Operativos policiaco-militares en Tijuana, como en tiempos de Calderón y Peña

 Raúl Ramírez Baena*

Durante la administración de Vicente Fox, continuando en la de Felipe Calderón con su “guerra al narco” y la de Enrique Peña, se adoptó en el país una estrategia de prevención y contención de la delincuencia y la criminalidad por medio, entre otras acciones, de las “Bases Operativas Mixtas” (BOM), formadas por elementos del Ejército, la Marina, las Policías Federal, estatales y municipales y Agentes del MP.

Caravanas de vehículos circulaban a gran velocidad quitando autos para abrirse paso. Las “temibles BOM”, se instalaban en cruceros para revisar aleatoriamente a automovilistas y vehículos en busca de armas y drogas y para revisar antecedentes de las personas.

Las revisiones se realizaban de manera anticonstitucional, sin orden judicial y sin flagrancia de delito, por lo que proliferaron las detenciones arbitrarias, las violaciones a la presunción de inocencia y al debido proceso, y se registraron múltiples casos de tortura (para la fabricación de culpables) y desaparición forzada de personas. Baja California no fue la excepción.

A pesar de lo espectacular y costoso de los operativos, la estrategia frívola, pragmática, reactiva e inútil, obviamente no resultó exitosa al crecer la inseguridad y los crímenes violentos, registrándose sólo en el año 2018 más de 26 mil homicidios, rompiendo todos los récords anteriores.

Aplauden la militarización con AMLO

El pasado 1 de febrero, en el contexto del debate sobre la Guardia Nacional militar, el Presidente anunció en su conferencia de prensa mañanera que a partir del 4 de febrero iniciará en Tijuana un operativo conjunto mediante la participación, otra vez, del Ejército, la Marina y la Policía Federal, en coordinación con las policías estatal de Baja California y municipal de Tijuana. ¿Una reedición de las BOM?

El Presidente justificó el operativo ante el aumento de los homicidios en la ciudad fronteriza, un promedio de 7 diarios en lo que va del año. Inmediatamente, las cúpulas empresariales, como siempre, expresaron su beneplácito por el anuncio presidencial. Por su parte, el controvertido alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum, calificó como “excelente” que el Presidente volteara a Tijuana y lo atribuyó a que “fueron escuchadas las demandas ciudadanas”, y el Secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Marco Antonio Sotomayor, argumento que “dicha estrategia será clave para disminuir el número de asesinatos en la ciudad.”

Por su cuenta, el Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, el empresario Juan Manuel Hernández Niebla, dijo: ““Debemos de aplaudir y congratularnos por el hecho de que el Presidente de la República voltee a ver a Tijuana en materia de seguridad y la convierta en unos de los puntos prioritarios.”

Interesante el optimismo de los sectores empresarial y oficial en la repetición de la receta de años anteriores. Así, si continúan los crímenes en Tijuana, la culpa será del gobierno federal.

Sabemos que hoy, a diferencia de gobiernos pasados, la estrategia de largo plazo del gobierno federal contempla también atacar el crimen desde su origen social y mediante la creación de fuentes de trabajo.

Algunos puntos críticos sobre la estrategia militar

1.- Además de que no están capacitados para las tareas de prevención e investigación de los delitos, los militares venidos de otras regiones del país para tareas de seguridad pública no conocen la ciudad ni la dinámica social y delictiva local. Al no estar arraigados en las comunidades, no se identifican con las necesidades y demandas de la población;

2.- Las policías estatal y municipal, a pesar de conocer el terreno y la actividad delincuencial, se verán desplazadas y relegadas en la toma de decisiones, en razón de que la autoridad militar, en un esquema de mando único, jamás se someterá a la autoridad civil;

3.- Por su naturaleza, la estrategia de seguridad con énfasis militar, no contempla la posibilidad de contar con contrapesos ciudadanos, así como la participación de especialistas y organismos públicos y civiles de derechos humanos en el diseño del modelo y la evaluación de los resultados;

4.- En la propuesta de seguridad del gobierno federal, no se observa un plan de reestructuración y fortalecimiento de las policías civiles ni el respeto a sus derechos humanos. Tampoco se conoce un compromiso firme con la implementación en todo el país del Servicio Profesional de Carrera Policial, ni de promover la Carrera Policial;

5.- El cambio de gobierno representaba la oportunidad de acceder a una etapa superior y progresiva de la Seguridad Pública, mirando hacia la propuesta de la ONU y de la CIDH para adoptar el paradigma de la Seguridad Ciudadana, en que la Seguridad no sólo es un asunto de policías, sino de toda la administración pública en su conjunto;

6.- Tampoco se conoce un plan para abatir la impunidad en delitos y violaciones a los derechos humanos cometidos por policías y militares, y

7.- Contrario a la visión oficial, el momento obligaba al avance hacia la desmilitarización y la democratización de la Seguridad, mediante una profunda reforma policial.

AMLO ha tomado decisiones consecuentes con sus promesas de campaña, pero, estando en la impunidad la mayoría de casos de desaparición, tortura y ejecución de personas cometidas por el crimen y las fuerzas civiles y militares, es de extrañar que en los asuntos sobre Seguridad Pública no se escuche y atienda a los conocedores del tema.

Por lo pronto, habrá que estar atentos al nuevo operativo militar en Tijuana.

Raul Ramirez Baena
Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, AC. Articulista de opinión en La Jornada de Baja California y Los Ángeles Press.

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