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Justicia pendiente

Niña tzotzil, víctima de trata, violación y feminicidio, en silencio

Más de un año en impunidad y silencio en el caso de la niña tzotzil, María Flor Vázquez, entregada para explotación sexual y asesinada

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En el cementerio de San Juan Chamula Foto: red

Por Patricia Chandomí

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chiapas.- Antes de ser violada por diez hombres y asesinada en julio de 2011, la niña tzotzil María Flor Vázquez de 10 años de edad, fue entregada por su hermana a una tratante de nombre María “N” de la colonia Primero de enero, de San Cristóbal de las Casas. María «N» es conocida como tratante de mujeres indígenas, las coloca de sirvientas en las casas, de meseras y prostitución forzada.

La hermana de María Flor fue empujada por la miseria a acudir con María «N», para conseguir trabajo, siendo una de las 9 hijas de una pareja desplazada del municipio de San Juan Chamula.

María Flor y su hermana vivían en condiciones extremas de pobreza, en un techo de 4 X4, sin sustento alimenticio. La hermana de María “N”, de 16 años, es colocada como sirvienta, pero debido a los malos tratos renuncia. La tratante la amenaza con una supuesta deuda contraída, y ante el miedo, la joven acude nuevamente pero ahora con su hermana de diez años, a quien pone a disposición de María «N».

La niña María Flor trabajó unos días como empleada doméstica en casa de la tratante. A los pocos días le dice que la llevará a casa de su socia Carmen “N”, en este lugar la niña es notificada por la hija de Carmen, también del mismo nombre y con 14 años de edad, que será llevada a otro centro de trabajo.

La niña es transportada en una camioneta por el chofer de María a una cantina marginal en San Cristóbal de las Casas. En este lugar la esperan diez hombres quienes la violan hasta casi dejarla sin vida. Una vez pasada la violación múltiple, la hija de Carmen y el chofer, quienes esperaban afuera del cuarto, se percataron que María Flor aún respiraba.

Ante el temor de ser denunciados, Carmen y el chofer asfixiaron y mataron a la niña con un arma punzocortante, para luego tirarla en un callejón en el municipio de Huixtán, en agosto del año pasado.

La familia de Flor María interpuso una denuncia por secuestro, ya que no tenían noticias de ella, y la Fiscalía Indígena detuvo a los dos asesinos. Sin embargo, María “N” y Carmen como otras personas, incluyendo a los propios padres y madres siguen ofreciendo como mercancía a sus hijas.

Niñas Chamula vendiendo artesanía Foto: mevaisadarelviaje.blogspot.com

La depredación normalizada

De manera histórica las mujeres indígenas de los Altos de Chiapas, una de las regiones más empobrecidas del estado, se han empleado como servidumbre. La explotación de las familias empleadoras en la cabecera municipal de esta región, San Cristóbal de las Casas, es una actividad común, que muchas de las familias creen que les pagan lo suficiente al darles un techo y unas tortillas por jornadas que rebasan las 16 horas diarias.

En su mayoría, las mujeres empleadas domésticas son de origen rural, expulsadas por la pobreza de sus comunidades de origen, migrando a las ciudades en búsqueda de mejores condiciones de vida.

 La especialista, Norma Iris Cacho Niño, en su investigación “La situación de las empleadas domésticas en Chiapas: explotación laboral y discriminación”. explica que «el empleo doméstico se vuelve para muchas de ellas la única alternativa, dado los bajos niveles de educación con los que cuentan, además de las condiciones de marginación que caracteriza su llegada a las ciudades».

El monolingüismo, el analfabetismo y la baja escolaridad se correlacionan con un gran desconocimiento de parte de las mujeres indígena y rurales de sus derechos humanos, reporta El Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas (COLEM) y el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH). En las regiones indígenas y rurales, el ejercicio de los derechos puede estar vinculado a la voluntad del esposo o padre.

“El Estado tolera y contribuye a la discriminación y la violencia de género al actuar sin la debida diligencia para prevenir, atender, responder y reparar las violaciones a los derechos de las mujeres causada por particulares o por agentes del mismo Estado. El hecho de que el estado mexicano rara vez sanciona la violencia y la discriminación que se comete contra las mujeres, contribuye sin duda alguna, a su perpetuación”, indica un reporte de ambas organizaciones civiles.

María Flor es un caso paradigmático que visibiliza la grave violación histórica a los derechos humanos de las niñas indígenas y marginadas en Chiapas. María “N” no es la primera ni la única persona en estar vinculada a este tipo de delitos en San Cristóbal de las Casas.

“Se violó uno de los derechos más fundamentales de las mujeres, el derecho a la vida, a una vida libre de violencia, el derecho al pleno respeto de la integridad del cuerpo; hago un llamado a las autoridades para que a la brevedad realicen investigaciones exhaustivas para no dejar impune este caso, porque los detenidos no son los únicos responsable del asesinato de Flor María; sin duda, la pobreza extrema, falta de información, de políticas públicas adecuadas e interés de las autoridades, tienen mucha responsabilidad”, sostuvo la abogada Martha Figueroa.

Fuente:  Periodismo de los derechos d ehumanas y humanos en Chiapas

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El Caso Wallace

Respuestas puntuales a Isabel Miranda sobre fabricación de secuestro Wallace

Respuestas a las mentiras sobre el secuestro Wallace de Isabel Miranda de Wallace que dio en entrevista a través de la red de Youtube

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Por Guadalupe Lizárraga

En referencia a la entrevista a Isabel Miranda Torres hecha por un señor de nombre Gustavo Rodríguez, con subtítulo de “Charlando con Isabel Miranda de Wallace”, en la red Youtube, doy respuesta puntual a cada una de sus mentiras con relación a mi persona y al falso caso de secuestro y homicidio de su hijo.

Sobre “el gran poder que han adquirido los delincuentes”:

Cuando Isabel Miranda se describe a sí misma como una persona que tiene el valor para defender a víctimas del delito, ¿qué puede pensar usted, lector, de alguien que necesita auto halagarse ante una cámara? Lo que ha hecho Isabel Miranda es engañar a México, y traficar influencias con políticos y funcionarios de los diferentes poderes públicos. Su relación con procuradores, gobernadores, fiscales estatales, con servidores públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado, ministeriales y miembros del Poder Judicial, son parte del entramado de corrupción para sostener la mentira del hijo secuestrado. La imagen de portada es una muestra de las relaciones visibles de Isabel Miranda Torres con funcionarios públicos de la Procuraduría General de la República, desde 2001; pero que en 2005 fueron clave en la fabricación de secuestro de su hijo.  

 

Sobre “casos muy relevantes, o que se convirtieron en casos muy relevantes porque yo los di a conocer”:

Isabel Miranda hace referencia al caso de Florence Cassez, y miente al decir que ella lo dio a conocer, porque fue directamente Genaro García Luna, a quien se le debe la política represiva de fabricación de culpables para simular eficiencia policial. A continuación, el testimonio de Cassez sobre Miranda:

De Isabel Miranda de Wallace, la verdad, hay mucho que decir, si uno mira mi expediente. Yo me di cuenta —como todos los mexicanos— de ella y de su insistencia en salir en los medios, de cómo ella tomaba la palabra ante los medios de comunicación para hablar de mi caso sin conocerlo, y decía cosas que ni venían al caso en el expediente. Ella siempre estaba con Cristina o con Ezequiel, las supuestas víctimas, diciéndoles lo que tenían qué decir, hasta el último, hasta en la Suprema Corte de Justicia, y en los medios, con un discurso impertinente para el expediente. Yo siempre vi su manera de manipular a Cristina y a Ezequiel en sus declaraciones, y cómo manipulaba a los medios y a la gente de México. Ella manipuló a todo mundo”.

Testimonio de Florence Cassez ante el Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento
18 de agosto de 2018
Ciudad de México

Sobre que “la señora Brenda Quevedo Cruz es pareja de Juan Carlos Cortés Vallarta”:

Brenda y Juan Carlos mantuvieron una relación epistolar. Esas cartas fueron fotocopiadas y enviadas a Isabel Miranda desde el penal de Coatlán del Río, y Miranda, en flagrante violación del Artículo Constitucional Número 11 que, en sus apartados uno y dos, refiere el derecho al respeto de la dignidad, y a que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, tenía “arreglos” con los directores de penales para que le fotocopiaran la correspondencia. Así lo ha hecho con todas sus víctimas para controlar su información desde los penales. En el caso de César Freyre le retenía las cartas. En el caso de Jacobo Tagle, su madre Raquel Dobín, en su testimonio en rueda de prensa, el 10 de diciembre de 2018, afirmó que, en una ocasión, le había llegado una copia fotostática de la carta de su hijo, en vez de la original.

Sobre que “entre ellos (víctimas) arman una estrategia junto con sus abogados para decir que mi hijo está vivo, pero nunca han aportado nada al juez.»

Absolutamente falsa la “estrategia entre inculpados y abogados”. En primer lugar, porque los abogados que los representan son abogados de oficio, porque los particulares fueron amenazados, encarcelados por falsas acusaciones, o amenazadas sus familias. La siguiente imagen de la izquierda es un fragmento de la carta de César Freyre, escrita el 30 de enero de 2019, en alusión a los abogados. La segunda imagen de la derecha es un fragmento del auto de libertad de la abogada de ellos, Ambar Pérez Treviño, quien fue encarcelada por varios meses por falsas acusaciones de Miranda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En segundo lugar, siguiendo el señalamiento de Miranda sobre la supuesta estrategia para molestarla, enumero algunos indicios de vida de su hijo, en orden cronológico, que se deducen por elementos de prueba aportados a la causa 35/2006, consistentes en las inconsistencias lógicas del secuestro y de la inexistencia del cuerpo:

  1. Isabel Miranda da tres declaraciones ministeriales sobre el supuesto secuestro de su hijo, en fecha del 13, 23 y 27 de julio de 2005, sin hacer referencia a ninguna exigencia de rescate.

2.      Reporte del Agente Federal de Investigaciones (AFI) Moisés Castro Vil, del 18 de julio de 2005, en el que descarta el secuestro. de Hugo Alberto Wallace Miranda.

3.      Declaraciones ministeriales de Enrique del Socorro Wallace Díaz (padrastro de Hugo), con fecha del 22 de julio y 22 de septiembre de 2005, en las que confirma que no se les ha pedido rescate.

4.      Dos notas de rescate idénticas que Isabel Miranda aporta hasta el 31 de agosto de 2005, y entrega una a cada procuraduría. La pregunta es inevitable: ¿Qué criminales iban a mantener a su víctima durante mes y medio sin pedir el rescate, si el objetivo es el lucro?

5.      Estado de cuenta en el que se encuentran 5 compras con la tarjeta de crédito de Hugo Alberto, realizadas el 20 de julio de 2005. En el programa de Espiral Canal 11, no pudo dar respuesta al periodista Ricardo Raphael.

6.      Declaración ministerial de Isabel Miranda del 22 de agosto de 2005, en la que refiere al retiro del dinero de la tarjeta de Hugo Alberto el 11 de julio de 2005, a las 21:16. Al día siguiente, el 12 de julio de 2005, la tarjeta bancaria con la que se hizo el retiro aparece en el domicilio de Hugo Alberto. Isabel no da respuesta.

7.      Mensaje de voz de Hugo Alberto Wallace Miranda, grabado el 1 de noviembre de 2005, en el celular de José García Sepúlveda, que cinco personas reconocieron la voz de Hugo Alberto. Estas personas fueron la novia Geazul Ponce Juliá, la empleada Isabel Neri Lujano, el chofer Luis Antonio Sánchez, el instalador de cámaras Rodolfo Munguía López, y la exnovia Vanessa Bárcenas Díaz.

8.      Dos actas de nacimientos oficiales, como Hugo Alberto Wallace Miranda y Hugo Alberto Miranda Torres (copia reciente 2019). Dos CURP a nombre de Hugo Alberto, uno registrado en 1999 y otro en 2010. Registro del SAT activo con su doble identidad.

9.      Declaraciones ministeriales de testigos que hablaron y vieron a Hugo Alberto después de la supuesta muerte. Entre estos, su amiga cercana Laura Domínguez, el investigador José Luis Moya y un testigo que se identificó como El Alfil, en el que declara haber visto a Hugo en junio de 2006.

10.   Peritaje de la muestra de sangre y elemento piloso que aportó Isabel Miranda siete meses después de los supuestos hechos, y que los resultados fueron ADN de mujer con correspondencia biológica a Enrique Wallace, padrastro de Hugo Alberto.

11.   Acta de defunción que Isabel Miranda promovió sin tener cuerpo, constituyendo un acto ilegal, en el que participaron la juez 18 del Registro Civil, Lic. Marsella Lizeth de la Torre Martínez, y la médico forense Blanca Olimpia Patricia Crespo Arellano.

Sobre que “tuvo el descaro de demandarme por 950 millones de pesos” y que “hoy perdió la demanda y además la condenaron a gastos y costas que, por supuesto, nunca pudo corroborar ninguna de sus mentiras, y lo que es peor hasta su firma falsificó”.

Se trata de una demanda colectiva por daño moral a los hermanos Vallarta, a Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo, a la activista Mary Sainz, y se me incluyó en esa demanda. La interpuso el abogado José Patiño Hurtado, y está pendiente en la Corte de que se emita una resolución por el último recurso. Por mi parte, no es algo que yo avalo, porque yo fui la que puso la denuncia de hechos sobre sus agresiones contra mi persona en la Fiscalía General de la República, el 11 de diciembre de 2018. Sin embargo, la resolución en espera no tiene que ver con los gastos y costas del juicio. Isabel Miranda miente también en esta situación. La demanda además es por decirles “delincuentes” y “secuestradores” a quienes ya fueron exonerados de esos delitos por juez federal.

 

Sobre que “una persona que es capaz de mentir a un juez, quién le va a creer en público. Nadie”.

¿Qué es el falso caso Wallace? Efectivamente, una serie de falsas acusaciones contra personas inocentes ante autoridades judiciales, que fueron detenidas ilegalmente, torturadas, y exhibidas en los medios como delincuentes, con trece años de difamaciones y calumnias sistemáticas, actos de corrupción y tráfico de influencias avalados por altos funcionarios durante la administración de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

El falso caso Wallace. Guadalupe Lizárraga. Casa Fuerte, 2018.

 

 

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Con voz propia

Revista Proceso ignora denuncia contra Renato Sales por torturas a víctimas del caso Wallace

La revista Proceso ignoró denuncias contra excomisionado Renato Sales por tortura y complicidad con Isabel Miranda de Wallace

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Guadalupe Lizárraga

El 8 de febrero de 2019, estuve en el penal federal El Altiplano, Almoloya de Juárez, Estado de México. Fui a entrevistar a George Khoury Layón y a César Freyre Morales, ambos vinculados por falsas acusaciones al caso Wallace, torturados con extrema brutalidad e ignorados por las instancias nacionales de derechos humanos. No me dejaron pasar en la aduana del penal, pese a que estaba autorizada como periodista y anotada en la lista de visitas de los internos. Después de tres horas de espera, y de haber respondido cuál era mi nombre una decena de veces, tuve que retirarme. Sin embargo, me hicieron llegar una larga carta de César Freyre, en la que narra a detalle las visitas de Isabel Miranda Torres, de las torturas que padeció todavía hasta 2017, y de las sesiones dirigidas directamente por ella.

La carta me causó un fuerte impacto emocional. Leer a Freyre de cómo lo sacaron en un helicóptero a media noche, y le pusieron un audio con la voz de Isabel Miranda donde lo amenazaba y decía que, si no se inculpaba del secuestro de su hijo Hugo Alberto, tenían la orden de lanzarlo vivo, atado de pies y manos colgado de cabeza. Otras veces, sacado de la misma forma, aterrizaban en un campo al aire libre. Allí volvían a torturarlo con descargas eléctricas, asfixia, golpes, y después en el regreso al penal con maniobras del piloto mientras lo mantenían colgado del estribo.

En la carta, Freyre hace referencia a unas cinco veces que habrían hecho lo mismo: usar un helicóptero para sacarlo de El Altiplano y torturarlo. Da los nombres de algunas autoridades que permitieron esas torturas, los que le permitían a Isabel Miranda entrar al penal las veces que quisiera, y que lo sacaran a media noche o de madrugada. Entre estas autoridades, destaca a Renato Sales Heredia, quien fue comisionado nacional de Seguridad, durante la administración de Enrique Peña Nieto.

Ya en California, envié un mensaje de texto al director de la revista Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, para ofrecerle mi reportaje sobre las detenciones y torturas en las que había participado directamente Isabel Miranda. El periodista Ricardo Raphael me había hablado bien de él, “nada que ver con Pascal Beltrán del Río”, me dijo en referencia a una anécdota de censura que yo le había contado. Así que pensé que sería buena idea enviar mi trabajo a la revista, para darle seguimiento a lo que Ricardo había escrito sobre mi libro El falso caso Wallace.

Dos días después le envié mi trabajo, un texto de siete páginas con testimonios y documentos judiciales y de organismos internacionales como la ONU, que daban sustento a la narración de las detenciones ilegales y torturas que habían padecido tres víctimas de Isabel Miranda Torres, en las que ella había participado directamente. Mi trabajo no dejaba cabos sueltos, lo había pulido con esmero por tratarse de un medio ajeno. Rafael Rodríguez me confirmó que había recibido el material, por lo que estuve atenta a las notas que iban subiendo. Nada. Otro día, le pregunté su opinión. Me dijo que no lo había revisado porque tenía mucho trabajo. Le pedí que me dijera si lo iba a publicar, si no para darle salida por Los Ángeles. “Te resuelvo a primera hora de la tarde”, fue su respuesta por texto. Pero nunca llegó esa hora. Y el trabajo lo publiqué en mi medio.

Ayer sábado, alguien me compartió la revista Proceso en PDF, y me llamó la atención el título de su portada: “Mi historia con El Chapo. Testimonio de Renato Sales”. Con un texto anecdótico sobre el efímero encuentro en su papel de custodio, Sales Heredia abre la edición número 2207. Se expande en detalles, entre éstos, bajo el subtítulo La vigilancia, hace alusión a la rutina que tenía como comisionado. Por ejemplo, “leer el reporte de los incidentes en los penales federales del país” y, en referencia a “lo poco probable” de que bajara un helicóptero en El Altiplano, recrea la conversación: “¿Es posible que baje aquí un helicóptero? Sí, pero es muy poco probable”, refiere Sales que le decían. “Tan poco probable como fugarse por el piso de su baño”, dice haber contestado, y cierra el párrafo: “Hagan imposible que baje un helicóptero”.

Sin embargo, pese a la imposibilidad enfatizada por Sales en su texto, el helicóptero en el que subían a César Freyre aterrizaba y se elevaba de madrugada, sin ningún problema y sin que ninguna autoridad interviniera, durante la gestión de Renato Sales, en su paso por la Comisión Nacional de Seguridad. Encargado de la vigilancia de los penales federales, la principal tarea no la cumplía. Las torturas fueron periódicas entre 2006 a 2017, incluso dentro del penal, como en las que llegó a participar la misma Isabel Miranda. De todo daba cuenta Freyre, hasta por medio de una misiva al expresidente Enrique Peña Nieto, de la que obtuvo acuse de recibo. Pero Renato Sales, en su rutina de custodio, ignoró el trato cruel e inhumano que padecían todas las víctimas del caso Wallace, no nada más Freyre, porque era imposible no saberlo, ya que las mismas víctimas o sus familiares se encargaron de poner las quejas a derechos humanos, e incluso de comunicárselo directamente a él, como fue el caso de Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo, quien el 23 de septiembre de 2015, le envió una misiva por las torturas a su hija y las violaciones al debido proceso.  La respuesta de Sales fue el silencio. Además, era evidente que el excomisionado respondía en favor del tráfico de influencias de Miranda al permitirle entrar a los penales a discreción, causando un grave daño físico y psicológico a las víctimas.

Siguiendo su texto, Sales Heredia comenta que “las corporaciones de seguridad penitenciaria tienen por misión esencial evitar fugas de internos, que se cometan crímenes en el interior…”, entre otros puntos, y les llama “riesgos”. Riesgos que no se previeron con las víctimas de Miranda. Cuando Freyre narra en su misiva sobre las torturas, cuenta que al menos unas diez veces lo visitó Miranda, y que los custodios le habían dicho que “la señora Wallace quería entrevistarse con él”. Cada entrevista era una tortura por agentes ministeriales de SIEDO dirigidos por ella. Si Renato Sales simplemente hubiera hecho su trabajo, tal como se jacta en la conversación con Rafael Rodríguez, como lo hizo con El Chapo, hubiera sido imposible que las torturas de las víctimas del caso Wallace hubieran tenido lugar, no habrían ingresado instrumentos para perpetrarlas, ni hubiera habido facilidad de acceso a personas sin facultad jurídica, menos aún habrían utilizado vehículos gubernamentales, como el helicóptero que entraba y salía del penal para llevarse a Freyre.

En otro párrafo, el excomisionado, entusiasmado con su historia sobre el narcotraficante con más amigos expresidentes, narra que lo subieron a “un helicóptero Black Hawk que del Altiplano lo llevó a la Ciudad de México”, aunque párrafos antes recreaba la escena de la vigilancia en la que “era imposible” que bajara un helicóptero.

En cambio, Freyre no se contradice. Especifica sin titubeos, en su misiva, la responsabilidad de Sales Heredia en las torturas y su complicidad con Miranda Torres:

«En el sexenio de Enrique Peña Nieto también fui torturado en presencia de la señora María Isabel Miranda Torres, con la complicidad y complacencia del Lic. Renato Sales Heredia, comisionado nacional de Seguridad».

También lo menciona en la lista de los custodios y funcionarios que permitieron la tortura. Y en otro punto, Freyre señala:

“… me han dañado de manera irreparable, no hay forma de resarcir esta infamia hecha en mi persona, psicológicamente estoy en un abismo sin fondo, mi salud deteriorada en extremo…”

 

El contraste de los dos textos, el de Sales y el de Freyre, muestra una gastada realidad que tiene agotado a México: el director de un medio de prestigio nacional apapachando al funcionario cómplice de tortura, mientras censura a la víctima, pese a la gravedad de sus denuncias; y de nueva cuenta en favor de Isabel Miranda Torres, la señora Wallace que sigue impune.

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El Caso Wallace

Detenciones y torturas directas de Isabel Miranda para sostener caso Wallace

Isabel Miranda Torres participó directamente en al menos tres detenciones ilegales y torturas de sus inculpados para sostener el caso Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

ALMOLOYA DE JUÁREZ, Estado de México.- César Freyre Morales escribió una carta el 30 de enero de 2019 que pudo sacar por terceras personas del penal federal El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Lleva trece años de reclusión, acusado de ser líder de la supuesta banda de secuestradores de Hugo Alberto Wallace Miranda, y quien hizo su detención de manera ilegal fue directamente Isabel Miranda Torres,  la madre de la supuesta víctima, junto con cuatro agentes ministeriales, el 23 de enero de 2006; sin embargo, Miranda lo presentó a la SIEDO-PGR hasta tres días después, el 26 de enero. En esta misiva, narra las torturas padecidas en su detención y en este penal en las que participó Miranda, según su testimonio, para que sostuviera su confesión incriminatoria, lo que hizo después de una tortura en 2010 y otra en 2016, en la que también incriminaba a sus coacusados.

Desde julio de 2005, el nombre de Hugo Alberto Wallace Miranda ha circulado en los titulares de los periódicos y noticieros electrónicos, promovido por su propia madre, como el joven empresario que había sido secuestrado y asesinado por asfixia, y después habría sido cercenado con una sierra eléctrica para desaparecer su cuerpo en bolsas de plástico para la basura. Así lo ha gritado la madre a los cuatro vientos, y además de acusar a César Freyre, de estos supuestos hechos -sin ningún elemento de prueba- también acusó a Juana Hilda González Lomelí, Jacobo Tagle Dobín, Brenda Quevedo Cruz, a los hermanos Albert y Tony Castillo Cruz, todos en prisión con testimonios de tortura. No obstante, Miranda, para sostener que eran un grupo delictivo organizado, vinculó a sus acusaciones a Jael Malangón Uscanga y a su esposa Paola Díaz Romero, así como a George Khoury Layón y a su hermana María de Lourdes. La esposa de Jael estuvo arraigada durante tres meses, dejando a su hijo de cuatro años bajo el cuidado de familiares, y la hermana de George, desde 2009, tiene una orden de aprehensión y vive bajo constante amenaza.

Acompañada incondicionalmente de los medios y de las autoridades judiciales, Isabel Miranda se mostró a México como la madre detective que tuvo el valor de ir tras los secuestradores de su hijo, y en un lapso de seis meses con la fotografía en mano de este grupo de jóvenes fue capturando a cada uno de ellos. Cada captura era una tortura, de acuerdo con los testimonios de las víctimas, y durante la administración de Felipe Calderón y Enrique Peña, la PGR acallaba cualquier intento de pedir ayuda con nuevas torturas y amenazas a sus familias. La historia sólo tenía una voz: la de Isabel Miranda, y al menor indicio de otra versión de los supuestos hechos era descalificada por los medios de comunicación y con represalias a sus defensores.

A partir del 31 de mayo de 2014, tras la publicación de una serie de reportajes que configuraron El falso caso Wallace, las víctimas de Isabel Miranda se atrevieron a dar sus testimonios sobre el terror vivido en prisión. Sus madres y familiares también habían padecido el hostigamiento de los agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y de los ministeriales de la PGR, como en el caso de Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo, y de Raquel Dobin, madre de Jacobo Tagle, quienes fueron encañonadas, sus casas allanadas y saqueadas, y amenazadas con la muerte de sus hijos en 2014. Sin embargo, se armaron de valor y empezaron a narrar el calvario que vivían por parte de las autoridades y de “la señora Wallace”.

Carta de César Freyre, escrita el 30 de enero de 2019, en el penal del Altiplano.

 

El caso de César Freyre

Escrita de puño y letra bajo su rúbrica, la misiva de César Freyre de 17 páginas y 25 puntos da cuenta del caso omiso sobre las violaciones a sus garantías constitucionales de parte de Emilio Álvarez Icaza Longoria, entonces secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y actual senador de la república. A través de la petición de queja número P-1106-09, con fecha del 24 de noviembre de 2016, en cinco páginas, Freyre pidió su intervención por el trato cruel e inhumano que padecía de manera sistemática de parte de las autoridades penitenciarias, pero no recibió respuesta.

Freyre destaca la tortura especialmente de los días 2 y 22 de octubre de 2010. Fue en el mismo penal federal del Altiplano, lo sacaron a media noche para subirlo a un helicóptero. Le pusieron una grabación con la voz de Isabel Miranda que lo amenazaba de lanzarlo vivo del helicóptero. Freyre estaba atado de pies y manos, y lo habían colgado del estribo en posición de cabeza. El piloto hacía maniobras y en las dos ocasiones Freyre terminó desmayado, despertando en el área médica del penal, “sin tener noción de tiempo y espacio”.

En el punto de siete de la carta, afirma que en otras tres ocasiones fue sacado de la misma manera del penal y subido al helicóptero. No recuerda la fecha. Lo llevaron a una explanada, un campo, dice. Allí lo torturaron con toques eléctricos, le echaron un líquido irritante en las fosas nasales y le pusieron una mascarilla con gases que lo desmayaron. En una de esas salidas del penal, lo regresaron en “estado de coma”, le dijo una enfermera.

Él cree que el helicóptero era particular porque no tenía logos oficiales, pero afirma con certeza que sus torturadores eran policías entrenados para el terror, que lo puede asegurar por el vocabulario y la forma en que hablaban.

Freyre escribió que Isabel Miranda se presentó en su celda unas diez veces. Los custodios le decían que la señora lo quería “entrevistar”, y lo llevaban al Centro de Observación y Clasificación, donde en dos ocasiones estuvo a solas con ella. Allí le preguntó qué había pasado con su hijo y que, “si no había sido él, le diera los nombres de los culpables”. El silencio de Freyre la encolerizaba, y varias veces lo abofeteó. También le llegó a mostrar fotografías de su madre y de familiares cercanos, con sus direcciones y números telefónicos. Junto a esas fotografías, le mostró otras de cuerpos mutilados diciéndole que así quedarían sus familiares.

En la misiva, Freyre describe cómo fueron las torturas en presencia de Isabel Miranda. Iba acompañada de hombres encapuchados vestidos de traje y usaban guantes quirúrgicos. Lo ataban de manos y pies a una mesa de exploración médica, y mientras ellos lo torturaban, Miranda hacía las preguntas. El dolor le hacía perder el conocimiento y la noción del tiempo que permanecía en el área médica para su recuperación. Cuando despertaba, Miranda le decía que “Felipe Calderón y su esposa tenían conocimiento de todo”. También lo torturaron durante el gobierno de Peña Nieto, dice Freyre: “con la complicidad y complacencia del licenciado Renato Sales, comisionado nacional”.

El primer abogado que contrató para su defensa fue amenazado de muerte, y abandonó el caso. El segundo fue “levantado”, escribe, “por individuos armados”, y un tercero abandonó la defensa porque allanaron su casa y fue golpeado en un aparente asalto, pero bajo “la recomendación de que desistiera de representarlo”. Quedó sólo con un defensor de oficio, lo que significaba para él “quedar prácticamente en estado de indefensión”.

En trece años de reclusión, Freyre ha sido trasladado a diferentes penales de los estados de la república. Se trataba de alejarlo de la familia, aislarlo, incomunicado y sin recibir visitas ni correspondencia. Sus cartas eran retenidas, y ésta pudo ser filtrada a través de una tercera persona.

“Me han asignado como compañeros de celda a personas que padecen enfermedades como VIH Sida, hepatitis y tuberculosis. En dos ocasiones me asignaron como compañeros de celda a personas perturbadas de sus facultades mentales que compurgan condenas por crímenes en los que han desmembrado a sus víctimas, y que por su alta peligrosidad no los aceptan en otros penales”, detalla Freyre en la carta.

“Vivir en constante zozobra y en tortura sistemática ha deteriorado mi salud, por consiguiente, la atención médica que recibo es deficiente y he tenido que recurrir al amparo para que me sea proporcionada alimentación adecuada y servicio médico”, especifica en el punto número 18.

César Freyre explica que padece el síndrome de Raynaud, una enfermedad que estrecha los vasos sanguíneos con el estrés y el clima frío. La piel se le vuelve amoratada con llagas porque la sangre no puede llegar hasta la superficie. Ha tenido cuatro traslados sin orden judicial, y a cada penal que llega las mismas autoridades carcelarias lo amenazan de muerte, siempre recordándole “de parte de la señora Wallace”. Ahora permanece en el Altiplano gracias al amparo 556/2016-1-1 que interpuso para que fuese regresado más cerca de su lugar de origen.

En el punto 23 de su misiva, Freyre afirma que el 26 de septiembre de 2016 fue obligado a escribir una carta para que confesara su participación en el supuesto secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda, e incriminara a sus coprocesados. Ese día también fue citado a un careo ante juez, para que reiterara de manera verbal el supuesto crimen: “Minutos antes de comparecer, me pusieron en la línea telefónica a mi señora madre María Rosa Morales Ibarra, a quien, en su propio domicilio, individuos armados la tenían sometida y amenazada, en el sentido de que si no accedía yo a sus peticiones la privarían de la vida, torturándola”. En ese momento, dice, entró en shock y cedió a lo que le pedían, específicamente a aceptar su culpabilidad y acusar a sus coprocesados.

El último punto de la carta, el 25, Freyre hace referencia a los medios de comunicación usados por Isabel Miranda para señalarlo como el victimario de su hijo: “Se ha ensañado en mi persona satanizándome, mostrando mi fotografía en anuncios espectaculares en carreteras del país, así como en ciudades, dando lugar a un linchamiento mediático a familiares, que por tan sólo llevar el apellido Freyre han sido despedidos de sus empleos, estigmatizados en el entorno vecinal y en trámites que desean realizar, en general, en cualquier oficina o dependencia de gobierno”.

La carta continúa:

“He sido torturado con técnicas sofisticadas por profesionales del horror y el martirio. No creo que exista alguien que sin ser culpable no se confiese cuando ha sido sometido al suplicio al que he sido sometido. En muchas ocasiones, al ser torturado, tuve miedo de morir porque todo cuerpo tiene un límite de resistencia. Creo que morí tantas veces en manos de mis torturadores, que ese miedo a morir se transformó en amor a la vida, en una brisa de esperanza.

Ahora el temor más grande que tengo es el que la señora María Isabel Miranda Torres cumpla sus amenazas y prive de la vida a mi señora madre María Rosa Morales Ibarra. Mi temor está más que fundado, ya que la señora María Isabel Miranda Torres, en su afán enfermizo de venganza, no tiene límites, además de una ausencia total de humanidad. Me basta recordar su gozo y satisfacción en su rostro cuando era yo torturado en su presencia y daba órdenes de cómo debía ser torturado, esto ocurrió en el penal del Altiplano.

Hasta la fecha, Lic. Lizárraga, no he sido escuchado, menos atendido. Ha podido más el poder político que ejerce la señora María Isabel Miranda Torres que el Estado de Derecho en nuestro país”.

Los funcionarios cómplices de tortura

César Freyre, después de acusar a Isabel Miranda Torres de una “encarnizada persecución y acoso” contra él y sus familiares, con la complicidad y amparo del gobierno federal de Calderón y Peña, enumera a los funcionarios federales y autoridades judiciales que encubrieron a Miranda y le permitieron las torturas. Entre éstos, menciona a Eduardo Durán Guerrero, Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social; a Emmanuel Castillo Ruiz, Coordinador general de todos los CEFERESOS; a Ángel Mejía Medina, Director de Seguridad y Custodia; a Fernando Dotor Padua, Director y comandante de la 1ª Cía; a Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad; a los directores de los CEFERESOS donde ha estado recluido.

También menciona en su carta, la detención ilegal y el encarcelamiento por más de un año de su madre y de su hermana, por el tráfico de influencias de Isabel Miranda para obligarlo a confesarse culpable. Apunta: “poco tiempo después de obtener la libertad, mi hermana Julieta Freyre Morales, fallece a causa de un derrame cerebral dejando en orfandad a sus dos menores hijas. Ella contaba al morir con 38 años de edad”.

 

El caso de Jacobo Tagle

Las torturas de Jacobo Tagle también fueron dirigidas por Isabel Miranda, y en una de estas sesiones participó directamente. La primera vez fue cuando lo detuvieron con disparos el 3 de diciembre de 2010 en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, y se lo llevaron a Miranda. El Protocolo de Estambul de Tagle, que consta de 88 páginas, y el resumen de cinco, fue practicado los días 23, 24 y 25 de abril de 2018, por el médico cirujano de la UNAM, Raúl Enrique Ojeda Silva, con cédula profesional 757805. Allí se señala que ese día, frente a Isabel Miranda, lo despojaron de su ropa, le vendaron los ojos, brazos y pies. Le pusieron una bolsa de plástico y lo golpearon en el estómago. También le inducían la asfixia con trapos mojados.

Uno de sus torturadores se presentó como policía federal, aunque iba vestido de civil y llevaba un arma. Al día siguiente, después de exhibirlo ante los medios como secuestrador, lo trasladaron a una oficina con Isabel Miranda, donde se encontraba también su hija Claudia Wallace Miranda, un sobrino de Isabel y el ministerio público Braulio Robles Zúniga. El policía federal sujetaba a Jacobo, mientras Isabel lo zarandeaba de un lado a otro, lo jaló del cabello y le escupió la cara.  Le preguntó por su hijo Hugo Alberto, y al responder Jacobo que no sabía de él, lo acusó de haberlo matado y exigía a gritos que le dijera dónde estaba el cuerpo. En esa oficina Jacobo fue obligado a grabar su confesión, la madrugada del 4 de diciembre de 2010, y Miranda le llamó a Felipe Calderón para avisarle que ya había detenido “al último que faltaba de los secuestradores de su hijo”.

Otra de las torturas del policía fue apretarle debajo de las órbitas de los ojos cada que se equivocaba mientras grababan su confesión, y lo golpeaba en la cabeza. Cuando le apretaba los ojos, dice Jacobo, sentía un dolor intenso hacia arriba de su cabeza, como una descarga eléctrica. Después, fueron las amenazas contra su hermano menor, Salomón Tagle, quien había sido detenido ilegalmente en el aeropuerto de República Dominicana, donde iba a pasar unas vacaciones con familiares en diciembre de 2009. Salomón fue encarcelado sin cargos por órdenes de Miranda, quien le había dicho a Raquel Dobin, la madre, que le entregara a su hijo Jacobo a cambio de Salomón, pero Raquel no sabía del paradero de Jacobo hasta que lo detuvieron los policías en el Estado de México al año siguiente.

Jacobo, al igual que todos los inculpados, ha sido trasladado a varios penales, y en cada penal, golpeado brutalmente. En Villa Aldama, Perote, Veracruz, lo rociaron con gas lacrimógeno un par de veces a la semana, en boca y genitales. Fue víctima de violación por los mismos custodios y continuamente le daban toques con una pistola Taser. En una ocasión, lo tuvieron desnudo en la celda, esposado a una mesa, sin permitirle asearse o salir al patio, durante veinte días. En el penal de Tapachula, Chiapas, todavía lo discriminan por ser judío, frecuentemente lo castigan sin motivo, y le niegan una alimentación alterna al cerdo que se resiste a comer por motivos religiosos. Su correspondencia es fotocopiada y enviada a Isabel Miranda.

El protocolo de Estambul, por parte del Poder Judicial, dio un resultado positivo por el alto estrés postraumático que revela haber sido víctima de torturas y tratos inhumanos. Fue incorporado a la causa penal 35/2006 el 10 de diciembre de 2018. Y se suma al protocolo también con resultados positivos realizado por la CNDH, el 16 de julio de 2013. Así mismo, se integra a la defensa de organismos internacionales de derechos humanos con la resolución del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas en favor de George Khoury Layón, quien fue vinculado al caso Wallace por Jacobo Tagle, después de una de las torturas por consigna de Isabel Miranda Torres.

Jacobo también ha identificado a los torturadores bajo las órdenes de Miranda, como lo hizo César Freyre. Se trata de los custodios José Guadalupe Pérez Ángeles; el subdirector de Seguridad, Nicolás Cordero; Iván Saín Correa, Francisco Ramírez Nava, Florencio Parcial, César Saucedo Ramírez, Óscar Herrera, y Juan Fabela. También señala al director general del CEFERESO, de apellido Camero, y al director de Seguridad, el comandante Javier Jiménez Santana, quienes permitieron a los ministerios  públicos perpetrar la tortura y violación a Brenda Quevedo Cruz, la segunda ocasión en el penal de Islas Marías, el 12 de octubre de 2010, adonde fue trasladada ilegalmente.

El caso de Albert Castillo

Ese octubre de 2010, se intensificaron las torturas a todos los inculpados de Isabel Miranda, porque estaba próxima la fecha a la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos a manos de Felipe Calderón. Las familias de las víctimas de tortura eran amenazadas, para que sus hijos se declararan confesos del supuesto secuestro de Hugo Alberto Wallace, y se diera por resuelto el caso.

El mismo patrón de agresión lo sufrió Albert Castillo Cruz, en su detención ilegal desde el 7 de marzo de 2006, con la participación directa de Isabel Miranda. De su hermano Tony, no se sabía nada, porque después de haberse presentado a declarar, fue detenido y encarcelado en el penal de Matamoros, Tamaulipas, donde le habían prohibido el acceso a su madre María Elena Cruz y a su tío Luis Carrillo, quienes tenían más de cuatro años sin poder verlo.

Isabel Miranda Torres reconoció la fabricación del secuestro de su hijo frente a Albert Castillo, el 13 de octubre de 2010, horas después de que fuera torturado en el CEFERESO Número 2, de Puente Grande, Jalisco, y lo amenazó con entrar al penal las veces que quisiera si no se declaraba culpable. Albert no lo hizo, y fue maltratado por la mujer de la misma manera que maltrató a Jacobo Tagle. De acuerdo con la denuncia de hechos dirigida a Arturo Germán Rangel, en funciones como subprocurador de Investigación Especializada en Delitos Federales, de la PGR, el 14 de octubre del mismo año, tres agentes ministeriales y Braulio Robles Zúñiga regresaron a su celda para torturarlo de nuevo. Le gritaron que se había “pasado de pendejo” y que “con ellos no iba a jugar”, profiriéndole una sarta de insultos. “Le pusieron esposas en las manos y pies, le pusieron una toalla mojada en la cabeza y una bolsa de plástico para asfixiarlo, y siguieron golpeándolo en el cuerpo”, especifica la denuncia. La tortura fue suspendida cuando prometió que ahora sí se declararía culpable; sin embargo, nunca se incriminó ante un juez y fue sentenciado a 93 años, igual que su hermano, sólo con las acusaciones de Isabel Miranda Torres.

Albert Castillo envió dos cartas a Emilio Álvarez Icaza, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir su intervención. La primera fue el 24 de julio de 2012, después de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a cargo de Raúl Plascencia, respondiera que “no había encontrado irregularidades”. La segunda, la envió el 17 de abril de 2013. Sin embargo, tampoco tuvo respuesta, como en el caso de Freyre. En el escrito, contaba con la declaración de J. Jesús Galván Díaz y Erasmo Ornelas Peñuelas, quienes eran sus compañeros de celda “en el momento en que ocurrieron los hechos”. Albert Castillo enfatiza: “todos se dieron cuenta que fui sacado del módulo con mis cosas y regresado a la semana con huellas de tortura, y no como las autoridades dicen que no hay registro de que yo haya sido reubicado”. También pidió el testimonio de los internos de la misma sección que lo vieron, Luis Morales Villanueva, Manolo Padierna Sánchez y Carlos García Ferrat.

Castillo también identificó a sus torturadores: María Isabel Miranda Torres, quien coordinaba la tortura, el Ministerio Público Braulio Robles Zúñiga, el hermano de Isabel, Roberto Miranda Torres, el director del CEFERESO Francisco Javier Gómez Meza, “y todas las autoridades de este centro federal como son el director técnico Pedro Ramírez, el director de Seguridad de apellido Silva (Ignacio Silva Vázquez), los adjuntos de Seguridad y Guardia, de Seguridad y Custodia, y a todos los integrantes de la misma…”. Incluso, Albert Castillo pidió el álbum fotográfico de los custodios para identificar por rostro a los que participaron en su tortura, según lo especifica el oficio número 1537/UEIDAPLE/12/2011 de la Procuraduría General de la República, en el que se determina el “No ejercicio de la acción penal” contra los denunciados.

Nota en la revista Marie Claire, con fecha de agosto de 2006, uno de tantos medios, donde Isabel Miranda confiesa la detención a César Freyre, y se jacta de haberlo hecho ella sola, apoyada por su hermano Roberto Miranda. 

 

 

 

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