Guatemala exige renuncia de militares por masacre de Totonicapán

Nueve personas asesinadas por el Ejército de Guatemala Foto: Centro de Medios Independientes

TOTONICAPÁN, Guatemala.- Una protesta pacífica de indígenas k’iches contra el alza de las tarifas eléctricas fue reprimida el 4 de octubre por el Ejército, dejando siete muertos y más de treinta heridos de bala entre los civiles. Del otro lado, ocho soldados recibieron golpes y rasguños.

El Centro de Medios Independientes de Guatemala (CMI-G) reportó en su cuenta de Facebook que los muertos civiles durante la jornada de protesta se elevó a nueve con los fallecidos en cuatro caminos en el occidente del país y la muerte en la mañana del siete de octubre de un estudiante que se hallaba con heridas de gravedad.

El Centro señala que hay heridos por esquirlas de granada de fragmentación, situación que coincide con las denuncias del sobrevuelo de helicópteros militares quienes serían los responsables de estas agresiones.

Los nombres de siete de las víctimas confirmadas el jueves son: Rafael Nicolás Batz Menchú, José Eusebio Puac Ordóñez, Jesús Francisco Ordóñez, Santos Nicolás Menchú Fernández, Jesús Baltazar Puac, Arturo Felix Sapón Yax y Domingo Pascual Solís. (Servidi).

Contra la manipulación de los medios en Guatemala por masacre de Totonicapán Foto: red

Carta abierta al Presidente de Guatemala y a los poderes públicos

A los presidentes de los tres poderes del Estado de Guatemala pidiendo la destitución de los ministros de Gobernación y Defensa Nacional, Mauricio López Bonilla y Ulises Noé Anzueto por la violencia utilizada contra el pueblo de Totonicapán y de las luchas sociales en Guatemala

Nosotros y nosotras, estudiantes, académicos, activistas y todos los indignados e indignadas por los hechos ocurridos en Totonicapán el día 4 de octubre de 2012, nacionales y extranjeros, manifestamos nuestro repudio por la violencia utilizada por el Gobierno de Guatemala para reprimir una manifestación pacífica organizada por los 48 cantones de Totonicapán, en la que expresaban su opinión respecto de la propuesta de reformas constitucionales, la modificación de la carrera magisterial y el alza de la tarifa eléctrica.

Para la comunidad nacional e internacional, a pesar de las declaraciones oficiales presentadas por el mandatario, Otto Pérez Molina, y sus ministros de Gobernación y Defensa Nacional, Mauricio López Bonilla y Ulises Noé Anzueto respectivamente, así como la ambigüedad con la que está procediendo el Procurador de Derechos Humanos, Jorge Eduardo De León Duque, está claro que la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala arremetieron contra los manifestantes con abuso de violencia.

Mientras las autoridades de los 48 cantones se encontraban en Ciudad de Guatemala para iniciar una reunión de negociación con el presidente Otto Pérez Molina, las fuerzas públicas reprimieron a los manifestantes que se encontraban en la carretera Interamericana, disparando a quemarropa contra la población y dejando un saldo de ocho muertos y treinta y cuatro personas heridas –de las cuales treinta sufrieron heridas de arma de fuego mientras que los otros cuatro sufrieron intoxicaciones por los gases lacrimógenos. Asimismo, según testimonio de los pobladores, mientras esto sucedía se sobrevolaba el área con helicópteros militares para intimidar a los manifestantes y para reaccionar bélicamente en caso que fuera “necesario”.

A nuestro criterio, la forma como procedieron las fuerzas de seguridad de Guatemala muestra claramente que este tipo de “operaciones” sigue respondiendo a políticas de contrainsurgencia, de las que tanto Otto Pérez Molina como Mauricio López Bonilla tienen vasta experiencia. Ello implica la criminalización de la acción colectiva y de las luchas sociales a todo nivel, sean indígenas, campesinas, o estudiantiles. En lo que va de su mandato, se ha comprobado que el ministro de Gobernación reacciona inmediatamente con violencia indiscriminada, sin buscar medios de negociación que respeten los derechos humanos de todos los ciudadanos, tanto el derecho a la libre locomoción que insistentemente demandan las élites económicas, como los derechos de organización y defensa de la vida que son reclamos justos de las entidades colectivas que se manifiestan públicamente.

En sus declaraciones públicas, Mauricio López Bonilla ha acusado a los movimientos sociales de ser “criminales” y “terroristas”, en un afán de desvirtuar las luchas de esos movimientos y como justificación para su acción represiva. Reiteradamente ha dicho que no va a tolerar cualquier intento de atentar contra el “orden público” y la “anarquía”, pero nosotros nos preguntamos, ¿qué entiende el señor López Bonilla por “orden” y “anarquía”? Para él, el “desorden público” y la “anarquía” empiezan cuando los estudiantes se organizan en contra de las medidas autoritarias del Ministerio de Educación o cuando las comunidades resisten en la defensa de sus territorios y de sus derechos individuales y colectivos fundamentales. Con esto, claramente vemos cómo la política de seguridad del Estado tiene al movimiento popular como un “enemigo interno” al que hay que controlar y eliminar.

Denunciamos la mentira con la que se ha estado manejando la información tanto por las entidades oficiales como por los medios de comunicación social –nacionales e internacionales. Respondiendo a la lógica contrainsurgente antes expuesta, los funcionarios de gobierno han dicho que las fuerzas de seguridad no portaban armas, pero existen fotografías que claramente muestran lo contrario.

Posteriormente Otto Pérez Molina ha confirmado que los efectivos policiales y militares sí portaban armas, y que hicieron uso de las mismas respondiendo a “provocaciones” de la población, “disparando al aire” supuestamente en defensa propia. Ahora bien, ¿por qué la gente que se manifestaba iniciaría un enfrentamiento contra la policía y el ejército, sabiendo de antemano su superioridad militar?, ¿qué obtendrían con ello si las autoridades de los 48 y en su lugar, culpar a la población de la violencia acontecida.

Por lo anterior, los y las abajo firmantes, nos unimos a las demandas expresadas en comunicados de distintas organizaciones y de la sociedad civil, anexos a esta carta, y además exigimos al presidente de la República, Otto Pérez Molina, la inmediata destitución de los ministros de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y de Defensa Nacional, Ulises Noé Anzueto.

Finalmente, nos solidarizamos con el pueblo de Totonicapán haciendo nuestro también el dolor causado por los compañeros asesinados como por la represión y el terror vivido y revivido en estos días. Asimismo apoyamos las justas demandas de los hermanos y hermanas del pueblo de Totonicapán y las decisiones que tomen las autoridades de los 48 cantones.

Funeral en Totonicapán Foto: periodismohumano.com

Sociedad civil de Guatemala condena masacre de Totonicapán y exige la desmilitarización inmediata 

Declaración de la Sociedad Civil ante la represión homicida del gobierno de Otto Pérez Molina.

Ante los hechos de violencia suscitados el 4 de octubre,  denunciamos:

1. La tarde del 4 de octubre, el Comité de los 48 Cantones de Totonicapán, estructura ancestral de representación legítima de su pueblo, fue violentamente reprimido por fuerzas del Ejército presentes en el kilómetro 170 de la ruta interamericana, en respuesta a la manifestación que realizaron en rechazo a la reforma constitucional, la reforma de la carrera magisterial y el alto costo de la energía eléctrica. Resultado de la intervención armada de gobierno, hay cuatro personas fallecidas, cerca de 18 heridos y varias personas intoxicadas.

2. La acción violenta de las autoridades se produce en el marco de un encuentro que sostendrían los representantes de los 48 Cantones con el comisionado para el diálogo, Miguel Ángel Balcárcel en vista de que el presidente de la República Otto Pérez Molina, no asistió al encuentro. Los líderes de los 48 Cantones estuvieron en Casa Presidencial a la espera del gobernante, mientras el Ejército accionaba en contra de la población en el kilómetro 170 de la ruta interamericana.

3. El uso de fuerzas combinadas con presencia militar y con armas de fuego, ante una acción ciudadana de protesta y reclamo en ejercicio pleno de derechos universalmente reconocidos y nacionalmente garantizados, es una muestra de la violencia por parte del Estado, que se muestra incapaz de actuar en correspondencia con una cultura democrática y en el marco del estado de derecho.

4. El empleo de efectivos militares y el uso de armas de fuego en acciones de desalojos o intervención en manifestaciones o reuniones públicas, según resoluciones del Comité de Naciones Unidas Contra la Tortura, constituye tortura, situación por la cual el Estado de Guatemala ha sido sancionado en reiteradas ocasiones por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

5. La acción autoritaria y de negación al sostenimiento de un diálogo efectivo que busque resolver los problemas reales de la población, el abandono histórico y el discurso demagógico violentan los derechos fundamentales que buscan la dignidad de pueblos y personas.

Ante dicha situación, demandamos:

1. A la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), la investigación profunda de los hechos y la emisión inmediata de la resolución que permita, identificar a los responsables de las violaciones de derechos humanos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad.

2. Al Ministerio Público (MP), iniciar proceso penal en contra de los funcionarios que resulten responsables de estos hechos sangrientos, así como del accionar arbitrario y violento de las fuerzas de seguridad civiles y militares.

3. Al gobierno de Guatemala, proporcionar a las autoridades de PDH y MP, toda la información relativa a los nombres de los funcionarios al mando de las unidades involucradas, el plan de operaciones, así como el detalle de las instrucciones transmitidas desde la ciudad capital tanto desde el Ministerio de Gobernación como de Defensa, hacia el lugar de los hechos. Asimismo, retirar temporalmente de sus posiciones a los funcionarios involucrados quienes por acción o por omisión resultan comprometidos en los hechos ocurridos.

4. Al presidente de la República Otto Pérez Molina, la inmediata desmilitarización de las fuerzas de seguridad, así como el retiro de unidades militares en acciones de seguridad pública.

5. Al Congreso de la República, la derogatoria del decreto 40-2000 que faculta los patrullajes conjuntos y que se retome el carácter de ley que tienen los acuerdos de paz, en particular el Acuerdo de Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática -AFPC-.

6. Llamamos a las autoridades políticas, legislativas y sector privado a que se abandonen estas prácticas autoritarias y que se asuman normas de convivencia democrática real y no demagógica.

7. A las comunidades y dirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán, a las familias de las personas fallecidas, heridas y afectadas por estos hechos, manifestamos nuestra solidaridad profunda y nuestro compromiso de acompañarles en la búsqueda de justicia por estos hechos dolorosos.

Guatemala, 4 de octubre de 2012

Convergencia por los Derechos Humanos, Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos -CALDH-, Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos -CIIDH, Fundación Sobrevivientes, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala -ICCPG, Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala -ODHAG, Seguridad en Democracia -SEDEM, Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos-Guatemala -UDEFEGUA, Asociación Familiares de Desaparecidos de Guatemala -FAMDEGUA, Centro de Estudios de Guatemala -CEG, Equipo Comunitario de Apoyo Psicosocial -ECAP, Educa Guatemala, Sector Mujeres de Sociedad Civil, Unión Nacional de Mujeres de Guatemala -UNAMG.