Hasta que la Dignidad se haga costumbre

Por Raúl Ramírez Baena

La frase que titula esta columna fue pronunciada el pasado martes 21 de febrero por Estela Hernández, hija de Jacinta Francisco Marcial, indígena otomí que, al igual que Alberta Alcántara y Teresa González, recibieron una disculpa pública por parte del Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, en un acto oficial de reconocimiento de inocencia de las tres indígenas.

Jacinta, Alberta y Teresa fueron detenidas en marzo de 2006, acusadas de secuestrar a seis agentes de la entonces Agencia Federal de Investigaciones (AFI). En un proceso claramente amañado, fueron sentenciadas por la justicia a 21 años de prisión, decisión ratificada en segunda instancia. Sin embargo, Jacinta salió libre en septiembre de 2009 —tras tres años y dos meses en la cárcel— después de que la PGR se desistió de la acusación, acatando la Recomendación de la CNDH expedida en julio de 2009 en la que se reconoce la inocencia de las tres indígenas.

Alberta y Teresa fueron liberadas hasta abril de 2010 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó la sentencia y las declaró inocentes. Su libertad se debió, fundamentalmente, a que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro) tomó el asunto, llegando el caso a la SCJN tras un largo litigio.

La Reparación Integral del daño a las víctimas

En septiembre de 2008 hubo un motín en el penal de La Mesa en Tijuana, con varios internos muertos y desaparecidos por la extrema violencia y el uso excesivo de la fuerza letal por parte de policías de los tres órdenes de gobierno, para controlar la situación. Tiempo después, la Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California emitió una Recomendación, entre cuyos principales puntos exigía al entonces gobernador José Guadalupe Osuna Millán, ofrecer una disculpa pública a las víctimas –familiares incluidos- por violaciones graves de los derechos humanos, entre otros, al derecho a la vida.

En ese entonces, algunos funcionarios estatales se irritaron –hasta se burlaron- sobre el punto de la disculpa pública, argumentando que el entonces Procurador de los Derechos Humanos, Francisco Javier Sánchez Corona, estaba fuera de sus cabales, que esa acción era desproporcionada, exagerada e indignante para el gobernador. Obvio, no se aceptó la disculpa pública.

No fue sino hasta febrero de 2013 cuando el Congreso de la Unión aprobó la Ley General de Víctimas (reformada en enero de 2017), tras intensas movilizaciones y cabildeo de las ONG de derechos humanos, encabezadas por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que lideró Javier Sicilia.

Uno de los principales objetivos de la Ley General de Víctimas, en congruencia con los estándares plasmados en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, es garantizar por el Estado Mexicano, bajo el principio de complementariedad, los derechos a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación Integral a las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos, a través de recursos y procedimientos accesibles, apropiados, suficientes, rápidos y eficaces.

Ello tiene su origen en el Artículo 1º Constitucional sobre el deber de todas las autoridades de prevenir, investigar, sancionar y reparar los actos contrarios a la ley que cometen los agentes del Estado, que afectan gravemente a las víctimas, que constituyen violaciones a los derechos humanos.

La Reparación Integral, una vez que se acredita la calidad de las víctimas (una sentencia judicial o una Recomendación de un organismo público de protección de los derechos humanos), de acuerdo a la Ley General de Víctimas, incluye medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición.

La disculpa pública se incluye en el concepto de “satisfacción”, que busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas, como es el caso, de Jacinta, Alberta y Teresa.

La disculpa pública ofrecida por titulares de las áreas responsables del hecho victimizante, por lo general cumplen –no sin grandes dificultades- con resoluciones dictadas por las instancias internacionales, tanto de la ONU como de la OEA. La disculpa en favor de las tres mujeres indígenas se debió, por primea vez en la historia de México, al acatamiento de una sentencia emitida por tribunales nacionales, en este caso, la SCJN.

Las víctimas

Otra frase que pronunció la hija de Jacinta Francisca el 21 de febrero en la disculpa pública (que es víctima indirecta del agravio sufrido por su madre), que incomodó a muchos, fue: “Hoy nos chingamos al Estado”.

Lo menos que podemos hacer como ciudadanos, con sensibilidad y empatía, es entender el dolor, el sufrimiento, la impotencia ante los excesos de los agentes del Estado, las secuelas a la salud física y psicológica, las pérdidas económicas, el daño a la dignidad y a la integridad moral y la discriminación que sufrieron las víctimas por su condición indígena, en este caso, por las injusticias que cometieron la PGR y los juzgadores.

Visto así, la frase anterior es nada. Más bien, que sirva de lección la dignidad mostrada por las mujeres indígenas.

 

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