Desaparición forzada: más de 3 mil casos en Baja California

20 de Diciembre del 2016

Justicia pendiente, Mexico Violento

Los Ángeles Press

MEXICALI, Baja California.-  La Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada y la Impunidad ha logrado documentar hasta la fecha más de 3 mil casos en el estado de Baja California, lo que le convierte en uno de los estados mexicanos con mayor incidencia de estos crímenes de lesa humanidad. Aunque se habla de unos 27 mil desaparecidos en todo el país, lo cierto es que las dimensiones de este fenómeno en México son desconocidas, ya que las cifras no se han podido contrastar entre las diversas fuentes.

En entrevista para Los Ángeles Press, el abogado y sociólogo Miguel Ángel Garía Leyva, que preside esta organización en Mexicali, explica que desde 2005 ha habido un "boom" de desapariciones forzosas en Baja California. Admite que ni siquiera su asociación puede contabilizar con exactitud el número de desaparecidos debido al nivel de impunidad existente. Además, indica que la actividad principal que desarrollan los grupos dedicados al secuestro y desaparición de personas son entes oficiales. "Estamos hablando no solo de crimen organizado, sino de violencia institucional". 

Rosario Moreno de Díaz, madre de una víctima que fue privada de la libertad y desaparecida por un grupo de policías, fue la promotora de esta asociación en la capital bajacaliforniana hace 14 años.  Desde entonces, la organización -ahora encabezada por García Leyva- ha venido realizando un importante trabajo de campo, investigación, recopilación de información y documentación de casos a partir de denuncias anónimas, de familiares y notas periodísticas, que se ha traducido en el registro de más de 3 mil casos.

 Sin embargo, García Leyva se lamenta de la incapacidad que tienen para documentar todos los casos. "Ya nos rebasó la realidad del terror que se vive en nuestro país con la desaparición forzada. Se habla de números y estadísticas que nada tienen que ver con la realidad, simuladas, que no concuerdan con datos de un estado a otro, ni con las procuradurías estatales ni con la procuraduría de la federación o la SEGOB. No concuerdan los números".

Para el abogado, el principal problema relacionado con el aumento de este fenómeno es que "en México no se persiguen este crimen; no hay castigo para la desaparición forzada, a pesar de que es un crimen recurrente, continuado y sistemático". García indica que la desaparición forzada es parte de una política de estado que ha llegado al grado de institutcionalizarse. "La inmensa mayoría de casos que tenemos documentados, incluso aquellos que no pero de los que hemos tenido conocimiento, participan elementos de alguna de las corporaciones policiacas que existen en el país y el ejército".

Tradición de desapariciones en México

Con el inicio de la "operación Cóndor", en los años 70, las fuerzas armadas mexicanas iniciaron procesos de desplazamientos forzados de comunidades enteras. En esos años crecieron los casos de desparación de personas por motivos sociales y políticos. "Fue tan alto el número de personas desaparecidas con el pretexto de la guerra al narcotráfico, que no se documentaba. Además se producían en zonas alejadas, abruptas e incomunicadas de la geografía del país". A partir de este contexto, en las siguientes décadas, con el supuesto combate al crimen organizado, continuó todo un proceso por parte del Estado para llevar a cabo la desaparición de personas con la participación directa de elementos policíacos de manera sistemática.

Miguel Ángel García Leyva, que comenzó su activismo por los derechos humanos en su natal Sinaloa, logró documentar junto con el Frente contra la Impunidad la proliferación de grupos paramilitares, comandos negros y escuadrones de la muerte durante los años 90. Fue en 2001 cuando un grupo de ocho madres y un padre con hijos desaparecidos en Baja California se puso en contacto con la organización sinaloense.

"Su principal problema era que no tenían respuesta de las autoridades e incluso estaban catalogados como casos de homicidio pese a que estaban desaparecidos. Cuando empezamos a investigar algunos casos, las autoridades ministeriales guardaban silencio. Algunos funcionarios incluso se ponían a temblar. Por la experiencia que nosotros teníamos de años atrás, sabíamos que algo estaba pasando en la Baja California, así que cuando formamos el grupo en el estado y empezaron a llegar familias y familias a denunciar sus casos".

Auge de las despariciones durante el Calderonato

Para García Leyva, la llegada del PAN, y en especial del gobierno de Felipe Calderón, supuso el inicio de un periodo de aumento exacerbado de este tipo de crimen. "Del 2000 para acá las desapariciones forzadas empezaron a crecer. En ese tiempo empieza un proceso de miedo y terror que imponen grupos organizados institucionalmente, que utilizan el pretexto de la guerra al narcotráfico. Con la llegada de Calderón Hinojosa, la militarización de la seguridad pública se dispara, que sumada a los niveles de corrupción e impunidad, hicieron que los números nos rebasaran. Por cada caso que documentábamos, quedaban otros diez que no. La gente no tiene confianza en las instituciones y eso inhibe para que los familiares de víctimas de desaparición forzada 

Además, Baja California es un estado de tránsito para migrantes, y su cercanía a la frontera también hace que los criminales procedentes de Estados Unidos la crucen para desaparecer a personas en suelo mexicano. "Hemos documentado desapariciones de personas de varias nacionalidades, y aunque el argumento de las autoridades es que son desaparecidos porque andan en malos pasos o son delincuentes, lo cierto es que hay registrados casos de abogados, periodistas, jornaleros, empresarios, amas de casa, doctores, ...". 

Ayotzinapa: un punto de inflexión

Hay un antes y un después tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Para García Leyva, con este hito negro en la historia reciente de México, se abre la dimensión real de las desapariciones múltiples a nivel mundial. "Aquí se demuestra que el estado tolera, permite e incluso es cómplice del crimen". 

"El factor determinante es la impunidad, y nosotros como Asociación exigimos al gobierno tanto estatal como federal que cree procesos para castigar la desaparición forzada". Hace 14 años, García Leyva explica que ni siquiera había leyes adecuadas, y su organización se centraba en presionar al gobierno para que se creara un marco jurídico. "En Baja California, pese a los miles de casos, no había leyes. Fue en 2008 cuando conseguimos que se creara una fiscalía especializada, aunque luego el gobierno le cambió el nombre por el de 'personas extraviada y ausentes', desapareciendo el concepto de desaparición forzada". Ya en 2010,  gracias a la lucha de varias organizaciones y los propios familiares, se reformó el Código Penal  para que se incluyera este delito como grave. Sin embargo, hasta la fecha ninguna persona ha sido procesada por desaparición forzada en Baja California. 

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