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Feminicidios de Juárez, disparados en sexenio de Calderón

Los feminicidios deJuárez se incrementaron desde 2008 con la militarización, una decisión de Felipe Calderón con mayor impacto contra la población

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Cuerpo de una joven de 14 años asesinada el 28 noviembre de 2008, sin identificar, en Ciudad Juárez tras la escuela CECATI 21. Foto: red

Por Lourdes Godínez Leal

MÉXICO, DF.- El gobierno que iniciará su gestión en México el 1 de diciembre, recibirá como herencia el incumplimiento de la emblemática sentencia sobre feminicidios del llamado caso de Campo Algodonero, en medio del aumento de la violencia contra las mujeres. El conservador presidente Felipe Calderón termina su administración sin cumplir a cabalidad la sentencia dictada en 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), por el feminicidio de tres jóvenes encontradas en Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos.

Mientras, la violencia contra las mujeres se ha agravado en el norteño estado de Chihuahua, donde se ubica Ciudad Juárez, a raíz de la militarización de la entidad como parte de la lucha contra el crimen organizado. El número de asesinatos de mujeres que ocurría en una década en el estado, ahora ocurre en solo un año, advierte el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (Cedehm).

Precisa que mientras en 2007 se registraron 53 asesinatos de mujeres, en 2010 hubo 584 casos de feminicidio, como se definen las muertes de mujeres por razón de su género. A esas cifras se suman las 183 desapariciones en el primer semestre de 2012, además de los 12 cuerpos encontrados en el Valle de Juárez a principios de este año.

La Fiscalía General de Justicia de Chihuahua reportó que en 2010 ocurrieron 445 homicidios de mujeres en el estado, de los cuales 380 están en investigación, 40 fueron declinados a otra jurisdicción, sólo 20 casos fueron consignados y 5 quedaron en reserva. Ello quiere decir, enfatiza el Cedehm, que 95 por ciento de los asesinatos de mujeres en Chihuahua no han sido resueltos.

A lo anterior se suma que los patrones de los crímenes son los mismos que en los años 90, cuando comenzó a denunciarse la ola de asesinatos y desapariciones en el estado. Así lo denunciaron en julio organizaciones civiles ante el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Cedaw, en inglés).

Activistas acusaron que la militarización de la entidad, ordenada por Calderón desde comienzos de 2007, agravó la violencia de género.

Incumplimiento

Fue en 2001 cuando ocurrieron los homicidios de las jóvenes Laura Berenice Ramos, Claudia Ivette González y Esmeralda Herrera, cuyos restos fueron encontrados en Campo Algodonero, pero correspondió al saliente gobierno cumplir la sentencia de la CorteIDH, con sede en San José de Costa Rica.

Sin embargo no lo ha hecho plenamente. A tres meses de que concluya el sexenio, Calderón debe el castigo a los responsables de los crímenes, además de la creación de una página web de mujeres y niñas desaparecidas en Chihuahua desde 1993 a la fecha, ordenada por la corte interamericana en 2009. Adeuda asimismo la implementación de una base de datos con la información de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional, y otra con información genética y muestras de células de familiares de personas desaparecidas, a fin de que el Estado mexicano pueda localizar a las víctimas. También queda pendiente una base de datos genéticos y celulares de los cuerpos de cualquier mujer o niña no identificada que haya sido asesinada en Chihuahua.

En cuanto a las indagaciones del caso Campo Algodonero, la administración de Calderón aseguró en dos ocasiones ante la CorteIDH que había un «avance» en las pesquisas, aunque siempre presentó a ese tribunal a quien desde hace 11 años es considerado el presunto culpable de solo uno de los tres asesinatos.

Solo el 9 de este mes las autoridades federales y estadales asumieron una añeja demanda de las organizaciones defensoras de los derechos humanos y anunciaron que gestionan la contratación de peritos internacionales para que coadyuven en la resolución del caso Campo Algodonero. Las y los especialistas tendrían cinco meses para revisar los expedientes y tratar de encontrar deficiencias y errores en las investigaciones realizadas.

El grupo estaría integrado por la española Ruth Rubio, catedrática y especialista en reparaciones con enfoque de género; Patricia Viseur Sellers, especialista en violencia sexual e investigadora del Tribunal Penal Internacional en la antigua Yugoslavia, y Madeline Rees, exrepresentante de la Alta Comisionada en Bosnia. También se incorporaría como perito externo el fiscal español Carlos Castresana, que entre otros cargos ejerció por tres años como jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala. Pero Castresana ha sido acusado en México de violencia familiar por su exesposa, la periodista Sanjuana Martínez.

La eventual contratación del fiscal desató una ola de protestas y desplegados en medios nacionales firmados por feministas, quienes criticaron la «incongruencia» del Estado mexicano por pretender que un hombre acusado de violencia de género indague el feminicidio en Chihuahua.

Algunas organizaciones de Juárez y abogados que litigaron el caso Campo Algodonero ante la CorteIDH dijeron que buscarán que el equipo internacional también revise otros dos casos ocurridos en Ciudad Juárez.

Se trata de los casos de Idaly Juache Laguna, de 19 años, desaparecida el 23 de febrero de 2010, y el de Mónica Janeth Alanís Esparza, desaparecida el 26 de marzo de 2009.

* Este artículo fue publicado originalmente por la agencia mexicana de noticias Comunicación e Información de la Mujer AC, Cimac.

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Condor Gold pone a la venta proyecto Mina La India en Nicaragua tras sanciones del Departamento de Estado de EEUU

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Condor Gold puso a la venta la Mina La India tras sanciones del Departamento de Estado de EU

La compañía minera británica Condor Gold puso a la venta su proyecto de oro a cielo abierto Mina La India en Nicaragua, un mes después de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, impusiera sanciones a la Dirección General de Minas en Nicaragua, y al Ministerio de Energía y Minas.

Los directivos dijeron que lo mejor para la empresa era deshacerse de sus activos, y en el sitio web mining.com, especializado en temas de la industria minera, informaron que el directorio de Condor Gold revisó las opciones de la compañía, incluida la etapa de financiamiento y construcción como una compañía de un solo activo y una sola jurisdicción sin producción de oro existente.

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En este sentido, concluyó que lo mejor para la empresa y todas las partes interesadas era deshacerse de sus activos, por lo cual contrató a Hannam and Partners para ayudar con la venta.

Condor Gold completó en octubre un estudio de factibilidad definitivo para La India, que confirmó el plan de la minera de construir una mina en dos etapas, con dos pozos de alimentación adicionales permitidos de alta ley que se pueden agregar durante los primeros años de producción”, explican.

También señalan que el estudio Mina La India tiene la capacidad de producir un promedio de 81, 524 onzas de oro por año durante los primeros 6 años de los 8,4 años de vida útil de la mina, con un costo de capital inicial relativamente bajo de $106 millones, informó el presidente ejecutivo Mark Child.

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Asimismo, Child explicó que los dos pozos de alimentación adicionales pueden impulsar la producción inicial a más de 100.000 onzas de oro al año, con una expansión de etapa 2 a 150.000 onzas de oro al año.

Según la empresa le otorgaron concesiones en Nicaragua en el 2016. Desde entonces, consideran que ha despegado el sector minero debido a la llegada de empresas extranjeras con el dinero y la experiencia para aprovechar las reservas existentes.

El proyecto Mina La India cubre un paquete de terreno de 588 km2, que cuenta con 12 concesiones contiguas y adyacentes.

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Fuente: 100noticias.com.ni

 

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Suspensión de derechos civiles en El Salvador a miembros de la comunidad LGBTI

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SAN SALVADOR – Las redadas policiales contra pandilleros en El Salvador, en el contexto de la suspensión de derechos civiles, ha alcanzado a personas de la comunidad Lgbti en El Salvador, y todo apunta a que han sido detenidas por razones de odio a su identidad sexual.

Testimonios recogidos por IPS revelaron que en algunas de esas detenciones privó una actitud de odio hacia personas gais y sobre todo transexuales, por parte de efectivos autoridades policiales.

“Casos así, que revelan ese odio hacia personas gais o trans están pasando, pero las organizaciones no dicen mucho, por el temor que se siente ahora en el régimen de excepción”, dijo un activista de Cultura Trans, una organización con base en San Salvador, del colectivo Lgbti (lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales).

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Un policía detiene a un joven en San Salvador y le revisa la espalda y otras partes del cuerpo para ver si posee tatuajes alusivos a pandillas. Foto: Policía Nacional Civil

Un policía detiene a un joven en San Salvador y le revisa la espalda y otras partes del cuerpo para ver si posee tatuajes alusivos a pandillas, uno de los parámetros con que las autoridades persiguen a miembros de esos grupos criminales en El Salvador. Desde la instauración del régimen de excepción, se han detenido a 58 000 personas, en muchos casos en forma arbitraria, entre ellos miembros del colectivo LGBTI. Foto: Policía Nacional Civil

Odio a los homosexuales y trans

El activista, quien pidió mantener su nombre en reserva, dijo que un miembro de esa organización, un hombre gay conocido como Carlos, se encuentra detenido desde el 13 de julio, por denunciar la captura, realizada dos meses atrás, de su hermana Alessandra, una mujer trans.

Las autoridades los han acusado de agrupaciones ilícitas, la figura legal de la que se vale el Estado para detener a quienes considera pandilleros o colaboradores de pandillas, en el contexto del régimen de excepción.

“Fue un caso montado el de Carlos, fue inventado, nuestro compañero es un activista en derechos humanos en la comunidad trans, tenemos documentos que demuestran que él participa en nuestros talleres, en nuestras actividades”, dijo la fuente.

La suspensión de algunos derechos civiles, conocido como régimen de excepción, está vigente en El Salvador desde el 27 de marzo, fecha en que el gobierno de Nayib Bukele inició una cruzada contra las pandillas delictivas, con el respaldo de la Asamblea Legislativa, dominada por el partido gobernante, Nuevas Ideas.

Esos grupos criminales han sido responsables de la mayoría de crímenes cometidos en este país centroamericano, desde hace décadas.

“Casos así (de detenciones arbitrarias), que revelan ese odio hacia personas gais o trans están pasando, pero las organizaciones no dicen mucho, por el temor que se siente ahora en el régimen de excepción”: Cultura Trans.

La Constitución indica que la vigencia del régimen de excepción es de 30 días, prorrogable por un periodo igual. Pero una laguna legal, al no establecer un periodo exacto de determinación, ha permitido al gobierno y la Asamblea prorrogar la medida cada mes, bajo el argumento de que así se hizo durante los años 80, en plena guerra civil (1980-1992), cuando imperó ese régimen de excepción.

Esa interpretación solo podría ser modificada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pero Bukele impuso, con el respaldo de la Asamblea Legislativa, en esa sala a cinco magistrados de su confianza, en mayo de 2021, en lo que supuso según sus críticos el comienzo de una deriva autoritaria del gobernante, dos años después de llegar al poder.

Desde  ese 27 de marzo, las autoridades policiales y militares han capturado y encarcelado a unas 58 000 personas.

En la mayoría de los casos no hay órdenes de capturas emitidas por un juez, y las detenciones tienen como base, en general, expedientes de pandilleros en poder de los organismos policiales a autoridades.

Además, progresivamente se han sumado denuncias anónimas realizadas por la población a un centro de llamadas habilitado por el gobierno.

“El régimen de excepción te expone a un fiscal ineficiente, incapaz de investigar y de vincular delitos con personas”, señaló a IPS William Hernández, director de Entre Amigos, una organización Lgbti fundada en 1994.

Agregó: “Si a algún policía se le ocurre hacerte una ficha, salen a buscar a la gente, pero nadie ha dicho quién hace la ficha, de dónde sale la información, nadie sabe quién investigó”.

Entre esos 58 000 detenidos se encuentran unas 40 personas de la comunidad Lgbti, según reveló un informe hecho público en octubre por Cristosal y otras organizaciones de derechos humanos que monitorean los abusos cometidos por el Estado salvadoreño en ese régimen de excepción.

Esas organizaciones han recogido unas 4000 denuncias de detenciones arbitrarias y otros abusos, incluso torturas, cometidas contra los detenidos. Alrededor de 80 personas han fallecido en manos del Estado, mientras permanecían en prisión.

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Carlos, un hombre gay que denunció la detención de su hermana Alessandra, una mujer trans capturada en mayo por policías salvadoreñas, acusada de pertenecer a grupos de pandillas. Foto: Cortesía de Cultura Trans

Carlos, un hombre gay que denunció la detención de su hermana Alessandra, una mujer trans capturada en mayo por policías salvadoreñas, acusada de pertenecer a grupos de pandillas. En julio él también fue detenido y hasta ahora poco se sabe de ellos, al amparo del régimen del régimen de excepción en El Salvador, que ha llevado a la cárcel a 58 000 personas. Foto: Cortesía de Cultura Trans

Homotransfobia policial

En el caso de Carlos, de 32 años, y de su hermana Alessandra, de 18, lo que sabe es que ella fue detenida en mayo, en uno de los operativos policiales, en un barrio pobre en el norte de San Salvador.

La capturaron por no tener su documento de identidad personal. Ella había cumplido recientemente sus 18 años, la mayoría de edad y a partir de lo cual debería de haber obtenido ese documento para cualquier tipo de trámites.

Los policías que la detuvieron dijeron a la madre que se la llevaban solo por 72 horas, mientras se dilucidaba su situación.

Sin embargo, algo que pudo investigarse y resolverse fácilmente, se convirtió en una agonía para ella y para su familia, sobre todo para la madre, que enfrentaba varios achaques de salud, dijo el activista de Cultura Trans.

“Estaba en las bartolinas (calabozos) de la Zacamil (una delegación policial de ese barrio pobre), le fuimos a dejar alimentos, luego la enviaron al penal de Mariona, nos dimos cuenta de que había sido golpeada y abusada sexualmente, porque estaba en un recinto de hombres”, contó la fuente.

Agregó: “Cuando se llevaron a Alessandra, la mamá nos contó que los policías le decían, culero, te vamos a llevar a que te violen, a que te cojan, lo cual pasó de verdad. Te vamos a llevar para que aprendás a no andarte vistiendo de mujer”.

Culero es un término peyorativo usado en El Salvador contra los gais.

Mientras tanto, Carlos, el hermano, denunciaba en actividades de la comunidad Lgbti la detención de Alessandra.

En mayo, en una marcha contra la homolesbotransfobia, es decir, contra el odio los gais, lesbianas y personas trans, portó varios carteles hechos a mano pidiendo la libertad de su hermana.

Las autoridades llegaron a la casa de Carlos, y lo amenazaron con que pronto lo detendrían a él también, lo cual sucedió, en efecto, el 13 de julio.

Según la fuente, los agentes y fiscales montaron un caso y lo acusaron de agrupaciones ilícitas y piden una pena de 20 años de cárcel.

“No es por agrupaciones ilícitas, lo sabemos bien, es por ser un activista de derechos humanos en la comunidad Lgbti y por pedir la liberación de su hermana”, subrayó el activista de Cultura Trans.

“Lo queremos de nuevo con nosotros, al igual que a su hermana”, denunció.

William Hernández, director de la asociación Entre Amigos, señaló que la policía y la fiscalía realizan redadas contra presuntos pandilleros sin realizar las debidas investigaciones, que lleven a fundamentar las capturas o a liberarlos, si las personas son inocentes. Foto: Edgardo Ayala / IPS

Subregistro oculta más casos

Las 40 personas detenidas de la comunidad Lgbti registradas, según los reportes de las organizaciones, representan una cifra pequeña del total de capturados, pero pudiera haber un subregistro de casos no documentados, sobre todo sucedidos en zonas rurales.

“En el país, aunque pequeño, pueden haber casos en lugares recónditos que ni saben ni nunca han acudido a una oenegé. Son casos que quedan invisibles,”, señaló a IPS Catalina Ayala, una mujer trans activista de Diké, organización Lgbti cuyo nombre denomina a la justicia en la mitología griega.

Ayala dijo que, pese a que ella personalmente no ha sentido ningún tipo de transfobia por parte de las autoridades, al caminar por las calles de San Salvador, ni que su organización tenga reportes concretos de casos como el de Alessandra, tampoco descartó que pudieran estar sucediendo.

“Creo que es positivo que las autoridades detengan a pandilleros, pero no a personas que nada tienen nada que ver con el crimen, o solo porque son Lgbti”, acotó.

La abogada de esa organización, Jenifer Fernández, dijo que hasta la fecha, como institución, han dado asistencia legal a 12 personas de la comunidad Lgbti detenidas, la mayoría de los casos vinculados a que no portaban sus documentos de identidad.

En uno de esos casos, sí hubo expresiones de parte de las autoridades policiales que pudieran entenderse como odio transfóbico, aunque también se puede entender que había una sospecha básica, pues era una mujer trans sin documentos de identidad personal.

“Era una chica de 25 años que nunca había tenido DUI, el documento de identidad, porque sufría de disforia y temía ir a registrarse, temía que le pidieran que se cortara el cabello, que se desmaquillara”, apuntó Fernández.

Disforia es la angustia clínica experimentada por algunas personas cuyas identidades de género no corresponden a las del sexo con el que nacieron y repercute en su discapacidad para desenvolverse socialmente.

“El acta de detención decía que era un pandillero disfrazado de mujer, que no sabían quién era, que ella decía un nombre, pero cómo se comprobaba eso sin el DUI”, explicó la abogada.

Añadió que, en general, con o sin régimen de excepción, las mujeres trans son las que más sufren de acosos, burlas y otras agresiones.

De los 12 casos, 11 personas ya están fuera de la cárcel, solo una permanece dentro porque, según la policía, sí hay evidencia de que pudo haber estado relacionado con pandillas, aunque se desconocen los detalles de esas evidencias.

Llamado a parar los abusos

El 11 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por “la persistencia de detenciones masivas y presuntamente arbitrarias” cometidas por las autoridades salvadoreñas, en el contexto del régimen de excepción.

Además, abogó por el incumplimiento de las garantías judiciales, por lo que llamó al Estado “a implementar acciones de seguridad ciudadana que garanticen los derechos y libertades que están establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en consonancia con los estándares interamericanos”.

Entre los derechos constitucionales suspendidos desde el inicio del estado de excepción el 27 de marzo, se encuentran el de asociación y reunión, aunque el gobierno lo enmarcó solo a grupos delictivos que estuvieran reunidos para organizar crímenes.

También se restringe el derecho a la defensa y se extiende el periodo en que una persona puede ser detenida y presentada a los tribunales, que la legislación sitúa en un máximo de tres días.

El 16 de noviembre, la Asamblea Legislativa, controlada por el gobernante Nuevas Ideas, aprobó una nueva prórroga del estado de excepción, algo que viene haciendo al final de cada mes.

Diputados de Nuevas Ideas han asegurado que la restricción de derechos civiles se va a prorrogar hasta que sea necesario, detallando que será «hasta que se detenga al último pandillero». Se calcula que en este país de 6,7 millones de personas los grupos criminales tienen entre 60 000 y 70 000 miembros.

El partido de Bukele cuenta con 56 diputados, en una Asamblea de 84 legisladores, lo que se eleva a 60 con tres fuerzas aliadas, lo que le asegura una amplia mayoría absoluta.

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La red en lucha

Fritz Dorilas, octavo periodista asesinado en Haití, reporta Sociedad Interamericana de Prensa

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Fritz Dorilas periodista asesinado Haití

 

MIAMI. – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el asesinato del periodista Fritz Dorilas, el octavo abatido este año en Haití. La organización subrayó la inseguridad en la que trabajan los comunicadores dentro del clima de violencia generalizada que golpea al país caribeño.

Fritz Dorilas, coanfitrión del programa sabatino «El derecho, la ley y la justicia» (Le droit, la loi et la justice), de Radio Megastar, fue asesinado el 5 de noviembre en la comuna de Tabarre, al noreste de la capital haitiana, Puerto Príncipe. Dorilas fue baleado cerca de su domicilio por individuos armados durante enfrentamientos entre pandillas, según medios locales. Otra información señaló que el periodista fue sacado a la fuerza de su vivienda en Carradeux y luego ejecutado mientras ocurría el tiroteo. La policía aún no confirmó los hechos.

El nuevo presidente de la SIP, Michael Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión del The New York Times Company, de Nueva York, Estados Unidos, condenó el crimen contra el periodista y reiteró el compromiso y la solidaridad de la organización con los colegas haitianos.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, añadió: «Seguimos lamentando crímenes contra periodistas este año sangriento en nuestra región». Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, instó a las autoridades a investigar los móviles del crimen y administrar justicia. Agregó que «la falta de justicia incentiva aún más a los violentos».

El asesinato de Dorilas se suma a los crímenes de otros siete periodistas haitianos este año. Ellos son: Romelo Vilsaint, Radio Télé Zenith, asesinado el 30 de octubre; Tess Garry, Radio Lebon FM, 24 de octubre; Frantzsen Charles, FS News, y Tayson Lartigue, Tijèn Jounalis, 11 de septiembre; Maxihen Lazarre, Rois des infos, 23 de febrero; Wilguens Louissaint, colaborador en distintos medios digitales, y Amady John Wesley, radioemisora Écoute FM, 6 de enero de 2022.

En 2022 han sido asesinados 39 periodistas y personal de medios en 10 países de las Américas: 19 en México, 7 en Haití, 3 en Honduras, otros tantos en Colombia; 2 en Ecuador, y uno en Guatemala, Chile, Brasil, Paraguay y Estados Unidos, respectivamente.

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La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de las libertades de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental, y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.

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