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Justicia pendiente

Militante del PRD cuestiona omisión de Contraloría del DF

La Contraloría del Distrito Federal en México fue denunciada por ignorar una investigación sobre corrupción

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SRA. GUADALUPE LIZÁRRAGA

Directora de LOS ÁNGELES PRESS

P r e s e n t e

Le solicito atentamente, que de convencerle la información que por este conducto se presenta a LOS ÁNGELES PRESS, ésta sea conocida y valorada por los integrantes de ese equipo periodístico, así como por los inteligentes lectores de ese medio de comunicación en los Estados Unidos y en México.

El propósito de este comunicado es despertar el interés de los medios y de la opinión pública nacional e internacional, respecto de un preocupante asunto que según el resultado de la elección del próximo 01 de julio, puede convertirse en una pesadilla para todo aquel ciudadano que por cualquier circunstancia sea víctima de la corrupción e impunidad gubernamental, y pretenda o se vea obligado a combatir esos dos males sociales a través de instituciones como la recientemente propuesta Secretaría de la Honestidad y Combate a la Corrupción.

El 09 de febrero del presente en su gira por San Luis Potosí, el candidato Presidencial Andrés Manuel López Obrador, propuso que de ganar las elecciones del próximo 01 de julio, la actual Secretaría de la Función Pública cambiaría su nombre por el de Secretaría de la Honestidad y Combate a la Corrupción, asimismo, expresó que esa dependencia estaría encabezada por la excontralora del gobierno del Distrito Federal Lic. Bertha Elena Lujan Uranga.

De consolidarse la propuesta de AMLO la nueva Secretaría sería una continuidad de lo que existe actualmente, toda vez que el Estado seguiría siendo Juez y Parte para juzgarse a sí mismo, violando con ello el principio de imparcialidad que debe observar todo juzgador.

Pero lo que el suscrito observa que es un contrasentido de AMLO a su propia propuesta, es que la excontralora del gobierno del Distrito Federal, Lic. Bertha Elena Lujan Uranga fuese nombrada titular de esa Secretaría de la Honestidad y Combate a la Corrupción, para el caso que el nombrado candidato gane la elección de julio de 2012.

Desde el punto de vista del que esto escribe, la propuesta de crear la Secretaría de la Honestidad y Combate a la Corrupción, careciendo esta institución de constitucional autonomía, presupuesto propio, reconocida personalidad y facultades para efectuar investigaciones respecto de gobernantes y funcionarios públicos corruptos y proponer las sanciones correspondientes al Poder Judicial, parafraseando a AMLO dicha Secretaría será más de lo mismo, con el agravante de que la unión de los vicios y deficiencias de la Secretaría de la Función Pública con los de la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, puede dar nacimiento a un perverso y tirano Frankenstein de proporciones incalculables, que no tan sólo pisotee el estado de derecho, sino que para cubrir los ilícitos de los gobernantes y funcionarios corruptos, pueda incluso efectuar acciones represivas en contra de cualquier denunciante de la corrupción gubernamental, fundando incluso esas represiones en grotescos sofismas totalmente ausentes de ética y legalidad. Manifiesto lo anterior por las razones que expongo y justifico a continuación:

El 21 de noviembre de 2003, el suscrito en su calidad de empleado gubernamental (Enlace Administrativo de la Dirección del Registro Público de Transporte de la Secretaría de Transporte y Vialidad del gobierno del Distrito Federal) presentó a la Contraloría del Gobierno del Distrito Federal (Institución de la cual era titular la Lic. Bertha Lujan Uranga), una documentada denuncia respecto de actos ilícitos sucedidos en la nombrada Secretaría.

Es el caso que la Contraloría General, salvo una errónea apreciación del suscrito, no efectuó ninguna investigación al respecto, no obstante, que como se puede apreciar al analizar la denuncia inicial, se le hicieron saber en tiempo y forma a la Contraloría General múltiples probables ilícitos, respectos de los cuales esa institución omitió su investigación y con ello se propició la total impunidad para los funcionarios responsables de esos probables ilícitos. Aún cuando agregadas a la denuncia inicial se presentaron y fundamentaron indubitables pruebas del caso en cuestión.

En el cuerpo de la denuncia que nos ocupa se argumentaron de manera directa a la Contralora Bertha Lujan Uranga, las declaraciones del entonces Jefe de Gobierno AMLO en cuanto a que la corrupción es el principal problema de México. Sin embargo, la funcionaria soslayó el contenido de la denuncia, las indubitables y fundamentadas pruebas aportadas y las declaraciones de AMLO sobre la corrupción. Declaraciones que se localizan en las páginas 16 a 19 de la señalada denuncia las cuales se reproducen a continuación:

“Distinguida Contralora, una ves que el proceso de seguimiento e investigación de la presente Exposición de Hechos, la lleven muy probablemente a encontrar actos de CORRUPCIÓN U OMISIÓN, es importante tome muy en cuenta las palabras del Ciudadano Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Lic. Andrés Manuel López Obrador, él cual el 27 de octubre del 2003, en una entrevista telefónica expreso a Don José Gutiérrez Vivó de MONITOR DE RADIO RED, que con relación al caso del Paraje San Juan, esperaba de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: “se haga la investigación correspondiente” y continuo diciendo “que no se haga a un lado la posibilidad de impartir justicia”, pero no paro ahí. El citado Jefe de Gobierno expresó conceptos y principios que en todo momento se pueden aplicar al caso que nos ocupa.

Distinguida Lic. Berta Elena Lujan Arango, los Conceptos y Principios a que me refiero en el párrafo anterior son los siguientes:

«…es la oportunidad para mostrar que las cosas están cambiando, de lo contrario Don José, pues, ya no tendríamos remedio, ya estaríamos aceptando que impera la corrupción y que no hay salidas para el país. Y yo sostengo que el principal problema de México es la corrupción, que eso es lo que ha dado al traste con todo, que esa es la causa principal de la desigualdad Social, de la desigualdad Económica, si no hay una renovación a fondo si no se enfrenta la corrupción, pues, el País no va a tener salida, no va a tener posibilidades de enfrentar sus graves problemas.

Entonces este es un caso emblemático, es un caso que puede ayudar a mandar un buen mensaje. Que las cosas están cambiando en nuestro País…”

Las acciones realizadas por la Contraloría General a través de su entonces titular en cuanto a omitir la investigación de los notorios y múltiples ilícitos que le fueron denunciados por el suscrito en su calidad de empleado gubernamental; considero que son motivo suficiente para que AMLO revise las acciones deshonestas de sus cercanos colaboradores y proceda en consecuencia. Para tal efecto la intervención de los medios de comunicación será de gran ayuda para que se acelere esa revisión de honestidades.

Acerca de este trascendental ejemplo de impunidad gubernamental, se propone que ante la presencia de AMLO y los medios de comunicación se amplié la información al respecto y se exhiba la documentación correspondiente. Es importante acentuar que este comunicado tiene su justificación y finalidad en la preocupación del suscrito, en cuanto a intentar evitar que la izquierda que hoy compite por la Presidencia de la República, tome una decisión errada que pueda afectar a millones de mexicanos, así como también al suscrito, para el caso de tener que lidiar con las instituciones que supuestamente combatan la corrupción gubernamental.

Quizá este escrito pueda llegar al conocimiento de AMLO por conducto de los medios de comunicación, si estos últimos deciden ocuparse del tema.

Se agrega como referencia inicial y prueba de lo mencionado en este escrito, la reproducción de la nombrada denuncia con el sello de acuse de recibo.

Sin otro particular, agradezco a LOS ÁNGELES PRESS la lectura del presente despacho.

A t e n t a m e n t e

Manuel Guerrero Ramos

Cofundador y militante del PRD

mscysi@gmail.com

13 de junio de 2012.

 

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Justicia pendiente

CNDH pide a gobiernos de Puebla, Jalisco y Guerrero respeto a libertad de expresión

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Redacción

Autoridades de las tres entidades federativas han incurrido en conductas contrarias al libre ejercicio periodístico y al derecho de acceso a la información

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió a autoridades de los estados de Jalisco, Puebla y Guerrero que respeten la actividad periodística y se asegure el pleno ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, de prensa y acceso a la información.

Así lo hizo saber en un comunicado público este organismo nacional, y manifiestó su preocupación ante la reciente declaración realizada por el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien señaló que los medios de comunicación locales deben limitar la información y dejar de hacer publicaciones sobre los delitos de alto impacto porque lastiman el turismo en Puerto Vallarta, circunstancia que no abona al libre desempeño periodístico.

Por otro lado, luego de que los medios “E-Consulta” y “El Popular”, acusaran al titular del Poder Ejecutivo del estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, de realizar un proceso de hostigamiento administrativo en su contra, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, la CNDH llama a las autoridades estatales a salvaguardar la libertad de expresión.

Barbosa Hurtado ha sido denunciado reiteradamente por el hostigamiento contra los periodistas de la entidad, además de promover acciones de hostilidad contra las comunidades indígenas que han revelado fraude electoral y presencia de grupos delictivos.

Asimismo, la CNDH manifiestó su indignación por los hechos ocurridos en días pasados en Guerrero, donde organizaciones civiles y medios de comunicación presentaron una queja ante la CNDH y la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, ante la violación a sus derechos por parte de la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, a quien acusaron de hacer declaraciones de odio en contra del gremio, incluso responsabilizándolos de la violencia que se vive localmente.

Ante la persistencia de agresiones contra periodistas y trabajadores de los medios, la CNDH enfatizó la urgencia de que todas las autoridades federales, estatales y municipales tomen las medidas necesarias, a fin de que la labor informativa no se vea afectada de manera directa o indirecta y eviten expresiones que coarten los derechos fundamentales de las y los periodistas.

En el comunicado, este organismo público, especificó que esto no significa coartar el derecho a la verdad que tiene la sociedad mexicana, y hay que diferenciar el debate sano y el contraste de ideas con manifestaciones que van más allá de esto y ponen en riesgo o coartan con hechos la libertad de expresión.

Para la CNDH es de suma importancia que ante el contexto de violencia que las y los comunicadores continúan enfrentando en el país, se reconozca, respete y difunda la relevancia de la labor que realizan en beneficio de la sociedad, fortaleciendo con ello una cultura de respeto a sus derechos humanos.

Esta Comisión Nacional considera pertinente seguir revisando el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y crear un frente común entre autoridades federales y locales y los propios comunicadores, para apoyar y defender a quienes inclusive, a riesgo de su propia vida, ejercen su libertad de expresión para comunicar, difundir y denunciar públicamente temas que nos atañen a todos y cuyo fin último es asegurar la participación consciente e informada de la ciudadanía.

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Justicia pendiente

Juez vincula a proceso a ex jefe de Gabinete de Mancera por enriquecimiento ilícito

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El Juez de Control de la Ciudad de México vinculó a proceso al ex jefe del Gabinete del gobierno de la capital del país durante la administración de Miguel Ángel Mancera, Julio César Serna Chávez, por el delito de enriquecimiento ilícito.

El juzgador consideró que existieron pruebas suficientes para proceder contra el ex funcionario capitalino y por ello también determinó la inmovilización de las cuentas financieras del ex servidor público, considerado como uno de los principales operadores políticos de Mancera.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que el ex servidor público es acusado de enriquecimiento ilícito durante la administración de Miguel Ángel Mancera beneficiándose de su cargo como servidor público para intereses personales.

De acuerdo con la fiscalía capitalina, después de revisar las declaraciones patrimoniales de Serna no corresponden los ingresos económicos que percibió como funcionario público y el patrimonio que ostentó, por lo que parte de sus ingresos económicos provinieron del Impuesto Sobre la Renta (ISR) aportado por trabajadores de la administración pública de la Ciudad de México.

La fiscalía capitalina identificó un total de 14 propiedades que no están contempladas en las declaraciones de intereses, aunado a que existe un registro de razón social que no fue señalada en su declaración patrimonial, por lo que se dedujo que hubo irregularidades.

En diciembre de 2019 la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México inhabilitó por diez años a Julio César Serna para ejercer un cargo como funcionario público por las diferentes irregularidades detectadas en su actuación como coordinador general de la Central de Abastos de la capital del país entre 2015 y 2017.

Al respecto, el senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Mancera, pidió que se lleve a cabo un proceso legal conforme a lo establecido por la Ley, y que no se politice el caso por haber sido uno de sus colaboradores más cercanos.

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Justicia pendiente

Corte avala que funcionarios del Inegi ganen más que AMLO

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Los ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) avalaron la suspensión para que los funcionarios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) perciban salarios más elevados que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Los ministros determinaron que el tope salarial para los servidores públicos previstos en la Ley Federal de Remuneraciones Económicas de los Servidores Públicos vigente desde el 20 de mayo de este año.

De acuerdo con los representantes de la SCJN, los funcionarios del Inegi podrán percibir un salario mayor al del presidente de la República en tanto se resuelva la controversia constitucional presentada por el Inegi para que tengan una reducción en sus salarios.

Esta modificación se presenta después de que el Congreso de la Unión aprobó una reforma a la Ley Federal de Remuneraciones Económicas de los Servidores Públicos en la que se establece que ningún funcionario podrá percibir un salario mayor al del presidente de México que se estableció de 108 mil pesos al mes.

Situación por la cual tanto los altos funcionarios del Inegi como del Instituto Nacional Electoral (INE) se ampararon contra esta reforma, por lo que será la Corte la instancia encargada de revisar esta reforma y si será procedente contra los funcionarios de los organismos públicos autónomos descentralizados.

Apenas el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que era inmoral que un funcionario de la administración pública federal percibiera un ingreso económico mayor al del jefe del Ejecutivo federal, debido a que son señalados por la ciudadanía como corruptos y distantes a las necesidades de la ciudadanía.

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