Investigación alerta de la existencia de fosas clandestinas en Oaxaca

10 de Febrero del 2016

Justicia pendiente

appoLos Ángeles Press

OAXACA.- La Comisión de la Verdad de Oaxaca (CVO), que investiga violaciones de Derechos Humanos durante el conflicto magisterial de 2006 y 2007, ha emitido un comunicado en el que insta a las autoridades a investigar la existencia de fosas en diversos lugares de Oaxaca donde presuntamente fueron enterrados clandestinamente luchadores sociales y víctimas del terrorismo de Estado.

Presidida por Marina Patricia Jiménez, Diego Enrique Osorno y el Padre Alejandro Solalinde, la Comisión de la Verdad de Oaxaca investiga la probable comisión de hechos constitutivos de delitos, incluidos los de lesa humanidad, cometidos durante el movimiento social que encabezaron unos 80 mil maestros. A partir de las informaciones proporcionadas por el grupo Partido Democrático Popular Revolucionario – Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR), así como también gracias a otros testimonios especiales recolectados durante el transcurso de la investigación, la Comisión afirma que "ha detectado la probable existencia de lugares en los cuales se habrían llevado a cabo inhumaciones clandestinas”.

Ante tal situación, exhorta a la Procuradora General de la República, Arely Gómez González, así como al Fiscal General del Estado de Oaxaca, Joaquín Carrillo Ruiz, a que “emprendan las acciones necesarias para investigar lo sucedido en los domicilios proporcionados, así como también a garantizar que estos lugares donde pudieron haberse cometido crímenes de lesa humanidad no sean alterados con el fin de eliminar evidencias”.

Marina Patricia Jiménez, Diego Enrique Osorno y el Padre Alejandro Solalinde, comisionados de la Comisión de la Verdad de Oaxaca

La Comisión por la Verdad de Oaxaca,

La Comisión afirma que desde el mes de noviembre del año 2015, abrió una Averiguación Previa en la Fiscalía para Delitos de Trascendencia Social de Oaxaca e hizo la diligencia requerida ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), “con el fin de que se resguardaran e inspeccionaran una serie de domicilios para confirmar o descartar la existencia de fosas clandestinas”. Sin embargo, y según el propio comunicado, ninguna de estas dos instancias ha ofrecido una respuesta a este proceso iniciado hasta la fecha.

El próximo 29 de febrero, la CVO dará a conocer su informe final mediante un acto público, resultado de una exhaustiva investigación de los hechos que motivaron las violaciones a los derechos humanos del pueblo de Oaxaca en los años 2006 y 2007, durante la administración estatal encabezada por Ulises Ruiz Ortiz y las federales a cargo de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa. El objetivo es “atender la necesidad de verdad, justicia, reparación del daño y no repetición que demandan las víctimas y la sociedad oaxaqueña en su conjunto”.

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