Por Sergio Ferrer
TLAPA, Guerrero.- En toda la región de la frontera sur de México hay un despojo sistemático de recursos naturales y de tierras en general. Desde la construcción de parques eólicos en el Itsmo pasando por las presas que se quieren construir con el Usumacinta en alianza con Guatemala, proyectos turísticos alrededor de Palenque, así como la explotación minera en el sur de Veracruz y Chiapas, son proyectos que han costado muchas vidas por oponerse a la depredación y muchos recursos que son robados de las comunidades originarias.
Tan sólo en Chiapas existen 59 concesiones para explotación minera, aunadas a la explotación de Pemex en pantanos de Centla. En Tabasco, se encuentra el plan hídrico que inunda la entidad por salvar la capital de la entidad, Villahermosa. Con ello se obliga a los pueblos indígenas a desplazamientos forzados, además de la inseguridad de la frontera por migración que incrementa la criminalidad y la presencia de narcotraficantes, extorsionadores y tratantes de personas.
Lo anterior ha sido documentado por la organización no gubernamental Iniciativas para la Identidad y la Inclusión, Asociación Civil. Michael Chamberling, integrante, señaló que la labor de Iniciativas está en el trabajo de investigación e información en materia de derechos humanos. Su trabajo se ha centrado en los estados de Chiapas, Tabasco y la región del Itsmo y un poco en Michoacán.
Lo acompañan organizaciones locales de base que están en la defensa de los derechos humanos, como la preservación de recursos naturales, la defensa de los territorios comunales, los casos emblemáticos de migración en la frontera sur y cualquier otro problema en este campo que requiera la asesoría jurídica y de comunicación social.
Chamberling sostuvo en entrevista que "es necesario entender la raíz de los problemas y analizarlos en su contexto para buscar la solución adecuada". El contexto al que se refiere el activista es el político, la ausencia de democracia en la toma de decisiones públicas y la calidad de respuestas frente a los retos, observados en los procesos organizativos de otros lugares como Guerrero, Oaxaca o el norte del país.
El activista, reconoció que hay riesgos y amenazas para defensores de derechos humanos, no sólo como miembros de la red sino para la gente que sigue siendo hostigada o encarcelada. Recientemente, Bettina Cruz y comuneras Ikojts de San Juan Dionisio del Mar, Oaxaca han recibido amenazas de muerte, así como un corresponsal de La Jornada.

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18 de octubre del 2012
Latinoamérica, Mexico Violento