Foros de Escucha para la paz: Claroscuros

Raúl Ramírez Baena

Como bien dijo Alfonso Durazo, quien será el próximo Secretario de Seguridad Pública, el gobierno de AMLO heredará de la administración de Peña Nieto una seguridad (pública) en ruinas. Y no le falta razón. Este tema es un hueso duro de roer como el de la justicia, la migración y los derechos de las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos que, en mi opinión, deben ser tratados por separado.

En los Foros de Escucha que está organizando el equipo de transición de AMLO, a cargo de la académica y defensora Loretta Ortíz como coordinadora del proceso de pacificación, se está convocando a los distintos grupos de la sociedad a participar a estos foros que se llevan a cabo en diversas ciudades del país.

El responsable en campo de los foros es Alfonso Durazo. Sin embargo, habrá que señalar que en los tres que se han realizado hasta la fecha (Cd. Juárez, Torreón y Morelia), quienes han sido los principales protagonistas son las víctimas, por lo que necesariamente y en el contexto de la Justicia Transicional, los temas se han cargado más hacia las áreas de Justicia y Derechos Humanos, en lugar de la Seguridad Pública.

Un error que cometió AMLO en el foro de Ciudad Juárez fue el pedir a los familiares de personas torturadas, secuestradas y desaparecidas, que para efectos legales también son víctimas, que perdonen a sus victimarios. Pedir borrón y cuenta nueva a quienes por años han buscado a sus familiares, arrebatados por el crimen y por autoridades corruptas e insensibles, es un error; a madres que albergan cada mañana la esperanza de que sus hijos aparecerán vivos, quienes bajo su propio riesgo escarban hasta con las uñas en fosas clandestinas en la búsqueda de sus seres queridos.

Las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos demandan justicia como condición necesaria para pacificar al país, y cero impunidad en el castigo a los perpetradores de los delitos y de los abusos de autoridad: “Ni perdón ni olvido” como legítima demanda en un país con alto grado de violencia e impunidad.

Javier Sicilia, puntal en la organización de las víctimas en México, de la visibilización del grado de injusticia e impunidad en que vivimos y promotor de la Ley General de Víctimas junto con otros, opina con razón que, para que haya perdón, primero tiene que haber justicia; que se juzgue a los perpetradores de la violencia, civiles y autoridades, como condición para luego pensar en el perdón; no a la amnistía si se trata de delitos graves como la tortura, el secuestro, el homicidio, la desaparición y la ejecución extrajudicial de personas, como el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que el próximo 26 de septiembre se cumplirán 4 años de evasión oficial en la procuración e impartición de justicia.

En cambio, mientras las víctimas reclaman por hechos ya sucedidos, los asuntos de seguridad pública tienen que ver con la prevención de los delitos y la militarización del país, aún que sean temas igual de importantes para la pacificación del país.

Para tratar el tema de la Seguridad Pública, que es la prevención de los delitos, la protección de la vida, la integridad, el patrimonio y la seguridad jurídica de las personas, así como la manutención del orden público y la paz social, no pueden quedar fuera de discusión los derechos de las policías y el déficit en la supervisión y evaluación de su trabajo, asunto por demás desatendido y evadido por las autoridades que ha propiciado su estigmatización negativa por la población, su explotación laboral, los abusos de los mandos y autoridades y la permanente situación de riesgo y presión en que trabajan, sobre todo las policías municipales que concentran el mayor Estado de Fuerza en el país.

Una medida que debe ofrecer garantías y seguridad en el trabajo a los cuerpos policíacos es lo relativo al Servicio Civil de Carrera, mecanismo que ya existe en las normas pero que las autoridades evaden para colocar discrecionalmente en posiciones de mando cada cambio de administración a sus incondicionales o compromisos políticos, lo que propicia más corrupción.

Estos aspectos y otros como el Sistema de Control de Confianza deben ser revisados y debatidos en estos foros si queremos que los policías trabajen con honradez, que dejen de corromperse, de dar protección al naco y de violar los derechos fundamentales.

Sobre la militarización de la Seguridad Pública no hay más, debemos proponer: 1) el retiro gradual de las Fuerzas Armadas, con calendario firme no como discurso vacuo; 2) el retiro de los mandos militares de los Grupos de Coordinación de la Seguridad en los estados, que palomean el nombramiento de los jefes policíacos, las estrategias y los operativos locales, y 3) el retiro de militares como jefes policíacos.

Por último, estos foros son un ejercicio de ensayo-error antes de la toma de protesta del próximo Presidente. A pesar de las diferencias planteadas por activistas, no deja de ser positivo y altamente productivo como ejercicio democrático que la ciudadanía participe en el diseño de las políticas públicas. Falta concretarlo en los hechos y garantizar su participación en la ejecución y evaluación de esas políticas.

*Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste

Raul Ramirez Baena
Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, AC. Articulista de opinión en La Jornada de Baja California y Los Ángeles Press.

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