El PRI y la vocación que no pierde

El secretario general de la sección 22 de la CNTE, Rubén Núñez Ginez y el secretario de Organización, Francisco Villalobos Ricárdez (izquierda) en 2015. Foto: Archivo Arturo Pérez Alfonso/Cuartoscuro.com
El secretario general de la sección 22 de la CNTE, Rubén Núñez Ginez y el secretario de Organización, Francisco Villalobos Ricárdez (izquierda) en 2015. Foto: Archivo Arturo Pérez Alfonso/Cuartoscuro.com

Manuel Guerrero Ramos

Fuego amigo fue el que recibió el Ejecutivo federal y el Partido Revolucionario Institucional, de parte de quien se le ocurrió la detención de los líderes magisteriales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Francisco Villalobos Ricárdez, y Rubén Núñez Ginés, el sábado 11 de junio en la Ciudad de Oaxaca y domingo 12 en la Ciudad de México, respectivamente. Una vocación represora que no pierde.

Las señaladas detenciones ocurren precisamente días después de que la ciudadanía con su voto de rechazo al Partido Revolucionario Institucional, colocó en poder del Partido Acción Nacional (PAN) siete gubernaturas, así como también múltiples diputaciones y presidencias municipales para diferentes partidos.

Ocurre también, después de que el trece de abril del presente circulara el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos 2015, sobre corrupción, impunidad, abuso y desapariciones a manos de la policía y ejército en México y se perciba que “siguen siendo problemas graves”, señala el documento.

Indudablemente, el documento que publica anualmente el Departamento de Estado de los EEUU, sirve como guía al Congreso estadounidense para tener elementos que permitan establecer las ayudas económicas a los diferentes países. Por tanto, en el documento se pondera el desempeño de México y de otros gobiernos extranjeros en cuanto al respeto a los Derechos Humanos.

Sin embargo, las fuerzas de Seguridad y los Juzgados de Distrito en Materia Penal con sede en Oaxaca y la Ciudad de México que intervinieron en la detención de los líderes magisteriales son precisamente parte de las instituciones a las que se refiere el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, 2015, instituciones de Justicia inmersas en la corrupción y la impunidad.

En tal sentido, tales instituciones deberían responder garantizando la seguridad integral de los detenidos, el respeto a sus derechos humanos, así como el debido proceso incluso su presunción de inocencia en su situación jurídica. No obstante, ha sucedido todo lo contrario, el proceso se percibe difuso hasta el momento, lo cual no abona en absoluto a la estabilidad y Estado de derecho que debe garantizar el Estado mexicano a los ciudadanos para revertir el estancamiento económico en que se encuentra el país, así como al retroceso en materia de derechos que está padeciendo gran parte de la sociedad, situación que no es ignorada por los múltiples organismos internacionales.

Sin embargo, la pregunta es ¿cuál será la medida a tomar de la comunidad internacional con influencia económica ante la crisis de derechos humanos que vive México, ahora que las trascendentales reformas constitucionales que se lograron en junio de 2011 por medio de las cuales todos los tratados internacionales implican el respeto a los derechos humanos por parte del Estado mexicano?

¿Qué tiene qué decir el mundo, pues, ante las violaciones sistemáticas de derechos humanos a los maestros de la CNTE que luchan por sus derechos laborales y a cambio el gobierno les ha respondido con detenciones arbitrarias, tortura, delitos fabricados y cárcel injusta? ¿Quién susurra al oído de Peña para que conduzca el gobierno con vocación dictatorial marcado por la ineptitud? Sin duda, un fuego amigo que conoce bien la represión propia de una dictadura, y que de nueva cuenta la induce como política gubernamental para imponer ahora la reforma educativa precisamente cuando la ciudadanía cada vez más organizada defiende su voto para hacer valer su rechazo generalizado al PRI.

Guadalupe Lizárraga
Periodista independiente. Fundadora de Los Ángeles Press, servicio digital de noticias sobre derechos humanos, género, política y democracia. Autora de Desaparecidas de la morgue (Editorial Casa Fuerte, 2017).

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