Estrategia de seguridad en México, fallida y agotada

4 de Mayo del 2017

Con voz propia, Mexico Violento

Homicidio en Acapulco, Guerrero, entidad en la que se han perpetrado más de 4 mil ejecuciones en un año. Foto: AP/Enric Marti

Raúl Ramírez Baena

La revista Proceso publica el lunes un reportaje de Jorge Carrasco Araigoza, basado en el proyecto de investigación Justicia en México, de la Universidad de San Diego, que da cuenta que la guerra antidrogas en el país, desde Felipe Calderón hasta Peña Nieto, ha provocado que los asesinatos crecieran hasta en un 600 por ciento, como en ningún país occidental, desde que los militares salieron a las calles.

Lo cierto es que, ante el escandaloso crecimiento de la criminalidad en entidades como Guerrero, Estado de México, Veracruz, Michoacán, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Colima y Baja California, entre otras, se observa por parte de las autoridades acciones pragmáticas y reactivas, a veces desesperadas ante la presión social y, ante la incapacidad de las policías civiles, irremediablemente recurren a las fuerzas armadas en lugar de fortalecer aquellas. Y el ciclo se repite.

No observamos que se separe la política de la lucha anticrimen, lo que es necesario para dar sentido científico al trabajo de prevención e investigación de los delitos, en lugar de recurrir a la demagogia, que trata de encubrir el fracaso en la coordinación y en la profesionalización policial. En cuanto a la criminalidad y la inseguridad, no se conocen estudios que nos hablen sobre variables de contexto y variables estructurales.

Como variables de contexto, se deben trazar estrategias diferenciadas para atacar separadamente el narcotráfico, el narcomenudeo, la trata, el tráfico de personas, el secuestro, la extorsión, el lavado de dinero y el cobro de “derecho de piso”.

Sobre el análisis estructural, irremediablemente se debe atender los factores de riesgo, ya conocidos por las autoridades, que provocan la fácil cooptación por el crimen de jóvenes pauperizados y sin futuro promisorio, que provocan la continuidad y agudizamiento del fenómeno delictivo, más si le agregamos la variante de las adicciones. Aquí, estamos hablando de las acciones y omisiones violatorias a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las comunidades en general, creando un “caldo de cultivo” propicio para la delincuencia.

Es evidente que la delincuencia organizada, diversificada, tiene más capacidad de fuego y de cooptación social que las policías estatales y municipales, lo que provoca un Estado débil, incapaz de desarticular las redes criminales y de protección política y policial.

El problema estructural se agudiza de manera extraordinaria al no reconocer por los gobernantes que la inseguridad y el crimen se deben también al modelo de desarrollo económico, que propicia una enorme brecha social y la desigual distribución de la riqueza, arrojando a amplias capas de la población a la pobreza y a la pobreza extrema, mientras crecen la corrupción oficial y empresarial y una nueva casta enriquecida al amparo del erario.

Por si fuera poco, se encuentra al alza el consumo de drogas en los Estados Unidos, el mayor consumidor en el mundo, lo que hace imposible acabar con el narcotráfico y sus actividades delictivas paralelas mientras no se ataque el consumo en el vecino país, lo que evidentemente no se va a resolver con muros.

Empresarios en los consejos ciudadanos de seguridad

Encima de este panorama, en el caso de Baja California, recién tomó protesta como Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública estatal el empresario Juan Manuel Hernández Niebla, egresado de escuelas de élite, ex dirigente estatal y nacional del gremio empresarial, líder de opinión y ex aspirante a la presidencia municipal de Tijuana. Toda una trayectoria.

Lo destacable es que este tipo de empresarios, que tienen su propia agenda gremial de seguridad, favorecen la intervención militar en seguridad pública y, más aún, que se apruebe en el país la Ley de Seguridad Interior para dar “certeza” a la intervención de las fuerzas armadas en la prevención e investigación de los delitos. Apoyan la presencia de las fuerzas armadas en las calles y carreteras realizando labores de autoridad civil. Esta tendencia es contraria a la propuesta y recomendaciones de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las ONG nacionales e internacionales de derechos humanos, que promueven el paradigma de la Seguridad Ciudadana, ignorado por los gobernantes mexicanos y las instituciones de seguridad.

Es difícil que un empresario entienda que la eficiencia en materia de seguridad no es un asunto sólo de coordinación de corporaciones policías (cada una tiene sus propios intereses), sino de toda la administración pública en su conjunto; que el policía debe dejar de ser un agente que sólo cumple rondines y reprime el delito, para convertirse en un promotor-constructor del desarrollo comunitario y de la paz social.

Es común que, salvo honrosas excepciones, los empresarios tengan una visión frívola y asistencial de la participación ciudadana en materia de seguridad, además de que, en esencia y a pesar de emitir críticas, avalan finalmente las acciones oficiales que han demostrado su fracaso, chocando con la visión de promover una política de seguridad con enfoque de derechos humanos.

Al igual que las autoridades, los empresarios olvidan que la Seguridad Pública es un derecho humano, omisión que no favorece los procesos de transparencia y rendición de cuentas y la participación de expertos y ONG en los consejos ciudadanos de seguridad pública; se abstienen también de promover una dinámica de participación social y comunitaria que arroje una Reforma Policial Democrática contraria a la militarización de la seguridad.

*Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste

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