El estado chileno condena a la abogada defensora de Mapuches, Karina Riquelme

La justicia chilena condena a la abogada Karina Riquelme Viveros con el fin de inhabilitarla profesionalmente en próximos juicios contra la comunidad Mapuche y en represalia por sus actuaciones de defensa a esta comunidad ante los Organismos de Seguridad del Estado y el Ministerio Público.

La única explicación razonable para tan inusual procedimiento, es que el desempeño profesional de la abogada Karina Riquelme se había convertido en un problema para fiscales y policías, por su calidad de joven mujer defensora de los derechos humanos de los indígenas, y porque se atrevió a encarar con decisión los procedimientos del Ministerio Público, Carabineros y PDI, que muchas veces transita al límite de la impunidad y del abuso de poder. Es por ello que no es aventurado suponer, que lo premeditado de dicho procedimiento se explique por el interés de inhabilitarla de sus funciones de abogada, patrocinante de varias causas mapuches, y en clara represalia a sus actuaciones profesionales.

Durante el año 2010, la profesional se desempeñó como abogada del equipo jurídico de la Agrupación de derechoshumanos “Liberar”, donde impulsó con éxito varias denuncias en favor de comuneros mapuche, como también recursos de amparo y protección en contra de funcionarios de Carabineros, PDI y el Ministerio Público. Estas acciones judiciales, tenían por objeto proteger de maltrato físico y sicológico a imputados, familiares y niños, y denunciar procedimientos prepotentes de las policías en allanamientos a comunidades, interrogatorios a niños en sus propias aulas de clase, así como montajes mediáticos difamatorios.

La Corte Suprema dictó una resolución en contra de Carabineros de Chile y en favor de los alumnos de la Escuela Blanco Lepin, Rewe Kimun, por la violación de garantías constitucionales, luego de un Recurso de Protección presentado por la abogada Riquelme y acogido por la Corte de Apelaciones de Temuco el 13 de Noviembre del 2010. Producto de esta sentencia, los funcionarios dirigentes de las policías fueron citados a informar a la Comisión de Derechos humanos de la Cámara de Diputados para responder por las denuncias de sus atropellos.

Es ente contecto en que da una acusación por el presunto ejercicio ilegal de la profesionista durante 2009, en momentos en que la abogada se desempeñaba en la Oficina de Protección de la Infancia de la Municipalidad de Pucón, contratada por honorarios como procuradora, según testifican en el juicio sus propios compañeros de trabajo.

La abogada Riquelme se entera de la investigación que la Fiscalía Regional ordena en su contra, en momentos que debe defender un Recurso de Protección en contra de las policías y el Ministerio Público por la participación que tuvieron en la edición del programa Contacto de Canal 13, titulado “Guerrilla en Arauco”. En la víspera de esta audiencia, la abogada recibe bajo la puerta de su domicilio una citación anónima a declarar en dependencias de la PDI de Temuco. A la mañana siguiente y bajo el strees del momento, defiende el Recurso en Tribunales de Temuco y posteriormente se dirige a las oficinas de la PDI, con el fin de enterarse del procedimiento en su contra. El funcionario encargado le hace saber la procedencia de la investigación y le solicita una declaración voluntaria, a la que la abogada se niega amparándose en su derecho a guardar silencio. En la ocasión el investigador le hace saber que nunca le había tocado realizar una investigación sin una denuncia de por medio y que las pruebas recolectadas no constituían material suficiente para una acusación, pero que sin embargo debía concluir su informe a petición de sus superiores.

Sin embargo, tiempo después se configuran cargos contra la abogada y se la formaliza por el presunto ejercicio ilegal de la profesión durante 2009, aunque la base probatoria de su defensa demuestra ampliamente que en todo momento la profesional actuó en tribunales de Pucón como licenciada y no como abogada. Es así como llega a juicio el jueves 3 de noviembre, donde el tribunal la declara culpable de los cargos formulados y se espera sentencia para este viernes 11. Su defensa espera revertir este fallo en la Corte de Apelaciones de Temuco, invocando la anulación del juicio, y confiamos en que los jueces puedan tomar en cuenta el contexto en que se da esta acusación y corrijan este error.

Desde nuestro punto de vista, estamos ante un gravísimo hecho de acoso a un defensor de D.D.H.H. No se puede soslayar que en este procedimiento, la Fiscalía Regional ha obrado con premeditación al encargar una investigación como la descrita, lo que lo convierte en un caso de abuso de atribuciones y de persecución política que atenta contra el estado de derecho, sus Instituciones y los defensores. Así mismo creemos de máxima urgencia que el mundo de los D.D.H.H. y de las leyes, debe hacer un seguimiento al desarrollo de estos hechos, y reaccionen denunciando nacional e internacionalmente este nuevo atentado contra defensores de derechos humanos.

 

Enlace de origen: http://bit.ly/uRcrV3

Guadalupe Lizárraga
Periodista independiente. Fundadora de Los Ángeles Press, servicio digital de noticias sobre derechos humanos, género, política y democracia. Autora de Desaparecidas de la morgue (Editorial Casa Fuerte, 2017).

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