Los síndromes de la Seguridad pública

Tomás Borges

“Todos los empleados públicos deberían descender a su grado inmediato inferior, porque han sido ascendidos hasta volverse incompetentes”
Ortega y Gasset

Cuando el pasado 13 de febrero del año en curso, circularon en redes sociales las declaraciones del titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, Hugo Gutiérrez Maldonado, donde el funcionario en comento criticó a los veracruzanos por quejarse por la inseguridad y exigir al actual mandatario de la entidad, Cuitláhuac García Jiménez del partido MORENA más seguridad, cuando “nunca la habido en la entidad”, hizo que el funcionario fuera noticia no por su labor, sino por lo soez de sus frases.

Dichas palabras (que posteriormente fueron desmentidas por el funcionario), muestran la punta del iceberg en materia de seguridad, donde los funcionarios no cumplen las funciones por las cuales devengan un sueldo, con los resultados por todos conocidos, al grado de que una gran parte del país es un cementerio clandestino, y la delincuencia un asunto no ya de seguridad pública, sino de seguridad nacional.

El funcionario en cuestión, según medios nacionales, dejó una cuenta pendiente en Nuevo León, donde se le ligó a una banda de extorsionadores, motivo por el cual fue destituido de su cargo en noviembre del 2016 del Centro de Operaciones Estratégicas (COE) de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, junto con un fiscal y 28 policías de la corporación.

El reciclar cartuchos quemados, es un mal que se ha anquilosado en la administración pública y más en materia de seguridad, donde una serie de males o complejos (más detallados en un libro de próxima aparición) aquejan a los responsables de velar por la seguridad de los ciudadanos. Algunos de estos síndromes o complejos se sintetizan a continuación:

El síndrome de Petrorio

De acuerdo al diccionario, pretorio (en latín, praetorium) fue el nombre dado al cuartel general del ejército romano, ello debido a que el praetorium era la tienda o edificio del comandante de una fortificación romana.

A pesar de estar hablando de un imperio que hace siglos dejó de existir, su legado pervive en el mundo occidental, de tal manera que, en caso mexicano teníamos un grupo llamado “Guardias presidenciales”, que se encargaba de custodiar al presidente en turno y a su familia, incluso cuando ya no estaban en funciones, lo que ha hecho que una serie de servidores públicos traten de emular al “César en turno”, un mal que el actual mandatario, López Obrador está tratando de erradicar, bajo el argumento de “quien nada debe, nada teme”, pese a las críticas de algunos ex presidentes.

El Cesarismo policiaco

Como término, surgió en el siglo XIX y varios autores lo enlazan con el bonapartismo, pero Antonio Gramsci consideró que éste último era el cesarismo aburguesado, el cual, aplicado en materia de seguridad, se refiere a aquellos mandos policiacos que se sienten emperadores, y que el Estado o demarcación de la cual son los responsables, sea considerado por ellos y su séquito como su feudo o reino.

En este contexto, la seguridad pública no escapa a las políticas públicas del César en turno (llámese gobernador o Presidente), ya que él es quien impone al titular de Seguridad Pública, quien se encargará de jure en seguir los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) en el rubro de seguridad y justicia.

El síndrome de Procusto

Tomado de la mitología griega por el personaje Procusto quien, de acuerdo a la leyenda, era un posadero de las afueras de Atenas, quien con engaños llevaba a viajeros incautos a su morada, donde al momento de brindarles posada los acostaba en un lecho, el cual estaba más corto de lo normal y, por ende, les cortaba las extremidades a los infelices con tal de que no sobresalieran del lecho.

Por lo tanto, el término es utilizado hoy en día para designar a las personas que pretenden acomodar los hechos o las situaciones a sus propios parámetros, aunque también para señalar a las personas que no les gustan que los demás sobresalgan.

Este síndrome queda muy ad hoc con aquellos mandos policiacos que les gustan rodearse de mediocres y gente de baja ralea, con el único objeto de que no lo superen en sapiencia, ya que el “jefe es él” y como dice la conseja militar “El mando no se equivoca y cuando lo hace, vuelve a mandar”.

Estos sujetos jamás van a aceptar que sus acciones son erróneas y siempre buscaran el aplauso y la aprobación pública y denostarán a todo aquel que piense o cuestione lo más nimio de su proceder, bajo el rancio argumento de que son víctimas de vendettas políticas.

Como dijo en su momento el finado Ramón Durón Ruiz, el “Filosofo de Güémez”: “¡El que sabe, sabe! Y el que no, ¡pues es el jefe!

Al respecto, cabe señalar que los estándares los pone el mando en turno, quien huelga a decir “no se equivoca”, y cualquier elemento que ose levantar la cabeza, se la cortan (metafóricamente), tal como Procusto lo hacía con las extremidades de los que caían en su morada.

El no sobresalir ni mucho menos contradecir al mando, ha hecho que estudiosos como Robert Greene coloque como regla número uno, la que reza; “No le haga sombra a su amo” (Robert Greene, Las 48 leyes del Poder, Atlántida, Buenos Aires 1999) al decir que “Hay amos terriblemente inseguros. Y basta con ser encantador (o decir lo que se piensa) y desenvuelto para hacerles sombra”.

Bajo la premisa de que “las instituciones son como las naves,  que deben de ser bien ideadas y tripuladas” (Karl R. Popper, La Sociedad Abierta y Sus Enemigos, Paidós 1992), vemos que en México (utilizando la analogía citada), pese haber buenas naves, se siguen escogiendo a pésimos capitanes, tal como ocurrió en Morelos, donde el entonces titular de Seguridad Pública, el tijuanense Alberto Capella Ibarra prometió combatir el crimen, dejando una cuenta pendiente en el estado, donde los índices de criminalidad se dispararon y pese a ello, fue nombrado titular en la materia en el estado de Quintana Roo.

Alberto Capella, quien gracias a su proselitismo en contra de la inseguridad, cobró notoriedad pública en el 2006, al ser el rostro visible del hartazgo ciudadano de una de las ciudades más castigadas por el fenómeno del narcotráfico (y quien fue elegido como titular de Seguridad Pública en los periodos 2007-2009 y 2010-2013), dejó la entidad con un alto índice de homicidios, situación que replicó en Morelos bajo el gobierno de Graco Ramírez (2012-2018), donde su estrategia de combate al crimen fue cuestionada por activistas, quienes incluso solicitaron en la plataforma Change.Org el cese del funcionario.

El caso de Capella Ibarra es sintomático, ya que resultó un buen activista, pero un pésimo Secretario de Seguridad Pública, quien sigue aprendiendo a costa del erario, lo cual es un claro ejemplo del «Principio de incompetencia».

El principio de Peter,  o de incompetencia

Los casos mencionados son una muestra de lo que el psicólogo organizacional, Laurence J. Peter definió como “Principio de Peter” o “Principio de incompetencia”, el cual afirma que ”las personas que realizan bien su trabajo son promovidas a puestos de mayor responsabilidad, a tal punto que llegan a un puesto en el que no pueden formular ni siquiera los objetivos de un trabajo, y alcanzan su máximo nivel de incompetencia”, lo cual queda más que evidenciado en los ejemplos citados.

Suena hasta irrisorio que se sigan viejas prácticas al nombrar a los titulares encargados de velar por la seguridad de los gobernados, dejando que un puesto de vital importancia, caiga en manos de gente incapaz y de dudosa honorabilidad, lo que demuestra que los tan mentados exámenes de control de confianza, sólo se aplican a la tropa y no a los mandos por más corruptos e incompetentes que sean.

La simulación de «lo ciudadano»

No hay que olvidar que desde que la seguridad pública se politizó, el poseer un cargo en este campo garantiza una carrera en el ámbito político, lo que es un aliciente para que gente honesta -y no la de siempre-, realice un buen trabajo sin opacidad y bajo el escrutinio ciudadano real, no bajo el amparo de esas organizaciones que bajo el sello de «ciudadanas», apoyan a sus incondicionales y dictan las líneas a seguir en materia de seguridad, como lo hacen las asociaciones como Causa Común, AC, de María Elena Moreira Mitre (vinculada en su momento con Genaro García Luna) e Isabel Miranda de Wallace, con Alto al Secuestro,  cuya rapacidad quedó documentada en el excelente libro de Guadalupe Lizárraga, El falso caso Wallace.

Es importante detectar a tiempo a esos «defensores de los Derechos Humanos» y de sus «causas ciudadanas», que sólo utilizan las movilizaciones para promover su imagen y utilizar el mote de ciudadanos, para lucrar o extorsionar en perjuicio de la población que dicen defender, tal como ha quedado demostrado en los casos antes señalados.

En espera de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador realice en realidad un golpe de timón y ponga a trabajar a su titular en Seguridad pública, Alfonso Durazo, para que las prácticas señaladas y sus síndromes sean erradicadas por completo de la gestión pública, marcando un parteaguas en la materia. 

@borgestom

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