Ley del Servicio Profesional Docente viola Seguridad jurídica de maestros

28 de junio del 2015

México de conciencia, Mexico Violento

En el presidium, representantes de organizaciones de Jalisco que aceptaron formar un frente en contra de la Reforma Educativa y en defensa de la educación pública. Foto: Teódulo Pineda

En el presidium, representantes de organizaciones de Jalisco que aceptaron formar un frente en contra de la Reforma Educativa y en defensa de la educación pública. Foto: Teódulo Pineda

Por Teódulo Pineda Bahena

GUADALAJARA, Jalisco.- En el marco de la reunión estatal para la creación de un frente contra la Reforma Educativa, el líder de la Asamblea Magisterial Democrática en Jalisco, Juan Carlos Banderas, señaló que los lineamientos tanto de la Ley del Servicio Profesional Docente, como de los procedimientos que se están llevando a cabo contra el magisterio contravienen principios constitucionales. Refirió que la Suprema Corte de Justicia de México ha ratificado que la Reforma Educativa es constitucional y con ello se reconoce que los derechos de la niñez de este país, están por encima de los derechos de los más de un millón setecientos cincuenta mil trabajadores de la Educación. “Sin embargo, también nuestros derechos están siendo cancelados contraviniendo nuestras garantías constitucionales”.

Así lo afirmó en la asamblea del 27 de junio, en la capital tapatía, ante los representantes de once organizaciones de lucha para formar un frente jalisciense en contra de las reformas estructurales en materia de Educación y de derechos laborales, y en la que se acordó sumarse a las luchas del magisterio en el plano nacional.

El líder mencionó que una de las principales garantías constitucionales que está siendo violada es la que establece el Artículo 14° sobre la Seguridad jurídica que a la letra dice:

“A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho”.

Con respecto a la retroactividad de la ley, el destacado jurista mexicano Ricardo Soto Pérez, establece en su texto Nociones del Derecho positivo mexicano (Esfinge, 1999), que “Al hablar de la garantía de irretroactividad estamos hablando de que las leyes prohíben que, por virtud de una nueva ley, puedan afectarse situaciones o derechos constituidos conforme a una ley anterior”. En Las garantías individuales (Porrúa, 1995), el jurista Ignacio Burgoa Orihuela explica que “Ese derecho tiene como obligación estatal y autoritaria correlativa, la consistente en que toda autoridad del Estado será impedida para aplicar la ley retroactivamente en perjuicio de una persona”.

Estas nociones del Derecho mexicano, de acuerdo a lo afirmado por varios de los asistentes, no fue ni es tomado en cuenta en la aplicación de la Reforma educativa, además de que "los magistrados de la Suprema Corte de Justicia actuaron alineados a los intereses que están detrás de quien ostenta el Poder Ejecutivo sin hacer un análisis jurisprudencial de esta situación".

Otra situación que conlleva esa determinación, sería que todas las demandas de juicio de amparo en contra de los efectos de la aplicación de los procedimientos de la reforma, no serían resueltos o quedarían sin efecto, dejando como recurso emergente a que el magisterio solicitara la intervención de la Corte Penal Interamericana.

Los recursos de amparo de los que Jalisco marcó un precedente, se están integrando en diferentes partes de esta entidad y ha sido ejemplo para otras entidades del país. Así mismo, se considera que si una ley está lesionando los intereses de la mayoría de los sometidos a la misma, ésta, no puede ser constitucional. Y la aplicación de la Ley del Servicio Profesional Docente y la Reforma Educativa a quien lesiona y afecta de forma directa es la sociedad y a la misma niñez mexicana.

Maestros de Jalisco en asamblea analizan las violaciones constitucionales de la Reforma educativa. Foto: Teódulo Pineda

Maestros de Jalisco en asamblea analizan las violaciones constitucionales de la Reforma educativa. Foto: Teódulo Pineda

La integrante de la Red Isaki de asesoría jurídica para maestros, Adriana Becerra, expuso ante la asamblea que los trabajadores de la Educación deben de estudiar y analizar punto por punto lo que se les está aplicando con la nueva ley. Deberán de diferenciar ante todo lo que significa el “servicio público” y el “servicio profesional”. Los trabajadores que están considerados como servidores públicos por ley, dijo, se rigen por el apartado B del Artículo 123 constitucional y están bajo responsabilidad directa del Estado. Por el contrario, el servicio profesional pierde esa característica y de plumazo se pasan al apartado A de ese artículo constitucional.

Adriana Becerra señaló que por esta razón muchos profesores, como fue el caso de los de los que dan el servicio de Secundaria a distancia para Adultos (unos 75 que trabajan los sábados), después de 15 años de servicio, se les quitaron derechos de forma arbitraria y progresiva, se les dejó de pagar. Finalmente se les condicionó a que firmaran un nuevo contrato para que se les pagaran los sueldos retenidos, "con un esquema laboral totalmente retrógrado y distinto al que tenían anteriormente".

El profesor Niceto Ríos Aguirre, por suparte, destacó que igual pasa con quienes en estos días presentaron exámenes de promoción, alentados por las autoridades educativas a nivel estatal y nacional.

Expuso el docente que, en su escuela, la directora se retiró por jubilación. Él, tras un periodo de estar al frente del plantel como directivo comisionado, fue invitado a presentar el examen de promoción para ascender al cargo de director. Y sin estar totalmente enterado del procedimiento, presentó la solicitud respectiva por internet.

Primero, le salió el formato de solicitud. Luego, una especie de encuesta sobre su situación laboral, y, por último, una carta de compromiso en la que aceptaba renunciar a todos sus derechos anteriores a la presentación de esa solicitud.

“¿Cuáles son estos derechos? Una antigüedad de 27 años de servicio, el derecho a permanecer a la escuela en la que trabajo actualmente, sin que nadie pueda cambiarme de adscripción a menos que yo lo solicite, por mencionar algunos”, exclamó el docente.

“En caso de que aprobara el examen sería ascendido a director, continúa. Pero tendría que firmar un documento de readscripción, es decir, iniciaría un nuevo esquema de relación laboral diferente al que tenía”. En caso de que no aprobara el examen, el maestro ya no podría volver a la escuela a la que estaba adscrito, sino que sería enviado a cualquier lugar que se le asignara por “necesidades del servicio”, decidido a discreción por las mismas autoridades educativas, y tendría que firmar un nuevo contrato de reasignación. Todos los derechos que a lo largo de 27 años había mantenido, desaparecerían.

Varios asistentes expresaron su opinión respecto a lo establecido por la Ley del Servicio Profesional Docente, el sentido de que “no estamos en contra de una evaluación, ni en contra de que por obligación debamos de actualizarnos y asistir a cursos diplomados o estudiar las maestrías y doctorados. En lo que no estamos de acuerdo es que la aplicación de los exámenes sean instrumentos con los que la autoridad educativa pretenda despojarnos de lo que ya hemos conquistado como trabajadores por años”, y por eso denuncian que esas evaluaciones son punitivas, arbitrarias y en contra de los principios constitucionales que protegían a los trabajadores.

“Vivimos de los que hacemos, no vivimos de lo que tenemos” afirmó el profesor Eladio López y añadió que debido a los procesos de evaluación que se llevarán a cabo en el transcurso del año, muchos de los compañeros podrán ser declarados como “no idóneos para ejercer” y a pesar de que se les ofrecen otras oportunidades para aplicar, serán despedidos, y eso es una amenaza para los ingresos que representan el sustento de sus familias. López, por último convocó a que se reanude con mayor fuerza y coraje la lucha en contra de las reformas estructurales y en especial, en contra de la Reforma Educativa, a través del frente nacional de maestros convocado por la Asamblea Magisterial Democrática Jalisco.

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