Desmilitarización y democratización de la Seguridad pública en México

Foro de Escucha por la Pacificación y la Reconciliación Nacional
Tijuana, B.C., 11 de septiembre de 2018

Ponente: Raúl Ramírez Baena

I. No hay pacificación, sí hay militarización

Principio fundamental: La Seguridad Pública es un Derecho Humano garantizado en México por el artículo 21 Constitucional. En consecuencia, las políticas de Seguridad Pública deben diseñarse con enfoque de género y de derechos humanos.
El próximo gobierno debe implementar formas distintas de enfrentar el crimen, la violencia y la inseguridad.

A saber:
1.1. Desmilitarizar la Seguridad Pública. – Además de ser a todas luces anticonstitucional, el sector militar, que merece el mayor de nuestros respetos, no está facultado ni capacitado para prevenir, investigar y perseguir los delitos. Su formación consiste en abatir al enemigo a través de las armas, y la persecución del delito no es una “guerra” porque no hay “enemigos”, hay presuntos infractores de la ley. No es igual defender la Seguridad Nacional y la Seguridad Interior que prevenir la comisión de los delitos, proteger la integridad, la vida, el patrimonio y la seguridad jurídica de las personas, y mantener el orden público y la paz social, funciones a cargo de las policías preventivas.

La desmilitarización y democratización de la Seguridad Pública no consiste sólo en retirar gradualmente a las fuerzas armadas de las calles y de las carreteras (dependiendo del grado de violencia perpetrada en las comunidades, de su control territorial y del involucramiento con autoridades locales), sino también de evitar que jefes militares impongan estrategias en los Grupos de Coordinación de la Seguridad Pública en los estados, que palomeen a jefes policíacos y que militares en retiro lleguen a ocupar puestos de mando policíaco o cargos de elección popular con una visión punitiva que anule de facto los derechos a la presunción de inocencia y al debido proceso, predisponiendo a las corporaciones policiales a cometer allanamientos y cateos ilegales, detenciones arbitrarias, torturas, desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales, o que los elementos policiales sean víctimas de violación a sus derechos en aras de una fallida “depuración” policial.

1.2. Abonar al fortalecimiento de las instituciones policíacas. Para ello se debe implementar el Servicio Civil de Carrera Policial, dispuesto ya en la legislación federal y estatales, pero que no se aplica o se simula su aplicación. De esta manera evitaríamos que en cada cambio de administración lleguen jefes y mandos policíacos impuestos por intereses políticos y por poderes fácticos, como hoy sucede. Si las jefaturas policíacas se ganaran por concurso a convocatoria abierta, los elementos policíacos estarían motivados a cursar estudios, a tener una hoja limpia de servicio, a no violar derechos humanos y a no corromperse.

1.3. Inhibir la violación a los derechos de las y los policías. Los Exámenes de Control de Confianza se deben transparentarse a petición de parte y ser respetuosos de sus derechos. Así mismo, el Poder Constituyente Permanente debe abrogar el artículo 123, apartado “B”, fracción XIII Constitucional, que anula el derecho de los peritos, agentes del MP e integrantes de las corporaciones policiales a reincorporarse al trabajo, a pesar de ganar laudos judiciales ante una remoción injustificada.

1.4. Apostar a la sociedad civil, a la academia, a los expertos, a las ONG, y ensayar el modelo de Seguridad Ciudadana propuesto por la ONU y la CIDH, en el que la Seguridad Pública no es un asunto exclusivo de policías, sino de toda la administración pública en su conjunto. Este modelo de corte humanista forma parte de una Reforma Policial Democrática donde la seguridad se vincule directamente con la satisfacción de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales y con los Servicios Públicos Municipales, para abatir la pobreza y la marginación. Los policías se convierten en catalizadores de las demandas ciudadanas y en mediadores, no en represores de los conflictos comunitarios, además de prevenir los delitos mediante una visión proactiva más que reactiva.
Proponemos una visión diferente de la Seguridad que recupere el respeto, la confianza y la autoridad moral de los policías, que sean aliados de la ciudadanía y se comprometan con ésta, a no ser vistos como “contrarios”; que oriente al policía a entender el concepto de “prevención” para evitar que se criminalice a los jóvenes pauperizados, a los adictos y a los grupos en situación de vulnerabilidad, y se frenen las detenciones arbitrarias como preámbulo de la tortura.

1.5. México debe recuperar su Soberanía y no depender del norte para diseñar y financiar su política antidrogas. Por ello es indispensable implementar una reforma regulatoria del mercado de las drogas mediante la despenalización del auto-cultivo de la marihuana y de su posesión para el autoconsumo, abatiendo así su tráfico ilegal y la venta clandestina, sobre todo el narcomenudeo, que genera violencia extrema.
1.6. Pedimos también que el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, defina una hoja de ruta para el retiro gradual de las fuerzas armadas, defina si va a conformar una Guardia Nacional militarizada y si el partido Morena aprovechará su mayoría en el Congreso para abrogar la inconstitucional Ley de Seguridad Interior.

II. No hay reconciliación si no hay justicia, verdad y reparación del daño a las víctimas.

Pincipio fundamental: Las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos tienen el derecho de acceder a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño.

2.1. Reconciliación de las víctimas con el Estado. Para que haya reconciliación las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos deben conocer la verdad de los hechos y acceder a la justicia, porque la impunidad lastima. El perdón viene después.

2.2. Reparación de daño. El gobierno federal como los estatales, han sido omisos en garantizar el derecho fundamental a la reparación del daño a las víctimas. Las instituciones creadas por el Estado Mexicano al amparo de la Constitución Federal y de los tratados internacionales, las Comisiones de Apoyo a Víctimas, no cumplen de manera eficiente con su mandato. La CEAV combate las sentencias de amparo en favor de las víctimas en vez de cumplirlas. En Baja California, no hay voluntad política para crear la Comisión de Atención a Víctimas local, así, al no poder acceder a la justa y oportunamente Reparación Integral del Daño, las víctimas sufren un gradual proceso de revictimización.

CONCLUSIÓN:

Apostarle a legitimar la incursión de las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Pública a pesar del aval popular, es un contrasentido. Es como renunciar a construir un Estado Social y Democrático de Derecho. Además, no puede haber paz si no hay justicia, se combate la impunidad y se frenan la violencia y las violaciones a los derechos humanos.
La noche del 1 de julio pasado, Andrés Manuel López Obrador dijo al pueblo mexicano en el Zócalo de la Ciudad de México: “No les voy a fallar […] Quiero pasar a la historia como un buen Presidente”. Deseamos fervientemente que haga honor a su palabra.

Raúl Ramírez Baena
Director Ejecutivo
ccdhnor@gmail.com

Raul Ramirez Baena
Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, AC. Articulista de opinión en La Jornada de Baja California y Los Ángeles Press.

One thought on “Desmilitarización y democratización de la Seguridad pública en México

  1. En congruencia con un dicho popular que reza “zapatero a tus zapatos”, es cierto que los soldados deben replegarse al cuartel, mientras las autoridades civiles, vía instituciones ya creadas, tienen que esforzarse para concretar la seguridad pública que tanto anhelamos. Pero esto no puede ser posible mientras las corporaciones policiacas no estén bien capacitadas moral y técnicamente, con principios de honestidad muy radicados y con conocimientos científicos comprobados. Recordemos que la falta de todo esto propició la incursión del ejército en la vida civil. Por otra parte, una vez que los militares estén “en la paz” , es decir, “desocupados” de esta “guerra” que enfrentan contra el crimen organizado, deben dedicarse al apoyo integral de la sociedad civil en acciones constantes y efectivas más allá del típico plan DNIII, que sólo se activa en casos de desastre. Si no ¿qué harán?Felicidades y nuestro reconocimiento al licenciado Raúl Ramírez Bahena, por su propuesta, deseando que los principios sustentados en ésta se trasladen a las leyes correspondientes. Esto sería digno de “La Cuarta Transformación”.

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