La nueva Inquisición de España y los vericuetos de la corrupción

Por Juan Ramón Jiménez de León* 

Foto: LAPress

 

MEXILEAKS.- Azote de terroristas y dictadores, sus decisiones, siempre rodeadas de polémica, le llevaron finalmente al banquillo de los acusados, aquel en el que él quiso sentar a personajes tan particulares como Augusto Pinochet o Bin Laden. Baltazar Garzón, segundo de cinco hermanos, hijo de un empleado de gasolinera y descendiente de una familia de agricultores, nació en la localidad de Torres, en la provincia de Jaén (sur de España), el 26 de octubre de 1955.

Cobró fama internacional por dictar en 1998 un auto de procesamiento contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, que permaneció detenido cinco meses en el Reino Unido. En ese entonces sólo era magistrado juez del Juzgado Central de Instrucción No. 5, en la Audiencia Nacional de España.

Ahora, el Consejo General del Poder Judicial de España (CGPJ), bajo consigna de la ultraderecha y el añejo fascismo del franquismo, ha definido la sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado a once años de inhabilitación a Baltasar Garzón como «impecable».

El pretexto jurídico se da en «la intervención de las comunicaciones telefónicas entre los imputados en prisión y sus abogados», hecho que sólo está autorizado para su uso en casos de terrorismo y con autorización judicial. No era el caso de los «pinchazos» del caso Gürtel, relativo a los empresarios corruptos cercanos al Partido Popular (PP) de José María Aznar, de derecha que ahora toman venganza, es lo que ha pedido el sindicato de ultra-derecha Manos Limpias y la Asociación Libertad e Identidad y es ésta la razón por la que ha caído sobre Garzón Real, el peso de la “Justicia” en este injusto procedimiento de desafuero del super-juez.

La trama Gürtel estaría encabezada por el empresario Francisco Correa, cuyo apellido en alemán («gürtel» se traduce como «cinturón», vocablo semejante a «gurt», que significa “correa”) da nombre al caso. El caso Gürtel fue destapado por el diario español El País, a cuyos investigadores les fue concedido el Premio Ortega y Gasset de Periodismo, en su vigesimoséptima edición de 2010, al “mejor trabajo de prensa”.

Este caso, ahora famoso, inició cuando José Luis Peñas, ex concejal del Partido Popular en el ayuntamiento de Majadahonda y amigo de Francisco Correa desde 2001 hasta 2008, presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción el día 6 de noviembre de 2007. Aportó como pruebas grabaciones ocultas -que ahora se le achacan a Garzón- realizadas en reuniones con personas como Isabel Jordán, administradora de la empresa Easy Concept que, junto con Special Events y Orange Market eran propiedad de Francisco Correa.

La trama estaría encabezada por un cuarteto integrado por el empresario Francisco Correa y tres de sus hombres de confianza: Álvaro Pérez apodado “El Bigotes”, Pablo Crespo y Antoine Sánchez. Este grupo habría establecido un supuesto conglomerado de negocios con objeto de nutrirse de fondos de entidades públicas, considerado técnicamente como lavado de dinero -como el caso de los 25 millones de pesos en efectivo del gobernador mexicano Duarte, enviados en un avión oficial del Gobierno de Veracruz (de filiación PRI) a Toluca, con funcionarios del gobierno veracruzano, para la compra de “tamales” el día de la Candelaria (2 de Febrero). La excusa más tonta e infantil que se ha escuchado en tiempos recientes, sólo se parece a aquella otra de lavado de dinero del Casino Royale de Monterrey, en donde murieron 54 personas, la mayoría mujeres de clase media, y en donde con cámaras se mostraba al panista Larrazabal, recibiendo dinero y este confesó que era para la compra de quesos.

En fin, regresando al caso Gürtel, en particular de algunos ayuntamientos y comunidades autónomas como la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Galicia, así como para saltarse las prohibiciones legales en materia urbanística y medioambiental que habrían afectado a sus negocios inmobiliarios recuerdan todos estos hechos de corrupción. Las empresas de Correa organizaban eventos públicos del Partido Popular durante el gobierno de José María Aznar. Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre dejaron de contar con él en 2004.

El método más habitual para obtener sus ventajas y beneficios era la utilización de dádivas y sobornos a funcionarios y autoridades públicas. José Luis Izquierdo López, empleado de confianza de Francisco Correa y de Pablo Crespo, mostró a los jueces los asientos contables del dinero supuestamente relacionado con este asunto, la llamada «caja B». En la documentación figuran los nombres de Alejandro Agag (yerno de José María Aznar), Álvaro Pérez, Antoine Sánchez, Alberto López Viejo (ALV), Arturo González Panero, Gerardo Galeote, L.B., Ricardo Galeote, Benjamín Martín, Ginés López, F. Torres, Jacobo Gordon, Luis López Salvador, Milagros Zapatero, Pablo Crespo, Pau Collado, Araceli, Rocío y Sabio Martínez. Francisco Correa pidió a su empleado figurar en ellas como “Don Vito, como el de la película” (refiriéndose a Don Vito Corleone, personaje interpretado por Marlon Brando en El Padrino). Todas estas personas están o han estado vinculadas al PP; sin embargo, no ha sido constatada la financiación ilegal del Partido Popular como persona jurídica.

Tras el levantamiento del sumario en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), se conocen indicios de posible financiación irregular del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Partido Popular de Galicia, Partido Popular de Castilla y León y del Partido Popular Nacional.

Entre las empresas que lavaban dinero estaban Special Events, Pasadena Viajes, Easy Concept, Good and Better, Orange Market, y sus subsidiarias, en total 23 empresas. Sin embargo, los poderosos medios periodísticos, The New York Times y The Guardian de Londres, consideran que su castigo se debe a su investigación de los crímenes del franquismo, y especialmente el caso de los asesinados y tirados en fosas comunes, la de las escuchas telefónicas de la «Gürtel», es una «derivada política que se usó judicialmente», para terminar la carrera «del juez de los Derechos Humanos», como se le ha llamado en el mundo entero donde era visto como un «justiciero» universal».

El diario británico citado subraya que el juez Garzón adquirió un aura de «estrella del rock» que le granjeó muchos enemigos en casa, en especial entre los franquistas y los monárquicos, estos últimos temían la intromisión del juez en el asunto del yerno del Rey Juan Carlos. Los métodos, y su inmediata repercusión, en los medios globales, además le granjeó la enemistad y envidia con la «cooperativa judicial», que se sentía incómoda con su celebridad y es otra de las impresiones derivadas de esta primera sentencia condenatoria que se repite después de la resaca del fallo del Supremo, al considerar muchos analistas que el juez siempre bordeó los métodos legales en aras de un fin y eso le provocó más de un disgusto y discusión encontrada con los defensores de la ortodoxia judicial.

El hecho es que su accionar y su celebridad áulica le llevó a impartir clases y cobrar por ello en la Universidad de Nueva York y eso también va a llevar a otra sentencia, pues la “Cooperativa” lo considera ilegal, lo cual es un absurdo que se suma a los absurdos de su sentencia, el escrito de la acusación pide para Garzón penas de cinco años de prisión e inhabilitación de hasta 30 años e incluye cuatro calificaciones: delito de cohecho impropio en régimen continuado -penado por 27 mil euros de multa-, y las alternativas de delito continuado de cohecho propio, delito continuado de extorsión y delito de asociación ilícita.

Durante el juicio de sus colegas, la acusación de la fiscalía utilizó calificativos como “monstruoso”, “infamante”, “injusto”, “barbaridad”, “inconstitucional”, para referirse a la actuación de Garzón y se esforzó en presentarlo como un juez prevaricador y violador sistemático de todos los derechos constitucionales, “una suerte de Gran Hermano que todo lo escucha y todo lo ve”. No obstante lo anterior, Garzón continuará como asesor de la Corte Penal Internacional de La Haya, como asesor de la OEA de América y del Comité contra la Tortura de Europa y es posible que las grandes universidades le llamen a dar clases.

Toda esa infamia se desató cuando el ex juez Garzón utilizó la obsoleta Ley de Amnistía de 1977 que ha impedido abrir causas judiciales e investigar los miles de crímenes cometidos durante la Dictadura de Francisco Franco. Se le acusa al ex juez Garzón por haberse “excedido” al admitir a trámite e investigar denuncias sobre crímenes de lesa humanidad relacionados con desapariciones forzadas que habrían sucedido entre 1936 y 1951.

A petición de víctimas y familiares, Garzón recopiló entre 2006 y 2008 documentación sobre más de 114 mil casos de republicanos que fueron desaparecidos durante la Guerra Civil y durante el periodo de la dictadura franquista. Sufrió una férrea oposición de la fiscalía y decidió cerrar la causa. Aún así, se le enjuicia o mejor dicho se le ajusticia ahora.

El pueblo español salió en su defensa inmediatamente y donde quiera hay manifestaciones en su apoyo. En 1988, Baltasar Garzón había saltado a la fama cuando mandó a prisión al Subcomisario José Amedo Foucé y al Inspector Michel Domínguez Martínez, acusados de pertenecer a un grupo paramilitar policíaco que, en realidad, era un escuadrón de la muerte de luchadores sociales “terroristas”, llamado GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), algo así como los llamados Matazetas veracruzanos que son una copia burda de los Blackwaters de Bush. El juez también jugó un papel clave contra la organización terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA). Ordenó entonces el cierre de la empresa de comunicación Orain S.A y el cese de las actividades de Egunkaria, el único diario que se editaba íntegramente en lengua vasca. En 2002, suspendió también las operaciones del partido político Batasuna considerando que formaba parte del entramado de ETA.

A nivel internacional, no gustó al gobierno de Carlos Menem que investigara las desapariciones de ciudadanos españoles en la dictadura militar argentina. Su firme defensa del principio de la Justicia Universal le llevó a procesar al ex militar argentino Adolfo Scilingo, quien fue condenado en España a una pena de cárcel de más de mil años por delitos de lesa humanidad y detención ilegal durante la dictadura de ese país. Su enfoque era la Escuela Mecánica Superior de la Armada, la temible ESMA, donde se hizo desparecer a 4 mil personas.

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El presidente argentino habló de “acoso judicial” y de “víctimas de maniobras político-judiciales fraguadas por la ultraizquierda”. Menem dijo en esa ocasión: “Creo que el juez Garzón es una vedette y no un juez. Si en Argentina hubiese habido un magistrado como Garzón, todos los medios lo habrían destruido”.

Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida aprobadas por el Gobierno de Raúl Alfonsín y el posterior indulto decretado por Carlos Menem, intentaron dar carpetazo a lo actuado durante el régimen militar represor. Casi dos decenios después, la investigación realizada desde el exterior por el entonces juez Baltasar Garzón ha alentado a organizaciones políticas y humanitarias para exigir con fuerzas renovadas justicia.

El precedente que ha sentado el magistrado español es saludable para la democracia y para la búsqueda de la verdad, pero es altamente peligroso para todos aquellos que han vivido amparados en la impunidad -caso actual de México y la narcoguerra de Felipe Calderón.

El analista Osvaldo Bayer escribía en el diario Página 12 que, en Alemania, organizaciones políticas, humanitarias y la Iglesia estaban preparando una denuncia internacional contra militares argentinos por la desaparición de 75 ciudadanos de origen alemán. Y el prestigioso Instituto Max Planck es el encargado del asesoramiento jurídico para la presentación de la denuncia, que nunca respondió Menem. Y fue en ese mismo año, en 1998, que Baltazar Garzón ordenó detener al dictador Augusto Pinochet y lo procesó por ser responsable directo de miles de muertos en Chile.

La vicepresidenta de la chilena Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Mireya García, calificó la condena al juez Baltasar Garzón como “un juicio político que representa una vergüenza internacional”. Un caso que tiene que ver con México, es la “venta” fraudulenta de BANCOMER a BBVA, en ese entonces Garzón imputó a los 22 directivos del BBV beneficiarios de los planes de pensiones creados desde uno de los paraísos fiscales y a otros cinco miembros del banco relacionados con la operativa de las cuentas.

Pero la vía penal, que paralizó los expedientes anteriores, acabó en 2007 sin que ninguna persona fuera condenada, pese a que la Fiscalía había solicitado varios años de cárcel para el Vicepresidente de BBVA, Emilio Ybarra y Pedro Luis Uriarte, consejero delegado, y otros directivos. Tan solo Ybarra, aclamado en el Círculo Ecuestre de Barcelona por sus valores cívicos, tenacidad y esfuerzo, fue castigado con prisión de seis meses por un delito de apropiación indebida por los fondos de pensiones, sanción que no cumplió debido a los apoyos ocultos de Aznar.

Todo el operativo de lavado de dinero se llevó a cabo en Puerto Rico para comprar Bancomer, ese dinero estaba depositado en distintas sociedades domiciliadas en la Isla de Jersey UK, Liechtenstein y las Islas Caimán, destinos todos ellos considerados como paraísos fiscales, desde donde BBV compraba acciones para la auto cartera o guardaba el dinero de las pensiones de sus ejecutivos.

Pensiones de escándalo fabricadas con “información privilegiada” y otros delitos fiscales, falsedad documental, administración fraudulenta, y hasta robo de un bono japonés por parte del banco PROBURSA de Antonio Madariaga Lomelí. Madariaga ahora es miembro del Consejo de Administración de BBVA-Bancomer, y está involucrado en la construcción de dos gigantescas torres empresariales en terrenos ubicados en la confluencia de Río Churubusco y Avenida Universidad, en la Ciudad de México, un complejo urbanístico ultra-moderno que sin embargo está destruyendo el tradicional pueblo de Xoco. Pero nada de eso fue suficiente para que actuaran las autoridades hacendarias en la administración de Vicente Fox, ni para el entonces Secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, después acusado de promover el mayor desfalco fiscal de todos los tiempos, con los casos de los bancos BANAMEX y BANCOMER por haber eludido el pago de impuestos sobre la renta, que llegaron a la fantástica cifra de 5 mil MDD.

El sector bancario español no le perdonó esta investigación a Baltazar Garzón y luego lo quiso ensuciar diciendo que Garzón había recibido 200 mil euros para impartir sus cursos en la Universidad de Nueva York (NYU). Esta difamación fue filtrada al periódico español El Mundo por el Tribunal Supremo y por Manuel Marchena, quien ordenó diversa documentación a Endesa, BBVA, Telefónica y Caixa Cataluña, tras conocer que todas estas empresas podrían haber patrocinado los cursos en la prestigiada universidad neoyorquina.

Hoy, Baltazar Garzón parecería no tener salida ante el golpe judicial de la derecha española. Tampoco es el único caso de esta naturaleza, en que la corrupción puede más que la justicia.

*El autor es economista, académico y periodista en México.

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