Funcionario que fabrica delitos en PGJEM, sin certificación del Nuevo Sistema Penal

Fernando Ulises Cárdenas Uribe, director de Litigación de la PGJEM al momento en que reconoce delitos inventados. Foto: detalle de video
Fernando Ulises Cárdenas Uribe, director de Litigación de la PGJEM al momento en que reconoce delitos inventados. Foto: detalle de video

Por Veneranda Mendoza Herrera/Los Ángeles Press

TOLUCA, Estado de México.- Podrían ser ilegales resoluciones de funcionarios de la Procuraduría General del Estado de México desde 2011, que no cumplen con la certificación obligada por la ley con el nuevo Sistema de Justicia Adversarial, acusatorio y oral, de acuerdo al recurso de revisión 01976/INFOEM/IÁ/RR/2016. Dicho recurso fue promovido en contra del director general de Litigación Fernando Ulises Cárdenas Uribe, por el Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna AC, que lidera José Humbertus Pérez Espinoza, víctima de fabricación de delitos y preso desde el 4 de noviembre de 2015, en el penal de Chiconautla.

Lo anterior fue suscitado a partir de una grabación en abril de 2016 a Cárdenas Uribe, en la procuraduría Mexiquense, al momento en que reconocía ante fiscales de Ecatepec que la mayoría de los delitos eran inventados: “¿Quien dijo que los delitos no son inventados?. ¡Eso es de toda la vida, hombre!. De 10 asuntos tienen que ganar 8 y perder 2. Abajo: ¡ya está mal!, ¡de verdad!”.

En un video viral en las redes sociales, Cárdenas Uribe fue exhibido, y junto a otros funcionarios de la procuraduría local, acusado de torturas y fabricación de carpetas de investigación que mantiene en la cárcel a personas inocentes. Lo que dio pie a una denuncia penal colectiva firmada por 287 internos del penal de Chiconautla, organizados por el activista de derechos humanos Jose Humbertus.

Al resolver el recurso de revisión, los comisionados ordenaron el 31 de agosto pasado la entrega del documento en versión pública y copias certificadas, con la finalidad de confirmar si el funcionario denunciado cumple o no la certificación obligada por la ley, “pues de lo contrario quedará claro que todas sus resoluciones desde 2011, cuando entró en vigor el Sistema de Justicia Adversarial, acusatorio y oral, serían ilegales”, apuntó Humbertus.

Al respecto, el Instituto de Transparencia del Estado de México y Municipios (InfoEM) ordenó a la Procuraduría mexiquense (PGJEM) entregar versión pública del certificado que garantice la profesionalización de Cárdenas Uribe para aplicar ordenamientos del nuevo sistema penal.

Cuando la PGJEM dio respuesta a la solicitud de información, el funcionario en cuestión arguyó que “la certificación para comparecer en el Nuevo Sistema Penal Adversarial y Oral no es un requisito para ingresar como Director General de Litigación de esta procuraduría, por lo que no puede atender favorablemente su petición, ya que esta Institución sólo está obligada a proporcionar la información pública que obre en sus archivos o que se genere en el ejercicio de sus atribuciones”.

No obstante, la certificación se encuentra obligada por el artículo 21 de la Carta Magna y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que en su inciso “A” dispone que “La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de seguridad pública” y en el inciso “B” determina que “ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificada y registrada en el sistema”.

En tanto, el séptimo transitorio obliga “la observancia general en todo el territorio nacional”, y el octavo transitorio dispone que el Congreso de la Unión, la Legislatura de los Estados, el Organismo Legislativo del Distrito Federal, destinarán recursos de los presupuestos para el diseño de reformas legales, los cambios organizacionales, la capacitación de jueces, agentes del ministerios públicos, policías, peritos, defensores públicos y privados.

En la resolución, el InfoEM también advierte que el cuarto transitorio de la misma norma dispone que “quienes no obtengan el certificado serán separados del servicio”.

También alerta que los plazos de certificación, dos años contados a partir del 27 de septiembre de 2011, han fenecido.

José Humbertus Pérez Espinoza puntualizó que “con esta resolución queda claro que en el Estado de México no se cumplió con el Servicio de Carrera Ministerial, Pericial y Policial, por lo que los Ministerios Públicos, Peritos e Integrantes de las Instituciones Policíacas que no cumplieron con la Certificación de Ingreso y Permanencia y debieron ser separados del cargo”. Incluso, reiteró el activista que no tenían por qué dar inicio a investigaciones preliminares y a investigaciones formales durante el Proceso de Vinculación en el Juicio de Control, y mucho menos tener como base las pruebas de investigación para sentenciar a personas inocentes”.

Con información de Tres PM

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