La abrumadora esperanza de justicia ante el perdón de AMLO

Raúl Ramírez Baena

Éste es el fuerte reclamo de María González Vela a AMLO el pasado 14 de septiembre en el Centro Cultural Tlatelolco, madre de Andrés, joven desaparecido en una carretera de Tamaulipas cuando buscaba llegar a Estados Unidos para trabajar:

“Señor presidente, tengo a mi hijo desaparecido desde hace siete años y medio, necesito que me ayude (…) se lo juro, he rogado a Dios que usted llegara a la presidencia, ¿para qué? Para podernos ayudar a todas las madres de familia.

“Señor López Obrador: usted es la esperanza de todos nosotros. Estamos viviendo un dolor que no tienen nombre. Y le voy a decir por qué: se muere la madre y soy huérfana, se muere el marido y soy viuda (…) Pero ¿qué palabras le puedo poner a un hijo desaparecido?”.

La voz de María González retumbó en todo el país, simbolizando la voz de madres, padres, hijas, hijos, hermanas y hermanos y demás familiares de las personas desaparecidas y abandonadas hasta hoy por el Estado Mexicano, incluidos Rosendo Radilla y los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Ni perdón ni olvido

Andrés Manuel ha recorrido quien sabe cuántas veces el país, visitado todos los municipios como ningún otro personaje en la historia de México. Pero, aun así, tal parece que no había tomado consciencia de la magnitud y la gravedad del asunto sobre las personas desaparecidas, torturadas y ejecutadas por el crimen y por autoridades, casos que tendrá que atender y resolver y que, por su dimensión y gravedad ante las omisiones, agravios y menosprecio mostrado por las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, caerán como pesada loza a su gobierno.

En ese evento, Alejandro Encinas, futuro Subsecretario de Derechos Humanos, hizo un recuento del horror: casi 40 mil personas desaparecidas por autoridades y criminales; más de 22 mil cuerpos sin identificar, más de 1,100 fosas clandestinas en el país y 250 mil personas desplazadas por la violencia y el terror en sus comunidades. Esto, sin contar a las víctimas de detención arbitraria, tortura, allanamientos, feminicidios, a los migrantes secuestrados, desaparecidos, extorsionados y expulsados de manera sumaria por el INM y a las víctimas de trata de personas.

La terquedad de AMLO sobre su idea del “perdón sí, olvido no” tuvo que ceder ante el grito, la tragedia y el dolor de las víctimas y la fuerza de sus demandas centrales: ni perdón ni olvido, justicia, verdad y reparación del daño. Y aquí es donde AMLO tuvo que matizar: perdón sí, justicia primero.

A nombre del Estado Mexicano, AMLO pidió perdón a las víctimas presentes y ausentes del Centro Cultural Tletelolco en la Cd. de México por lo que las autoridades han hecho y dejado de hacer para resolver la tragedia que vive hoy esa parte importante de la sociedad mexicana, desatendidas en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

La impunidad y los poderes fácticos

El grado de impunidad que se vive en el país en estos asuntos es alarmante. Por poner un ejemplo, en Baja California, después de bregar por muchos años en favor de decenas de víctimas de tortura, de desaparición forzada, desaparición por particulares y ejecución extrajudicial, la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste conoce sólo 3 casos en que los agentes perpetradores han sido puestos tras las rejas por los juzgadores. Y así por el estilo en el resto del país. Más del 90 por ciento de las denuncias penales presentadas por las víctimas se encuentran sin resolver y sin consignar al Poder Judicial.

La tarea que espera a AMLO, a Olga Sánchez Cordero, a Alejandro Encinas y a quien vaya a ser el Fiscal General de la Nación, es titánica, porque deben vencer ni más ni menos que a un aparato burocrático corrompido, anquilosado, sin sensibilidad, sin capacidad operativa, sin recursos, sin voluntad política y fuertemente presionado por los “poderes fácticos”, por quienes cometen estos delitos y violaciones a los derechos humanos y por quienes las protegen y encubren: los cárteles y grupos delincuenciales, las fuerzas armadas, las autoridades estatales y municipales; los jefes policíacos, los grupos conservadores, el sector financiero, las trasnacionales y la oligarquía nacional, que invierten en el país y defienden y protegen sus intereses lucrativos por encima de los derechos humanos. 

Por lo pronto, antes de tomar la protesta de ley, AMLO ha dispuesto la celebración de Foros de Escucha para la Pacificación y la Reconciliación Nacional y reuniones con víctimas, que han sido señaladas por sus múltiples críticos como una farsa y simulación, que tenía las manos metidas en los bolsillos del pantalón y que estaba con una expresión dura. Como sea, ése es un buen comienzo, una señal que esperamos rinda frutos. Los resultados también dependerán de la acción de las víctimas y de la sociedad civil para que esas reuniones no sean sólo una catarsis y que sirvan para trazar futuras acciones efectivas.

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