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La red en lucha

Gobierno mexicano utiliza paramilitares para disputar zonas petroleras

Indígenas de Huautla, Hidalgo, llevan 30 años defendiendo sus tierras de paramilitares y del Ejército mexicano por ser una rica zona petrolera

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Pozo petrolero en la comunidad de Tecoluco. Foto: Alberto Buitre / DESDEABAJO

Por Alberto Buitre

HUATLA, oriente de la Huasteca hidalguense, México.- Un conflicto entre indígenas y paramilitares por la posesión de tierras petroleras sacude esta zona de lomas cálidas al norte de la Sierra Madre Oriental.

A 75 años de la expropiación petrolera y mientras Enrique Peña Nieto y el Pacto por México aprueban la reforma energética, indígenas de la etnia nahua denuncian la incursión de paramilitares con la intención de obligarlos a vender sus tierras. Ahí yacen 500 millones de dólares de ganancia en hidrocarburos.

Empresas nacionales y extranjeras, como la estadounidense Halliburton, aguardan expectantes, mientras gozan de licitaciones para la exploración de pozos. Pero los comuneros se niegan a vender su territorio; frente a esto, el gobierno mexicano se vale de paramilitares y del mismo del ejército para quebrar la resistencia, según la denuncia.

Pero el tema no es nuevo. El conflicto ya cumple más de 30 años. El saldo: más de 200 indígenas muertos, cuyos asesinatos no se han esclarecido.

El caso es reconocido como un “tema pendiente” por el mismo secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el mexicano Emilio Álvarez Icaza.

Ligado históricamente a la Huasteca, cuando su activismo en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Álvarez Icaza resaltó de forma breve en una entrevista previa que esta región “ha sido un referente de muchas luces, de mucha gente que ha luchado sobre todo en el movimiento indígena, y de algunos pendientes históricos en términos de masacres, de desapariciones, que no han sido aclaradas y que siguen esperando el turno de la justicia”.

Pero ese movimiento indígena que en las décadas de 1970 y 1980, recuperó las tierras para sus legítimos dueños, hoy está convertido en un bloque de autodefensa. Enfrente está la intención de Petróleos Mexicanos (Pemex) por extraer millones de dólares en petróleo de esos territorios recuperados. Para ello le acompañan las petroleras estadounidenses Halliburton, Schlumberger, Driller Technologies e ICA Fluor Daniels, a quienes están licitadas la exploración y explotación de los hidrocarburos que se hallen bajo este suelo, según datos de la misa paraestatal.

“En la Huasteca sabemos que estamos encima de un mar de petróleo y lo están explotando”, reconoce Pedro Hernández Flores, presidente del Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental (Codhhso)

Y denuncia: “Lo de la militarización, atrás está el petróleo. La paramilitarización, atrás está el petróleo”.

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Pozo petrolero de Huatla, parte de la disputa. Foto: Alberto Buitre/DesdeAbajo.org

Señala que la iniciativa petrolera tiene como vanguardia al conocido Programa de Certificación de Derechos Ejidales – Comunales (PROCEDE); un ambicioso proyecto agrario echado a andar en el año 2003 por el ex presidente Vicente Fox. Dice que con ello se pretende la liquidación de los ejidos mediante su parcelación; y una vez dividida la tierra, “explotar el petróleo”.

De acuerdo con información pública de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), el PROCEDE es un programa “voluntario” para convertir la propiedad ejidal en mercado de tierra “a través de la celebración de contratos de enajenación de derechos ejidales (cesión, compraventa, donación) o mediante la aportación de tierras de uso común que realizan los ejidos y comunidades a sociedades civiles o mercantiles”.

Pero cuando los campesinos no aceptan el PROCEDE y, en consecuencia, niegan la entrada de PEMEX a sus tierras, arriban grupos armados para obligarlos.

Según denuncia el Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata (FDOMEZ), esos son comandos paramilitares conformados por militantes de la Confederación Nacional Campesina (CNC) adscrita al PRI, la misma señalada de perpetrar en 1997 la masacre de 45 tzotziles –incluidos niños y mujeres embarazadas-, en Acteal, Chiapas.

En entrevista, el FDOMEZ – conformada en 1980 para agrupar la resistencia indígena-, coincide en que la paramilitarización pretende abrir camino a la explotación petrolera en la Huasteca. Que los paramilitares son los encargados de extorsionar, amenazar y perseguir a los indígenas renuentes, a quienes les realizan visitas sorpresa a su domicilio; les llaman por teléfono para amenazarlos de muerte; hostigan a familiares para obligarlos a abandonar sus casas. Es una “guerra de baja intensidad”, a la cual también se suma el Ejército mexicano, acusa.

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Resistencia contra militares y parmilitares en la zona petrolera. Foto: Alberto Buitre/DesdeAbajo.org

“No somos narcos”

Eran las cuatro de la mañana del 12 de agosto de 2010, cuando un estruendo sacudió esta tierra. La guardia del FDOMEZ que vigilaba los linderos de Chiliteco, Tepetzintla, enseguida lanzó la alerta entre los comuneros. Las mujeres tomaron a sus hijos y buscaron refugio; los hombres se apertrecharon. Dos aeronaves cruzaron el cielo en vuelos rasantes. Sus luces iban apagadas. Nadie dudaba lo que estaría a punto de ocurrir. El ataque parecía inevitable y en las trincheras tan sólo se aguardaba la primera ráfaga. Pero nada. Pasaron las horas y no hubo visos de fuego. Sin embargo, ese día la luna no durmió.

Pasaron dos días y la zozobra, aunque presente, no amilanó. Ya cada quién sabía que dos aviones habían rasado los techos de las casas, pero nadie sabía por qué. Todos hacían preguntas; casi todos armados con rifles o arpones de pesca, pero nadie tenía respuestas. La vida tenía que continuar. Hasta que por la mañana del 14, tres pelotones del 84 batallón de infantería con sede en la ciudad de Huejutla, instalaron por sorpresa un retén militar sobre el puente de la comunidad de Ixtle, cercando la entrada a Chiliteco.

Los militares rodearon el lugar. Interrogaron a quienes pasaban. A un campesino que manejaba la camioneta comunitaria, le atoraron el paso.

– Párese –le dijeron-. Estamos de operativo, párese ¿No ha visto gente extraña o desconocida por aquí?

– No – respondió aquel, hecho una piedra entre el miedo y el coraje.

– No te hagas pendejo, que sí hay.

El soldado levantó su mano como para soltarle la cachetada. El pelotón estaba nervioso.

– Déjennos . No somos delincuentes, ni narcos

El soldado no contestó. Tronó la boca y lo dejó seguir. Pero enfrente, un sujeto vestido de civil tomó desde un camión varias fotografías del indígena.

Y el 16 de agosto, el estruendo volvió; esta vez a medio día. Un helicóptero no identificado realizó maniobras cerca de ahí, sobre las comunidades de Tohuaco II y Tohuaco Amatzintla, también pertenecientes al FDOMEZ.

Según los comuneros, los hostigamientos no son aislados y con el paso del tiempo se intensifican. Cuentan que a principios de año, un militar ya viejo que se hacía pasar como vendedor de medicinas, quiso quedarse por la fuerza en la comunidad de El Lindero; pero no se le permitió.

Los ejidatarios se hartaron del hostigamiento y decidieron reunirse a discutir lo que estaba sucediendo, en una asamblea general de la comunidad Oxale, municipio de Huejutla. Pero hasta ahí, cerca de ahí, llegó de sorpresa un destacamento del Ejército. Los soldados rodearon el pueblo e interrogaron a la gente. Los campesinos estaban dispuestos a responder, pero premió la cautela. Supieron, en cambio, que la cosa podía empeorar.

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Foto: DesdeAbajo.org

El proyecto Chicontepec

El Comité de Derechos Humanos de las Huastecas ha documentado nueve pozos petroleros en la región. Están distribuidos en el ejido de los Tohuacos de Huautla; en la comunidad de Tierra Playa ejido de Tecolotitla, Tenexco, municipio de Atlapexco. En San Pedro Huazalingo. Cuatro en el Ejido de Candelaria y uno más en Limantitla, Huejutla.

La organización asegura que la exploración del terreno tiene amenazados los ríos Atlapexco y Candelaria, los dos más grandes de la Huasteca hidalguense.

Información oficial de la sección PEMEX Exploración y Producción, señala que el plan tiene qué ver con el proyecto de Paleocanal de Chicontepec, Veracruz, lanzado por la paraestatal en el 2003 y que asocia a los municipios huastecos de Xochiatipan, Huautla y Huejutla. En este terreno de 3 mil 880 kilómetros cuadrados, la paraestatal busca ejecutar obras y servicios integrados para el desarrollo de yacimientos de hidrocarburos, con el objetivo de obtener ahorros por 66 millones de dólares.

Para esto, lanzó una licitación que ganaron las estadounidenses Schlumberger Offshore N. V., Driller Technologies Corp., e ICA Fluor Daniels S.A. de C.V, para la perforación mediante “contratos incentivados” de 200 pozos iniciales, así como la terminación de 250 pozos, con un costo 502 millones de dólares que se financiaron bajo el esquema de Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto (PIDIREGAS);un modelo federal de “inversión financiada” para la explotación de energéticos, por el cual PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad tiene que cubrir deudas por encima de los 889 mil 650 millones de pesos, de puras amortizaciones e intereses.

En 2008, cuando el ex presidente Felipe Calderón presentó su propia propuesta de reforma energética, a los 200 pozos iniciales de Chicontepec se sumaron 500 más. Además, el proyecto cambió su nombre por Aceite Terciario del Golfo (ATG) donde, ahora también se busca la explotación de gas y petróleo en una extensión de 3 mil 785 kilómetros cuadrados desde Tuxpan, Veracruz, hasta Huauchinango, Puebla. Sin embargo, PEMEX también agregó al Estado de San Luis Potosí en su plan de exploración y perforación. Al tiempo, el plan inició en el oriente de Hidalgo –justo en las colindancias con el Paleocanal de Chicontepec-, anexando para esta operación a la petrolera texana Halliburton, acusada de ser benefactora de la invasión estadounidense a Irak.

En este 2013, PEMEX ha otorgado nuevas licitaciones a Halliburton y a otras empresas como Operadora de Campos DWS y Petrolite de México, para la explotación de otros 365 kilómetros cuadrados de territorio para una reserva de 500 millones de barriles de petróleo crudo. Al mismo tiempo, ingenieros y analistas de la paraestatal, arriban a las comunidades huastecas para realizar revisiones topográficas de la mano del programa de privatización de la tierra.

Huasteca Petróleum Company

La explotación de hidrocarburos en esta zona comenzó en 1907, cuando Porfirio Díaz abrió las puertas del país a las petroleras estadounidenses. Una de ellas en particular, la Mexican Petroleum Company de Edward L. Doheny, creó en ese año la Huasteca Petroleum Company.

La HPC dominó la industria petrolera en México durante el primer cuarto del siglo XX. De hecho, el petróleo huasteco llegó a extraer hasta la cuarta parte de todo el recurso nacional, con una producción de 60 mil barriles diarios. Esto gracias al pozo Casiano Número 7, ubicado en las más de 212 mil hectáreas de su propiedad, al norte de Veracruz y parte del oriente de la huasteca de Hidalgo. (“Crónica del Petróleo en México. De 1863 hasta nuestros días”; Álvarez de la Borda, Joel; Colegio de México; México, 1998)

Y no fue sino 31 años después que terminaron las operaciones de la HPC y otras 17 petroleras extranjeras, cuando el Presidente General Lázaro Cárdenas expropió la industria en 1938. No obstante, la propuesta dereforma energética de Peña Nieto vuelve los ojos de la industria privada, nacional y foránea, para avanzar en la exploración de pozos en tierra y mar, pero también en la obtención de ganancias mediante la apropiación de la renta petrolera.

En una entrevista con CNNExpansión, de enero del 2012, Peña Nieto afirmó que el PRI respalda su propuesta de abrir a Pemex al sector privado. En aquella ocasión, el hoy presidente del país dijo que su propuesta de impulsar una reforma constitucional que permita la apertura a la participación del sector privado en Pemex es respaldada por su partido.

“Le están buscando a la violencia”

Por su parte, la organización indígena FDOMEZ que se opone a que las tierras comunales sean entregadas a la explotación privada, dice que el Gobierno se lava las manos.

“Hemos metido denuncias, pero el Gobierno dice ya no puedo meter mano, se está negando. Entonces preparan a los paramilitares para que ellos actúen, amenacen. Llaman a la gente y las amenazan por teléfono pidiéndoles una cooperación, etcétera, para no hacerles nada. Todo esto está sucediendo, pero la gente tiene miedo de hablar, no quiere hablar”, explica la vocería del FDOMEZ

– ¿Por miedo a los paramilitares?

– Por miedo a los paramilitares, de que tomen represalias si denuncian.

El FDOMEZ explica que desde hace cinco años se intensificó la llegada de comisiones de PEMEX a las comunidades huastecas. Desde ese año y hasta la fecha, las campañas de exploración de bancos de petróleo continúan. A las familias que estorban, las autoridades de Gobierno les piden reubicarse.

“Si empieza a suceder esto de la reubicación o el despojo de sus tierras va a haber más problemas, más violencia. Entonces le están buscando la violencia a estos indígenas, a estas comunidades“, dice la organización.

Señala que la gente no sabe ya si sus tierras están expropiadas. Los comuneros se quejan que ingenieros y técnicos entran a los breñales a hacer mediciones del terreno sin su permiso: “Ya no nos piden permiso, entran, salen y esta es propiedad ejidal”, se queja un habitante del lugar.

“Ya están ahí los investigadores midiendo desde los cerros, a ver cómo está el área. Otros ponen antenas largas; otros andan cargando sus aparatos de topografía”, dice y reconoce haber sido amenazado por paramilitares al negarse a parcelar su tierra

El FDOMEZ explica: “Por eso se les hizo saber desde hace tiempo que el PROCEDE viene a hacer eso: a individualizar la tierra para que el Gobierno las compre después y poder extraer el petróleo. Ya está dividiendo a las comunidades con éste programa. Hay gente que dice ‘mejor para que no me estén jodiendo, mejor vendo mi parcela y me largo’. Están sucediendo esos casos”.

El habitante que da testimonio pertenece a la Sociedad de Solidaridad Social “Caltemoyanij”, donde participan asiduamente un grupo de entre treinta y cuarenta indígenas huastecos representantes de comunidades provenientes de diferentes ejidos de los municipios Atlapexco, Calnali, San Felipe Orizatlán, Jaltocán, Yahualica, Xochiatipan, Huautla y Huejutla

Como ellos, existen en las huastecas hidalguense, potosina y veracruzana, 120 sociedades. En ellas los indígenas cohesionan tácticas para la defensa de la tierra.

De vuelta al Porfiriato

Alberto Rodríguez Hernández, indígena, campesino y ejidatario de Cochotla perteneciente al municipio de Atlapexco y además, miembro de “Caltemoyanij”, explica los objetivos de su comunidad de base:

“Lo que estamos viendo, por ejemplo, es que el pueblo es secuestrado, es oprimido y es manipulado por programas gubernamentales. Entonces el pueblo no ha podido conocer o expresar sus derechos; entonces, lo que les dicen es lo que hacen y por eso estamos cada vez más empobrecidos. En lugar de superar esas cosas, nos vamos para abajo”.

Reconoce al PROCEDE como un programa de privatización de la tierra. Legalizarse –afirma-, es tener la posibilidad de vender el terreno, lo cual es una opción para muchos ante la creciente pobreza de las comunidades, el nulo subsidio agropecuario y los elevados precios de semillas y materiales para la cosecha y el cuidado del campo.

“Ahorita lo vemos con la privatización de nuestras tierras que, ancestralmente muchos abuelos pelearon y heredaron; perdieron la vida y actualmente mucha gente piensa ‘está bien’ por lo de los programas de Gobierno, sin saber que las consecuencias son malas. Entonces estamos viendo esa situación que el día de mañana nos puede afectar”, relata Alberto.

Domingo Martínez, también miembro de la S.S.S. “Caltemoyanij” agrega :

“Pero estamos viendo que vamos a caer en lo mismo que en el porfiriato; como en aquel tiempo en el que estábamos bien extorsionados por el cacicazgo. Y vamos a tener que hacer como en aquel tiempo; como en los setentas, cuando los padres lucharon pos sus tierritas. Ellos ya lucharon y perdieron la vida, pero la tierra se nos quedó ¿Y qué nos toca hacer a nosotros? ”.

 

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Europa

Rusia y Ucrania se culpan por los ataques a un sitio de energía nuclear

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La Agencia Internacional de Energía Atómica advierte sobre un posible desastre nuclear en Zaporizhzhia, la planta nuclear más grande de Europa, ubicada en una ciudad al sureste de Ucrania, situada a orillas del río Dniéper. Es el centro administrativo del Óblast en la región de Zaporizhzhia, que fue atacado dos veces desde el viernes 5 de agosto.

Ucrania y Rusia se acusan mutuamente del ataque del sitio nuclear. Rusia, por su parte, ha ocupado la planta desde principios de marzo. y afirma que los bombardeos de las fuerzas ucranianas podrían tener “consecuencias catastróficas” para Europa.

Ucrania, por otro lado, afirma que fueron las fuerzas rusas las que llevaron a cabo ataques con misiles en la planta nuclear en un esfuerzo por desconectarla de la red eléctrica de este país. Los residentes locales pidieron el fin de los combates cerca del sitio, que alberga seis reactores nucleares y miles de toneladas de materiales altamente radiactivos.

Volodymyr Martynyuk señaló que “como residentes de la ciudad, hacen un llamado al ejército ruso y a las Fuerzas Armadas de Ucrania para que eviten los combates abiertos en el área alrededor de Enerhodar y dentro de una zona de 20 kilómetros alrededor de la planta de energía nuclear. Estamos hablando de la seguridad de todo el planeta, no sólo de la seguridad de Ucrania, Bielorrusia y Rusia y los países cercanos”.

Con información de Democracy Now!

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Oriente Medio

Asalto de Israel en Gaza mata a 44 palestinos, 15 niños: el alto al fuego no acaba con derramamiento de sangre

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El número de muertos de tres días de un bombardeo militar israelí en Gaza ha llegado a al menos 44 palestinos, incluidos 15 niños. Al menos 350 palestinos resultaron heridos. Desde entonces, los bombardeos se han detenido después de que Israel y el grupo militante Jihad Islámica acordaron el domingo un alto el fuego mediado por Egipto, y los cruces fronterizos se reabrieron el lunes para permitir la entrada de las necesidades básicas.

El periodista y activista Issam Adwan, señaló que la operación militar de Israel está destinada a reforzar el actual gobierno israelí antes de las elecciones de noviembre. “Están usando la sangre palestina para promover una campaña a favor de ciertas personas”, dice Adwan.

El periodista reiteró fueron testigos de la muerte de 44 palestinos, incluidos 15 niños y seis mujeres, lo que representa la mitad de las bajas del lado palestino. «No hay palabras para describir los crímenes de guerra que se han cometido, incluso con las afirmaciones de las autoridades israelíes de que están apuntando a los miembros de alto rango de PIJ, miembros militares de alto rango. Esto incluía, por supuesto, atacar edificios residenciales, matar niños y mujeres, por supuesto», especificó.

De acuerdo con Adwan, en entrevista con Amy Goodman, el conflicto inició cuando Israel cortó el suministro de combustible a Gaza durante el bombardeo lanzado sobre Gaza. Luego la escalada comenzó, cuando la administración israelí decidió cerrar ambas fronteras, en el cruce de Kerem Shalom y en el cruce de Erez, que son los principales cruces de las mercancías que ingresan a Gaza, así como de equipos médicos y combustible.

Otro de los puntos que mencionó el periodista es la acción de provocación para detener a Bassam al-Saadi, un alto miembro del PIJ en Cisjordania y de convertir en objetivo también a Tayseer al-Jabari, un alto miembro de la PIJ en Gaza, quien según Adwan se trata de una persona política más que un militar.

Con información de Democracy Now!

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Latinoamérica

Torturas y muertes silenciosas en el régimen de excepción del presidente Bukele de El Salvador

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Por Edgardo Ayala

SAN SALVADOR – El cadáver de Walter Sandoval muestra varios hematomas oscuros en brazos y rodillas, así como una laceración en el ojo izquierdo y en la cabeza, señales de que sufrió algún tipo de violencia antes de morir en una cárcel salvadoreña, acusado de ser un miembro de una pandilla.

Esos golpes son evidentes en las fotografías que el padre de Walter, Saúl Sandoval, mostró al medio, el jueves 28 de julio.

Walter, de 32 años, es uno de los fallecidos en prisiones salvadoreñas luego de ser detenido  por las autoridades, en las redadas masivas que el gobierno de Nayib Bukele inició desde finales de marzo, al amparo del decretado régimen de excepción y de su lucha contra las organizaciones delictivas.

El joven, dedicado a la agricultura, murió el 3 de abril, en el aparcamiento del hospital de Sonsonate, un municipio del occidente del país donde fue trasladado moribundo, según la familia, desde la delegación policial de Ahuachapán, ciudad del departamento homónimo, en el occidente de El Salvador.

A esa estación de policía había sido trasladado, luego de su arresto el 30 de marzo, en la colonia (barrio) Jardines, del municipio de El Refugio, también del departamento de Ahuachapán.

“Lo torturaron, en las bartolinas (calabozos) de la delegación de Ahuachapán”, dijo el padre.

El joven, agregó, había estado compartiendo con amigos y embriagándose. Minutos más tarde, una patrulla policial lo capturó bajo la acusación de ser pandillero, algo que la familia negó rotundamente.

No alcanzó a recibir ayuda médica, se murió en el parqueo (aparcamiento) del hospital”, agregó el padre.

Para él, la única explicación que tiene de por qué los policías detuvieron a Walter es porque “querían sacar la cuota del día”, en referencia a que los efectivos tendrían asignado un número específico de capturas, a cambio de algunos beneficios en sus tareas diarias.

“Lo torturaron, en las bartolinas (calabozos) de la delegación de Ahuachapán… No alcanzó a recibir ayuda médica, se murió en el parqueo (aparcamiento) del hospital: Saúl Sandoval.

Muertes como la de Walter, de confirmarse la participación de agentes del Estado, son la expresión más violenta y arbitraria de las violaciones a los derechos humanos cometidas desde que el gobierno inició su plan de redadas masivas, en lo que presenta como una lucha frontal contra las pandillas.

Desde finales de marzo, el gobierno salvadoreño mantiene vigente un régimen de excepción que suspendió varias garantías constitucionales, como una forma de parar una abrupta alza de homicidios cometidos por pandilleros entre el 25 y 27 de marzo.

En esas fechas, unas 87 personas fueron asesinadas por pandilleros, en una especie de venganza contra el gobierno que habría roto un oscuro acuerdo bajo la mesa con esos grupos criminales, para mantener bajos los índices de homicidios.

El régimen de excepción, como se denomina esta figura constitucional en el país, se aplica desde el 27 de marzo, con prorrogas mensuales de la Asamblea Legislativa, ampliamente dominada por el gubernamental partido Nuevas Ideas. Desde entonces, las muertes violentas han caído a un promedio de tres

Entre los derechos constitucionales suspendidos se encuentran el de asociación y reunión, aunque el gobierno lo enmarcó solo a grupos delictivos que estuvieran reunidos para organizar crímenes. También se restringe el derecho a la defensa y se extiende el periodo en que una persona puede ser detenida y presentada a los tribunales, que actualmente es de tres días.

El gobierno puede además intervenir las comunicaciones “de grupos terroristas”, refiriéndose así a las pandillas, aunque eso ya podía hacerlo con las leyes ordinarias.

Luego de iniciado el régimen de excepción, los homicidios volvieron a la baja, que ronda los dos o tres muertos diarios, pero incluso hay días en que no se registra ninguno.

Pero en cambio, alrededor de 48 000 personas han sido detenidas y encarceladas preventivamente, todas acusadas por las autoridades de formar parte de pandillas, proscritas por ley. Y el número aumenta cada día.

Sin embargo, familiares de detenidos y organizaciones de derechos humanos han advertido que entre los capturados hay personas que no tenían ningún vínculo con esas estructuras criminales, también llamadas “maras” en El Salvador, y las que conforman un ejército de unos 70 000 miembros.

El 2 de junio, Amnistía Internacional afirmó en un comunicado oficial: en el marco del régimen de excepción actual, las autoridades salvadoreñas han cometido violaciones masivas de derechos humanos, entre ellas miles de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso, así como tortura y malos tratos.

Sin embargo, el presidente Bukele, lejos de mostrarse receptivo ante las críticas, las deslegitima tajantemente y suele referirse a los representantes de esas organizaciones como “sinvergüenzas”, preocupados más por defender los derechos de los pandilleros, según la narrativa oficial.

Walter Sandoval es uno de los jóvenes que han fallecido con muestra de torturas en cárceles de El Salvador en el marco del régimen de excepción vigente en este país desde finales de marzo. La policía lo capturó sin ninguna evidencia que lo vinculara con grupos de pandillas, afirmó la familia del joven, en un caso de los que se repiten cada vez más y que han sido documentados por organizaciones de derechos humanos. Foto: Cortesía de familia Sandoval

Muertes silenciosas y torturas

La organización de derechos humanos Cristosal ha recopilado cerca de 2500 casos de detenciones que, según los denunciantes, han sido arbitrarias, sin fundamento para que sus familiares hayan sido detenidos en el marco del régimen de excepción.

Esa organización también ha monitoreado reportes de prensa, redes sociales e indagaciones propias para establecer que, hasta el 28 de julio, cerca de 65 personas habían fallecido mientras se encontraban detenidas en cárceles del país o en calabozos de la policía, como parte de las redadas policiales masivas.

Algunos de los fallecidos presentaban señales evidentes de golpes y violencia física, como sucedió con Walter y otros casos sobre los que los medios de comunicación  han informado ampliamente.

Los informes oficiales de esas muertes que reciben los familiares son confusos y ambiguos, como el de Julio César Mendoza Ramírez, de 25 años, quien murió en un hospital de San Salvador, la capital del país, el 15 de julio.

El reporte oficial señalaba que había fallecido por un edema pulmonar, es decir, sus pulmones se llenaron de líquido, pero también señalaba que el caso se encontraba “en estudio”.

La duda de que los fallecidos fueron víctima de golpizas y torturas durante su encarcelamiento es algo que no descartan sus familiares ni las organizaciones de derechos humanos.

“La causa de la muerte que le dan a la persona (familiar) en el hospital, a veces difiere del reconocimiento médico legal, y eso da lugar a pensar que algo pasa”, señaló a la abogada Zaira Navas, de Cristosal.

Agregó: “También hay familias que dicen que les dijeron que fue por paro cardiaco, pero tiene golpes en su cuerpo, entonces no es compatible (la versión oficial)”.

Y ante las dudas y acusaciones de que bajo la mirada del Estado se están dando golpizas y torturas, las autoridades simplemente callan y no realizan, por ejemplo, las autopsias respectivas, que develarían lo que realmente pasó.

La abogada Navas remarcó que, incluso dentro del estado de excepción, «las detenciones son arbitrarias» porque el procedimiento seguido no está justificado jurídicamente y son muchas las personas detenidas por la simple denuncia telefónica de vecinos. Algo en que coinciden los defensores de derechos humanos

Una violencia adicional es que entre esa cifra de 2500 denuncias hay cerca de 30 % de personas con enfermedades crónicas, discapacidad o que se encontraban recibiendo tratamientos médico o quirúrgicos, según los reportes de Cristosal.

Se sabe que el personal de las penitenciarías no permite que los familiares de esas personas enfermas reciban sus medicamentos, aunque en algunos raros casos sí lo han autorizado.

“Hemos visto fallecidos porque se presume que han sido torturados, golpeados, etc., pero también han muerto personas a las que no les han dado el medicamento al que están sometidos permanentemente”, explicó a IPS el director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, Henri Fino.


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Sobre el dudoso papel jugado por el gubernamental Instituto de Medina Legal (IML), encargado de realizar los exámenes forenses para informar a los familiares sobre las causas de las muertes, Fino dijo que ese organismo no le merece ninguna credibilidad.

Sobre todo, añadió, ahora que militares del llamado Batallón de Sanidad Militar se encuentran, desde el 4 de julio, en varias sedes del IML, presuntamente para apoyar en tareas varias, incluidas las de tipo forense, dada la falta de personal.

“Qué colaboración pueden prestar (los militares), si no son expertos, y la única razón de que estén en Medicina Legal es para controlar”, aseguró Fino.

Guerra mediática

Algunos de los fallecidos en las cárceles, capturados durante el régimen de excepción, fueron presentados como casos de detenciones arbitrarias e ilegales por los medios locales, en confrontación  con la guerra propagandística de Bukele que afirma que todos los detenidos son, en efecto, pandilleros.

La prensa ha destacado el caso de Elvin Josué Sánchez, de 21 años, quien falleció el 18 de abril en el Centro Penal de Izalco, localizado en las inmediaciones de la población homónima, del departamento de Sonsonate, en el occidente de El Salvador.

Los medios se han referido a él como el caso del “joven músico”, porque en efecto estuvo un tiempo aprendiendo a tocar el saxofón, y han destacado sus virtudes como persona de bien como miembro de una Iglesia evangélica de la zona.

Pero Sánchez, según sus vecinos, era bastante conocido como pandillero activo en su natal cantón El Carrizal, del municipio de Santa María Ostuma, en el central departamento de La Paz.

“Lo veían bien armado, en fincas de la zona, junto a otros pandilleros, y les decía a los dueños que no se aparecieran más por ahí, o los asesinarían”, dijo a IPS un residente de ese municipio, quien pidió no ser identificado.

Situaciones como esa ha favorecido la narrativa de Bukele, entre la población, de que los medios independientes están a favor de los pandilleros y en contra de las acciones del gobierno para erradicar la violencia en el país.

De hecho, los sondeos de opinión muestran que una mayoría de la población de este país de 6,7 millones de personas, apoya las acciones del presidente para enfrentar a las pandillas.

Pero aun ante el hecho de que Sánchez era reconocido por la gente como pandillero, su arresto tuvo que haberse dado siguiendo los procedimientos y protocolos, en base a información fidedigna que comprobara fu afiliación a organización delictiva.

Eso es algo que la policía no suele hacer, en esas redadas masivas donde es imposible que se tenga toda la evidencia para individualizar cada uno de los cerca de 48 000 detenidos.

Tampoco el hecho de que haya sido pandillero ameritaba vapulearlo y someterlo a golpizas que acabaron con su vida, ya que sus derechos humanos debieron respetarse siempre, dijeron los entrevistados.

ED: EG

***

Fuente: ipsnoticias.net

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