Los escándalos de Lucha Castro en la Judicatura de Chihuahua

El abogado Gerardo Cortinas interpuso una demanda contra la consejera de la Judicatura Lucha Castro por obstaculizar justicia. Foto: El diario de Juárez

Guadalupe Lizárraga

Cuando se ha abandonado la realidad del poder, resulta un juego peligroso querer conservar las apariencias del mismo; el aspecto exterior del vigor puede a veces sostener un cuerpo débil, pero normalmente acaba por abatirlo.

Alexis de Toqueville

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, creó agenda en los medios nacionales al exponer la triangulación de 250 millones de pesos de la Secretaría de Hacienda al PRI Nacional en 2016, para que fuesen entregados al exgobernador César Duarte, además de Tamaulipas y Veracruz. Sin embargo, esos escándalos de corrupción no logran opacar los escándalos de su propia casa por las ilegalidades de la gestión de Lucha Castro como consejera en la Judicatura estatal.

La inexperiencia de Lucha en el poder público ya ha tenido diversas repercusiones, entre las cuales destaca la reciente demanda penal interpuesta por el abogado Gerardo Cortinas Murra, según sus palabras “por obstaculizar la impartición de justicia, violentar la división de poderes e intimidar a funcionarios”.

La situación desemboca en un debate jurídico-político que pone de relieve mucho de lo que se encuentra tras la coyuntura del estado. En la opinión pública ocupan su lugar aquellos que tienen por encargo no sólo hacer acopio de recursos legitimantes para Corral sino también ponerlos en juego. Es así que pretenden arraigar en la mentalidad chihuahuense la sorprendente tesis de que Lucha Castro tiene poder porque la designó –unilateralmente, precisaría Cortinas– el mismo gobernador. Independientemente de los recursos económicos, políticos y humanos que se destinan a semejante aseveración, lo notable es su impertinencia.

Decir que Lucha Castro tiene poder porque la impuso Corral, no equivale a decir que Lucha Castro es pretendidamente legítima y legal. En todo caso, lo que cabría suponer es que los medios corralistas están tratando de desviar la atención de esta situación medular porque la consideran probable. Antes, Chihuahua podía ser manejada con un sistema de distribución de privilegios y disciplina política para que el tema del poder legítimo no fuera relevante. Pero hoy, en esta Chihuahua, moderna y madura, que se debate todos los días entre la violencia, el miedo y el dolor, hay una clase urbana inteligente que no niega su cansancio y encabeza el cuestionamiento de la gestión pública de dudosa legalidad. Y en el caso de Lucha Castro es contundente.

Y aquí no estamos hablando del impedimento de su edad para el cargo que hoy ocupa, que, si bien es cierto, eso no es lo más grave. Ni de las sistemáticas acusaciones de obstaculizar la justicia con su grupo El Barzón, que aún tampoco eso es lo más grave para la sociedad chihuahuense. Ni las denuncias fundamentadas de la diputada del PAN, Nadia Siqueiros Loera, por acoso político y sexismo en las que ha incurrido la consejera que hizo su carrera política con la bandera del activismo de género. Ni el intento fallido de fabricar delitos a una persona sin tener elementos para ello.

Ni siquiera el tráfico de influencias y abuso de poder en el reciente caso del juez de Ciudad Jiménez, Guillermo Gómez Cortés, quien fue suspendido por un año bajo la acusación de violencia familiar sin ser sentenciado formalmente, en violación al principio de presunción de inocencia y sin otorgarle el derecho de audiencia, un caso que –por cierto– sacó a relucir o el agravio contra el responsable de impartir justicia o bien que se han cumplido ciertos compromisos.

Ni siquiera, pues, lo más grave es que Lucha Castro haya sido utilizada para perpetrar el abuso de poder contra el juez, que no se entienda que debía exculparse, sino que independientemente de la infracción cometida debía haber sido juzgado con estricto apego a derecho. Y que, si eso se hace con un juez, imagine el lector la vulnerabilidad de un ciudadano de a pie.

No obstante, lo más grave para Chihuahua –y con serias implicaciones para el país– es que esos despotismos sistemáticos representados por una elite gobernante obtusa están en la base de la construcción de la sociedad, porque esta elite, en particular, llegó al poder con un discurso pretendidamente democrático y progresista, apuntando a sus antecesores. En este sentido, la administración de Corral resulta más infame que la de Duarte, porque con el PRI los ciudadanos podían oponerse y había honestidad ideológica en esa oposición, es decir congruencia con su razón de ser como colectividad.

Mas no es una cuestión de competencias conceptuales o de pretensiones de legitimidad partidista. Más allá de los escándalos de corrupción tan cotidianos para los mexicanos, lo que vive Chihuahua es un conjunto de fracturas al interior del establecimiento político que está derruyendo ineluctablemente la estructura de la legalidad, el único pilar que podría mantener al estado de pie, tras el paso  avasallador del duartismo. Y la fractura de ese pilar hoy sí es responsable directamente Corral. Frente a ello, los escándalos de Lucha Castro, son peccata minuta.

Guadalupe Lizárraga
Periodista independiente. Fundadora de Los Ángeles Press, servicio digital de noticias sobre derechos humanos, género, política y democracia. Autora de Desaparecidas de la morgue (Editorial Casa Fuerte, 2017).

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