Connect with us

Mexico Violento

Fiscalía de Chihuahua, fábrica de culpables, pruebas y amenazas de muerte

Un testigo protegido denuncia a la fiscal Rosa María Sandoval de fabricar pruebas en investigación de feminicidios y de intentar vincular a Marisela Escobedo con el cártel de Sinaloa

Published

on

Por Guadalupe Lizárraga

LOS ÁNGELES, California.- “Querían que dijera que la señora Marisela y yo trabajábamos para el cártel de Sinaloa, que éramos gente del Chapo Guzmán”, denuncia en su testimonio, Manuel García, quien ayudaba voluntariamente a la asesinada Marisela Escobedo mientras ella exigía justicia a las autoridades de Chihuahua por el crimen de su hija Rubí Marisol Frayre. El testimonio de García revela amenazas de muerte y la intención fabricar pruebas por parte de la fiscal Rosa María Sandoval Chávez, de la Unidad Especializada en Control, Análisis y Evaluación de la Fiscalía del Estado de Chihuahua.

Una semana después del asesinato de Marisela Escobedo perpetrado el 16 de diciembre de 2010, a través del “comandante Santacruz”, la fiscal Rosa María Sandoval, intimidaba a Manuel García para que cambiara su declaración ante el Ministerio Público e incriminara a Marisela Escobedo y a sí mismo, como miembros del cártel de Joaquín “Chapo” Guzmán. La relación la podrían fabricar, a raíz de una narcomanta aparecida la madrugada del 21 de diciembre, en Ciudad Juárez, de la supuesta autoría de este cártel en la que se solidarizaban con los familiares de Escobedo, y pedían información sobre Sergio Rafael Barraza Bocanegra, asesino confeso de Rubí Marisol.

La negativa de García a “manchar la memoria de Marisela Escobedo” fue el motivo de la amenaza de muerte y la retirada de la protección policíaca, según confiesa. Si aceptaba cambiar su declaración, “la fiscal lo podía mandar hasta China, si quería”, dice en su testimonio, porque el comandante le insistía en que “la fiscal lo podía ayudar y darle protección, si también él la ayudaba a ella”. Fue cuando un agente de la Policía Ministerial, lo amenazó de enviarlo a “Monterrey, a Puebla o a Guadalajara, y en esos lugares, nadie lo iba a proteger”.

García tuvo que salir de Ciudad Juárez por sus propios medios para salvar su vida y con la orientación jurídica de dos organismos de derechos humanos locales que guardamos su identidad por seguridad a sus miembros. Primero, fue a Torreón buscando refugio, de donde llamó a Norma Ledezma, de la organización Justicia para nuestras hijas, pidiendo ayuda. Ledezma respondió que sólo podía enviarle mil pesos para “rentar un lugar y comer”, pero que ya no lo podía ayudar más.

Después de varios meses, la esperanza de encontrar un apoyo más sólido volvió a Manuel García. El 9 de junio de 2011, la marcha ciudadana de Javier Sicilia, activista por la muerte de su hijo, tenía lugar en Ciudad Juárez. Manuel sabía de la lucha de Sicilia, por lo que comentaba Marisela Escobedo. Sin embargo, su esperanza no logró concretarse en apoyo, porque “en medio de tanta gente, no había posibilidades de contarle mi problema”, dice.

Con la ayuda de los organismos de derechos humanos locales pudo viajar a Ciudad de México y mantenerse bajo protección. Pero el acoso no cesaba, y pese a que varias veces le ayudaron a cambiar su número de celular, la Policía Ministerial de Chihuahua volvió a llamarle, intimidándolo para que aceptara involucrar a Marisela Escobedo con el narcotráfico.

Manuel García afirma que junto con Marisela Escobedo, antes de ser asesinada, y el hermano de ella, entregaron toda la información investigada a la fiscal Rosa María Sandoval Chávez, incluyendo un CD con tres canciones grabadas por el asesino Sergio Rafael Barraza. La letra de estas canciones narraba cómo había asesinado a Rubí Marisol, “y todo lo que le había hecho”, afirmó García, quien él mismo llegó a escucharlas. Pero a la fiscal Sandoval, eso no le interesó, ni la nueva evidencia ni la investigación que Escobedo realizaba con sus propios esfuerzos. Así que, frente al comandante mencionado, según el testimonio, decidió destruir el CD, junto con otras dos copias.

La investigación de las ahora víctimas también incluía evidencias de que el asesino Sergio Rafael Barraza se encontraba en Fresnillo, Zacatecas; y precisaron, ante la fiscal, el domicilio. La información fue desestimada de inmediato por Sandoval, porque dijo que ella estaba en comunicación con la madre de Barraza, y le había dicho que su hijo se encontraba en Estados Unidos.

El 22 de agosto de 2011, la funcionaria de la fiscalía responsable de investigar los feminicidios insistió todavía en crear falsas pistas de investigación en el caso de Marisela Escobedo.  Declaró a la prensa mexicana, a través de un comunicado conjunto con el Instituto Chihuahuense de la Mujer, dirigido por Emma Saldaña, que algunos de los casos “podrían estar relacionados con el crimen organizado”.

En aquel momento, enfatizó Sandoval que “el modus operandi con que se perpetraron algunos feminicidios, como el uso de armas de grueso calibre, tortura y mensajes de grupos criminales”, podrían ser evidencias de esta relación. Y con una afirmación contundente, que hoy podríamos interpretar como demagógica, concluyó la funcionaria que «la Fiscalía está investigando esos y todos los casos de homicidios de mujeres para esclarecer las causas, así como detener y procesar a los responsables».

Testimonio de Manuel García

[haiku url="http://www.losangelespress.dreamhosters.com/wp-content/uploads/manuelgarcia2.mp3" title="Breve descripción del archivo de audio"]

[haiku url="http://www.losangelespress.dreamhosters.com/wp-content/uploads/manuelgarcia21.mp3" title="Breve descripción del archivo de audio"]

[haiku url="http://www.losangelespress.dreamhosters.com/wp-content/uploads/manuelgarcia3.mp3" title="Breve descripción del archivo de audio"]

Otros testimonios

La responsable legal de uno de los organismos de derechos humanos de Ciudad Juárez que apoyó a Manuel García confirmó a Los Ángeles Press que sí tenía conocimiento de las amenazas directas por parte de la fiscal al joven. “Un muchacho muy humilde, que necesitaba mucha ayuda y nadie lo escuchaba”, dijo, por lo que se decidió solicitar el apoyo de otra organización y actuar con rapidez para salvar la vida de García, enviándolo a la Ciudad de México.

Al entrevistarlo sobre el hostigamiento del que era víctima, García confesó a la responsable de esta organización de la que nos reservamos su identidad, “que querían que dijera que Marisela Escobedo traficaba droga, y que si testificaba le conseguirían asilo en Estados Unidos”.

Sostiene la defensora de derechos humanos que el mayor acoso que recibió Manuel García en Ciudad Juárez fue entre abril y mayo de 2011, que fue cuando ella intervino con su gestión para poder sacarlo de la ciudad. Pero también confirmó que este acoso continuó en la Ciudad de México, por lo que tuvieron que sacarlo del país. Concluye que “Manuel sí había dado a las autoridades de la fiscalía la ubicación precisa del asesino de Rubí Marisol, y las autoridades, en todo este tiempo, no lo han detenido”.

Las irregularidades y delitos de la fiscalía Foto: entrelíneas.com.mx

En la reunión con las madres de desaparecidas en las instalaciones de la fiscalía el pasado 12 de diciembre, Rosa María Sandoval Chávez aceptó públicamente el encubrimiento de información por negligencia de las autoridades, y dijo que se debía a que eran “funcionarios nuevos”. Este encubrimiento se refería a los cadáveres retenidos por años en la morgue.

Sin embargo, no son pocas ni aisladas las irregularidades y delitos en los que ha incurrido la fiscalía del estado sobre los crímenes de niñas y jóvenes. La más frecuente es la de “perder” declaraciones para quitar líneas de investigación. Incluso se han perdido partes importantes de expedientes o no se entregan las copias completas a las madres de las víctimas.

También existe como excusa “la falta de tiempo” por parte de la fiscalía para analizar cada uno de los expedientes o para tomar declaraciones de personas que están dispuestas a aportar información valiosa para las investigaciones. Un ejemplo de ello, es el caso de Adriana Sarmiento Enríquez, desaparecida el 18 de enero de 2008. El responsable de la Unidad de Personas Extraviadas y Ausentes, Ricardo Esparza Jurado, solicitó el 10 de noviembre de 2009 a la agente del Ministerio Público, Edith Acevedo Martínez, una constancia sobre la existencia de algún reporte de desaparecida que coincidiera con las características físicas que aportaba el informe forense en este caso.

El expediente de Sarmiento dice textualmente “que Edith Acevedo contesta poco después que no se ha encontrado ningún reporte con esas características”, y la fecha es del 12 de noviembre de 2009. Adriana Sarmiento fue asesinada, según el análisis forense, en noviembre de 2008, y según la fiscalía encontró el cuerpo el 5 de noviembre de 2009, mismo día en que se llevaría a la morgue de Juárez.

La desaparición de la joven Sarmiento fue publicado profusamente mediante pesquisas y medios digitales que se pueden constatar haciendo una simple búsqueda en Internet y dará los resultados por fechas. El reporte lo había puesto su madre Ernestina Enríquez desde el mismo día en que no volvió a casa. No había manera de no saber sobre su ausencia, y sin embargo, la agente Acevedo Martínez negó la existencia del reporte de la desaparecida al funcionario que lo solicitaba.

En este mismo caso de Sarmiento, fueron entregados los restos a la madre el primero de diciembre de 2011, después de que se enterara por nuestro medio que el cadáver de su hija estaba en la morgue por años. La misma fiscal, Rosa María Sandoval, todavía negó la información a la madre hasta que a la noche del día siguiente se vio obligada a entregar el cuerpo. Ernestina Enríquez declaró destrozada que “en el celular de su hija aparecieron unos números de México y que hasta allá fueron a buscarla, haciéndose pendejos”, porque a su hija ya la tenían en la morgue.

El caso de Brenda Berenice Castillo, desaparecida el 6 de enero de 2009, es contundente también en irregularidades y falta de profesionalismo y ética por parte de la fiscalía del estado. Cuando recién desapareció Brenda de 17 años, Irma Cornejo fue testigo visual y habló por teléfono a la fiscalía para avisar que había visto a la joven en el centro de Juárez, con dos hombres, y que ella iba golpeada y llorando. Pero no fue tomada su declaración en ese momento, y tiempo después, en marzo de 2009, el perito José Fernando Chávez solicitó, a través de oficio por escrito, a la funcionaria del Ministerio Público, Haydeé Guzmán, la elaboración de los retratos hablados de los presuntos agresores con la declaración de la testigo.

Los dos retratos se realizaron con el número de oficio PGJE-UEIPAE-CDJ-646/2009 y se tomó oficialmente la declaración de la testigo. Sin embargo, para principios de septiembre de 2011 que Los Ángeles Press investigaba este caso, buscó la declaración de Irma Cornejo en la Unidad de de Desaparecidas para cotejarla con la información de nuevas pistas de la víctima. A dos años y medio, ya no existía ninguna declaración de la testigo Irma Cornejo. Incluso, las autoridades confirmaron que esa parte del expediente “se había perdido”.

La omisión, la fabricación o la destrucción de evidencias han sido los delitos más frecuentes en las investigaciones sobre feminicidios por parte de los funcionarios de la fiscalía. Como lo hizo la fiscal Rosa María Sandoval con el CD de las canciones del asesino de Marisela Escobedo y su hija. Así también han desaparecido o ignorado varias de las declaraciones de algunas madres de víctimas que han recibido llamadas telefónicas presuntamente de sus hijas, y al aportar números y referencias, en declaraciones ante el Ministerio Público, la fiscalía no da seguimiento a los hechos.

El cambio de competencias entre las dependencias gubernamentales también parecería ser un juego sucio para frenar las investigaciones y no sólo en casos recientes. El caso de Silvia Arce, desaparecida el 11 de marzo de 1998, ha sido ignorado por mucho tiempo, y se ha pasado de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía del Estado, quedando paralizado por completo.

La fiscalía de Estado de Chihuahua también ha sido acusada de la fabricación de culpables, como da cuenta el testimonio de Manuel García sobre la fiscal Rosa María Sandoval. Muchos de los casos aparentemente resueltos contienen denuncias de tortura y errores judiciales, a los que difícilmente se puede tener acceso informativo, por las constantes amenazas de muerte y hostilidades a los investigadores. Amenazas que se han extendido a la responsable de esta investigación.

Los familiares de las desaparecidas también son amenazados de muerte y algunas de estas amenazas las han intentado cumplir, según pone en evidencia el reciente atentado de Norma Andrade, madre de Liliana Alejandra García, asesinada a sus 17 años en febrero de 2001. Hay otros casos que aún pueden ser contados por los dueños de estas experiencias, por ejemplo, el caso de Nora Sarahí Castillo, quien buscaba con insistencia a su hermana Brenda Berenice, y en marzo de 2009, Nora fue amenazada telefónicamente por una voz masculina que le dijo “cuídate, porque ya sé dónde vives”. Pese a que puso la denuncia ante el Ministerio Público, en la que declaró tener miedo por su vida, no le dieron seguimiento. Y Nora dejó de buscar a Brenda.

Las amenazas a Manuel García para que incriminara a Marisela Escobedo como narcotraficante, es sólo una parte de la gran madeja de corrupción, ineptitud e indiferencia de las autoridades investigadoras en los feminicidios de Juárez. Las madres están solas. Los márgenes de actuación de los defensores de derechos humanos están limitados por la hostilidad del poder. Y las desaparecidas, aún vivas, tienen muy pocas esperanzas de volver a casa.

Esta reportaje forma parte de la investigación Mujeres guardadas en la morgue, y se autoriza su reproducción citando debidamente su fuente.

Continue Reading
9 Comments

9 Comments

  1. Pingback: Forenses internacionales opinan sobre las investigaciones de feminicidios en Juárez : Violencia contra las mujeres : Los Ángeles Press

  2. Pingback: PRI difunde falacias de periodista de Wall Street Journal en redes para promover voto : Mexico Violento : Los Ángeles Press

  3. Pingback: Redes sociales efectivas para mayor libertad de prensa en temas de riesgo : La red en lucha : Los Ángeles Press

  4. Pingback: La fiscalía de Chihuahua, fábrica de culpables, pruebas y amenazas de muerte : Violencia contra las mujeres | Movimiento Anti Peña Nieto Tabasco

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Mexico Violento

Asesinato o fabricación de delitos, opciones que dan a periodista por revelar contratos ficticios de la CFE

Published

on

By

 

Despacho 14
El violento oficio de escribir

  • Audio-amenaza de muerte contra periodista

  • Cárcel o Panteón, la oferta del Residente de Obra y su mano derecha

  • Dama de compañía de nuevo entrevistada

“Mi única locura fue esperar tantos años. Pero no me arrepiento. Hice lo que tenía que hacer. Lo maté así porque yo quería que sufriera, que tuviera una muerte fea, quería vengarme por su infidelidad. Lo peor es que yo me conozco: si no lo mataba, me iba a quedar con él, porque yo lo quería, me parece”.
Marisa Gristein, autora de Mujeres Asesinas

 

Por Alfredo Griz

¡Alfredo, hijo de tu perra madre, ya te van a meter a la cárcel, el ingeniero Loya y Circe, pero si no los dejas en paz ni ahí, pues ahí mismo te van a matar, tenemos personal ahí adentro, perro culero, bájale huevos o ya sabes!, es la amenaza más reciente contra el periodista que ha revelado una serie de reportajes sobre la corrupción de funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad a través de contratos ficticios en la residencia de obras de Yucatán en obras del Tren Maya.

El mensaje de audio por WhatsApp, directo y sin cortapisas, fue enviado el 12 de agosto y es explícito en el remitente. Se refiere a los servidores públicos Marco Antonio Loya Izaguirre y Circe Viridiana Palma Martínez, ambos imputados en varias carpetas de investigación por el hostigamiento y homicidio en grado tentativa a este periodista y señalados por contratos fraudulentos en la CFE, así como de hacer pagos de servicios sexuales con partidas presupuestales para viáticos que les provee la Comisión Federal de Electricidad a los funcionarios.

Las agresiones, el acoso incesante, la intimidación por parte de funcionarios de gobierno local, es una constante, sin embargo, bajo resguardo y con las medidas de protección federal, aun se respira el miedo y se siente el temor fundado de que en cualquier momento algo podría pasar.

En un ejercicio periodístico apegado a derecho, las revelaciones de corrupción y tráfico de influencias circulan desde hace varios meses en este espacio; sin embargo, los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad siguen en funciones sin que se les someta a auditoría por sus superiores. Tampoco nadie de los involucrados ha salido a dar una declaración al respecto, ni a pedir derecho de réplica, pese a que se les contactó para hacer valer su derecho. Solo ignoraron los mensajes y correos.

Podría interesarte: Funcionario de CFE, desde el gobierno de Calderón, con comisiones millonarias en compras como residente en Yucatán

Casandra, una de las damas de compañía que era contratada para dar servicios sexuales a los involucrados e imputados, reveló más datos e hizo más señalamientos directos sobre la empleada Circe Viridiana Palma Martínez, a quien se refiere como madrota o la poquianchis. En su testimonio, revela el pago de sus servicios con recibos de viáticos para los empleados.

La amenaza enviada en formato ahora de audio, con toda la intención de intimidar, es la insistencia para que este periodista deje de publicar sus correrías sexuales a cargo del erario y sus actos de corrupción, rayando en una escalada de violencia y agresiones que han sido reportadas a diferentes instancias internacionales.

Artículo 19, una de las organizaciones más reconocidas por la defensa de la libertad de expresión en el mundo y protección a periodistas, ha acompañado a quien esto escribe en todo el hostigamiento vivido durante los últimos tres meses; de igual manera lo ha hecho el Mecanismo de Protección Federal para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos.

Asesinato o fabricación de delitos

En varias carpetas de Fiscalía General de la República, los imputados también han intentado manipular los hechos junto con autoridades locales con una serie de acciones legales para impedir que este periodista deje de escribir respecto a los negocios turbios que tienen en la Residencia de Obra y Transmisión en Mérida Yucatán. Sin embargo, no son pocas las evidencias que sustentan la corrupción en la CFE.

La intención de los servidores públicos imputados es clara: asesinar al periodista, silenciarlo para siempre. No obstante, el intento ha sido fallido por la incompetencia de los emisarios. De allí que la otra opción que buscan los funcionarios con tráfico de influencias en la fiscalía es la cárcel, a través de la fabricación de delitos, como sucedió en el caso del periodista Héctor Valdez Hernández, de Tulum en red. Valdez lleva casi dos años en un reclusorio de la Ciudad de México, acusado falsamente de abuso sexual, después de haberle pedido ayuda al presidente López Obrador en la conferencia mañanera por la persecución del exalcalde de Tulum tras revelar su corrupción.

No te los pierdas: Precisiones sobre la situación de Héctor Valdez, periodista preso en CDMX por revelar corrupción

Por eso, con cada agresión, hay una nueva denuncia, un nuevo señalamiento, nuevos indicios y nuevas pruebas para demostrar de que tras el hostigamiento y atentados están los servidores públicos Circe Viridiana Palma Martínez y Marco Antonio Loya Izaguirre, y con el cúmulo de evidencias es la fiscalía quien tiene la responsabilidad en sus manos.

Ante esta situación y derivado de todas las demás agresiones sufridas, es que de nueva cuenta se hace la denuncia pública y de igual forma se agrega a la denuncia penal, para que obre en autos como dato de prueba.

La citada Circe Viridiana Palma Martínez ha tratado de utilizar a las autoridades para criminalizar la libertad de expresión, y meter a la cárcel a este periodista por publicar sus fechorías y sus escándalos sexuales dentro de la Comisión Federal de Electricidad, diciendo que son actos de intimidación o molestia hacia su persona. Se le olvida a la funcionaria que no sólo es una simple ciudadana imputada en varias carpetas de investigación, sino que es una servidora pública federal, y por los actos que se le denuncian es la malversación de fondos de la paraestatal CFE, tráfico de influencias y el uso indebido del servicio público. Adicional a ello, se le responsabiliza por los atentados contra este periodista, junto con el ingeniero Marco Antonio Loya Izaguirre.

Continue Reading

El Caso Wallace

Caso Wallace: el ‘pacto’ entre el ministro Arturo Zaldívar y George Khoury Layón

Published

on

Caso Wallace: el 'pacto' entre el ministro Arturo Zaldívar y George Khoury Layón

 

Por Guadalupe Lizárraga

Según Isabel Miranda Torres, alias Isabel Miranda de Wallace, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, tiene un pacto con George Khoury Layón para liberar a los “secuestradores” de su hijo Hugo Alberto Wallace.

Escuchar a Isabel Miranda de Wallace en Grupo Imagen, en su acostumbrado espacio, para insistir después de 17 años en el supuesto secuestro de su hijo, me evoca la frecuentada frase de Karl Marx, en El 18 Brumario de Luis Bonaparte, en la que cita a Hegel sobre su referencia a que la historia se repite dos veces, “pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y la otra como farsa”. La idea básica de Marx en esta figura retórica es que con el paso del tiempo hay una falta de reconocimiento de las circunstancias y contexto, lo que antes eran acciones y creencias llenas de vitalidad, al repetirse se convierten en un circo de simuladores.

Para entender el caso: ¿Quién es César Freyre Morales en el falso caso Wallace?

 

Y es lo que estamos viviendo con el falso caso Wallace. En tiempos de Felipe Calderón, el poder y la credibilidad de Isabel Miranda de Wallace eran fortalecidos por las autoridades y los medios de comunicación con recursos del erario, alimentados por la ignorancia de la sociedad.

Hoy sabemos que todo el caso fue fabricado y que el hijo de Isabel Miranda no fue secuestrado ni asesinado por quienes ella dice ni en las circunstancias que describe. Durante siete años, he investigado los rastros de vida de Hugo Alberto Wallace y he dado voz a los testigos de su existencia que han sido intimidados y perseguidos por el propio gobierno mexicano. No obstante, ni con tres actas de nacimiento y dos actas de defunción que de manera corrupta ha pagado Isabel Miranda de Wallace a jueces para su legalidad imposible, la credibilidad sobre el caso está completamente fracturada.

Lo que antes se veía como la tragedia de una madre dolida, hoy se ve como la miserable farsa de un circo mediático, que acompañan todavía algunos personajes del poder público; mientras a las víctimas se les extingue la vida en prisión.

No te pierdas: Positivo, protocolo de Estambul de César Freyre Morales, el más torturado del falso caso Wallace

 

En la actuación de entrevista de Isabel Miranda en Grupo Imagen, el 11 de agosto, el mismo día que la SCJN admite revisar su amparo contra la atracción del caso de Juana Hilda González Lomelí, Miranda juega ahora el papel de “una simple ciudadana” contra “el enorme poder del presidente de la SCJN”.

La mujer que, a finales del gobierno de Salinas de Gortari, en 1994, de ser una secretaria recepcionista, de la noche a la mañana montó una empresa millonaria de publicidad exterior y un colegio bilingüe, usurpando funciones de pedagoga; que desde que inició el sexenio de Vicente Fox tenía injerencia en la PGR, en el área de secuestros, y se entrenaba para su montaje en 2005; que en el sexenio de Felipe Calderón tuvo todo el apoyo de éste y de Genaro García Luna, para jugar el papel de víctima y, después, de experta en seguridad pública, imagen construida con recursos del erario; que con Enrique Peña Nieto siguió de la misma manera, protegida su impunidad hasta este sexenio de López Obrador, hoy se presenta en televisión como “una simple ciudadana” que se siente amenazada por el ministro que han sido parte de su montaje.

Isabel Miranda deja ver con Ciro Gómez Leyva, que la ha acompañado en toda la farsa, que ya le había dado con antelación el nombre de George Khoury Layón, y menciona la causa que lo mantiene injustamente preso, poniendo de manifiesto su propia injerencia con la juez Hermelinda Silva Meléndez, del Juzgado 25, de la Ciudad de México.

Te puede interesar: Jueza Hermelinda Silva, de CDMX, en la red de fabricación de culpables Margolis-Wallace

 

Se trata de la causa 80/2012. Una aberración jurídica, a decir de los abogados defensores de los inculpados, que ha sostenido Isabel Miranda de Wallace de la mano de Eduardo Margolis Sobol, con la que han mantenido en prisión ilegal tras múltiples detenciones arbitrarias y torturas a George Khoury Layón, involucrado en un homicidio a confesión bajo tortura por Jacobo Tagle Dobín, quien también involucró a César Freyre Morales. El objetivo fue simularles una trayectoria delictiva a todos los inculpados del caso Wallace.

La jueza Hermelinda Silva sentenció a George Khoury a 20 años de prisión en 2014, con la confesión de Jacobo Tagle en 2010, sustraída de la causa penal 35/2006-II, diferente en hechos y circunstancias, y tras alegaciones de tortura de los tres inculpados que arrojaron tres protocolos de Estambul positivos en tortura de Tagle, uno de ellos del Consejo de la Judicatura de la Federación, otro de César Freyre Morales, aplicado por el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura y CNDH, y el de George Khoury Layón, quien además del protocolo positivo en tortura tiene una opinión de libertad inmediata del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU y el reconocimiento de inocencia de la Secretaría de Gobernación en 2019.

En el único testigo que se basó la jueza para sentenciar a George Khoury fue Jaime Rivera Ocaña, con contradicciones en sus declaraciones y coaccionado, según su propia confesión, por el agente del Ministerio Público Braulio Robles Zúñiga, brazo derecho en la SIEDO de Isabel Miranda de Wallace.

Nada de esto desconoce el ministro Arturo Zaldívar, puesto que estos hechos son parte de los casos fabricados que ya eran mediáticos cuando él fue designado por Felipe Calderón en 2009 como ministro de la Suprema Corte de Justicia.

 

George Khoury Layón, el 12 de junio, a cuatro días de su audiencia de preliberación como beneficio de ley por haber compurgado el 50 por ciento de la condena, fue golpeado en prisión, quemado con toques eléctricos y trasladado ilegalmente del cefereso #17, de Michoacán, al cefereso #12, de Guanajuato, junto con otras siete personas, quienes fueron marcados con una señal para indicar que iban bajo consigna. A la llegada al penal de Guanajuato, volvieron a ser golpeados, toques eléctricos con la pistola taser y rociados con gas lacrimógeno. Actualmente, Khoury sigue aislado, sin suficiente agua ni comida.

La situación es clara: si Khoury tuviera un pacto con el poderoso presidente de la Suprema Corte de Justicia ¿habría sido torturado de esa forma? ¿Seguiría en prisión, pese a tener compurgado el 50 por ciento de la pena sin haber cometido el delito?

Todos sabemos quién es María Isabel Miranda Torres. Su credibilidad es nula y su corrupción absoluta, al igual que los periodistas que le han dado voz, ocultando los verdaderos hechos como el mismo Ciro Gómez Leyva.

Más aún, que el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de la Ciudad de México haya admitido para revisión un amparo interpuesto por Isabel Miranda Torres contra la atracción del caso de Juana Hilda González por la SCJN, después de estar imputada por tortura, secuestro y detenciones ilegales, sin ninguna acción de investigación o jurídica en su contra, revela el verdadero pacto.

El editor recomienda: Tortura, secuestro y espionaje, vínculo Margolis con casos Israel Vallarta, George Khoury y Wallace

 

Continue Reading

Mexico Violento

Autoridades de Cefereso de Chiapas golpean a Luis Díaz Pantoja, preso político por 37 días de protesta pacífica

Published

on

Autoridades de Cefereso de Chiapas golpean a Luis Díaz Pantoja, preso político por 37 días de protesta pacífica

TAPACHULA.- Luis Díaz Pantoja, preso político del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 15 de Chiapas, denunció que fue víctima de agresiones físicas e intento de homicidio por parte del director de seguridad y sus subordinados, después de mantener 37 días de protesta pacífica por la falta de atención médica, alimentos, higiene y las violaciones de derechos humanos contra los reos del penal.

A través de una carta a Los Ángeles Press, el preso político relató que por la mañana agentes de la Guardia Nacional arribaron a las instalaciones del penal federal, sin embargo, esto provocó que las autoridades penitenciarias agredieran a los reos, principalmente contra su persona, aunado a que le arrojaron gas lacrimógeno que también lo intoxicó.

Para entender el caso: Preso político Luis Díaz Pantoja pide intervención de la ONU por 9 años de detención arbitraria del Estado mexicano

 

 

De acuerdo con Luis Díaz Pantoja, padece problemas para respirar después de haber inhalado el gas lacrimógeno que le rociaron, pero enfatizó que en ningún momento se opusieron a las agresiones de las autoridades penitenciarias, que su protesta ha sido pacífica, pese a que de forma permanente han violado los derechos humanos de los reos.

De la misma manera, las autoridades penitenciarias solicitaron el apoyo de sujetos armados que desde la azotea del penal les apuntaron, especialmente a él, por lo que reiteró que en varias ocasiones entregó un pliego petitorio para que el comité de preliberación sesione el decreto presidencial.

Asimismo, Luis Díaz Pantoja solicitó a su abogado que interponga una denuncia contra todos los directivos del Cefereso de Chiapas, incluyendo a la directora del penal Ericka Adriana Tenopala Chausse y a su director de Seguridad, de apellido Guillén, por intento de homicidio, aunado al abuso de la fuerza pública, debido a que mantiene una resistencia civil pacífica para garantizar la accesibilidad de los derechos humanos de los reos.

El editor recomienda: Preso político entrevista a víctima del falso caso Wallace, ambos en penal federal de Tapachula

 

Desde hace varios días, los presos del penal federal, incluido Luis Díaz Pantoja han acusado que se han suscitado constantes violaciones de derechos humanos, por lo que refirieron que no ha existido algún tipo de atención de las autoridades penitenciarias y que les permitan mejores servicios en el centro de reclusión federal.

 

Continue Reading

Trending

A %d blogueros les gusta esto: