Militarización sin cambio, una promesa incumplida de AMLO

Raúl Ramírez Baena

Tras reunirse en privado con los titulares de la SEDENA y de la SEMAR, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno “no podría enfrentar el clima de inseguridad sin la participación de las fuerzas armadas (FFAA).”

La declaración causó asombro en la opinión pública, preocupación entre las ONG de derechos humanos e indignación a las víctimas de las FFAA, y fue nota principal de todos los medios.

Entendemos que los tiempos de transición de un gobierno a otro son tiempos de ajustes en torno a las políticas que comenzarán a aplicarse a partir del 1º de diciembre. Pero la declaración sobre la continuidad de la militarización contrasta significativamente con la promesa de campaña de AMLO de retirar a las FFAA de las calles: “No se resuelve nada con el uso del Ejército, de la Marina…”, o bien, que es “un error garrafal enfrentar violencia con violencia.” 

En Lagos de Moreno, Jalisco, en abril pasado, AMLO criticó la estrategia de combate a la delincuencia, y dijo: “Va a quedar de manifiesto siempre que nosotros no vamos a utilizar la fuerza, la represión. Vamos a atender las causas que originaron la inseguridad y la violencia”.

Cierto que, tras la reunión con el titular de SEDENA, AMLO dijo también que la presencia de las FFAA sería “transitoria”, pero lo mismo dijeron en su momento Felipe Calderón y Peña Nieto y nunca se concretó el retiro militar, al contrario, se fortaleció y se amplió a otras funciones con sus inevitables violaciones a los derechos humanos, incluidos crímenes de lesa humanidad.

¿Qué pasó en las reuniones privadas con los jefes militares? ¿Qué se dijo ahí? Versiones de prensa aseguran que la reunión con el General Cienfuegos fue en las instalaciones de la SEDENA, y que le fue presentado al presidente electo un panorama inquietante sobre la actuación del crimen en territorio nacional. Tal parece que AMLO fue convencido de que la Policía Federal y las estatales y municipales no están preparadas para enfrentar al crimen. Pero tampoco lo están las FFAA porque han sido capacitados para la guerra mas no para la prevención y la investigación de los delitos.

Además, es importante recordar que las acciones que realizan las FFAA en materia de seguridad pública son contrarias a la ley, a los artículos 21 y 129 de la Constitución y a las Recomendaciones que han girado a México los Relatores y los órganos de tratados de la ONU, así como la CIDH, Recomendaciones que deben ser cumplidas por ser México Estado Parte de los tratados internacionales.

Tampoco podemos pasar por alto el velo de impunidad que protege a mandos y elementos de tropa que cometen violaciones a los derechos humanos, o militares que encubren a autoridades abusivas y protegen a criminales (caso Iguala), cuyas denuncias por allanamientos, cateos ilegales, detenciones arbitrarias, violación sexual, robo, tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial son congeladas por el MP federal y del fuero común. De poco ha servido la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Caso de Rosendo Radilla para que estos casos se desahoguen en la justicia ordinaria y no en la militar.

El proceso de paz y reconciliación y la búsqueda de la verdad y la justicia que se ha propuesto el presidente electo para abatir la violencia y la impunidad, no serán posible si se reproduce la misma fórmula que sus antecesores en materia de seguridad y justicia. La diferencia radica en la voluntad para escuchar a las ONG, a los expertos, a la academia y, sobre todo, a las víctimas de militares, que son revictimizadas ante el anuncio de su permanencia en las calles.

Hay propuestas alternativas al fracasado modelo actual de seguridad, que con todo y protagonismo castrense ha rebasado la capacidad del Estado, propuestas motivo de otro análisis. Entendemos que los militares no pueden ser retirados de inmediato, pero este proceso debe ir acompañado de un plan estratégico elaborado por el Estado junto con especialistas independientes, ONG e instancias internacionales.

Si AMLO desea la Cuarta Transformación de la República y pasar a la historia como uno de los mejores presidentes de México, ante el agotamiento del modelo de democracia representativa, debe ensayar procesos de democracia participativa como la propuesta de llevar a consulta pública el NAICM y la Reforma Educativa. Debe contemplar también la participación de los sectores organizados de la sociedad en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas de Estado como la Seguridad Pública, para ser llevados al Congreso, incluso, para abrogar la Ley de Seguridad Interior.

*Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste

Raul Ramirez Baena
Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, AC. Articulista de opinión en La Jornada de Baja California y Los Ángeles Press.

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