta, circunstancia que no abona al libre desempeño periodístico.

Por otro lado, luego de que los medios “E-Consulta” y “El Popular”, acusaran al titular del Poder Ejecutivo del estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, de realizar un proceso de hostigamiento administrativo en su contra, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, la CNDH llama a las autoridades estatales a salvaguardar la libertad de expresión.

Barbosa Hurtado ha sido denunciado reiteradamente por el hostigamiento contra los periodistas de la entidad, además de promover acciones de hostilidad contra las comunidades indígenas que han revelado fraude electoral y presencia de grupos delictivos.

Asimismo, la CNDH manifiestó su indignación por los hechos ocurridos en días pasados en Guerrero, donde organizaciones civiles y medios de comunicación presentaron una queja ante la CNDH y la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, ante la violación a sus derechos por parte de la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, a quien acusaron de hacer declaraciones de odio en contra del gremio, incluso responsabilizándolos de la violencia que se vive localmente.

Ante la persistencia de agresiones contra periodistas y trabajadores de los medios, la CNDH enfatizó la urgencia de que todas las autoridades federales, estatales y municipales tomen las medidas necesarias, a fin de que la labor informativa no se vea afectada de manera directa o indirecta y eviten expresiones que coarten los derechos fundamentales de las y los periodistas.

En el comunicado, este organismo público, especificó que esto no significa coartar el derecho a la verdad que tiene la sociedad mexicana, y hay que diferenciar el debate sano y el contraste de ideas con manifestaciones que van más allá de esto y ponen en riesgo o coartan con hechos la libertad de expresión.

Para la CNDH es de suma importancia que ante el contexto de violencia que las y los comunicadores continúan enfrentando en el país, se reconozca, respete y difunda la relevancia de la labor que realizan en beneficio de la sociedad, fortaleciendo con ello una cultura de respeto a sus derechos humanos.

Esta Comisión Nacional considera pertinente seguir revisando el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y crear un frente común entre autoridades federales y locales y los propios comunicadores, para apoyar y defender a quienes inclusive, a riesgo de su propia vida, ejercen su libertad de expresión para comunicar, difundir y denunciar públicamente temas que nos atañen a todos y cuyo fin último es asegurar la participación consciente e informada de la ciudadanía.

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Justicia pendiente

Juez vincula a proceso a ex jefe de Gabinete de Mancera por enriquecimiento ilícito

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El Juez de Control de la Ciudad de México vinculó a proceso al ex jefe del Gabinete del gobierno de la capital del país durante la administración de Miguel Ángel Mancera, Julio César Serna Chávez, por el delito de enriquecimiento ilícito.

El juzgador consideró que existieron pruebas suficientes para proceder contra el ex funcionario capitalino y por ello también determinó la inmovilización de las cuentas financieras del ex servidor público, considerado como uno de los principales operadores políticos de Mancera.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que el ex servidor público es acusado de enriquecimiento ilícito durante la administración de Miguel Ángel Mancera beneficiándose de su cargo como servidor público para intereses personales.

De acuerdo con la fiscalía capitalina, después de revisar las declaraciones patrimoniales de Serna no corresponden los ingresos económicos que percibió como funcionario público y el patrimonio que ostentó, por lo que parte de sus ingresos económicos provinieron del Impuesto Sobre la Renta (ISR) aportado por trabajadores de la administración pública de la Ciudad de México.

La fiscalía capitalina identificó un total de 14 propiedades que no están contempladas en las declaraciones de intereses, aunado a que existe un registro de razón social que no fue señalada en su declaración patrimonial, por lo que se dedujo que hubo irregularidades.

En diciembre de 2019 la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México inhabilitó por diez años a Julio César Serna para ejercer un cargo como funcionario público por las diferentes irregularidades detectadas en su actuación como coordinador general de la Central de Abastos de la capital del país entre 2015 y 2017.

Al respecto, el senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Mancera, pidió que se lleve a cabo un proceso legal conforme a lo establecido por la Ley, y que no se politice el caso por haber sido uno de sus colaboradores más cercanos.

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