EEUU y México: el reto del narcotráfico

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Emmanuel Ameth*

Las políticas para impedir el tráfico de droga dentro de los Estados Unidos tendrán que ser reforzadas en los próximos años por Washington, pues las elecciones presidenciales del país sureño con el que colinda parecen haberse resuelto definitivamente. Y con ello, la preocupación de que a juzgar por administraciones anteriores, se tendría una menor cooperación en este tema por parte de Enrique Peña Nieto y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) que lo postuló como candidato.

En México, si bien los recursos de impugnación presentados tendrán respuesta hasta septiembre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación -instancia a la que compete dar validez a la elección- ha dejado entrever que ratificará la legalidad de los comicios celebrados, pues incluso el uso de tarjetas prepagadas que generara tanto escándalo en el país han sido desestimados y eso mismo se espera de los otros medios coercitivos con los que se pretendía repetir la jornada electoral.

En respuesta a los resultados de la competencia presidencial, fue presentado por el senado de los Estados Unidos (EEUU) un informe donde recomienda incrementar los recursos hacia la iniciativa Mérida además de manifestar preocupación sobre la alteración de la dinámica de la actual cooperación bajo un ‘nuevo liderazgo’. Son diversos los sectores políticos estadounidenses que veían con mayor preocupación el arribo de Peña Nieto que de cualquiera de los otros candidatos incluso antes de celebrarse las elecciones.

Y tienen razones para preocuparse.

No sólo México es la principal ruta por medio de la cual es introducida droga hacia los EEUU sino que el consumo interno de este país también ha aumentado como señala el reporte anual de drogas elaborado por la ONU. Esto quiere decir que ya no sólo existe un incentivo económico para traficar sino también para consumir internamente, lo que fortalecerá los cárteles de la droga mexicanos.

Según la Encuesta Nacional de Salud, las entidades mexicanas con mayor consumo de cocaína son Quintana Roo, Tamaulipas, Hidalgo, Durango y Chihuahua. Las cinco mencionadas son gobernadas por el PRI y en las 4 primeras, nunca ha habido una alternancia democrática. Las mismas entidades aparecen también en cuanto al top de consumidores de marihuana y anfetaminas.

Para que sea infiltrada la droga en estas demarcaciones, se necesita de complicidad por parte de las autoridades y ninguna de las arriba mencionadas se caracteriza por presentar ante el fuero federal procesados por el delito de comercialización de narcóticos. Incluso, hay casos donde esta relación es fácil de vislumbrar: en el estado de Hidalgo, ubicado en el centro de México, se ostenta el 1er lugar en consumo de drogas ilegales entre jóvenes que van desde los 12 hasta los 25 años y con tasas de 2 dígitos; a pesar de ello, es la región que menos procesados tiene por el delito de narcóticos en todo el país. Una preocupación más para Washington será que dos ex gobernadores de esta zona mexicana ya han sido anunciados como parte del primer círculo en el equipo de Peña Nieto: Jesús Murillo y Miguel Osorio.

Si se pacta con el narco a escalas regionales no supone demasiados inconvenientes siempre que se sea fiel a un grupo pero ¿podrán hacer lo mismo a escala federal? ¿cuáles son las implicaciones en materia de violencia que favorecer a un sólo cartel implicaría? ¿se puede subsistir bajo ese esquema sin corromper las libertades democráticas?

Los números son contundentes en materia de combate al narco en administraciones federales donde ha gobernado el PRI. El Centro deInvestigaciones Sobre la Libre Empresa realizó una comparativa donde se observa que los decomisos de marihuana han sido menores a la mitad en las dos últimas administraciones del PRI que de las del PAN y lo mismo sucede en los decomisos de armas. El número de detenidos por actividades del crimen por parte del aún presidente Calderón Hinojosa a la mitad de su sexenio es dos veces superior que lo conseguido en toda su administración Salinas de Gortari y 3 veces superior a la de Zedillo Ponce de León, siendo estos los dos últimos presidentes del PRI. Los millones de dólares asegurados en los primeros 4 años de Calderón son 49 veces superiores a lo incautado por Zedillo en el mismo periodo. ¿Cómo hará Washington para comprometer la nueva administración mexicana con el combate al narco? ¿cuál será su agenda en materia de seguridad?

Por el bien de los EEUU y del propio México, esperemos que Washington encuentre los mecanismos por medio de los cuales no se vivan episodios peores a los que ya se tienen en materia de violencia derivada del narcotráfico en ambas naciones.