Istmo: Empresas y gobierno tras demolición de viviendas a discreción

Demolición de viviendas en el Istmo. Foto: Rocío Flores

Por Rocío Flores

OAXACA, Oaxaca.- El proceso de reconstrucción que viven pueblos istmeños después del terremoto de magnitud 8.2 grados en escala de Richter del 7 de septiembre, ha generado nuevas inconformidades. Entre éstas, la demolición de las viviendas sin el diagnóstico de especialistas, presiones y amenazas para obligar a las personas acceder a demoler sus hogares y el monto asignado para la reconstrucción de 120 mil pesos en cuatro depósitos mensuales que califican de insuficiente.

Un mes después del sismo que sacudió el Istmo de Tehuantepec, habitantes de pueblos istmeños y organizaciones de la sociedad civil, cuestionan que el proceder de empresas y gobiernos sólo tiende a favorecer al sector privado y no ayudan a recuperar la economía local.

Agrupados en la red nacional de organizaciones civiles de derechos humanos "Todos los Derechos Para Todos” exponen el escenario que se vive en esa región: las calles y casas de las familias afectadas están invadidas de constructoras que acosan a la población ofreciendo modelos no adecuados a las formas de vida y clima local.

El proceso que se está llevando a cabo está lucrando con la situación de urgente necesidad de las familias de contar con un techo donde alojarse, según lo detallan en un comunicado.

“Vienen por todo y tienen prisa”

Sobre la estrategia de intervención dicen que es una manera de convulsionar al Istmo. “Las maquinarias, personal de empresas privadas y funcionarios de gobierno, todos, todos se confabulan y desencadenan una serie de impotencias en las poblaciones afectadas”, denuncian los miembros de la organización.

Señalan que la constante es la demolición masiva sin diagnósticos previos, presionando a la población. “Sin explicación alguna derriban viviendas de familias completas sin considerar que éstas requieren un espacio temporal para sobrevivir”.

Demoler las viviendas tradicionales sin un diagnóstico imparcial representa para ellos una afrenta para el patrimonio cultural y al sentido de identidad de los pueblos. Por ello, exigen detener de manera inmediata estas acciones y piden dictámenes imparciales y profesionales avalados por instituciones académicas.

La Red indica que la exigencia es una vivienda digna y adecuada a las condiciones climatológicas de esa región. En consecuencia refieren que es necesario quitar los candados que impiden a las personas afectadas ejercer la libertad de decidir el diseño de sus viviendas y los materiales, así como el lugar dónde comprarlos.

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