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Justicia pendiente

Masacres en México, impunes

Un recuento de las masacres perpetradas por autoridades mexicanas bao pretexto de combatir al narcotráfico y que han quedado impunes

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Masacre de San Fernando Tamaulipas, en  2011. Foto: zoom95.com

Masacre de San Fernando Tamaulipas, en 2011. Foto: zoom95.com

Por Lino González Veiguela

La desaparición forzada de 43 estudiantes en Ayotzinapa hace ocho meses no fue un suceso aislado en la historia reciente mexicana. A continuación, comentamos cuatro casos de asesinatos masivos y ejecuciones extrajudiciales en los que, a la violencia del crimen organizado, se suma la complicidad directa o indirecta de autoridades políticas, policiales o militares. En todos ellos, las versiones oficiales iniciales se presentaron con una falta de correlación, casi absoluta, entre el relato y las evidencias y testimonios. Ninguno de ellos ha sido aún resuelto judicialmente.

Cadáveres de migrantes en Tamaulipas, 2010 y 2011

Lugar: Municipio de San Fernando, Estado de Tamaulipas

Autoridades implicadas: policía municipal y funcionarios municipales, estatales y federales

Víctimas: (al menos) 72 migrantes asesinados

El 22 de agosto de 2010, en el municipio de San Fernando –Estado norteño de Tamaulipas – fueron asesinados 72 migrantes procedentes de diversos países de Centro y Suramérica: entre los cuerpos identificados había hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, un ecuatoriano y brasileños.

La masacre fue conocida gracias a la denuncia de un migrante ecuatoriano. Las autoridades mexicanas atribuyeron la matanzas a miembros del cártel de Los Zetas, fundado por ex militares mexicanos –entre sus efectivos se cuentan también ex militares kaibiles guatemaltecos– que comenzaron a mostrar su brutalidad como brazo armado del Cártel del Golfo antes de independizarse como organización criminal.

Unos meses más tarde, en abril de 2011, el mismo municipio de San Fernando, situado a unos 150 kilómetros al sur de la frontera con EE UU siguiendo la autopista federal 101 (conocida como la “carretera de la muerte” por los frecuentes asaltos y secuestros que se producen en su trazado), sería escenario del descubrimiento de la primera de varias fosas comunes en las que reposaban cerca de 200 cuerpos. Los cadáveres, tanto de mexicanos como de migrantes centro y suramericanos, pertenecían en su mayoría a hombres y mujeres secuestrados mientras viajaban en autobuses rumbo a la frontera. El secuestro de migrantes por parte del crimen organizado se había convertido en un negocio rentable y las víctimas de estas acciones aumentaron exponencialmente durante el sexenio de Calderón.

La versión oficial:

Los culpables habían sido de nuevo los Zetas. Sólo y exclusivamente los Zetas. Tiempo después las autoridades mexicanas anunciaron la detención de 17 de los 25 policías municipales de San Fernando, acusados de “proteger” a este cártel. Desde 2010, organizaciones como Amnistía Internacional pidieron en reiteradas ocasiones que se hiciesen públicos los documentos de la investigación, incluidos los expedientes abiertos contra esos policías detenidos. La fiscalía se negó aduciendo que esa documentación era secreta, y que lo sería durante 12 años.

A finales de 2013, sin embargo, la ONG National Security Archive (NSA) –nada que ver con la Agencia Federal NSA–, consiguió que el Gobierno estadounidense desclasificara cables diplomáticos enviados por algunos de sus funcionarios desde México. En ellos, y en base a las fuentes de la DEA, se apuntaban nuevos posibles datos sobre la situación de Tamaulipas. Desde las maniobras de las autoridades mexicanas para reducir en las versiones oficiales el número de muertos encontrados, hasta la posible implicación directa de la policía municipal, que habría detenido alguno autobuses y detenido a migrantes que luego entregaba a los grupos del crimen organizado. Esas y otras acciones de la policía, les habría hecho merecedores del mote de Polizetas. En un cable se comentaba también que los Zetas podrían estar asesinando migrantes para perjudicar a sus antiguos patrones, el Cártel del Golfo, que había convertido el secuestro de éstos en un negocio: obligando a las víctimas a que llamasen a familiares para que enviaran una cantidad económica a cambio de su rescate. En un artículo publicado hace unos meses sobre la relación entre México y Estados Unidos, la NSA señalaba otro punto importante a la hora de comprender qué estaba ocurriendo al sur de la frontera: “El caso de Coahuila evidencia también cómo funcionarios estadunidenses en México regularmente reciben información sobre las ligas del Gobierno mexicano con el crimen organizado y los abusos, al mismo tiempo que Washington provee equipamiento, asistencia y entrenamiento a las corporaciones involucradas”. En el marco del plan Mérida, EE UU entregó a México unos 2.500 millones entre 2008 y 2013.

 

Después de la masacre de 300 personas en Allende, Coahuila. Foto: red

Después de la masacre de 300 personas en Allende, Coahuila. Foto: red

Un pueblo arrasado durante varios días, marzo de 2011

Lugar: pueblo de Allende, Estado de Coahuila

Autoridades implicadas: por omisión de sus funciones, autoridades municipales, estatales y federales

Víctimas: en torno a las 300 personas

El viernes 18 de marzo de 2011, entre 40 y 50 camionetas estilo pickup cargadas de hombres armados, entraban en el pueblo de Allende, de unos 20.000 habitantes, a unos 50 kilómetros de la frontera con Texas. Comenzaba en ese momento uno de los capítulos más terribles y significativos de la impunidad con la que los grupos criminales pueden actuar en México. La historia no se conocería hasta comienzos de 2014, ocultada por autoridades de todos los niveles.

Durante varios días, los comandos criminales pertenecientes a los Zetas, fueron tachando objetivos de las listas que llevaban los domicilios y las personas que estaban buscando. Casa por casa, fueron secuestrando a decenas de personas. También se llevaban los bienes de más valor que encontraban, dejando el resto a merced de los saqueadores locales, incluidos policías municipales. Los saqueos y secuestros continuaron durante varios días, sin que las autoridades locales, estatales ni federales hiciesen nada para impedirlo, a pesar de que algunas de ellas habrían tenido conocimiento de los hechos. Desaparecieron entre 200 y 300 personas, muchas de ellas familiares de dos ex miembros de Los Zetas que, según los testigos, habían traicionado al grupo criminal, pasándose al otro lado para colaborar con la agencia estadounidense de la DEA. Se calcula que en total desaparecieron entre 30 y 40 núcleos familiares del municipio. Sus casas fueron destruidas tras los saqueos, usando granadas de mano o directamente piquetas. Cuando los narcos dieron por concluida su misión días después de su llegada, subieron de nuevo a sus camionetas y se fueron.

Pasaron casi tres años en los que no se habló del caso, aunque rumores llegaron hasta las redacciones de algunos periódicos locales. Las autoridades que no actuaron durante la masacre, tampoco cumplieron con su obligación de investigar. En todo ese tiempo de silencio, el Estado de Coahuila fue uno de los más afectados por la descomposición institucional: la Fiscal General de Coahuila, Claudia González López, que debería haber abierto la investigación, sería destituida meses después de la masacre –aunque no a causa de ella– al descubrirse que había ofrecido protección a los Zetas; el secretario de finanzas del Estado se entregaría a las autoridades texanas en El Paso por lavado de dinero, delito del que había sido acusado al otro lado de la frontera; el entonces gobernador interino del Estado sigue en busca y captura acusado de robar dinero de las arcas estatales.

No sería hasta enero de 2014 que se descubriría una fosa común en las inmediaciones con los restos de unas 300 personas. El hallazgo forzó el inicio de una investigación que, hasta la fecha, no ha conseguido remediar la impunidad, ni aclarar si todos los desaparecidos fueron asesinados. Como ha resumido el periodista mexicano Diego Osorno en su crónica sobre la matanza de Allende:

“De acuerdo con otros testimonios recolectados, el hombre que dirigió la masacre de la primavera en este pueblo con manantial se llamaba Gabriel Zaragoza y le decían Comandante Flacaman. En 2012, el Comandante Flacaman fue asesinado en San Luis Potosí por sus mismos compañeros, durante otra guerra interna. De los demás ejecutores no se sabe nada. Tampoco de los funcionarios que permitieron esta masacre”.

Ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, Edomex. Foto: almomento.mx

Ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, Edomex. Foto: almomento.mx

Ejecuciones militares en el Estado de México, 30 junio 2014

Lugar: pueblo de San Pedro Limón, Tlatlaya, Estado de México

Autoridades implicadas: Ejército

Víctimas: 22 (de las que 21 habrían sido ejecuciones sumarias)

Según la versión oficial, el pasado 30 de junio de 2014, en el pequeño pueblo de San Pedro Limón, al sur del Estado de México, a escasos kilómetros de la frontera con el Estado de Guerrero, efectivos militares se vieron obligados a repeler un ataque de miembros del crimen organizado. Tras un prolongado intercambio de disparos, las víctimas mortales ascendieron a 22, 21 hombres y una menor de edad, todos delincuentes, según las autoridades. Dos soldados habían resultado heridos. Ningún delincuente habría quedado con vida. En la operación se decomisaron 38 armas cortas y largas y una granada de fragmentación. También se liberó a tres mujeres secuestradas.

Los medios de comunicación, sin embargo, no tardaron demasiado en cuestionar esa versión oficial.

Ocho días después de que se produjesen los hechos, la agencia de noticias Associated Press (AP) publicó una nota en la que se afirmaba que la versión oficial no se sostenía, contradicha tanto por las evidencias como por los testigos de los hechos. En la nave industrial en la que se había producido el enfrentamiento entre militares y criminales, no había signos de ese largo intercambio de disparos. Sólo indicios –confirmados por algunos testigos– de que se podría haber tratado de un fusilamiento extrajudicial, al menos en el caso de algunos de los fallecidos. En septiembre de ese mismo año, la edición mexicana de la revista Esquire, publicaba un reportaje, firmado por el periodista español Pablo Ferri, con un testimonio que contradecían igualmente la versión oficial: 19  de las 22 muertes habrían sido ejecuciones extrajudiciales a sangre fría, incluida la chica de 14 años, herida en un pierna durante el tiroteo y posteriormente rematada por un soldado a sangre fría. A pesar de este testimonio y de las evidencias de fusilamientos en una de las paredes de la nave reportadas por la agencia AP, las autoridades contactadas por el periodista que se prestaron a comentar el caso –que no fueron todas– afirmaron que en la investigación en curso no se habían encontrado evidencias que desmintieran la primera versión oficial.

Las informaciones publicadas desde entonces señalan que los supuestos responsables de las ejecuciones habrían sido tres militares pertenecientes al 102 batallón de infantería de la 22 Zona Militar, estacionados en San Miguel Ixtapan, suroeste del Estado de México. No era la primera vez que los militares de esa zona eran acusados de cometer delitos. El diario Reforma había publicado que, según documentos oficiales, entre 2010 y 2011 efectivos de ese batallón habían recibido dinero a cambio de  informar al cártel de La familia (Michoacana) sobre las operaciones de su unidad. Seis militares, incluidos dos oficiales, fueron acusados por ello. En diciembre de 2013, meses antes de la matanza de San Pedro Limón, algunos integrantes del batallón habían abierto fuego contra una camioneta en la que viajaban unos cazadores que regresaban de una cacería, matando a cuatro funcionarios municipales de un pueblo del Estado de Guerrero. La zona había registrado una alta actividad criminal, incluidos asesinatos de miembros de las fuerzas del orden. La tensión era máxima.

Sacar el ejército a las calles usándolo para realizar funciones policiales fue una de las medidas implementadas por el gobierno de Felipe Calderón cuando decidió iniciar su guerra contra el narcotráfico. El motivo principal aducido por las autoridades para esta instrumentalización de los militares fue que el resto de fuerzas del orden –a nivel federal, estatal y municipal– estaban infiltradas por el crimen organizado en mayor o menor medida. Algo que era y sigue siendo cierto: sin embargo, también entre el estamento militar se habían registrado condenas por connivencia con el narcotráfico. Incluidos generales con varias estrellas encargados de luchar contra el narco. La medida se ha demostrado equivocada, y no son pocos los militares que la consideran también equivocada: ha sido ineficaz, erosionando gravemente el prestigio del ejército; y ha causado numerosas violaciones de los derechos humanos por parte de efectivos militares denunciadas ante instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La ONU ha reiterado que no es conveniente el uso de militares en funciones policiales: ni están cualificados para ello, ni suelen contar con una formación adecuada en derechos humanos.

Sigue sin conocerse la identidad de los 22 asesinados en San Pedro Limón. La cuestión de si eran o no criminales es importante, hay indicios para afirmar que al menos algunos de los muertos lo eran. Pero es mucho más importante saber si para combatir al crimen organizado los militares recurrieron a la ejecución extrajudicial. A raíz de las noticias publicadas en los medios, la Procuraduría General de la República (la Fiscalía, conocida como PGR) ha abierto una investigación civil sobre los hechos. Mientras la investigación estuvo bajo jurisdicción militar, la Comisión Nacional de Derechos Humanos había denunciado la falta de cooperación de la fiscalía militar para sus abogados tuviesen acceso a los expedientes de la investigación.

Los residentes protestan contra la violencia que sufre su comunidad en Apatzingan. Alfredo Estrella/AFP/Getty Images

Los residentes protestan contra la violencia que sufre su comunidad en Apatzingan. Alfredo Estrella/AFP/Getty Images

Las dos matanzas de Apatzingán, 6 de enero de 2015

Lugar: ciudad de Apatzingán, Estado de Michoacán

Autoridades implicadas: policía federal

Víctimas: 16 muertos y varios heridos

“Al grito de ‘¡Maten a esos perros!’, comienzan a disparar, a matarnos”. Así recuerda un testigo el inicio de primera matanza registrada en la madrugada del 6 de enero del 2015 en la principal plaza de la ciudad de Apatzingán, Estado de Michoacán. Según ese testigo, efectivos de la policía federal habrían abierto fuego sin motivo contra los manifestantes que pasaban esa noche ocupando el Palacio Municipal de la ciudad. Protestaban contra la disolución de uno de los grupos de autodefensas que habían sido legalizados meses antes para patrullar por las áreas rurales de los alrededores con la misión de perseguir a los miembros del cártel de Los Templarios. La versión oficial: no se había producido ningún muerto en el operativo policial por balas procedentes de armas federales. Sólo se habría registrado un atropello y ocho muertos horas más tarde, poco antes de las ocho de la mañana, cuando los federales trasladaban fuera de la ciudad a las decenas de detenidos. El convoy que trasladaba a los detenidos, siempre según esa versión oficial, habría sido asaltado por civiles armados que querían liberar a los detenidos. Los muertos se habrían producido por las balas de las armas que portaban esos asaltantes.

Como parte de la versión oficial, se señaló además que entre los ocupantes del Palacio Municipal se encontraban miembros del grupo de Los Viagra: siete hermanos a los que unos acusan de ser ex templarios y de cometer diversos crímenes, y a los que otros defienden como defensores de las poblaciones acosadas por los Templarios. Las informaciones sobre la infiltración de autodefensas por parte del crimen organizado han sido frecuentes desde la legalización de estos grupos de civiles armados. La situación en Michoacán ha degenerado hasta tal punto que resulta difícil saber quién es quién y para quién trabaja: sean autodefensas, militares o federales.

El pasado 19 de abril, la periodista Laura Castellanos publicaba en la revista Proceso  un artículo en el que resumía las versiones de los hechos que había obtenido tras 39 entrevistas realizadas sobre el terreno. También consiguió documentos, fotos e imágenes de cámaras de grabación que parecían probar que, además de haber causado al menos varias de las muertes, los federales habían recurrido a diversos medios para ocultar las pruebas de lo que había ocurrido: desde mover cadáveres hasta, supuestamente, dejar armas largas junto a los cuerpos de los asesinados. Entre las entrevistas realizadas, se incluían los testimonios de personal sanitario confirmando que algunos muertos tenían amplias heridas causadas por balas expansivas, con quemaduras de pólvora en la piel que sólo se producen cuando se dispara a una corta distancia. Las nuevas evidencias han forzado a las autoridades a abrir una investigación que aún está en curso.

Fuente: esglobal.org

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Alerta Temprana de Periodistas y Activistas pide salvaguardar integridad de indígenas de Coyomepan

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El Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos y Activistas pidió al gobierno federal que se salvaguarde la integridad de la comunidad indígena del municipio de Coyomepan, los cuales se encuentran en riesgo.

Por medio de una carta enviada al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández; la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra; así como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el colectivo solicitó su intervención para evitar algún riesgo para la población más vulnerable.

El organismo defensor de los derechos humanos denunció que defensores de derechos humanos indígenas han sido víctimas de despojos de tierras, fabricaciones de delitos, así como el encarcelamiento de los defensores Basiliza Montaño Gutiérrez, Eruviel Aguilar, Gómez, Gonzalo Martínez, Anastacio González Sanguinez y el abuso excesivo del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, para reprimir movimientos sociales.

De acuerdo con el colectivo, en los próximos días esta comunidad indígena podría ser reprimida de forma violenta por parte del gobierno estatal, así como del grupo armado conocido como “Los Celestinos”, a quienes responsabilizaron de cualquier agresión que padezcan.

De la misma manera, acusaron al gobierno de Puebla de fabricar 31 delitos del uso y manipulación para castigar la libertad de expresión, por lo cual consideraron que se encuentran en riesgo cinco mil familias indígenas, debido a que se permitirá a la familia de Celestino Rosas a través de Rodolfo García López seguir al frente del municipio de Coyomepan.

Por ello, pidieron la intervención del gobierno federal ante las constantes amenazas, agresiones y violaciones a los derechos humanos que han padecido los indígenas durante más de 15 años y que se seguirán presentando en los siguientes meses con la nueva administración municipal.

 

 

Carta Integra del Colectivo:

Andrés Manuel López Obrador.
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Adán Augusto López Hernández.
Secretario de Gobernación.

Alejandro Encinas Rodríguez.
Subsecretario de Derechos Humanos, Población y  Migración.

Enrique Irazoque Palazuelos.
Titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación.

María del Rosario Piedra Ibarra.
Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Lorenzo Córdova Vianello
Titular del Instituto Nacional Electoral

A la Comisión Nacional para el Diálogo con los Pueblos Indígenas

Instituto Nacional Electoral de los Pueblos Indígenas

CC: Carlos Armando Popoca Bermúdez.
Titular de la Oficina de la Representación SEGOB en el Estado de Puebla.

A las Organizaciones Nacionales e Internacionales encargadas de la Defensa de los Derechos Humanos

A la Organización de las Naciones Unidas

A la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Amnistía Internacional.

A los medios de comunicación nacionales e internacionales

El Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos y Activistas lanza un llamado urgente de auxilio nacional e internacional para que se vigile y se garanticen conforme a derecho y como  lo marca el artículo segundo constitucional y el convenio 169 de la OIT la salvaguarda de hombres y mujeres indígenas del Municipio de Coyomepan quienes se encuentran en grave peligro.

Este Colectivo ha denunciado las amenazas a 26 defensores de derechos humanos indígenas, despojo de tierras, fabricaciones de delitos, el encarcelamiento de cuatro defensores: Basiliza Montaño Gutiérrez, Eruviel Aguilar Gómez, Gonzálo Martínez, Anastacio González Sanguinez y el abuso excesivo de autoridad del Gobernador del Estado de Puebla Luis Miguel Barbosa Huerta para reprimir los movimientos sociales.

Se advierte que en los próximos días este pueblo indígena podría ser objeto de represión y violencia por parte del gobierno del estado y del grupo armado Los Celestinos, mismos a los que hacemos responsables de cualquier acto de violencia en el que se pudiera reprimir a cualquier habitante del pueblo indígena de Coyomepan.

Acusamos abiertamente al gobierno del estado de Puebla de las 31 fabricaciónes de delitos con el uso y la manipulación de las dependencias estatales como de la Fiscalía del estado para castigar la libertad de expresión de los pueblos indígenas, movimientos sociales, Defensores de la tierra, Activistas y periodistas.

La vida de más de 5 mil familias indígenas mujeres, hombres y niños se encuentran en grave peligro, esto derivado del último fallo que emitió el día de ayer el Tribunal Electoral que favorece de nueva cuenta la sucesión cacique del gobierno a cargo de la  familia Celestino Rosas para ocupar el cargo de Presidente municipal Rodolfo García López, esposo de la actual Diputada Federal Araceli Celestino Rosas ex alcaldesa de este municipio y hermana de David Celestino Rosas.

El pueblo de Coyomepan ha resistido 11 años de amenazas de muerte, detenciones arbitrarias, asesinatos, despojo de tierras, delincuencia organizada aunado a la presencia de grupos armados amparados por la Diputada Araceli Celestino Rosas y David Celestino Rosas

Es de vital importancia la intervención de todas las instancias de gobierno federal responsables de la salvaguarda de la vida de defensores de derechos humanos y de los pueblos indígenas para que se brinde la seguridad Federal a los habitantes de Coyomepan como a los defensores indígenas encarcelados y la anulación de las 31 órdenes de aprehensión en contra de los defensores indígenas.

Ciudad de México a 14 de Octubre 2021

Claudia Martínez Sánchez
Presidenta del Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas Defensores de Derechos Humanos y Activistas.

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Justicia pendiente

Abogados de Emilio Lozoya aseguran que no está en arraigo domiciliario

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Los abogados del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, aseguraron que el ex funcionario federal no se encuentra en arraigo domiciliario, pues ninguna autoridad judicial determinó esta medida cautelar en su contra por la comisión de delitos asociados a la corrupción.

Por medio de un comunicado, la defensa legal de Lozoya refirió que las publicaciones en redes sociales en contra del ex servidor público son falsas, pues no tiene restricciones para realizar actividades al aire libre y las acusaciones en su contra no corresponden al proceso legal que desarrolla.

De acuerdo los juristas, se debe garantizar la certeza jurídica de Lozoya, quien ha sido señalado por haber recibido sobornos millonarios por parte de la empresa brasileña Odebrecht cuando estuvo al frente de Pemex para impulsar la reforma energética que permitió la participación de la empresa sudamericana en México.

Enfatizaron que Emilio Lozoya colabora con las autoridades federales para continuar con las indagatorias por los actos de corrupción cometidos en la administración de Enrique Peña Nieto que ha involucrado a otros personajes como Luis Videgaray, el ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); así como diferentes senadores y diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN).

Emilio Lozoya acusó que recibió ordenes de Videgaray para sobornar a legisladores federales para aprobar la reforma energética impulsada en el gobierno de Enrique Peña Nieto, situación por la cual ha seguido su proceso penal en libertad, mientras que su ex compañera de gabinete, Rosario Robles ha seguido este proceso en prisión.

La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que Lozoya ha mostrado la disposición de colaborar para acusar a otros políticos implicados en los actos de corrupción involucrados con la empresa Odebrecht, no obstante, la mayoría de los señalados continúan en libertad.

 

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Familiares de Cesiah protestan para exigir justicia por su feminicidio en la CDMX

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Familiares y amigos de la joven madre, Cesiah Chirinos, asesinada el pasado 1 de octubre, protestaron por las inmediaciones de la alcaldía de Tláhuac, en la Ciudad de México, para exigir justicia por su feminicidio.

Con pancartas, mantas y cartulinas, los familiares de la joven madre exigieron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) que esclarezca el caso y capture a los responsables de su feminicidio, pues no permitirán que el feminicidio permanezca en la impunidad.

De acuerdo con los manifestantes, las autoridades capitalinas informaron que dos personas fueron aprehendidas por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Cesiah, pero no han recibido mayor información, por lo que también demandaron que no sea revictimizada, ya que quedaron huérfanas dos menores de edad.

Los manifestantes reclamaron a la fiscalía capitalina que los detenidos sean procesados por el delito de feminicidio, por lo que solicitaron que se aplique el protocolo de investigación correspondiente, aunado a que solicitaron una audiencia especial con la fiscal Ernestina Godoy para que les dé mayores datos sobre el avance de las indagatorias.

Además, pidieron a las autoridades de la alcaldía de Tláhuac reforzar la seguridad en la zona en los diferentes espacios públicos con mayor iluminación, así como mayor vigilancia en el transporte público, pues aseguraron que las mujeres se encuentran en mayor vulnerabilidad.

El pasado 1 de octubre Cesiah caminaba con un hombre por la calle Camino Real a Xolocalco, cuando fueron interceptados por varios sujetos armados, por lo que la víctima fue golpeada en la cabeza, agredida con un machete, por lo que posteriormente escaparon, pero al sitio arribaron elementos de la policía capitalina que detuvieron a dos sujetos, y por ello el Congreso de la Ciudad de México guardó un minuto de silencio por el feminicidio de la madre de 37 años de edad.

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