Peña Nieto en Guerrero, la misma estrategia fallida de Calderón

9 de diciembre del 2013

Con voz propia, El menosprecio del siglo

Guadalupe Lizárraga

Mientras la Policía Ciudadana y Popular de Guerrero celebraba un año de su creación, obligada por la falta de garantías del Estado mexicano, Enrique Peña Nieto decide por medio de su titular del Consejo Nacional de Seguridad el envío de 400 soldados más a Guerrero. El propósito de este operativo, según el comunicado del Estado Mayor, es realizar tareas de “orientación y cercanía” en las comunidades indígenas y Acapulco, durante el resto del mes de diciembre del que van corriendo nueve días.

La gravedad de esta decisión gubernamental va en concordancia con la trayectoria criminal de Enrique Peña Nieto con respecto a las libertades y derechos, del que ya ha dejado antecedentes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero hoy de nueva cuenta ratifica que el bienestar de las comunidades indígenas no será tarea ni ni prioridad de él ni del Estado mexicano. Por el contrario, Peña cree que puede controlar a los indígenas por ser indígenas, sólo con la fuerza militar. A ese grado llega su menosprecio.

Peña pretende desarticular la única esperanza de seguridad que la comunidad ha decidido conforme a derecho por su sistema normativo, ante la complicidad de las autoridades locales con los grupos narcotraficantes. En cambio, Peña, impuesto por la mafia, carente de toda legitimidad como gobernante, pretende decidir con militares en las calles qué deben hacer y cómo deben comportarse los indígenas en sus propias comunidades cada vez más depredadas por trasnacionales mineras y grupos delictivos.

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Aniversario de la Policía Ciudadana y Popular de La Montaña Guerrero. Foto: Sergio Ferrer.

Ni Michoacán con los Caballeros Templarios, ni Tamaulipas y Veracruz con los Zetas, Peña ha tomado la decisión de militarizar seriamente. Las alcaldías, Seguridad Pública y gobierno estatal del estado michoacano trabajan con los Templarios, quienes también son apoyados por los militares. De todo se ha informado meticulosamente en los reportajes de Tomás Borges y se ha informado a la Policía Federal. ¿Qué se ha hecho? Nada. Pero a Mondragón y Kalb y a Peña se les ocurre que militarizando las comunidades indígenas van a parar el crimen organizado operado desde los municipios y gobierno local, sobre todo en las fiestas decembrinas.

De sobra es conocido que ninguna de las zonas militarizadas ha tenido éxito en el combate al crimen. Por el contrario, siendo parte de éste los militares, se sienten con derecho a violar, a matar, a robar, a torturar y a hostigar a la gente nativa. Ciudad Juárez y el Valle de Juárez ha sido el caso emblemático, pero las historias corren desde Tapachula Chiapas hasta Tijuana Baja California.

El gobierno mexicano confunde erradicar con pactar. El narcotráfico no podría operar con tanto éxito sin la venia de Los Pinos. La complicidad y el involucramiento del gobierno de Peña con narcotraficantes ya es un saber popular. Ahora Peña Nieto insiste en jugar con fuego apostando a un estado narcomilitar, para continuar la estrategia fallida de su antecesor el genocida Felipe Calderón, quien todavía en estos momentos goza de plena impunidad. Pero la dignidad no se mata de un golpe con macana o de una ráfaga de AK-47.

La dignidad, al cooperación, los valores comunitarios, y el bullicio de ser comunidad como se muestra en el video que ilustra este texto, es algo imposible de comprender para Peña Nieto y sus grupos de asesores traídos del extranjero para que le digan cómo aporrear al pueblo. Con la militarización de Guerrero es claro que se producirán más violaciones de derechos humanos por parte del Ejército que tiene ya trayectoria de masacres y violaciones a mujeres indígenas en la entidad. Es evidente a todas luces que la arrogancia del crimen uniformado cometerá más atropellos a los vulnerables y protegerá a sus cómplices criminales. Pero ésta es la decisión del gobierno de Peña, militarizar lo que no puede no puede controlar su legitmidad. Así en el día internacional de los derechos humanos, mientras en las zonas de crimen activo del país la complacencia parecería ser la política a seguir.

 

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