Los contrasentidos del gobierno mexicano en la protección de defensores y periodistas

Foto de archivo: lavoladera.net

Raúl Ramírez Baena

Como resultado de la agudización de la violencia en México, sobre todo a partir de la “guerra al narco” de Felipe Calderón, las personas defensoras de los derechos humanos y los periodistas han sido parte de los sectores que más han sufrido las consecuencias de la violencia generalizada en el país, sea bajo hostigamiento físico o judicial, amenazas, agresiones, secuestro, tortura, desaparición y hasta la muerte, por parte de autoridades y de miembros de la delincuencia organizada.

Entre los agraviados destacan indígenas que defienden la biodiversidad en las regiones serranas del país, ante la degradación inmisericorde que se da a través de la tala clandestina e inmoderada de bosques por grupos delincuenciales, en complicidad con autoridades locales. Por tratarse de zonas rurales o serranas alejadas de las ciudades, la condición de estos ambientalistas es de alta vulnerabilidad.

También se encuentran en grave peligro los defensores de migrantes que trabajan en albergues al interior del país, que les ofrecen ayuda humanitaria y los protegen de los traficantes de indocumentados y de autoridades corruptas; algunas de éstas protegen a polleros o coyotes y a bandas criminales que han diversificado su actividad a la extorsión, el secuestro, la trata y el tráfico de droga. Los migrantes sufren un verdadero vía crucis al ser víctimas de tortura, violación sexual o asesinato. Las mujeres migrantes, de plano, cargan consigo “la pastilla del día siguiente”. La labor de los defensores, sobre todo religiosos en albergues, ha sido de vital importancia para la protección de los derechos de los migrantes.

Otros defensores realizan su actividad como víctimas indirectas que son, en casos de desaparición, desaparición forzada y crímenes contra sus hijas o hijos. Muchas madres sufren permanentemente por no conocer su paradero y se aplican, tras un doloroso y conflictivo proceso de confrontación con las autoridades y de no aceptación de la pérdida, a exigir la aparición de sus familiares, la investigación y el esclarecimiento de los hechos mediante la denuncia pública. Ante la gran impunidad que campea en los casos de tortura y desaparición y el descubrimiento de cientos de fosas clandestinas con restos humanos en todo el país, es común la creación de colectivos de familiares de víctimas de desaparición, que se convierten en vigorosas activistas de los derechos humanos.

También corren serios riesgos a su integridad y a su vida los defensores que documentan y litigan casos de detención arbitraria, tortura, desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales perpetradas por autoridades civiles y militares o grupos criminales.

Por el lado de los comunicadores, destacan la publicación de diversos trabajos de investigación periodística que coloca a sus autores en grave riesgo de sufrir represalias y ataques directos a su integridad y a su vida, provocados por quienes se sienten afectados en sus intereses, autoridades y delincuencia. Los periodistas son víctimas, además, de ataques cibernéticos, chantajes, censura a cuenta de publicidad oficial y otros perjuicios igualmente graves. Todo ello atenta también contra la libertad de expresión y el derecho a la información.

Ante este desolador panorama y la fuerte presión internacional al gobierno mexicano, defensores y periodistas (que incluso han sido víctimas de espionaje oficial), la ONU, la CNDH y las ONG han impulsado diversas iniciativas, como la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, del año 2012, cuyas funciones corren a cargo de la Secretaría de Gobernación, que prevé la conformación de una Junta de Gobierno y un Consejo Consultivo, así como la integración de un fondo para la protección.

Al amparo de esta Ley se crea el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, cuyas funciones las realiza el Consejo Consultivo, integrado por nueve personas provenientes de la sociedad civil (defensores, periodistas y académicos).

El caso Baja California

En el marco de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), celebrada el 7 de junio de este año en la Ciudad de México, con la presencia de la Segob y de la CNDH, los gobernadores de los estados firmaron el “Convenio de Colaboración de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”.

En consecuencia, mediante los compromisos adquiridos en esa reunión, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid instalará en Baja California la Unidad de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Información extraoficial da cuenta que funcionarios de la Secretaría General de Gobierno y del denominado C-4, ahora C-5, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, cuyas funciones son el Servicio de Atención de Emergencias, así como el Programa Nacional de Denuncia Anónima, se harán cargo de dicha Unidad. De ser así, sería un contrasentido porque muchas de las quejas por violaciones a los derechos humanos señalan precisamente a la Secretaría de Seguridad Pública, además de que no son especialistas en el campo de los derechos humanos.

Para evitar convertirse en un ente burocrático y cumplir cabalmente con sus objetivos, y si se hubieran querido hacer mejor las cosas, antes de instalar esa Unidad, el gobierno de Baja California debió haber convocado y consultado a la sociedad civil, contemplando la creación de un Consejo Consultivo estatal integrado por defensores, periodistas y expertos, además de una Ley Estatal de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas que el Congreso local bien pudo aprobar con anticipación.

*Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste

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