Incierto futuro de la Seguridad pública en México

 

Raúl Ramírez Baena

Al paso del tiempo, los gobiernos en los últimos años han dado palos de ciego ante el crecimiento de la inseguridad y la violencia criminal asociados al tráfico de drogas, armas y personas, que parece un rompecabezas imposible de armar.

Felipe Calderón decidió lanzar al ejército a las calles y carreteras del país en su famosa “Guerra al narco”. Ya conocemos los resultados: en lugar de amainar, se agudizó la violencia criminal y se diversificaron y fortalecieron nuevos cárteles con un preocupante agregado: el crecimiento de las violaciones a los derechos humanos por el Ejército y la Marina.

En los tres últimos sexenios se hicieron cosas interesantes y otras no tanto: se creó la Policía Federal Preventiva que luego se transformó en Policía Federal; se crearon Plataforma México (sistema que conecta instituciones relacionadas con la seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, para facilitar la comunicación entre ellas, así como de consolidar la información), el Sistema de Control de Confianza, se reforzaron los Centros de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4); en el sexenio que termina la Secretaría de Seguridad Pública desapreció y la Seguridad Pública federal pasó a la Segob, creándose el Sistema Nacional de Seguridad Pública; la Conago y el Ejecutivo Federal, con Felipe Calderón y Peña Nieto, propusieron el Mando Único Policial, practicado sin éxito en Baja California, Morelos y otras regiones.

Los cambios de gobierno y la alternancia han propiciado la falta de una política clara, continua, progresiva y sistemática en materia de seguridad pública; al contrario, las cosas cambian radicalmente de una administración a otra y los problemas aumentan.

Lo más destacable es el creciente e inútil proceso de militarización, abusando del pragmatismo. Esto representa la incapacidad gubernamental para formar cuerpos policíacos eficientes para confrontar y controlar a los cárteles de la droga, al narcomenudeo y a otros giros criminales, cuyos negocios no han mermado con la acción gubernamental, al contrario, se han diversificado y fortalecido al responder su actividad delictiva a las leyes del mercado con un fuerte componente de corrupción.

Ante la presión social, los gobernadores de los estados acuden al recurso fácil de demandar la presencia militar, acceder a más recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y a promover el Mando Único Policial sin importar que viole el Pacto Federal y la autonomía municipal. O pedir más policías federales y Gendarmería. 

Es destacable que el gobierno norteamericano (léase Comando Sur) entrena a militares mexicanos en tácticas antiterrorista y antiguerrilla en la Escuela de las Américas, entrenamiento dirigido también a reprimir las protestas sociales, sobre todo en estados con fuertes conflictos comunitarios por la resistencia que hacen los pobladores ante el despojo de sus tierras, defendiendo su hábitat, sus recursos naturales y sus usos y costumbre, como es el caso de pueblos indígenas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Estado de México, que han formado policías comunitarios para la autodefensa, o de movimientos sociales como el de los maestros de la CNTE y el pueblo de San Salvador Atenco.

Para nadie es un secreto que los EUA, en su aparente preocupación por reducir el consumo de drogas de su población y el crecimiento de la protesta social, diseñan y financian parte de la política de seguridad en México y Centroamérica bajo el pretexto de la guerra al narco, a través de la Iniciativa Mérida, aún a sabiendas que la incursión militar en tareas de seguridad pública viola la Constitución al otorgar a la milicia atribuciones extralegales.

Las tribulaciones de AMLO

Desde su campaña, López Obrador ha intentado delinear su política de seguridad con ideas que no terminan de aterrizar. Por lo pronto, ya definido que se volverá a crear la Secretaría de Seguridad Pública, con más atribuciones, nombra como futuro titular a Alfonso Durazo, incluso, sugiriendo la colaboración de Manuel Mondragón y Kalb y de Alejandro Gertz Manero, el primero, con antecedentes nada favorables durante su paso por los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto, el segundo, coordinador en los años 70 de la Operación Cóndor y titular de seguridad en el DF con el gobierno del PRD y en el gobierno de Fox.

Andrés Manuel nos ha hablado de crear la Guardia Nacional, del Mando Único donde él se concibe como el mando superior al convocar todos los días a jefes policíacos y a los titulares de la Sedena y la Semar, como si estos dos últimos tuvieran incumbencia en asuntos de seguridad pública.

Es destacable –y preocupante- que luego de sendas entrevistas con los titulares de la Sedena y la Semar, AMLO anunciara que las Fuerzas Armadas continuarán en las calles, sin ofrecer una hoja de ruta para un eventual retiro gradual. Es posible que esto responda a fuertes presiones de los sectores castrense y empresarial.

Más preocupante aún es la falta de definición y compromiso de Andrés Manuel y de su equipo de seguridad, como de las fracciones de Morena en el Congreso, para responder a la demanda de abrogación de la inconstitucional Ley de Seguridad Interior cuyas atribuciones pasan, incluso, por encima del propio presidente.

Y la última, llama a crear la Guardia Civil, desarmada, con personal civil y militar (¿?).

Es urgente que AMLO se asesore por especialistas, académicos y ONG conocedoras de la materia, antes de que sea demasiado tarde.

Raul Ramirez Baena
Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, AC. Articulista de opinión en La Jornada de Baja California y Los Ángeles Press.

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