Operativos mochila violan derechos de la niñez en Baja California

 

Raúl Ramírez Baena

Una sociedad que sacrifica su libertad en aras de un poco
de seguridad, no merece ni la libertad ni la seguridad.
Benjamín Franklin

Las madres y los padres de familia no encuentran hoy en día más alternativa que, por conducto de las asociaciones de padres de familia y de los directivos de las escuelas, demandar que las policías controlen las conductas antisociales de las y los menores en las escuelas, para prevenir y sancionar la posesión de objetos ilegales como drogas y armas.

La respuesta de las autoridades, sin capacidad, visión social ni voluntad política para resolver este problema desde su origen (ruptura del tejido social, bajos ingresos familiares, bajo nivel cultural y educativo de padres y madres, violencia familiar, maltrato infantil, protección a las bandas de narcomenudeo es las colonias, carencia de servicios públicos y de salud, transporte y vivienda digna; hacinamiento en el hogar, carencia de alternativas para el uso positivo del tiempo libre, violencia en las redes sociales y otros), es institucionalizar los Operativos Mochila, mandando a las escuelas a policías con perros entrenados para husmear y revisar en las mochilas de asustados menores, como si esto fuera la solución.

Esto forma parte de las medidas populistas, pragmáticas, inútiles y violadoras de los derechos humanos, como la militarización de la seguridad, que no van al origen de los problemas que provocan la inseguridad y sus secuelas y que resulta en graves abusos oficiales, por lo que el gobierno coloca a la sociedad en el falso dilema de escoger entre seguridad o derechos humanos.

Con gran énfasis, el gobierno del Estado de Baja California distribuyó la semana pasada un boletín de prensa en donde se vanagloria de reforzar las acciones mencionadas, por conducto de la Policía Estatal Preventiva, “para detectar sustancias o artefactos ilícitos”, dice el boletín de prensa oficial. Como si todos los estudiantes fueran potenciales criminales.

Y más: “Con el objetivo de salvaguardar la seguridad de la población estudiantil y prevenir acciones ilícitas en los planteles de primaria, secundaria y preparatoria de la entidad… se han logrado buenos resultados ya que durante el 2017 se realizaron 328 operativos beneficiando a más de 83 mil estudiantes donde lo más importante es prevenir y mantener un ambiente de tranquilidad los centros escolares, garantizando que acudan a aprender.

“… durante estas acciones se han retirados artículos prohibidos por el reglamento escolar cómo plumones permanentes los cuales pueden ser utilizados para el grafiti, pero que no implican un riesgo para la seguridad, el patrimonio del plantel o para el aprendizaje”. Vaya, en la visión oficial, traer plumones es un peligro social, en lugar de promover con ellos la pintura y el graffiti artísticos. Entonces, bajo esa lógica, ¡traer dinero pudiera servir para comprar droga!

El comunicado, que presenta estas acciones como “benéficas” para los menores, remata diciendo: “Los operativos mochilas (sic) se llevarán a cabo en coordinación la (sic) Unidad K9 de la Policía Estatal Preventiva (PEP) quien a través de los binomios caninos detectan en las mochilas, mesabancos o cualquier rincón cualquier sustancia ilícita y se realizarán de manera permanente para evitar que los jóvenes se vean inmersos en acciones antisociales y estén alejados de actos ilícitos.”

Es muy probable que las madres y padres de familia desconozcan cuáles son los derechos humanos de sus hijas y sus hijos y, ante el miedo y las amenazas a su seguridad e integridad, avalan y hasta exigen la presencia policial en las escuelas para “salvar” a sus buenos hijos de las malas influencias; es decir, que la policía resuelva lo que ellos no pueden hacer en casa. Esto, en lugar de exigir a las autoridades la solución de los problemas estructurales que colocan a sus hijas e hijos en riesgo. Las autoridades sí están obligadas a conocer los derechos que amparan a las y los menores y actuar en consecuencia para su debida protección, más no con una visión y actuación policíaca-punitiva.

Esos operativos que orgullosamente exhibe la autoridad estatal, violan los derechos a la presunción de inocencia (al obligarlos a abrir sus mochilas a los policías y a los perros, todos los menores son culpables mientras no demuestren lo contrario); son actos de molestia prohibidos por el artículo 16 Constitucional y niegan los deberes de todas las autoridades, plasmados en el artículo 1º de la Carta Magna, de “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”, más, bajo el principio del Interés Superior de la Niñez.

Las madres y padres no caen en cuenta que, al no contar el Sistema Educativo con recursos suficientes para el tratamiento integral de menores con problemas y su entorno familiar, éstos pudieran quedar marcados negativamente.

Los Operativos Mochila representan una corta visión punitiva que criminaliza y estigmatiza a aquellos menores que son sorprendidos con objetos ilícitos, como si esto fuera un problema individual y no de carácter social, como si los gobiernos no tuvieran responsabilidad en las causas que provocan esas conductas antisociales.

Con la participación de madres, padres y personal docente, hay alternativas para revisar de manera aleatoria las mochilas sin acciones policíacas que violenten los derechos de la niñez. De cualquier forma, las autoridades deben protegerlos no sólo de las conductas antisociales, sino también de las propias autoridades, como las que ordenan y ejecutan los Operativos Mochila.

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